🕒 0:00 Juan José Reyes Baquerizo (57%)

Se invita al Pleno de la Asamblea Nacional al doctor Javier Mauricio Torres Maldonado, Contralor General del Estado. Señorita Presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Sade Fitchi, Primera Vocal del Consejo de Administración Legislativa. Señoras y señores miembros del CAL, señoras y señores asambleístas, autoridades de las distintas funciones del Estado, estimada ciudadanía, apreciados medios de comunicación. Comparezco ante este Pleno para presentar el informe de labores de la Contraloría General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2025, un periodo definido por la transformación estructural en la visión de control público en el Ecuador. Esta evolución no sólo es únicamente administrativa, sino conceptual. Estamos transitando de una institución que reacciona ante el hecho consumado hacia un organismo que anticipa y previene el riesgo. El hito que materializa este cambio es la creación del Instituto Superior Tecnológico de Control Gubernamental, Isidro Ayora. La resolución de aprobación emitida el 23 de diciembre del 2025 por el Consejo de Educación Superior marca el inicio de una nueva etapa institucional. A través de esta plataforma académica, asumimos la responsabilidad de profesionalizar el talento humano encargado de la gestión y el control de los recursos públicos bajo los pilares de transparencia y eficiencia. La formación técnica especializada en áreas como administración pública, auditoría y desarrollo organizacional permitirá que el control actúe como un blindaje técnico. El objetivo es evitar la pérdida de recursos antes de que ocurra. Esta apuesta a la prevención busca elevar las capacidades operativas de los servidores públicos y consolidar una cultura de integridad, reduciendo así errores y actos de corrupción que afectan directamente el erario nacional. Por favor, solicito a la Presidencia y me autorice pasar unas ayudas visuales mientras yo sigo realizando la rendición de cuentas. Por supuesto, autorizado. La puesta en marcha de este instituto es la pieza central de una estrategia que desplace el modelo reactivo para instaurar una metodología basada en la prevención. Bajo este enfoque, se va a fortalecer la parte técnica. La gestión operativa del 2025 presenta resultados concretos. Durante el año pasado, la Contraloría General del Estado inició y ejecutó 1.169 acciones de control a escala nacional, abarcando auditorías de gestión, auditorías financieras, de obras públicas e informáticas, así como de aspectos ambientales. En cuanto a la distribución de los exámenes, el 62% de las auditorías se realizaron mediante unidades de control externo, mientras que el 38% restante fue ejecutado por las unidades de auditoría interna. En términos sectoriales, la mayor concentración de control se dio en el sector de desarrollo seccional, que abarca a los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas, representando el 33.4% del total de las auditorías. En la misma línea, otros sectores con intervenciones significativas fueron la función judicial, el legislativo y el ejecutivo, que representan el 44.4% del total de las acciones del Plan Anual de Control. Al cierre del periodo, la institución aprobó 1.341 informes de auditoría, de los cuales 309 fueron informes con indicios de responsabilidad penal. Estas actuaciones se remitieron a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las acciones legales pertinentes. Paralelamente, hemos tecnificado el control patrimonial mediante modelos de aprendizaje automático y minería de datos. Esto permitió que durante el 2025 se emitan 275 órdenes de trabajo y se aprueben 209 informes de exámenes a declaraciones patrimoniales juradas. Un incremento del 20% respecto al año anterior. De esta cifra, 130 son informes generales y 79 son informes con indicios de responsabilidad penal. Las instituciones con mayor incidencia de estos exámenes fueron Asamblea Nacional, la Función Judicial y los gobiernos locales. Para combatir con mayor eficacia la corrupción, así como el fraude y los delitos informáticos, en cumplimiento del mandato legal, el año pasado implementamos la Unidad de Auditoría Forense e Informática. Este avance estructural está respaldado por una plataforma normativa sólida que garantiza el funcionamiento de las nuevas direcciones, incluyendo la expedición de manuales y guías técnicas especializadas. Estas herramientas operativas aseguran que nuestras investigaciones cumplan con los más altos estándares de rigor procesal. Además, trabajamos con el Instituto de Altos Estudios Nacionales en el diseño de la malla curricular para la maestría en auditoría forense, una iniciativa creada para dotar a nuestros auditores de capacidades técnicas avanzadas en la detección de delitos contra la administración pública. Bajo esta misma lógica de especialización, reformamos la estructura organizacional de control de la matriz para establecer las unidades de control patrimonial y de empresas públicas estratégicas. La rigurosidad con la que exigimos a otras instituciones se aplica también hacia el interior de nuestra entidad. En 2025, la Dirección Nacional de Auditoría Interna ejecutó 32 acciones de control dentro de la institución, de las cuales se aprobaron 16 informes generales y 6 informes con indicios penales. Durante las acciones, se evaluaron procesos críticos como la planificación de talento humano, así como la selección de personal, garantizando que nuestra gestión sea el primer referente de los estándares que promovemos. En lo que respecta a la