Buenas tardes, señora asambleísta, señoras y señores asambleístas que están el día de hoy presentes. Quiero saludarles, reciban un cordial saludo de la Asociación Jersey del Ecuador. El día de hoy vengo en calidad de productor como representante del sector ganadero ecuatoriano y en especial de la Asociación Jersey del Ecuador. Quiero iniciar expresando nuestro respaldo al espíritu de este proyecto de ley que busca fortalecer la producción nacional, la sostenibilidad y sobre todo la soberanía alimentaria. Creemos que esta ley es necesaria, es oportuna y que recoge avances importantes en materia de planificación, institucionalidad, trazabilidad y transferencia tecnológica. Sin embargo, consideramos fundamental afinar algunos aspectos claves para que su aplicación sea efectiva y segura. Hemos revisado algunos puntos y tengo algunos comentarios sobre la política pública agropecuaria en el capítulo 1. Dentro de este apartado se consolida la rectoría clara del Estado en materia agropecuaria, fortaleciendo la capacidad de planificación, coordinación y evaluación de la política pública. Destaco que se crea un sistema de gobernanza eficiente, sin burocracia adicional ni incremento del gasto público. El Comité Nacional Agropecuario y el Consejo Consultivo Agropecuario permiten articular a las instituciones del Estado con los actores productivos, la academia y los gobiernos locales, respetando plenamente las competencias ya existentes. Este diseño evita incluso duplicidades, mejora la coordinación interinstitucional y refuerza la eficacia de las decisiones públicas para resolver las diferentes necesidades del sector agropecuario. Dicho esto, si el Comité Nacional Agropecuario representa la voz organizada del productor y el Consejo Consultivo aporta con la visión técnica y estratégica, juntos pueden convertirse en el eje de una política agropecuaria moderna, sostenible y sobre todo justa. Es necesario señalar en este punto que no es posible exigir más al productor si no se garantizan condiciones habilitantes reales, como el acceso al financiamiento, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica y sobre todo reglas claras. Además, establece mediante esta ley el Registro Nacional de Productores Agropecuarios como una herramienta estratégica de planificación y trazabilidad, que permitirá establecer políticas basadas en información real, focalizar programas y un uso de los recursos públicos sin crear nuevas plataformas costosas. Quiero destacar realmente el Registro Nacional de Productores Agropecuarios como una herramienta estratégica de planificación. Un Registro Nacional de Productores Agropecuarios bien diseñado no debería ser un instrumento tampoco de control ni de persecución, sino una base técnica para planificar políticas públicas, focalizar financiamiento, fortalecer la sanidad, la trazabilidad y la transferencia tecnológica. Para el sector ganadero es fundamental que este registro también respete estrictamente la protección de datos personales, el sigilo de la información productiva y el uso exclusivo con fines técnicos y estadísticos, nunca con efectos tributarios ni sancionatorios. Sobre el título 2 de la democratización agropecuaria, debo manifestar con claridad que el desarrollo agropecuario debe ser inclusivo y equitativo, se garantiza el acceso justo a los factores de producción, priorizando a pequeños productores, mujeres rurales, jóvenes y pueblos de nacionalidades en estricta coherencia con la Constitución. Respaldo y destaco que esta democratización no crea privilegios, sino condiciones de igualdad material, promoviendo la profesionalización, la capacitación técnica y la protección de los saberes ancestrales. De esta manera, el sector agropecuario deja de ser sólo productivo y se convierte en un motor de cohesión social y territorial. Este apartado fortalece la dignidad del productor rural y reconoce su rol estratégico en la soberanía alimentaria en la economía nacional. Sobre la producción y comercialización agropecuaria, aquí se establecen las bases para un mercado agropecuario organizado, transparente y competitivo, así como la importancia de contar con información estadística, geográfica y de mercado, para que los productores puedan tomar decisiones informadas y reducir sus riesgos. Se fortalece la comercialización interna y el comercio exterior, impulsando la agregación de valor, la trazabilidad y las certificaciones de calidad, sin interferir con las competencias sanitarias y ambientales existentes. Este enfoque permite mejorar los ingresos, estabilidad de precios y el acceso a mercados internacionales, beneficiando especialmente a pequeños y medianos productores. Aquí en particular quiero hacer un énfasis y referirme al sector del que vengo, el sector ganadero lácteo, ya que la leche es un producto perecible que se produce todos los días, con altos costos fijos y con muchos riesgos productivos, sanitarios y climáticos que los asume íntegramente el productor. Por ello es necesario también determinar precios de sustentación justos y técnicamente construidos, no son una distorsión del mercado, sino un mecanismo de equilibrio dentro de la cadena productiva. Hay que destacar que un país que no protege adecuadamente a su productor de leche termina debilitando su seguridad alimentaria, y eso no queremos para nuestro país. Dentro de la promoción de nuevas áreas productivas en el medio rural, aquí se apuesta por la diversificación productiva y la transformación territorial, orientando la inversión pública y privada hacia zonas rurales históricamente relegadas. Destaco que esta intervención se realiza de manera planificada, técnica y coordinada con los gobiernos autónomos descentralizados. Se protege expresamente las áreas de investigación agropecuaria, reconociéndolas como espacios estratégicos para la soberanía alimentaria, la innovación y la conservación de recursos genéticos, evitando su uso indebido o especulativo. Como conclusión, debo decir que esta ley representa una respuesta estructural, técnica y constitucionalmente sólida a las necesidades del agroecuatoriano. No es una norma declarativa, sino un instrumento eficaz para ordenar, fortalecer y modernizar el sector, sin generar cargas fiscales indebidas ni inseguridad jurídica. Con esta ley se reafirma el compromiso del Estado con la soberanía alimentaria, el desarrollo rural digno y el futuro productivo del Ecuador. Adicionalmente, desde el sector ganadero queremos ser muy claros. También estamos dispuestos a asumir compromisos bajo los cuales ya estamos trabajando, que van acorde a esta Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, como trazabilidad, mejora continua de la calidad e inocuidad, sostenibilidad, ganadería regenerativa y eficiencia productiva. Formalización y transparencia. Señoras y señores asambleístas, este primer debate es una oportunidad histórica para construir una ley moderna, una ley equilibrada y aplicable. El sector ganadero está listo para aportar, asumir compromisos y acompañar este proceso, siempre que la ley reconozca el rol central del productor dentro de la cadena agroalimentaria. Muchas gracias.