🕒 0:00 Janeth Paola Cabezas Castillo (100%)

señora Presidenta. Saludos a nuestros hermanos de la parroquia Borbón que se encuentran acá, quienes lideran también la histórica. Mindo verlos, compas. Hermoso verlos. Justo conversaba con ellos afuera y estamos hablando de una decisión ya tomada. Creo que hay equivocaciones o malinterpretaciones de varios colegas asambleístas de la Comisión aquí. No podemos estar en contra de una decisión tomada. Pero hay otras cosas que nos mueven y no solamente pasa por este tema territorial. Primero, si ustedes no conocen y les tomo la palabra, vamos a territorio. En el Odefaro están los anglares más altos del mundo. Estamos hablando de 50, 40 metros de altura. Este viaje en lancha, desde la tola hasta limones, es una experiencia única. Así que si van los de la Comisión se van a dar cuenta que esto no solo se trata de una decisión de un pueblo, sino que hay otros elementos que también nos atraviesan. ¿Qué diría papá Rocón ahora, Carlos? ¿Estaría contento? Hay una escritora joven, una escritora y poeta joven, Juliana Ortiz, que es de Limones. Está hoy escribiendo, haciendo grandes cosas desde literatura. Entonces entenderán que en el Odefaro, en Corbón, no solamente estamos hablando de esto, estamos hablando de otras características que están muy arraigadas en la cultura del pueblo negro. Allá, en Canchimalero, también se desarrolla la procesión cultural negra y cristiana más importante de todos, al menos de esa zona la más importante, la procesión acuática de San Martín de Porres, que mueve no solamente toda la población cristiana negra y no negra, llega gente de todo el mundo a visitar ese territorio. Y cuento eso porque no estamos hablando solamente de una decisión ya tomada del Cantón Borbón. Hay otros elementos que nos atraviesan como territorio. Por eso, para mí, la decisión que se tome dentro de esta Asamblea Nacional debe ir en la mano, primero, de no romper esa historia. Hay tradiciones nuevas, pero también entender que esos territorios tienen muchísimos sueños de Andón. Sí, la frontera es hermosa, la geografía es bella, ya tenemos comunidades chachis que están en Santiago de Ósole, en Tahualpa. Vamos a practicar la interculturalidad porque tenemos pueblo montubio, pueblo negro y están los hermanos chachis que habitan también ese territorio. Y con esta introducción más nostálgica de mi tierra y de nuestro territorio, no estamos hablando únicamente de una modificación política y administrativa. Aquí estamos hablando de la historia de un pueblo, de una aspiración construida durante décadas y de una decisión que finalmente fue expresada en la ciudadanía a través de las urnas. Por esta razón quiero comenzar, dejando absolutamente claro, la voluntad popular expresada por los habitantes de Borbón se respeta. Borbón decidió y ese debe ser el camino que tomemos aquí dentro de esta Asamblea Nacional. Quienes hoy pretenden convertir a Borbón en Cantón no están reclamando privilegios y creo que es importante ir al territorio para que ustedes entiendan por qué esa decisión. Y sí, pasa por la geografía, pasa por lo administrativo, pasa por muchas condiciones. Y esto está reclamando una exploración histórica vinculada al desarrollo, a la cercanía de los servicios públicos, a una prioridad de su propio territorio. Sin embargo, precisamente porque se trata de una aspiración legítima y profundamente sentida por esta población, el Estado tiene la obligación de hacer las cosas bien. Y es ahí donde surgen las preocupaciones que deben quedar registradas en este primer debate. Después de revisar el informe de la Comisión, revisar las comparecencias y analizar la documentación incorporada al expediente, considero que la decisión principal ya no gira alrededor si Borbón merece o no ser Cantón. Esto está discutido, ni siquiera tenemos que dar la vuelta. Aquí la decisión en gran medida fue resulta por la ciudadanía. Aquí la decisión pasa, o la verdadera discusión es otra. La verdadera discusión consiste en determinar si estamos construyendo condiciones jurídicas, financieras y administrativas necesarias para que el nuevo Cantón nazca con estabilidad y para que el Cantón, el hoyo al faro, no quede en situación de vulnerabilidad institucional. Porque crear un Cantón es relativamente sencillo desde el punto de vista normativo. Lo complejo es garantizar que ese Cantón pueda funcionar, administrar servicios, administrar recursos, cumplir obligaciones y responder las necesidades que tiene esa población. Durante las comparecencias realizadas ante la Comisión se evidencian las observaciones importantes que ha hecho el mismo alcalde del Cantón, el hoyo al faro, AME y no fueron observaciones menores, colegas asambleístas. Se plantearon preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera, distribución de activos y pasivos, situación del talento humano, continuidad de los servicios públicos, delimitación efectiva del territorio y mecanismos de transición institucional. Sin embargo, la respuesta que encontramos en el informe es que buena parte de esas preocupaciones deben resolverse posteriormente mediante procedimientos administrativos ya previstos en la norma. Y no, eso no puede ser pues, eso tiene que ser ahora. Porque la calentura no está en las sábanas, aquí el problema es estructural. Y si nosotros dejamos esto sin tratar en el segundo informe, vamos a generarle un problema posterior al naciente Cantón, pero