Sesión No. 114-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Bueno, hay varios puntos, pero creo que tres son los más importantes bajo mi criterio. El primero, que se agregan ya razonamientos y un perfilamiento para ingresar criterios de seguridad, tanto en lo que corresponde a la seguridad ciudadana, así como también a la gestión integral de riesgos. Esto es fundamental porque, bueno, acabamos de vivir en Colombia, acabamos de ver lo que sucedió en Venezuela, viviendas que lastimosamente se desploman y en este tipo de situaciones, pues muchas vienen por falta de una normativa que sea útil y que obviamente recoja integralmente estos criterios, no solamente desde las municipalidades, sino a nivel nacional, y que permita que la gestión sea integral y que obviamente se permita tener mapas, anclar documentos estratégicos al momento de construir.

Y otro de los puntos importantes es el banco de suelos. Este banco establece que de manera pública se oferte, digámoslo así, tanto a los públicos como a los privados, la posibilidad de construir viviendas sociales, es decir, dónde se puede hacer, bajo qué criterios y obviamente que tenga los servicios básicos para estos fines. Creo que estos tres requisitos, estos tres elementos que se agregan a la norma me parece que son los más...

Ya correspondía al MIDUBI, ahora dentro de un nuevo ministerio de manera integral. Este ministerio es el que establece, el que tendría una plataforma en el que se permitiría ver de manera directa a través de los medios digitales dónde están ubicadas estratégicamente las áreas con posibilidad de construcción. Esto debe estar anclado obviamente a los planes de uso y gestión del suelo de los municipios porque son ellos los que establecen las reglas, cuáles son los suelos de expansión urbana, ahí es donde se lo puede realizar. Obviamente hemos sugerido dentro de la comisión que se busque también empujar, que se busque establecer viviendas ya no alejadas de los perímetros céntricos sino más bien también hacer vivienda como sucede en otros países, en edificaciones, donde la gente de escasos recursos económicos y el gobierno pueda establecer ya estos lugares donde se puedan construir edificaciones sociales, es decir, donde se pueda llevar a la gente no a las periferias porque lastimosamente uno entendería que únicamente así se puede desarrollar vivienda social o vivienda entre comillas como antes se lo establecía para pobres.

No es nuestro mensaje, no es lo que nosotros queremos, la vivienda social tiene un interés y es que seres humanos, que familias que tienen ese anhelo de tener una vivienda propia, en este caso tengan departamentos o lugares donde puedan vivir mejor.

Seguridad ciudadana es integral, no solamente hablamos de violencia, aunque evidentemente se buscará, se establecerá que por ejemplo los parques tengan las iluminaciones, que tengan las rutas de acceso de llegada, que tengan los controles, que se evite de alguna manera el ingreso o la permeabilización por parte del crimen organizado. En primera instancia esta sería la visión, pero hablando de seguridad ciudadana pues se establece también otras cuestiones que tienen que ver con la niñez, la adolescencia, espacios de recreación, de diversión, áreas verdes, lugares donde la gente o la familia pueda disfrutar el tiempo libre y obviamente esto también reduce los niveles de conflictividad, espacios para la juventud y obviamente pues eso es lo que tendríamos ya arreglado, no solamente como de una manera discrecional del contratista, sino más bien que estos criterios tengan una efectividad, sobre todo cuando se habla de seguridad ciudadana, por ejemplo en lo que corresponde a las líneas como para poder escuchar, para poder hablar cuando haya una crisis, cuando haya eventos delictivos, eso es lo que normalmente buscaría adicionalmente a través de las ordenanzas que regulan el plan de uso y gestión del suelo, por ejemplo, que los municipios vayan implementando.

comisión hemos venido legislando. Cuando hicimos las reformas a la ley orgánica de uso y gestión del suelo, ya habíamos establecido sanciones drásticas a los alcaldes que emiten permisos, por ejemplo, en laderas que permiten construcciones al lado de los lechos de ríos, por ejemplo. Obviamente, pues eso es penado y ya es sancionado de una manera mucho más fuerte a través de la SOT de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, pero, pues, en este caso esta normativa en el Banco de Suelos tiene que estar articulada al plan de uso y gestión del suelo y es público.

