🕒 0:10 Sergio Jesús Peña Veloz (75%)

Señor Presidente, muy buenos días. Me confirma si se escucha claro, por favor. Lo escuchamos, asambleista. Muchísimas gracias, señor Presidente. Un saludo a todos los legisladores, a los ecuatorianos que nos escuchan. Yo creo que es importante el tema que estamos debatiendo el día de hoy. Como comisión hemos escuchado a las partes pertinentes diferentes ponencias que nos han llevado a entender la problemática clara que tiene el país en tema de minería, en este caso. Sobre todo por el tema de la minería ilegal. Por ahí quiero empezar. Buenos Aires, Azuay, lo que es Ponce Enríquez, Zamora Chichipe, Napo, Orellanas, Saruma, el Chocuandino. Son realmente en este momento poblaciones afectadas por minería ilegal. Y sobre eso quiero desarrollar esta ponencia para que entendamos por qué este proyecto busca fomentar la minería legal. Señores, el hecho de negar como tal a la minería no va a hacer que la minería ilegal, en este caso, respete la ley. Porque a diferencia de una minería responsable, la que factura, la que genera empleo, la minería ilegal no pide permiso. No va y saca licencias ambientales. Y seguirá avanzando si le damos, en este caso, o miramos, en este caso, hacia otro lado. Por eso es importante que esté regulada la minería. ¿Para qué? Para justamente, como digo, la minería que factura, la que genera trabajo, y sobre todo, en este caso puntual, al desarrollar la minería ilegal, le damos o combatimos la minería ilegal. Y sobre eso tenemos que tratar y tenemos que unirnos para trabajar sobre esto. Para entender la magnitud de este desafío, analicemos los datos del 2003 y 2008. Básicamente, la informalidad primaria, donde a pesar de los precios altos de los metales, la redistribución, en este caso al Estado, era menor del 1%. Y la fuga de capitales era total. Posteriormente, en el 2009 al 2017, entramos en una fase de institucionalidad muy rígida, donde la ley de minería del 2009, en este caso, por los trámites burocráticos excesivos, provocaron un crecimiento del 300% de la minería ilegal en zonas de frontera. Del 2018 al 2023, aunque las exportaciones legales crecieron en 270 millones a 3.300 millones de dólares, la minería ilegal se consolidó como la segunda actividad más lucrativa para el crimen organizado. Hoy, entre el 2024 y el 2026, esta es la crisis que enfrentamos. Básicamente, el Estado pierde hasta mil millones anuales, y el 80% del oro que sale por nuestras fronteras es de origen ilícito. Por eso, esta ley lo que propone es el fortalecimiento estratégico real, garantizando que el 60% de las regalías vaya directo a los GATS, y asegurando un 100% de protección militar en áreas críticas. Repito, la minería ilegal no pide permiso. La minería ilegal no le importa la naturaleza. La minería ilegal no protege el agua. Y lo que buscamos con este proyecto de ley es justamente que la minería ilegal se pueda fortalecer. Esa que factura y genera trabajo, lo repito. Con el artículo 66.3, creamos las áreas mineras de protección de seguridad estratégica. ¿Qué va a permitir esto? La intervención directa y permanente de las Fuerzas Armadas. Para neutralizar las amenazas de los grupos criminales. No solo en un operativo de un día. Una protección constante de esta infraestructura que básicamente es parte de nuestra soberanía. El dinero real para los territorios dentro del artículo 10. Al blindar el 60% de las regalías para GATS. Provincial es 45%. Cantonal es 35%. Parroquial es un 20%. El ciudadano realmente va a ver que la mina cercana construye su vía o su sistema de agua. Convirtiendo a la minería, como digo, en una aliada del pueblo. Por ejemplo, la formalización y control dentro del artículo 11 y 12. La Enami-EP será la única facultad para los contratos en pequeña minería. Y van a limitar los permisos artesanales a 10 años improrrogables. Esto acaba con ese eterno miedo de la minería artesanal. Que la realidad es un mediano minero camuflado. Se obliga a la transición hacia la formalidad. Es decir, la eficiencia del silencio administrativo en el artículo 4. Establece en términos de 30 días para los informes técnicos. Con lo cual se obliga al funcionario a trabajar. Porque hoy por hoy parte de la inseguridad jurídica que tenemos. Y de la falta como tal de realmente tener esa voluntad de decir vamos a la minería legal. Es esto. Es la burocracia. Es la ineficiencia que existe en el sistema. Por eso tiene sentido esto. Porque si no responde el funcionario, recuerden que al funcionario se lo puede sancionar. Por lo cual los funcionarios al tener un término de 30 días, lo que buscarán es justamente ser eficientes. Se los obliga a eso. Y finalmente, yo creo que señores, es momento de entender esto. Y por eso repito tanto esta frase. La minería ilegal no pide permiso. Tenemos que sí o sí reglamentar para que la minería legal tome realmente posesión, en este caso, de un polo de desarrollo para nuestro país. Porque, repito, si nosotros en este caso le decimos no a la minería porque me da miedo, la minería ilegal no nos va a pedir permiso. Es momento de combatirla. Ahora, hablando de la parte energética, en el artículo 15 y 16, básicamente queremos cumplir con lo que dice la Corte. Y segundo, darle un desarrollo real, en este caso, a la parte energética del país. Esta crisis que hemos tenido como tal, dado el hecho de que solo el Estado quiere ser rector y lo seguirá haciendo, pero permite una delegación excepcional a la iniciativa privada ante el déficit energético o emergencias. Que quede claro, delegación básicamente excepcional, no es privatización. Esa es la responsabilidad. El Estado mantiene la rectoría y el control, pero garantiza el servicio eficiente y continuo para los hogares. Queridos colegas legisladores, es momento de aportar. Es momento de debatir. Pero es momento también de que entendamos que países como Chile, Perú y Brasil, que demuestran niveles de formalidad superior al 90%, con reglas claras y seguridad jurídica, la minería, en este caso, se desarrolla con total firmeza y, en este caso, controles. Podemos llegar a eso, podemos llegar a formalizar, podemos ser, en este caso, un país de polo de desarrollo para las comunidades amazónicas, las comunidades indígenas, quienes vivan cerca de minas, pueden encontrar en la minería desarrollo para sus familias. Por un Ecuador que, en este caso, renueve su energía o su sector energético. Por un Ecuador que tenga esa seguridad jurídica para que podamos, en este caso, para que puedan los empresarios invertir en energía, minería y desarrollo para el país. Eso es lo que el día de hoy estamos debatiendo. Por eso, mi apoyo a este proyecto de ley y estamos atentos a todas las intervenciones por las reformas que se quieren, en este caso, o se nos dicen, para poder corroborar que hemos hecho un trabajo responsable. Muchas gracias, señor presidente.