🕒 0:08 María Verónica Iñiguez Gallardo (75%)

Gracias, señora presidenta. Me dirijo ante todos los colegas asambleístas, pero sobre todo quiero dirigirme ante la ciudadanía que nos escucha en sus hogares, en el campo y también en sus comunidades. Y quiero partir indicando que ojalá algún día en este pleno tratemos una reforma o un proyecto de ley sobre el ambiente sin que ésta gire alrededor de un negociado privado. Y lo digo desde la contrariedad, porque mientras afuera la gente está preocupada por el agua, está preocupada por la sequía que daña los cultivos, está preocupada por el aire que respiran, aquí adentro algunos parecen estar mucho más interesados en crear una nueva bolsa de valores para que pocos puedan seguir transaccionando con la naturaleza. Nos venden a este proyecto como una gran solución para abordar los problemas de cambio climático, pero luego de escucharlo al proponente, el asambleísta Jaramillo, créame usted, que he tenido que realmente dominarme a mí misma. No se llaman gases invernaderos, se llaman gases de efecto invernadero. Cambio climático no es un término intercambiable con calentamiento global. Esta reforma no es de adaptación, es de mitigación. No existen los gasos fósiles, existen los combustibles fósiles. Y una serie más de cosas que he escuchado que explican por qué esta reforma no tiene realmente cabida. Quiero, por lo tanto, decir que a diferencia de lo que dijo el asambleísta proponente, no se trata de un simple cambio, sino que lo que llega a nosotros es una mutación de un primer proyecto que estaba dirigido a generar política pública para la adaptación al cambio climático, que es indispensable para un país como el Ecuador. La otra era sobre las emisiones de metano, porque también son uno de los gases que más emite el Ecuador. Ninguna de las dos está en esta reforma, sino lo que llega aquí es un proyecto que tiene un enfoque principalmente de mercantilización de la naturaleza. Y por eso es importante que hablemos claro y que todos nos entendamos. Y lo voy a aclarar en cuatro puntos muy prácticos. Primero, la mercantilización de la naturaleza. Este documento muestra una postura que defiende hasta crítica. Se ampara explícitamente en el artículo 74 de la Constitución, que establece que los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación privada. Y para evitar que se dé la mercantilización privada, el proyecto lo propone al Estado para que éste ejerza la titularidad regulatoria sobre los esquemas de compensación, no de reducción, y yo voy a hablar de esto, y mantenga una estricta supervisión estatal sobre la participación del Ecuador, tanto en mercados voluntarios como obligatorios. Hasta ahí todo suena muy bien y estamos muy de acuerdo. Sin embargo, los verdaderos problemas persisten. Y esto sucede porque, aunque prohíbe la apropiación privada, los servicios ambientales, y en particular el que está aquí en juego, la producción de carbono sigue siendo transado dentro del mercado nacional o internacional. De esta forma, la naturaleza nuevamente vuelve a aparecer como un commodity, con la diferencia que ahora es el Estado el que va a actuar como el intermediario regulador supremo de estas transacciones. En un gobierno donde se reduce el aparato público, donde se fusionan ministerios, y donde la misma autoridad ambiental se caracteriza por ceder soberanía de los recursos estratégicos a los oligopolios, nos preguntamos quién va a hacer este trabajo, todo lo que está propuesto aquí. O es que acaso ya están acostumbrados a aprobar leyes que no saben luego cómo se van a aplicar. Segundo punto, la falta de reducción neta de emisiones. La reforma aborda una problemática real que es buscar alinear las metas con las contribuciones determinadas nacionales y el programa Ecuador Carbonocero. Estos programas incentivan a las entidades a cuantificar, reducir y compensar. Sin embargo, hasta ahí otra vez está todo bien. Pero cuando vamos hacia adelante, vemos unas sugerencias para que esta ley ya no se limite a reducción de emisiones, sino que se incluye el incremento de absorciones por sumideros para lograr, entre comillas, un balance neto. Esto es gravísimo y les voy a explicar por qué. Porque legitima la compensación sobre la reducción. Vamos a tomar como ejemplo a los Estados Unidos, que es el país que emite el 11% de los gases de efecto invernadero y lo que hace en lugar de reducir es pagarle a Costa Rica para que Costa Rica conserve mientras ellos siguen emitiendo la misma cantidad de gases. Eso es compensar, no reducir. Y cuando una política pública no se construye para reducir la cantidad de emisiones, caen en la trampa de la compensación, que es este offsetting. Y en esta reforma en particular se está legitimando este tipo de esquema institucionalizando a los mercados de carbono. Por un lado nos dicen que por la constitución la naturaleza no puede ser privatizada, pero en realidad lo que están haciendo es estatizar al negocio. El Estado se convierte así en el intermediario