Entonces, ya no se puede llevar, ya no se puede construir en lugares de alto riesgo, hablo de pendientes, hablo de lugares donde lastimosamente el riesgo es más alto. La gente dice no tengo dinero. Mi abuelo o mi padre me dejó un pequeño terrenito, está en una ladera, como no tengo dinero, pues lo voy a construir ahí. Eso es un riesgo porque termina afectando, termina matando a la familia, que es lo que uno quiere proteger dentro de una vivienda, y para eso se buscan los mecanismos para que los municipios puedan desarrollar proyectos adecuados, puedan realizar gestión, puedan hacer una coparticipación también con entidades privadas para poder establecer lugares útiles, efectivos, pero sobre todo...

Bueno, muy buenos días, gracias, así es. Efectivamente el día de hoy en el Pleno de la Asamblea estaremos presentando el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, un proyecto que unifica dos iniciativas legislativas, la del asambleísta Johnny Terán y la de mi despacho en calidad de legisladora por la provincia del Carchi, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Lo que buscamos con esta iniciativa es cerrar esta brecha de acceso a las viviendas de interés social por parte de familias de escasos recursos.

Son alrededor de 700 mil familias en todo el territorio ecuatoriano que no han accedido a una vivienda propia y parte de la iniciativa del gobierno del presidente Daniel Novoa es precisamente cerrar ese déficit de viviendas, por lo cual nosotros hemos incluido cuatro ejes fundamentales en los que hemos trabajado este informe para primer debate. Primero, criterios de seguridad en el diseño y ubicación de las viviendas de interés social. También hemos trabajado en criterios para prevenir el riesgo bajo parámetros técnicos en lo que es la infraestructura y en coordinación y articulación con los gobiernos autónomos descentralizados y el ente rector del hábitat y la vivienda.

También elevamos a ley el manejo del banco de suelo. Este es un mecanismo que ya lo maneja el viceministerio de vivienda, pero nosotros lo estamos elevando a ley con el fin de que sea una herramienta que genere transparencia y acceso a la información de todos los predios urbanos y rurales en todo el territorio ecuatoriano que están definidos para la construcción de viviendas de interés social y de estos proyectos. Además, hemos reformado el artículo 52 de esta ley con el fin de garantizar que este procedimiento de construcción de viviendas de interés social sea considerado un régimen especial y que el Código Orgánico Administrativo, así como la Ley de Optimización y Eficiencia de los Trámites Administrativos, rijan como normativas supletorias y que este sea un proceso que garantice transparencia y eliminar la burocracia para la construcción de viviendas de interés social.

Alrededor de 10 sesiones se han articulado en la Comisión de GATS con la presencia de expertos de organizaciones de la sociedad civil y hoy vamos a invitar a todas las bancadas, a los asambleístas de las diferentes provincias a que puedan fortalecer de cara al segundo debate este informe que es importantísimo para cerrar la brecha y el déficit de viviendas en el pueblo ecuatoriano.

Bueno, como ustedes lo conocen, hemos armonizado la normativa dentro de la Ley Económica Urgente para Vivienda de Interés Social que promovió el presidente Daniel Novoa. Ya se define la cooperación público-privada y la agilización del trámite en lo que es los permisos municipales. Lo propio nosotros hemos dejado definido en la Ley Orgánica de Organización Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que fue la LOTUS, lo cual fue muy criticado porque aducía que vulneramos la autonomía de los municipios. Lo que nosotros queremos promover es la agilidad. Incluso se ha promovido en la LOTUS el silencio administrativo de 30 días para los gobiernos autónomos con el fin de que estos procedimientos rijan como un régimen especial.

Y hoy por hoy lo propio estamos armonizando con esta reforma integral a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, que los gobiernos autónomos rijan directamente la asignación de los permisos de construcción de vivienda y no interpreten ni el COAN ni la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. Sin vulnerar su autonomía, ojo que no estamos vulnerando la autonomía constitucional, pero garantizando la jurisdicción, darle agilidad. Que el Ente Rector de Hábitat y Vivienda, que es el Vice Ministerio de Vivienda, pueda directamente con el Gobierno Autónomo descentralizado canalizar una sola aprobación en todo este régimen especial.

Lo que buscamos es que los proyectos de vivienda de interés social dejen de ser proyectos aislados del desarrollo, aislados de la sociedad, que el carácter de vivienda de interés social sea un referente de pobreza, de limitaciones. No, al contrario, buscamos que bajo los criterios de seguridad en articulación interinstitucional, entre el ente rector de hábitat y vivienda, el gobierno autónomo descentralizado municipal y las instituciones de seguridad ciudadana puedan garantizar las condiciones de ubicación de los proyectos de vivienda de interés social en espacios que tengan acceso a servicios básicos, espacios iluminados, que la infraestructura tenga garantías de seguridad para que realmente podamos restablecer y garantizar seguridad e integridad a nuestros ciudadanos.

