🕒 0:00 Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán (75%)

palabra la asambleísta Dajaira Urresta. Gracias señora presidenta, señores legisladores del pueblo ecuatoriano. Qué importante ser parte de una de las comisiones más fuertes de la asamblea nacional y que me permita tener el honor de defender esta valiosa ley. Ecuador, lamentablemente pueblo ecuatoriano, señores asambleístas, atraviesan una profunda crisis de criminalidad. Las organizaciones delictivas están realmente utilizando ya no solamente las armas, han pasado a otro nivel. Ya no solamente se esconden entre las sombras y entre sus pequeños sigilos también políticos, hoy suplen al Estado. Se visten con los uniformes sagrados de la Policía Nacional y de las gloriosas Fuerzas Armadas. Tocan puertas, ingresan a los domicilios, retienen personas, extorsionan a familias completas y todo bajo una apariencia de autoridad. Autoridad que nunca lo van a tener. En esta legitimidad que hoy vamos a hablar, lamentablemente estas bandas delictivas quieren robarnos. No solamente ya roban la paz y la vida, sino también la institucionalidad de nuestro pueblo. Esto lamentablemente ya es una realidad. Ejemplo, Manali, delincuentes uniformados como policías ingresan a las viviendas bajo el pretexto de operativos para saquear y extorsionar a las familias. Guayaquil y Durán. Se desarticula una banda completa que operaba con uniformes policiales y militares para simular controles y sembrar el miedo. En otras provincias, incluida la provincia de Pichincha, uniformes de empresas públicas fueron usadas como disfraz del crimen organizado para sustraer bienes y personas que lamentablemente son parte de una familia organizada, de una familia que tiene bajo su propio esfuerzo de trabajo y que ingresan las bandas delictivas camufladas. Disfrazadas de qué? De nuestra policía y de nuestro ejército. Existe además, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, un mercado irregular, documentado, descarado a la vez, de venta de uniformes de policías y militares. No es un mercado marginal ni obscuro tampoco para el ojo público. Es ya una realidad que está en una cadena criminalística a nivel nacional. Digamos con claridad, señores asambleístas, ese es nuestro trabajo. Digamos sin eufemismos que el uniforme no es solamente una prenda que portan. El uniforme representa a una institución. El uniforme es la república hecho tela. Cuando un ciudadano ecuatoriano ve acercarse a un informado, ve su guardián, ve su seguridad. No tiene que tener miedo. Esa confianza no es ingenua, es legítima. Hablemos de algo mucho más profundo, señores asambleístas. Esta ley adjunta, hace de su cuerpo, de su objetivo principal, el contrato social del pueblo con las instituciones. Y cuando los grupos delictivos organizados profanan estos contratos sociales, cuando explotan la confianza sagrada del pueblo ecuatoriano con la policía y el ejército ecuatoriano, no solamente dañan a las víctimas directas o afectadas en su instante, están destruyendo algo muy profundo para nosotros, la fe pública. Erosionan la legitimidad de todo un Estado, hieren el alma del pueblo ecuatoriano y obviamente de miles de servidores policiales y militares, que todos los días honestamente se levantan a trabajar, se levantan a resguardarnos e incluso a poner su propia vida a favor de la nuestra. Por lo tanto, señores asambleístas, este proyecto de ley es absolutamente importante. No vamos a permitir un segundo más que la criminalidad se tome en las instituciones. Hoy vamos a decirles no más. Voy a entrar en materia técnica. En cuanto al marco jurídico vigente, señores asambleístas y quienes han tomado lectura de la misma, pueden ver que es insuficiente y que obviamente está rezagado frente a la audiencia del crimen que tenemos en nuestro país. La usurpación de uniformes estaba tratada apenas en nuestro Código Integral Penal como una contravención, como si fuera una falta menor o una travesura de niños. Eso significa que quienes ejecutaban un falso operativo con uniforme policial o militar, quienes aterrorizaban a nuestras familias enteras, enfrentaban sanciones mínimas mientras el daño que causaban era enorme, costaba vidas. Esta reforma cambia la realidad de manera integral y proporcional. Lo he dividido en seis ejes y les voy a dar a continuación. Primero, la tipificación como delito del uso fraudulento de uniformes insignias y distintivos de seguridad, con penas de uno a tres años que escalan, señores asambleístas, hasta cinco a siete años, obviamente por los agravantes, cuando se trata de los uniformes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas utilizadas para el crimen organizado. Cuando ese uniforme sirve para simular operativos, retenciones y controles falsos. Segundo, sanciona la cadena de abastecimiento ilícito. La fabricación, la comercialización, la importación y la distribución de estos uniformes sin autorización. Cerramos la fuente, señores asambleístas. No basta perseguir al que utilice el uniforme. Perseguimos a quienes lo producen, a quienes lo venden de manera fraudulenta. Y aquí quiero ampliar el tema, manifestando que en la ley se expresa la cooperación interinstitucional entre el INEC y el SRI, creando y brindando un sistema único de cadena de comercio. Realmente eso para nosotros como país es fundamental, tener