para beneficiar a ciertos grupos económicos. De esta forma mantiene una puerta abierta para que ciertas industrias o incluso países que han sido seleccionados, ojo con esto, a discrecionalidad del ejecutivo, paguen por compensar en lugar de transformar radicalmente sus matrices productivas hacia la cero emisión. Yo les pregunto, en un país donde hemos visto cómo se manejan los sectores estratégicos que están rodeados de casos de corrupción, ¿de verdad vamos a dejar que un burócrata de turno decida a dedo quién puede vender los mercados de carbono y quién no? Señoras y señores, esto no es proteger a la naturaleza, esto es crear un monopolio de permisos para contaminar. Tercero, aquí hablamos de un cheque en blanco para el Ejecutivo. El proyecto aborda la opacidad proponiendo la creación de un Registro Nacional de Cambio Climático, como una plataforma oficial para garantizar la trazabilidad, disponibilidad, transparencia y utilidad de la información. Esto ya existe. Señoras y señores, por Dios, leamos, esto ya existe. Y junto a esto está además el Sistema Único de Manejo Ambiental. Lo que debemos impulsar nosotros con estas reformas es un sistema de medición, verificación y reporte para las emisiones de gases de efecto invernadero diferenciadas por cada gas, como por ejemplo para carbono y metano. Y además sectorizadas para todo lo que tiene que ver con industria energética e hidrocarburífera, que son las que más emisiones tiene el Ecuador. Esto no solo es un detalle ni una sola simple omisión, sino probablemente el mayor riesgo que representa este proyecto de reforma. Porque la ley está otorgando un poder muy grande al Ejecutivo, pues reconoce que es la autoridad ambiental y el Comité Interinstitucional de Cambio Climático como los entes rectores con facultades para dictar directrices vinculantes y ejercer la titularidad regulatoria. Concentrando así todo el control de los mercados de carbono en el gobierno de turno. Colegas, como ustedes lo acaban de escuchar este proyecto, al darle este poder absoluto al gobierno, significa que van a manejar el registro nacional de carbono. Y esto, en manos de un gobierno que no respeta la independencia de poderes o que funciona a través del clientelismo, es un arma sumamente peligrosa. ¿Quiénes van a revisar a recibir los beneficios? ¿Las comunidades indígenas que están protegiendo los bosques o los amigos de los ministros? ¿Qué pasará con los que no estén de acuerdo con el gobierno? ¿Les van a negar las certificaciones? De eso no se habla dentro de la reforma. Sin un sistema real de monitoreo, de verificación y de reporte en el sector petrolero y energético, que hoy es inexistente, lo que estamos haciendo es simplemente inventar números para llenar bolsillos. Y cuarto punto, la seguridad jurídica y riesgo de la burocracia. Este proyecto no va a ayudar ni al emprendedor verde ni mucho menos al campesino, sino que crea más sellos, más duplicidad de leyes. Y además, el mismo documento habla de cómo los comparecientes de esta comisión alertaron sobre esta burocratización de los mercados de carbono. Y ponen ahí advertencia, justamente, de que puede afectar, y lo digo textualmente, la estabilidad del entorno laboral y empresarial, y que puede convertirse en un obstáculo burocrático. Las dificultades que aborda los mercados de carbono, que ya de por sí son grandes, realmente pueden verse agravadas por un barco legal como el que se presenta aquí, donde los propios comparecientes están preocupados por lo que se está planteando a través de esta reforma. Es importante decirles nuevamente que darle este control muy supremo hacia el gobierno, por lo menos nosotros, vemos con mucha preocupación de quién va a aplicar esta ley. ¿Cuáles son los técnicos que van a aplicar esta ley? Los mismos que no avanzan a controlar las resoluciones que toma el mismo ministerio para paralizar obras como la carretera en Cotopaxi para proteger al jambato, o para ir a corroborar lo que está sucediendo con las tintas textiles y la contaminación del agua, o aquellos que también ya los comprometieron con la última reforma, la ley minera, que tienen que ir a hacer en territorio las inspecciones para las concesiones mineras. ¿O acaso ya no van a hacer caso al Fondo Monetario Internacional y ahora sí van a fortalecer el Estado y a contratar personal que se encargue de la aplicación de esta ley? Porque si no, no tiene sentido. Para concluir, simplemente decir que la lógica de compensación pagar para emitir sigue intacta, no se está reformando aquí y es lo que nosotros debería preocuparnos. Como estoy quedando sin tiempo, simplemente quiero pasar a decirles que la crisis climática es real y nos golpea todos los días. Y nosotros exigimos una ley que sea de verdad y que obligue a reducir, no a compensar las emisiones y que no se enseña a mercadearlos. La naturaleza es un bien común, nos pertenece a todas y todos los ecuatorianos y todos tenemos la decisión de cómo queremos administrarla. Muchas gracias.