Que el acceder a una vivienda de interés social no sea una migaja del gobierno, sino una garantía para salir adelante, tanto el propietario como su familia y que obviamente las entidades del orden público continúen con los programas de seguridad a los que se anclan estos proyectos de vivienda de interés social. Es fundamental el accional de los gobiernos autónomos descentralizados municipales para garantizar estos espacios, parques, canchas, espacios públicos adoquinados que garanticen la seguridad integral de estos proyectos.

Bueno, precisamente en la armonización de las normativas que hemos aprobado como la LOTUX, ahí ya se garantiza y se prevé que los gobiernos autónomos descentralizados no pueden aprobar proyectos de vivienda de interés social y de ningún tipo de vivienda en zonas de riesgo. Eso ya está garantizado en la LOTUX y de hecho es causal de destitución de una autoridad local en caso de que continúen otorgando estos permisos en zonas de riesgo. Y lo propio estamos citando en la Ley de Vivienda de Interés Social, reformando el artículo 30, garantizando que se garanticen estos criterios de prevención, mitigación, resiliencia contra estos riesgos sobre todo naturales y que las viviendas tengan los principios y los parámetros sismo resistentes que no los cuenta actualmente, pero lo estamos elevando a ley para dar estas garantías de seguridad integral a nuestras familias ecuatorianas.

Al inicio, al orden del día, me dirijo a este pleno con el corazón consternado ante los trágicos acontecimientos que vive nuestra hermana República de Colombia. El devastador terremoto que sacudió recientemente el territorio colombiano ha dejado a su paso una pérdida irreparable de cientos de vidas humanas, miles de familias afectadas y cuantiosos daños en varias de sus ciudades y sus comunidades. Por ello solicito a este hemiciclo ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y como homenaje a la fortaleza del pueblo colombiano.

A la unidad educativa PENIPE y a la unidad educativa 11 de noviembre de la provincia de Chimborazo.

29.

Buenos días, señora presidenta, señores asambleístas, por favor, registrar su asistencia y sus curules electrónicas, de existir alguna novedad, informar a esta secretaría y a cada uno de sus técnicos asignados.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, es una responsabilidad del Estado y por ende de nuestra facultad legislativa el de hacer el análisis correspondiente a la ley vigente, presentar reformas y lo que buscan las reformas es volver mucho más ágil para que esos sueños de la gente se conviertan en realidad lo más rápido posible, trabajar adecuadamente en el manejo y gestión del banco de suelos que desde hace algunos años se viene estableciendo en nuestro país y por ende lo que se busca, insisto, es de que también haya una articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados, particularmente los municipios, que son los que tienen que arrimar el hombro, que son los que tienen que intervenir, sin dejar de lado también aquellos operadores, aquellos dueños de iniciativas, los que van a hacer inversiones para dar respuesta a las 750 mil familias que están a la espera de una vivienda de carácter social.

Bien entendida y con una articulación adecuada, sin duda que alcanzará los resultados y alcanzará los objetivos que se proponga. Yo creo que es importante sentarse, buscar consensos, explicar que más allá de las tendencias ideológicas está el interés de la comunidad, está el interés de, como digo, más de 750 mil familias, que es el déficit obviamente habitacional que tiene el Ecuador, que alcancen una respuesta favorable. Confiamos en que esa articulación va a llegar más temprano que tarde.

como presidente de la Asamblea Nacional encargado, conforme el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a los asambleístas a la sesión 114-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día miércoles 12 de agosto de 2026 a las 12 horas 30 en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de diciembre y peradita en el distrito metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, himno nacional de la República de Ecuador.

Segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. Tercero, conocer y resolver respecto al memorando AN-C-FSP-2026-0280-M. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señora Presidenta.

Señor secretario, por favor informe si se han presentado solicitudes de modificación del cambio al orden del día.

Cumplo con informar, señora Presidenta, que sí contamos con una solicitud de modificación del orden del día para la presente sesión presentada por la asambleísta Paola Jaramillo el 10 de agosto de 2026 a las 12 horas con 42 minutos.

Señor secretario, por favor dé lectura al cambio del orden del día solicitado por la asambleísta Paola Jaramillo.

