Tiene la palabra el asambleísta Jaime Estrada.
Asambleísta Jaime Estrada - Sesión 024
Clip oficial con una sola intervención de Jaime David Estrada Medranda, tomada de la Sesión 24.
Quién habla y cuándo
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Señor Presidente, colegas asambleístas, organizaciones que velan por los derechos humanos que están pendientes a la transmisión de la sesión de la Asamblea del día de hoy, familiares de las víctimas. Hoy estoy acá no sólo como un ponente de este proyecto de ley de personas que fueron víctimas del sistema de violaciones de los derechos humanos, sino como portavoz de un colectivo que busca atención, que busca seguridad y tranquilidad. Este no es un simple conjunto de artículos, sino que es la promesa y el compromiso de un Estado que finalmente se pone al lado de las víctimas, de sus hijos y de sus hijas, los más vulnerables.
Es un acto de reparación histórica que busca cerrar heridas que por generaciones se han mantenido abiertas para poder construir un futuro sobre los pilares inquebrantables de la verdad, pero sobre todo de la justicia. Por décadas, las víctimas de violencia estatal y sus familias han sido condenadas a un segundo calvario. La indiferencia, el olvido, la revictimización institucional, el informe que tienen en sus manos es un testimonio de esta realidad, comenta con rigor no sólo el pico de violencia estatal que vivió nuestro país entre el 84 y el 88, sino la persistencia de estas prácticas en los años siguientes.
Y para no pensar que hablamos únicamente de los fantasmas del pasado, les pido que viajemos a ese 8 de diciembre del 2024, fecha en la que varias familias comenzaron a vivir una pesadilla. En la ciudad de Guayaquil, hablo precisamente del sector de las Malvinas, donde cuatro jóvenes fueron desaparecidos por quienes juraron justamente protegerlos. Les pregunto, colegas, ¿qué respuesta le ofrece el Estado ecuatoriano a ellos y a sus familias hasta el día de hoy? ¿Qué le decimos a esas madres que vieron cómo se llevaron a sus hijos?
Hoy la respuesta es un vacío, un laberinto burocrático, una justicia que se diluye en el tiempo y una reparación que parece una utopía inalcanzable para ellos. Ellos y tantos otros como ellos son la prueba viviente de que esta ley no es un lujo, esta ley es una necesidad. Y es una necesidad urgente para el presente y para el futuro. Este proyecto de ley, compañeros, es nuestra respuesta y una respuesta integral. Hablamos no solamente de compensación económica, que aunque es necesaria, jamás podrá devolver una vida o borrar una cicatriz como la que abrieron la de estas cuatro familias.
Hablamos de verdad, el derecho de las víctimas y de toda la sociedad de saber qué pasó, quiénes fueron los responsables y por qué. Por eso proponemos la creación de una Comisión de la Verdad y un Archivo Nacional de la Verdad, para que la historia no pueda ser reescrita por los victimarios. Hablamos de justicia, se acabaron los procedimientos interminables, se establece un procedimiento especializado, sumario y preferente, con reglas de flexibilización, probatoria y la inversión de la carga de la prueba en favor de la víctima. Queremos que la justicia sea un camino y no, como ahora, un muro de dificultades.
Además, hablamos de reparación, reparación integral. Este es el corazón de la ley, incluye la restitución para devolver a la víctima hasta donde sea posible a su proyecto de vida. La rehabilitación médica, psicológica, gratuita y de calidad, para sanar el cuerpo y también la mente. La satisfacción que va desde disculpas públicas que dignifican hasta la creación de un museo nacional en memoria para educar y honrar. Y, por supuesto, la indemnización justa. Hablamos, sobre todo, de las garantías de que no se repitan. La mejor forma de honrar a las víctimas es asegurar que no habrá más.
Esto implica reformas institucionales profundas, capacitar a nuestras fuerzas públicas de seguridad y la inclusión de la memoria histórica en las aulas de clase, para que nuestros niños crezcan con una cultura de paz y respeto. Para hacer todo esto realidad, se crea un Sistema Nacional de Protección y Reparación y un Fondo Nacional de Reparaciones para saber que existen los recursos, garantizando para aquello. Estimados colegas, esta ley es un imperativo moral y constitucional. Es decirle a la familia Arroyo Bustos, a la familia Medina Lajones, a la familia Arboleda Portocarrero, a la familia de las víctimas del caso de Fiveca, a los familiares de los hermanos Restrepo y a cientos de familias anónimas que su dolor nos importa, que su lucha no ha sido en vano y que sus derechos de ahora en adelante serán sagrados.
Por eso estamos trayendo al Pleno este proyecto de ley, el cual queremos que ustedes también participen y generen sus aportes para que puedan ser incluidos en un segundo debate. Construyamos juntos el Ecuador de la memoria, de la justicia y la dignidad. Juntos podemos trabajar en equipo. Muchas gracias.