🕒 0:00 Pamela Alejandra Aguirre Zambonino (100%)

la palabra la asambleísta Pamela Aguirre. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo cordial para el pueblo ecuatoriano, de manera especial para la provincia de Inbabura. Realmente este proyecto de ley de agilización judicial para la adopción nos tiene que convocar a nosotros como legisladores a construir una normativa que realmente sirva para que los niños que tienen la posibilidad de ser adoptados lo hagan de manera inmediata. No estamos en contra de la adopción, no estamos en contra del proyecto per se, queremos una adopción digna, pero no únicamente que quede en papel, sino que exista política pública del Estado Central para que las casas de acogida y para que los niños en situaciones de vulnerabilidad sean protegidos por los ministerios correspondientes. El objetivo que es reformar el código orgánico general de procesos, el código orgánico de la función judicial, el código de la niñez, entre otros, es válido porque se busca eliminar barreras para la adopción y reducir tiempos. Porque la urgencia de todos los legisladores, sobre todo de quienes pertenecemos a la revolución ciudadana, es proteger a los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no se protegen únicamente porque esta asamblea cree y se promulga una ley. Se protegen con políticas públicas diarias, donde cada uno de los ministerios, salud, educación, el MIES, entre otros, acudan con políticas públicas reales, como decía el asambleísta Luna, no sólo para la foto, sino políticas públicas reales, que garanticen los derechos a la salud, a la educación, a la dignidad. Existe una crisis en el sistema judicial, existe un colapso institucional, existen menor cantidad de jueces y en la función judicial existe un abandono. La estructura operativa es insuficiente, incluso para algo tan sencillo como las notificaciones. Querer que el cambio en la ley sea suficiente para que el sistema de justicia atienda a los niños, niñas y adolescentes, es un sueño. Primero se tiene que garantizar un sistema de justicia eficiente, fortalecer las unidades técnicas de niños, niños y adolescentes. El servicio público, nuevamente, como lo he dicho en varias intervenciones, tiene que ser lo mejor. Y eso es lo que buscamos desde quienes estamos en la revolución ciudadana. Lo público tiene que ser lo más eficiente, eficaz y tiene que servir a la mayor cantidad de gente, tiene que servir a todas y todos los ecuatorianos. Es cierto que el tema de las becas es necesario y no estamos en contra de que existan becas, sobre todo para quienes no pudieron acceder a la adopción. Sin embargo, sí nos preocupa que nosotros no controlamos el presupuesto y quienes se vayan a quedar fuera de los sistemas en el tema de las becas para poder entregar a otros. Lo ideal es que se creen mayor cantidad de becas para que todos, deportistas, músicos, artistas y también aquellos que no han podido acceder a la adopción, tengan becas. Eso tiene que garantizar la ley, señora Presidenta de la Comisión, que todos tengan estas becas. Nosotros no controlamos el presupuesto, como lo decimos, eso lo hace el Ejecutivo. Sin embargo, sí podemos incluir en la ley un texto que diga con claridad, que no se afectará a ningún presupuesto ni a ningún otro becario que ya ha sido favorecido de este importante recurso como son las becas. De igual forma, quiero reconocer que es positivo el numeral 12 del artículo 10, que es una reforma al Código Orgánico de Proceso respecto a la competencia concurrente, donde el juez competente es el juez de los niños, niños y adolescentes y de manera excepcional el juez del domicilio de los adoptantes, porque muchas veces, por la inexistencia de la cantidad de jueces necesarios, los niños se quedan sin los procesos de adopción correspondientes. Y además, es positivo que el juez que conozca los casos de uno de los niños que está en solicitud de adopción, también conozca el caso de los hermanos. Qué doloroso que en una situación de adopción se tenga que separar a las familias, más aún cuando existen uno o dos hermanos que están en estos procesos. Es válido que el juez sea concurrente y que sea el mismo juez el que proteja a los hermanos o hermanas. Yo quiero hacer un énfasis en la declaratoria de adoptabilidad. La opinión de los niños, niños y adolescentes está garantizada en el artículo 45 de la Constitución. Los niños tienen derecho a ser consultados, tienen que ser escuchados. Por eso es importante que en la declaratoria de adoptabilidad sean escuchados y sean consultados. Más aún cuando son pequeños, a través del acompañamiento de los profesionales de la salud correspondientes, sobre todo psicólogos, para que de manera muy fácil pueda escucharse su voz y pueda tenerse una interpretación con los operadores de justicia. Es importante también en la declaratoria de adoptabilidad que el cuidador sea capaz de satisfacer las necesidades físicas, emocionales y educativas de los niños, niñas y adolescentes que van a ser adoptados. Un cuidador puede tener muchísimas ganas de adoptar, sin embargo, si no tiene las posibilidades económicas, emocionales o peor aún, en el siguiente punto hablaré sobre los casos de exclusiones completamente necesarios. Es necesario, señora Presidenta, reforzar la exclusión taxativa de quienes tengan la voluntad de adoptar y que hayan tenido, dentro de sus antecedentes, violencia física, psicológica, doméstica, económica, patrimonial y también la violencia vicaria. Ninguna de estas personas pueden estar dentro de la lista de las personas que pueden ser padres adoptivos. Algún sujeto que haya sido violento en su familia con violencia doméstica, con violencia vicaria, con violencia patrimonial, puede tener mucha voluntad de adoptar, sin embargo, este patrón puede repetirlo y puede hacer gran daño al niño, niña o adolescente que pueda ser adoptado. Respecto a las sanciones de los servidores, estamos de acuerdo que los servidores que incumplan sean sancionados. Sin embargo, yo quiero recalcar que si un sistema de justicia se encuentra en deterioro y en abandono, los servidores judiciales no podrán cumplir con su trabajo. Hemos visto que la crisis del sistema judicial es un gran impedimento para el desarrollo. Entonces, multar al servidor que no notificó si es que desde la unidad de justicia no existe el personal suficiente o ni siquiera están creadas estas unidades de justicia, es únicamente atacar al más pequeño del problema y no al problema real que tenemos como sociedad, como Ecuador, que es un sistema de justicia insuficiente. Finalmente, quiero hacer un énfasis en que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protegidos no únicamente dentro de las familias que van a ser adoptadas, sino también en las casas de acogida, porque no son todos los casos de niños y niñas que van a ser adoptados. Quienes se queden en las casas de acogida tienen que tener dignidad, pagos puntuales, pagos a tiempo, que vaya de la mano con visitas permanentes de los TAPS, que son los técnicos en atención primaria, que de la mano tengan atención en la salud, hospitales bien equipados y atención médica permanente, que exista una educación pública gratuita y de gran calidad, especialmente para quienes se sientan, se encuentren en sitios de acogida, en casas de acogida. Hacer una ley es importante, pero jamás va a reemplazar el deber del Estado de garantizar que los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en casas de acogida sean realmente protegidos por quien debe hacer lo que es el Estado. Por eso, nuestro apoyo a que existan plazos perentorios, que exista una ley regulatoria, que se excluya a cualquier persona que haya cometido actos de violencia para ser padres adoptivos, pero también nuestro llamado urgente por esos niños, por esas niñas, por esos adolescentes a que las casas de acogida sean tratadas con dignidad, con pagos eficientes, que el sistema de salud trabaje de manera correcta, que exista tanto en el sistema de educación como en el sistema de educación primaria, secundaria y universitaria, que exista calidad especialmente en el sistema público. Muchas gracias, señora Presidenta.