Gracias, muy buenos días con todos y todas, en especial con la ciudadanía de todo el territorio ecuatoriano que seguro nos está siguiendo. Claro que estamos conscientes de este gran problema que se vive a lo largo del territorio, la falta de la vivienda. Y claro que es de interés resolver estos problemas. Pero es importante hablarle con la verdad al pueblo ecuatoriano, no a medias, no escondiendo los verdaderos objetivos de estas leyes de urgencia económica, que hasta la presente fecha se han aprobado nueve. Pregunto, ¿cuál de estas beneficia al pueblo ecuatoriano de a pie? Ninguna, simplemente han sido para beneficiar al círculo de poder, no al pueblo de a pie. Así que les invito a decir la verdad. Por supuesto que en Ecuador hay este déficit habitacional. Y de acuerdo al INE y los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo, nuestro país registra el 2.3 y 2.8 millones de viviendas en déficit. Lo que representa entre 46% y más del 57% del total del parque habitacional. De este total, más del 70% corresponde a déficit cualitativo. Es decir, viviendas que existen, pero están en condiciones precarias, con hacinamientos y sin servicios básicos, mientras el resto requiere construcción nueva. Esta realidad evidencia que casi uno de cada dos hogares en el país no tiene vivienda adecuada, confirmando que no se trata de un problema coyuntural, sino de una crisis estructural que exige una fuerte inversión estatal y no puede resolverse únicamente mediante incentivos y participación privada. En nuestro país, la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna es del Estado, porque así lo establece la Constitución de la República en su artículo 30, de la misma forma en el artículo 375 y el artículo 66, que vincula este derecho con la vida digna. Este mandato las desarrolla en las distintas normativas, como la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social y Público, que regula la acción estatal en esta materia. También en el COTAD, que asigna competencias a los gobiernos seccionales para garantizar este derecho. Y en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que orienta la planificación territorial hacia el acceso a vivienda digna. En conjunto, estas normas ya establecen que la vivienda no es una facultad opcional, sino una obligación directa, indelegable y exigible del Estado. Lamentablemente, y hay que decirlo con toda la verdad, el gobierno no ha cumplido una vez más esta obligación, así como el resto. En este contexto, esta ley, si bien es cierto, se presenta como una solución, pero en realidad introduce una lógica totalmente peligrosa. Y por qué lo digo peligrosa, porque se traslada la obligación constitucional indelegable del Estado hacia el sector privado. Y eso hay que decirlo sustituyendo la garantía directa de derechos por incentivos tributarios. Y aún más grave, se establecen las bases jurídicas para una privatización encubierta del derecho a la vivienda, donde su acceso deja de depender de políticas públicas y pasa a quedar condicionado a la lógica del mercado y a la capacidad contributiva de los grandes poderes económicos. Cuando el Estado deja de ejecutar directamente la política pública y empieza a depender o mendigar al sector privado a cambio de rebaja de impuestos, lo que hace es debilitar un derecho constitucional. Este proyecto permite que los contribuyentes reduzcan hasta el 30% de su impuesto a la renta, pero también los empresarios inmobiliarios van a recuperar el 100% de lo invertido. Eso dicen las... No vengan con cuentos de que van a donar. Donar es regalar sin esperar nada a cambio. Y aquí, en esta iniciativa, no se habla de aquello. ¿Qué significa en términos reales, señores y señoras y pueblo ecuatoriano? Que el Estado deja de recaudar recursos, que se reduce la capacidad fiscal. No nos engañemos. Cada dólar que el Estado deja de recaudar es un dólar menos para garantizar derechos a la salud, a la educación, a la seguridad y a la misma vivienda digna. Esta ley tiene contradicciones. Se dice que queremos resolver el problema de vivienda, pero al mismo tiempo propone la reducción de los impuestos, es decir, los recursos del Estado para hacerlo. Y se delega al sector privado, demostrando una vez más incapacidad estatal. Además, tiene otros problemas. Por ejemplo, afecta al principio de equidad tributaria, porque estos beneficios sólo los pueden aprovechar los grandes grupos económicos, quienes tienen alta carga fiscal, los pequeños sectores económicos y los de la economía popular y solidaria, en la práctica no podrán beneficiarse de esta norma. El Estado no puede convertirse en un simple facilitador de las grandes empresas, sino que debe ser el garante de los derechos. Si queremos resolver el déficit habitacional, debemos fortalecer la inversión pública en materia de vivienda. Ya basta de trasladar al sector privado responsabilidades que son indelegables del Estado. No podemos seguir mendigando viviendas, medicinas, armas para la seguridad o soluciones que le corresponden al gobierno, garantizarlo. Gobernar implica asumir decisiones, ejecutar políticas públicas y responder con resultados, no con excusas, ni culpando todos los días a terceros, porque eso hemos visto. Recursos económicos sí existen, se han incrementado impuestos, se ha recurrido al endeudamiento, existen ingresos petroleros, entre otros, los mismos que deben traducirse en derechos reales para la gente. El país ya no necesita más discursos ni beneficios tributarios para unos pocos, para un grupo reducido. Necesita un Estado capaz y con toda la capacidad de asumir esta responsabilidad y gobiernen para el pueblo con seriedad, con transparencia y compromiso. Yo no estoy en contra de buscar soluciones, pero sí estoy en contra de soluciones que debilitan el Estado y ponen en riesgo los derechos y que se siga beneficiando a los grandes grupos empresariales inmobiliarios. Gracias, presidente.