Procedo a dar lectura, señora Presidenta, memorando a N-JZPM-2026-01-74-M, asunto. Solicitud de cambio de orden del día para la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 114, convocada para el día miércoles 12 de agosto de 2026 a las 12 horas con 30 minutos, de mi consideración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Ofición Legislativa, respetuosamente me permito solicitar que se incorpore al orden del día de la acción del Pleno de la Asamblea Nacional 114, convocada para el día miércoles 12 de agosto de 2026 a las 12 horas con 30 minutos, el siguiente punto.

Conocer, debatir y resolver sobre la expedición del Decreto Ejecutivo 424, mediante el cual se adoptan medidas para enfrentar las graves amenazas que afectan la seguridad del Estado y de la ciudadanía. La presente solicitud responde a la necesidad de que la Asamblea Nacional, como máxima expresión de la representación democrática del pueblo ecuatoriano, exprese su respaldo institucional a las acciones que permitan recuperar la seguridad del país, frente a la escalada de violencia que ha afectado a distintas provincias del territorio nacional, reafirmando el compromiso del Estado con la protección de la vida, la paz, el Estado de Derecho y la defensa de la institucionalidad democrática.

Adjunto a la presente solicitud, las firmas de respaldo correspondientes. Atentamente, Paola Jaramillo, asambleísta. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.

Tiene la palabra la asambleísta Paola Jaramillo.

los legisladores y a todos los ecuatorianos que hoy nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy he solicitado un cambio del orden del día para incorporar una resolución que exprese el respaldo de esta Asamblea Nacional al decreto ejecutivo número 424 expedido por el Presidente de la República, Daniel Novoa Zin, que fortalece la lucha contra el narcotráfico, refuerza la cooperación internacional en temas de seguridad, como por ejemplo en tecnología, inteligencia, equipamiento y permite que militares de países aliados puedan desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia y trabajar de manera coordinada con el bloque de seguridad.

¿Esto qué quiere decir? Ecuador recibe apoyo internacional pero mantiene intacta su soberanía. Este país enfrenta una de las mayores amenazas de su historia. Las organizaciones criminales han atentado contra la vida de familias ecuatorianas, han sembrado miedo en las ciudades y han desafiado al sistema judicial. Frente a esta realidad, el Gobierno Nacional y esta Asamblea Nacional han tomado decisiones firmes para enfrentar esta amenaza transnacional. El decreto ejecutivo 424 es el resultado. Es el resultado de meses de gestión, de cooperación internacional y le deja un mensaje claro al mundo entero.

El Ecuador ya no pelea solo contra el narcotráfico. Pero también este es un mensaje a los hombres y mujeres que todos los días arriesgan sus vidas en las calles para proteger la vida de los ecuatorianos. A nuestras policías, a nuestros militares, a esos hombres y mujeres que combaten la delincuencia para proteger a las familias ecuatorianas, tengan la certeza que no están solos. Tengan la certeza que esta bancada y el Gobierno Nacional los va a apoyar por seguir haciendo su trabajo, pero sobre todo por proteger la vida de los ecuatorianos.

Este Parlamento y el Gobierno Nacional han demostrado que cuando la seguridad de los ecuatorianos están en juego, los acuerdos están por encima de cualquier diferencia política. Hace algunos meses esta Asamblea aprobó la Ley de Extradición, una herramienta importante que servirá para que los criminales más peligrosos cumplan con la justicia y evitar que este país sea el refugio de los criminales. También las acciones del Gobierno Nacional del Presidente de la República, Daniel Novoa, hace algunas semanas ordenó el despliegue de 4.000 uniformados, 2.000 policías y 2.000 militares adicionales para proteger la vida de los quiteños.

Otra acción que hay que resaltar en esta Asamblea Nacional, lo hizo el día lunes el Ministro John Rainberg, anunció el control de las cámaras de videovigilancia del COE Metropolitano de Quito, que siempre, siempre debieron estar al servicio de la Policía Nacional y no de los intereses políticos y no para el espionaje. Con esto, le decimos que el Gobierno Nacional, su prioridad siempre va a ser la seguridad de los ecuatorianos. Y hoy me refiero también a los 18 millones de ecuatorianos. Esta bancada siempre va a apoyar las acciones del Gobierno Nacional cuando se trata de la seguridad de las familias ecuatorianas.

Cuenten con nosotros, no vamos a descansar hasta devolverles la paz. Muchísimas gracias.

Procedo a tomar votación. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría.

Cierra el registro, señor secretario.

Me permito informar, señora Presidenta, que contamos con 143 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Paola Jaramillo. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Hay que informar que de un total de 143 asambleístas presentes contamos con 82 votos afirmativos, 57 votos negativos, 0 blancos y 4 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por la asambleista Paola Jaramillo.

