Gracias, presidente. Señores asambleístas, por tercera vez en los últimos 45 días nos vemos aquí en el Pleno de esta Asamblea Nacional para tratar una ley que de económico urgente no tiene nada. Nos han dicho los proponentes de la ley, los asambleístas del oficialismo, que esta ley tiene el objetivo de que con los nuevos recursos que van a traer las empresas privadas se pueda luchar contra la inseguridad, luchar contra la minería ilegal y por fin gestionar el tema de las áreas protegidas que ha estado abandonada. La pregunta es cómo.
Esta ley económico urgente no cambia la estructura de seguridad en las áreas protegidas en lo absoluto. Le dispone a la fuerza pública, sí, crear un plan de seguridad, pero para eso no necesitan una reforma legal. No nos dice cómo estos recursos de la nueva inversión privada se van a invertir en las áreas protegidas para más seguridad, para menos minería ilegal y para más infraestructura. Dos cosas positivas habían en esta ley al borrador del informe del primer debate que eran el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la profesionalización de los guardaparques.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas ha sido reemplazado en el informe que tratamos hoy día por la Empresa Pública de Áreas Protegidas. Y como todas las organizaciones ambientales han sabido manifestar, la Empresa Pública tiene lógicas de actividad económica y no lógicas de conservación que sí hubiera tenido el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Y en este sentido preocupa una vez más que haya una intención encubierta de privatización de las áreas protegidas, señores asambleístas. En el primer borrador que se trató, que adicionalmente fue cambiado minutos antes de la votación, tanto así que el asambleísta Vico Áreas pidió que le den 10 minutos para leer el informe y le mandaron a leer mientras el resto votaba, se habían incluido los contratos de gestión delegada para el tema de áreas protegidas.
Y esos contratos de gestión delegada que están en el COA tenían el beneficio por tratarse de sectores estratégicos, señores asambleístas, de qué iban a hacer, por el principio de excepcionalidad y por concurso público. También fue retirado del informe que tratamos el día de hoy. Las salvaguardas que tienen para contratar las empresas públicas son mucho menores y no prevén la lógica de conservación una vez más. Adicionalmente, se incluyó en ese primer borrador que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas tenía seis meses para ya tener proyectos levantados.
Daba la impresión que esos proyectos tenían nombre y apellido e iban dirigidos. Preocupa que persista en este proyecto que estamos tratando el día de hoy esa misma intencionalidad, pero ahora bajo la empresa pública. Y eso no puede pasar, señores asambleístas. Aquí tiene que haber una lógica de conservar la biodiversidad y proteger las áreas protegidas. Bueno, no haga la redundancia. Adicionalmente, se insiste en el tema del fideicomiso. Esto inició como una observación de que se crea un fondo de gestión ambiental. El fondo de gestión ambiental ya existe, está contemplado en el COA y no está operativo.
¿Qué le falta para ser operativo? Recursos y voluntad política. Después era que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas iba a gestionar todos sus recursos a través de un fideicomiso. ¿Por qué? No sabemos. Y finalmente ahora dicen que la empresa pública de áreas protegidas va a sí mismo poder crear fideicomisos. La realidad es que no hay que inventarse el agua tibia. La ley ya prevé que se puedan hacer fideicomisos para la gestión pública. Tanto así que el MAE tiene más de uno, específicamente, entre otras cosas, para los puntos de control del Yasuní.
Señores asambleístas, parecería que la intención es que mediante ese fideicomiso pueda adquirirse deuda y preocupa la sostenibilidad económica de las áreas protegidas en el tiempo, que ha sido además una de las observaciones que han hecho la sociedad civil, los técnicos y las organizaciones ambientales. Adicionalmente, nos dijeron que no se van a tocar los derechos colectivos y señores asambleístas, una cosa es lo que nos dicen en voz alta en este pleno y otra cosa es lo que dice la ley por escrito. Primero, se incluye que el artículo, el numeral 7, el artículo 57, que es específicamente para actividades extractivas.
¿Qué actividades extractivas pueden haber en áreas protegidas? Señores asambleístas, eso no se puede hacer y preocupa que lo hayan incluido. Pero además, lo que nos dice la ley es que cuando ya los proyectos de turismo estén caminando, en seis meses podrán reunirse con la comunidad y llegar a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, entonces la empresa pública, el servicio, quien sea, podrá aprobarlo igual. ¿Dónde quedan las voces de esas comunidades? ¿Dónde quedan las voces de los pueblos y nacionalidades? Nos dijeron una y otra vez en el tratamiento de esta ley de la delicada intersección entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y las áreas protegidas.
Y con esta disposición en el artículo 7, se está violentando. Finalmente, señores asambleístas, yo no entiendo qué tiene que ver una remisión de intereses de la CFN en esta ley. Primero nos dicen que faltan recursos y después nos dicen que van a perdonar intereses y otros recursos. No es para la microempresa, no es para los pequeños productores, es para todo el mundo. Y la CFN tiene deudas millonarias. Entonces, ¿a quién está realmente beneficiando esta disposición? Bueno, asimismo, señores asambleístas, me parece a mí que hay dos cosas que rescatar de esta ley si quisieran realmente hacer una ley útil para los ecuatorianos.
El servicio nacional que vuelva a constar en vez de la empresa pública y que se cumpla la profesionalización de los guardaparques. Pero todo esto, señores asambleístas, tiene que hacerse bajo el principio de conservación y sin privatizaciones escondidas en la ley. Muchas gracias, señor presidente. Hasta ahí mi intervención.