gestión de juzgamiento, la Contraloría General del Estado confirmó en el 2025 un total de 9.697 resoluciones de responsabilidades, cuyo monto global supera los 434 millones de dólares. Este valor se desglosa en 16 millones por responsabilidades administrativas y 418 millones por responsabilidades civiles. Asimismo, remitimos 298 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado, asegurando un cauce procesal efectivo para los hallazgos de auditoría. Un resultado que debo destacar se encuentra en la gestión de recaudación y coactivas, donde hemos recuperado más de 33 millones de dólares, lo que representa un incremento del 82% en comparación con los años 2021, 2022 y 2023. Este avance se debe primordialmente a la aplicación de la remisión de intereses implementada en la Ley Orgánica para el Alivio Financiero. En total, 18.942 ciudadanos se beneficiaron de esta remisión y regularizaron su situación financiera con el Estado. Cuando inicié mi gestión, aseguré que este sería un organismo de control ciudadano, compromiso que se refleja en la importancia que le damos a los ejercicios prácticos de rendición de cuentas, como el evento de deliberación pública realizado en julio del 2023 en la ciudad de Río Bamba, al que asistieron más de 700 ciudadanos de diversos sectores sociales y académicos y que fue replicado de forma simultánea en todas las direcciones provinciales, alcanzando a más de 1.400 personas a nivel nacional. Estamos convencidos que en un Estado moderno la transparencia es el único mecanismo capaz de garantizar un control social efectivo. Por ello, la Contraloría se consolidó como fuente técnica para más de 270 medios de comunicación, facilitando la publicación de cerca de 4.900 notas periodísticas sobre el uso de fondos públicos. También fortalecimos nuestra interacción con la sociedad civil mediante la recepción de denuncias ciudadanas y del CERCOP. Insumos que fueron canalizados hacia las unidades de control para el análisis y planificación de los exámenes correspondientes. Además, diseñamos y difundimos campañas orientadas a fortalecer el conocimiento ciudadano sobre las atribuciones, funciones y servicios que ofrece la Contraloría General del Estado, tanto de manera virtual como presencial. La apertura institucional se comprometió con 476 eventos de capacitación en los que participaron más de 64.000 personas. Es relevante destacar que el 19% de los asistentes fueron ciudadanos sin filiación institucional, lo que demuestra un creciente interés de la sociedad por comprender los mecanismos de control y ética pública. En 2025, también realizamos las gestiones necesarias para mantener la disponibilidad en la operación del Centro de Datos y la infraestructura tecnológica instalada a nivel nacional. Con ello garantizamos el acceso a los servicios y aplicaciones que se encuentran a disposición de los servidores de la propia Contraloría, de los funcionarios públicos y de la ciudadanía en general. Estos resultados son el fruto del trabajo honesto de un equipo de profesionales que, a pesar de las carencias presupuestarias, realiza una labor ejemplar. Sin embargo, para dar un salto cualitativo hacia el futuro, hemos gestionado el programa de fortalecimiento institucional con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Este proyecto cuenta con un dictamen de prioridad para una inversión de 28.1 millones de dólares a ejecutarse entre el 2026 y el 2031. Dicha inversión potenciará las capacidades técnicas y operativas de las etapas de auditoría y juzgamiento a través de la transformación de nuestra infraestructura tecnológica, permitiéndonos implementar herramientas avanzadas de ciberseguridad, auditoría forense, análisis automatizado de grandes volúmenes de datos. El objetivo es claro, reducir los tiempos de respuesta y maximizar el impacto de la fiscalización. En general, la cooperación con organismos internacionales como la Agencia Francesa de Desarrollo, la Fundación Canadiense de Auditoría y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han sido fundamental para adquirir nuevas herramientas técnicas y validar nuestros procedimientos bajo estándares internacionales. En este mismo ámbito, la Contraloría tuvo una importante presencia internacional en organismos que agrupan a las entidades fiscalizadoras de la región y del mundo, siendo una entidad referente de la eficiencia en el control público. Así, junto a las entidades fiscalizadoras superiores de Jamaica, lideramos por segundo año consecutivo la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la INTOSAI. Además, fortalecimos nuestro liderazgo regional mediante la presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEPS. Señoras y señores asambleístas ciudadanos, la Contraloría General del Estado que hoy describo no sólo es una entidad que vigila cifras, es un organismo técnico que protege la confianza de los ecuatorianos en sus instituciones. En este momento en el que la estructura del Estado enfrenta grandes desafíos es nuestra obligación darle la certeza al país de la transparencia no es una excepción, es un elemento accesorio, sino la regla y garantía para la democracia. Nuestra labor técnica es en última instancia una garantía de justicia social porque cada recurso que se rescata del mal uso de un recurso que vuelve a su destino legítimo va a dar salud, educación y la seguridad en nuestras familias. Con el compromiso de seguir transformando el control público en una herramienta de desarrollo entrego este informe a la legislatura y a la nación. Muchas gracias por su atención. Gracias