Gracias por la presidenta Michelle Manchini.

Se toma nota, señora Presidenta.

Hemos inicio con el primer punto del orden del día.

Primero, himno nacional de la República del Ecuador.

Señor secretario, segundo punto del orden del día.

Segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social.

Señor Secretario, por favor dé lectura del memorando respectivo y del informe en su parte resolutiva. El informe íntegro remitido por la Comisión será parte del acta de la presente sesión.

Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura del memorándum AN-CGAD-2026-0244-M. Asunto, remisión del informe para primer debate del proyecto de la ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de vivienda de interés social. De mi consideración, con atento y cordial saludo, por disposición de la Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, de Centralización, Competencias y Organización del Territorio, asambleísta Lucía Pozo, conforme lo establecido en el artículo 58 de la ley orgánica de la opción legislativa, tengo a bien remitir el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de vivienda de interés social, aprobado por el Pleno de la Comisión en la sesión ordinaria 098, celebrada el 5 de agosto de 2026, a las 12 horas con 35 minutos en modelar presencial, a fin de que continúe con el trámite legislativo correspondiente ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

De igual manera, me permito informar que la asambleísta Lucía Pozo, Presidenta de esta comisión, ha sido designada como ponente del referido informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Consentimiento de distinguida consideración, atentamente, Teresa Velastegui, Secretario Relator. De acuerdo a su disposición, señora Presidenta, procedo a dar lectura en el informe en la parte resultiva. Informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de vivienda de interés social. Recomendación del informe. Por las consideraciones constitucionales, legales, jurisproncidenciales, técnicas e institucionales, desarrolladas en el presente informe, así como del análisis de las comparecencias, observación y documentación aportada durante el tratamiento del proyecto de ley, la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencia y Organización del Territorio, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional conocer el informe de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de vivienda de interés social, para esa correspondiente primer debate, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República y la ley orgánica de la función legislativa.

En consecuencia, la Comisión recomienda remitir el presente informe al Presidente encargado de la Asamblea Nacional, a fin de que disponga su distribución y continúe con el trámite legislativo correspondiente, conforme al procedimiento establecido en la Constitución de la República y la ley orgánica de la función legislativa. Asambleísta ponente, la Asambleísta Lucía Pozo, Presidente y miembro de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencias y Organización del Territorio, será quien realice la ponencia del presente informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta aquí la lectura.

El informe que fue trabajado en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Se abre el debate, tiene la palabra la asambleísta Lucía Pozo.

Gracias a la ciudadanía que nos mira a través de las redes sociales oficiales. El día de hoy, en calidad de presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, pongo en conocimiento de este pleno el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. Este es un proyecto legislativo que unifica dos iniciativas, la del asambleísta Johnny Terán Barragán y la iniciativa que ha nacido desde mi despacho en calidad de asambleísta por la provincia del Carchi. Esta unificación ha sido tratada en aproximadamente 10 sesiones realizadas en la Comisión de Gobiernos Autónomos con la presencia de técnicos, de expertos, de organizaciones de la sociedad civil, priorizando el tratamiento de cuatro ejes fundamentales para la construcción de viviendas de interés social y soluciones habitacionales.

Esto con el objetivo sagrado de poder solventar las necesidades que tiene actualmente miles de familias ecuatorianas de acceso a una vivienda digna. De cerrar la brecha que se ha generado en los últimos años, son aproximadamente 700 mil familias que no han accedido a una vivienda digna. Hemos trabajado en leyes que promuevan las garantías y la seguridad jurídica que necesita el sector público, el sector privado y también la cooperación local a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Siendo así, hemos reformado cuatro articulados fundamentales dentro de este proyecto de ley reformatoria.

El primer artículo que se ha reformado es el artículo 20, bajo los criterios de seguridad. ¿En qué consiste este articulado? En garantizar una articulación permanente entre el ente rector del hábitat y vivienda, entre las entidades de seguridad ciudadana y los gobiernos autónomos descentralizados, con el fin de que los proyectos de viviendas de interés social se construyan en lugares seguros, en lugares dignos, con acceso a servicios públicos, y que cada una de las autoridades pueda garantizar que esta solución habitacional garantice dignidad a las familias que acceden a estas soluciones.