también al hoyo al faro y por eso es necesario que eso se trate aquí. Y es justamente allí donde debemos dar la atención de manera respetuosa pero firme. Porque si la Asamblea Nacional tiene la facultad constitucional de crear un cantón, también tiene la responsabilidad política de garantizar que dicha creación se realice bajo condiciones adecuadas de seguridad jurídica. No resulta suficiente afirmar que los problemas se resolverán después. No resulta suficiente remitirnos a normas generales. Y no resulta suficiente asumir que las instituciones involucradas encontrarán por sí solas una solución a los conflictos que hoy ya son visibles. El propio alcalde del hoyo al faro informó a esta asamblea sobre la existencia de obligaciones pendientes con jubilados, compromisos con el IES, convenios de pago vigentes, procesos judiciales, créditos con el Banco de Desarrollo y obligaciones administrativas que deberán ser redistribuidas durante el proceso de transición. Además se informó de una estructura municipal que supera 360 servidores públicos, cuyos derechos laborales también deben ser protegidos. La pregunta entonces es inevitable. ¿Cómo se distribuirán esas obligaciones? ¿Qué pasará con los pasillos existentes? ¿Quién asumirá determinadas casas financieras? ¿Qué ocurrirá con los bienes públicos? ¿Cuál será el procedimiento de inventario, de entrega, recepción? ¿Qué institución responderá en caso de controversias? Lamentablemente esas respuestas todavía no aparecen con claridad en el texto legal que está tratando la Comisión. Y quiero decirlo con absoluta franqueza. Cuando existen deudas, obligaciones laborales, créditos públicos, procesos judiciales y patrimonio institucional comprometido, la ausencia de reglas claras no afecta a las autoridades, afecta a la gente, le afecta a los ciudadanos, afecta a los trabajadores, afecta a los jubilados, afecta a quienes esperan servicios municipales de calidad, afecta a quienes viven en Borbón y también a quienes permanecerán en el Hoyalfaro. Existen además otros elementos que no pueden pasar inadvertidos. Según el propio expediente legislativo, el nuevo cantón abarcaría aproximadamente el 89,62% del territorio que actualmente pertenece al Hoyalfaro. Estamos hablando de una transformación territorial enorme en su magnitud. Y cuando se produce una modificación de esta naturaleza, el análisis no puede limitarse el territorio que nace, también debe examinarse el territorio que permanece. La pregunta que debemos formularnos es si el Estado ha evaluado suficientemente las condiciones futuras del Hoyalfaro después de la segregación territorial propuesta. Porque fortalecer a Borbón no significa debilitar el Hoyalfaro. La justicia territorial exige que ambos territorios tengan viabilidad institucional, financiera y administrativa. De igual forma me preocupa que la propia ley reconozca la necesidad de desarrollar posteriormente diagnósticos técnicos y procesos adicionales relacionados con la delimitación territorial. Si todavía existen aspectos que requieren precisión operativa, entonces corresponde a esta Asamblea exigir que esas definiciones queden adecuadamente garantizadas antes de trasladar eventuales conflictos al territorio. Asambleísta tiene 30 segundos para terminar. Un minuto, Presidente, y termino. No podemos olvidar que estamos hablando de una zona particularmente sensible para el país. Estamos hablando del norte de la provincia de Esmeraldas, territorio fronterizo, un territorio históricamente afectado por la ausencia del Estado, un territorio donde las debilidades institucionales terminan siendo aprovechadas por las economías ilegales y estructuras criminales. Por eso considero que la Comisión tiene todavía la oportunidad de acoger algunas observaciones que voy a hacer llegar por escrito. Pero la primera tiene relación con la transición institucional que considero necesario incorporar una disposición transitoria que disponga la conformación de una comisión técnica e institucional que la conforme el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo, la Contraloría General del Estado, AME y los gobiernos autónomos descentralizados del territorio. Una transformación territorial de esta magnitud requiere una instancia formal de coordinación que supervise y acompañe el proceso de implementación, evitando que los conflictos terminen trasladándose a la ciudadanía con plazos reales y que se permita cumplir. En segundo lugar, considero indispensable que la ley establezca la obligación de realizar un inventario integral, técnico y auditado de todos los activos, pasivos y bienes. Pero no se desarrolla el procedimiento mediante el cual dicha transferencia deberá ejecutarse, lo que podría generar incertidumbre jurídica y administrativa durante la etapa de transición. Con esto termino, señora Presidenta. Asimismo, considero necesario que el texto legal incorpore reglas claras respecto de las obligaciones financieras existentes. Durante las comparecencias se informó sobre compromisos pendientes. Es consecuencia de la ley que debería establecer mecanismos que permitan determinar de manera transparente qué obligaciones permanecerán con el Cantón de Loyal Faro y qué obligaciones les corresponderá al nuevo Cantón de acuerdo al acompañamiento que deba hacer en este caso el gobierno central. Asambleísta, ya su tiempo terminó. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra, ya terminó su...