ya un sistema único de comercio. ¿Para qué? Para que nuestros textileros, para que nuestros comerciantes honestos tengan ya un código. Tercero, tiene sobre la importancia de algo que para nosotros falta en nuestro país. El tema moral. Sancionar al servidor institucional que, sea policía o sea militar, que entregue, cede o facilite su uniforme a terceros para, y eso se tomará como traición desde dentro. Ustedes saben, asambleístas, que las traiciones desde adentro duelen más. Cuarto, se crea un sistema de trazabilidad, de control administrativo que obliga, registra, inventaría y controla la distribución de uniformes retirando del servicio a quienes ya no están ejerciendo el servicio policial y militar. Porque una prenda dada de baja que circula libremente como veleta al viento en un mercado donde realmente la amenaza es tangible, es una bomba de tiempo. Quinto, incorporar medidas disciplinarias en el COESCOP y la ley de personal militar y policial para que las faltas internas tengan correspondencia con el nuevo estándares de inteligencia y exigencia que la patria lo demanda. Y por último, proteger, aquí vamos, a nuestros comerciantes y confeccionistas, a esos hombres y mujeres legítimos, honestos, a los artesanos ecuatorianos que trabajan realmente honestamente, sin ser parte de ninguna banda delictiva, dándoles la certeza jurídica que mientras se cierran los espacios para los ilegítimos, ya se crea como les dije, el sistema de comercio de una manera formal, de servicio y obviamente no de servicio al crimen organizado. Esta ley es mano dura con inteligencia, es firmeza con una visión de Estado firme. Mano dura no significa, señores asambleístas, no vayan a tergiversar que la mano dura con eficacia significa cerrar flancos, obviamente al Estado. Lo penal, lo administrativo, lo logístico y lo preventivo, señores asambleístas, hacen que esta ley sea extraordinaria, sea una respuesta integral, porque los problemas integrales tienen que tener respuestas integrales. Dentro de la Comisión de Seguridad a la que me honra ser parte, recibimos al Consejo de la Judicatura, donde nos presentó cifras alarmantes que nos sacude como seres humanos. Entre el 2014, en el primer trimestre del 2026, se registran 550 acciones bajo procesos judiciales vinculados a la usurpación y simulación de funciones. La concentración mayor es en la provincia de Guayas, con 187 casos. Segundo va la provincia de Pichincha, con 140 casos. La tasa de sentencias condenatorias, señores asambleístas, no superan el 30%. Eso no solamente es un problema de la delincuencia, es un problema de herramienta jurídica insuficiente. Por lo tanto, el Estado tiene que llegar justamente a este combate, a un combate no de manera desarmada normativamente. Por lo tanto, esta ley da a la Fiscalía los instrumentos necesarios para construir casos sólidos, para que la justicia no fracase en las puertas de un tribunal. El crimen organizado, lamentablemente todos sabemos y más, los señores asambleístas de las provincias de la costa ecuatoriana, saben que ha mutado, saben que están mejormente uniformados, armados y con una logística muy amplia. Los grupos que antes operaban en las sombras, hoy simulan ser Estado. Es una amenaza que enfrentamos y que obviamente esta respuesta normativa le dice basta, le dice tengo un alto. Y obviamente damos un equivalente sofisticado, equivalente a la determinación y equivalente al coraje institucional que la Asamblea Nacional lo tiene que tener. La ciudadanía ecuatoriana tiene el derecho a saber, señores asambleístas, que cuando alguien llama a su puerta, verdaderamente es un uniformado, verdaderamente es la persona que dice ser. Tiene derecho a que ese uniforme sagrado institucional de la policía y del ejército ecuatoriano sea y siempre será un símbolo de protección, no de amenaza, de honor, más no de engaño. Hoy en esta Asamblea Nacional, que es la Casa del Pueblo, tenemos la oportunidad histórica, señores asambleístas, de devolver el derecho institucional a nuestra policía y a nuestro ejército. De decir al crimen organizado con fuerza de ley y con voluntad democrática que el Estado ecuatoriano protege sus símbolos, sus instituciones y la tranquilidad de sus amadas familias. El poder del Estado sólo se justifica cuando sirve al más débil. Pues bien, el más débil el día de hoy son nuestros ciudadanos. Esas puertas que no se pueden abrir más al crimen organizado. A ese ciudadano que quiere trabajar honestamente y que tiene que ser parte de un sistema íntegro de comercio. Señores asambleístas, mi voto el día de hoy, por obvias razones y fundamentos de trabajo profesional, junto a la asambleísta Inés Alarcón y mis compañeros de la Comisión de Seguridad, con mucho orgullo y convicción, dando la certeza de que hoy, si estoy en el lado correcto de la historia, mi voto será a favor. Ante el pueblo ecuatoriano que nos observa, a esa asamblea que hoy se sienta para debatir, le digo que su voto es favorable y que tiene que estar a la altura de la coyuntura de nuestra patria. Porque las familias ecuatorianas no necesitan discursos, no necesitan rifas, necesitan leyes que las protejan. Señores asambleístas valientes, nos vemos en las fuertes batallas donde los cobardes no están. Viva el Ecuador, viva la policía, viva las Fuerzas Armadas. Subtitulado por Jnkoil