🕒 0:08 Anelisse Josebeth Jaramillo Rodríguez (100%)

Señora Presidenta, colegas asambleístas, un saludo especial a mi querida provincia de Loja y a la ciudadanía que nos sigue a través de los canales oficiales. Dicen que la justicia tardía no es justicia y hoy, cuando el país enfrenta una presión inédita del crimen organizado, contar con herramientas oportunas y eficaces son esenciales para enfrentar este crimen organizado y así serán los espacios a la impunidad. Frente a este desafío, el Gobierno Nacional ha emprendido acciones firmes para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad del país. Este esfuerzo se suma también al trabajo legislativo. Por eso, el proyecto de Ley Orgánica de Extradición es una iniciativa que busca actualizar el régimen vigente, delimitar competencias, adecuar a una reforma constitucional, pero sobre todo permite que la cooperación penal internacional funcione de manera efectiva en la práctica y no se quede únicamente en el papel. La propia data del informe es contundente. Se registraron 207 solicitudes de extradición activa, de las cuales 72 se han concluido y 135 permanecen pendientes aún. Además, se evidencia una asimetría preocupante, una extradición pasiva. Estados Unidos es el país al que más se le entregó personas, siete extradiciones, pero en la extradición activa solo se concedió una entrega al Ecuador. Esta diferencia entrega y corrige con expedientes sólidos, reglas claras y estándares uniformes. Y si miramos el presente, el diagnóstico es aún más preocupante. En el 2024 no se registraron solicitudes formalizadas, mientras que en el 2025 se reportaron 19 trámites en curso. Pero de estos trámites apenas un caso culminó en extradición efectiva. Esto revela un problema de procedimiento, no solo de voluntad. Por otro lado, hay que ser transparentes y no negar lo evidente. Las estructuras criminales hoy operan con logística transnacional y en el Ecuador esto es notable. El avance del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el lavado de activos, las redes criminales que operan más allá de nuestras fronteras, han demostrado que el delito ya no reconoce límites territoriales. Frente a una criminalidad global, la justicia también debe tener herramientas globales, como por ejemplo las notificaciones rojas que exigen precisamente para localizar y determinar provisionalmente a una persona que se requiera mientras se tramita la extradición. La actual área de extradición del Ecuador fue expedida en el año 2000. Han pasado más de 26 años desde entonces. 26 años en que el mundo cambió. 26 años en que las organizaciones criminales evolucionaron. 26 años en que las redes delictivas se volvieron más complejas, más tecnológicas y sobre todo transnacionales. Pero nuestra legislación quedó atrás. El propio análisis del informe señala que la normativa vigente presenta vacíos procedimentales. Falta de definiciones técnicas, debilidad en la coordinación entre institucionales esenciales como la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, la Cancillería, la Policía Nacional y los mecanismos de cooperación internacional. Es decir, no solo necesitamos extradición. Necesitamos un sistema de extradición moderno, claro, eficiente. Y justamente eso es lo que busca este proyecto de ley. Y voy a destacar tres aspectos de esta reforma. Primero, una notificación directa y efectiva. Este es uno de los cambios relevantes, lo que significa que las decisiones judiciales y las adecuaciones y las actuaciones del proceso deben ser comunicadas de manera clara y oportuna a las partes involucradas. Segundo, esta ley busca ordenar y clarificar el procedimiento de extradición, definiendo con mayor precisión las fases del proceso, las competencias de cada institución, los pasos que deben seguirse desde la solicitud hasta la eventual entrega a la persona requerida. Esto evita interpretaciones contradictorias, reduce discrecionalidad y permite que los procesos sean más transparentes y eficientes. Y como tercero, otro aporte importante de esta reforma es la incorporación de definiciones más claras y precisas dentro del régimen de extradición. Colegas asambleístas, existen, esta ley responde a un mandato democrático. El 21 de abril de 2024, el pueblo ecuatoriano aprobó un refrendo la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos bajo condiciones claras de respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales. Este pronunciamiento popular exige que el Estado cuente con un marco legal actualizado para aplicar esta herramienta de cooperación penal internacional. El crimen organizado se mueve entre países, la justicia también debe hacerlo, porque cuando un delincuente puede escapar de la justicia, simplemente cruzando la frontera, lo que está fallando no es solo la ley, está fallando el sistema. Por eso, este primer debate debe servir para fortalecer el texto, fortalecer los mecanismos y garantizar que esta normativa sea una herramienta real contra la inmunidad. Que ningún criminal encuentre refugio fuera del país, que ninguna víctima se quede sin justicia y que el Ecuador demuestre que sus instituciones están preparadas para enfrentar los desafíos de la criminalidad. El Ecuador nos observa, las víctimas nos observan y la historia también. Muchas gracias, señora Presidenta.