Es importante señalar que la implementación de los programas de seguridad permanecerá bajo la responsabilidad de las autoridades competentes en materia de orden público. El segundo eje fundamental, hemos elevado a ley la práctica que ya la realiza el viceministerio de vivienda, que anteriormente era el MIDUBI, sobre un banco de suelo. Es importante que los gobiernos autónomos descentralizados mantengan actualizados los catastros y la categorización de los suelos que tienen las cualidades para ser urbanizados, sobre todo en los sectores periurbanos, en donde se ubica la mayoría de familias que necesitan acceder a estas viviendas dignas.

Por lo cual, se eleva a ley el manejo de un banco de suelos actualizado, con una situación jurídica transparente, catastral, territorial, urbanística, técnica y ambiental. Y sobre todo, la disponibilidad para quienes desean invertir en estas soluciones habitacionales y en la construcción de viviendas de interés social. El tercer eje fundamental es la gestión integral del riesgo. Precisamente lo habíamos hablado al inicio de esta sesión y también mi solidaridad con nuestro hermano país de Colombia, quien ha sufrido el impacto de una catástrofe natural y muchas de las viviendas que han sido colapsadas tras este hecho se encontraban en zonas de riesgo.

Y eso es lo que queremos nosotros prevenir en este proyecto de ley. Reformamos el artículo 30 con el fin de que las viviendas que se construyan con el carácter de interés social deben diseñarse y ejecutarse con criterios de prevención, mitigación y resiliencia frente a riesgos naturales y antrópicos. Porque las viviendas de interés social no tienen que ser sinónimo de pobreza, de aislamiento del desarrollo, no tienen que ser sinónimo de riesgo y de inseguridad. Queremos garantizar que las familias ecuatorianas que acceden a estas soluciones habitacionales realmente tengan un hogar digno, un hogar seguro, respaldado por el sector público, por el sector privado, que es también quien invierte en estas soluciones habitacionales y por la corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, a quienes hacemos un llamado para que realicen las actualizaciones de sus catastros, las actualizaciones de sus PDOT, de sus PUCs y que nunca más autoricen los permisos para construcción de viviendas en zonas de riesgos, porque no estamos jugando con algo material, no hablamos de paredes, hablamos de vidas, hablamos de miles de familias que se pueden salvar si es que nosotros actuamos con responsabilidad y corresponsabilidad en el manejo y la aplicación de esta normativa.

Así que garantizar desde las leyes las reglas claras para construcción de viviendas dignas es fundamental porque también estamos garantizando el futuro de nuestros niños. Y como quinto eje fundamental, pues estamos hablando de la simplificación de los trámites. Con la reforma del artículo 52, nosotros le estamos dando un procedimiento especial a la construcción de viviendas de interés social. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que el Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos actúen como normativa supletoria. Esto no quiere decir que se le quita la autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados.

Son quienes actuarán de la mano del ente rector de hábitat y vivienda, eliminando la burocracia, simplificando los trámites para que los protocolos, los procedimientos sean más eficientes y garanticen una construcción adecuada y eficiente, obviamente, de las viviendas de interés social en absolutamente todo el territorio ecuatoriano. Hemos armonizado las normativas que hemos desarrollado, tanto dentro de nuestra comisión como a través de la Ley Económica Urgente, que anteriormente se aprobó precisamente para fortalecer los protocolos de construcción de viviendas de interés social. Es importante que cada una de las normativas vaya de acuerdo a las necesidades integrales que tiene cada una de las localidades de nuestro país.

Finalmente, la disposición general fija los principios de autonomía, seguridad, jurídica, coordinación, colaboración, complementariedad, concurrencia y subsidiariedad. Las dos disposiciones transitorias fijan, obviamente, lo habíamos tratado en la comisión, los 90 días para adecuar el reglamento y la normativa secundaria correspondiente. Ninguna de estas reformas vulnera las capacidades, las atribuciones constitucionales consagradas para los gobiernos autónomos descentralizados. Nos complementamos y con esto garantizaremos que miles de familias se beneficien del acceso a una vivienda digna. Vamos a saldar una deuda histórica con el pueblo ecuatoriano. Y ténganlo por seguro que desde la Comisión de Gobiernos Autónomos y desde esta Asamblea Nacional garantizaremos que el Ecuador vaya hacia el futuro que todos soñamos.

Mi palabra, señora Presidenta.

Quiero iniciar mi intervención dándole la bienvenida a ustedes, señora Presidenta, que se ha unido a ese millón de mujeres que, con la bendición de Dios, es madre. Felicitaciones, señora Presidenta. Quiero igualmente decirle que en este tiempo de su ausencia ha estado bien representada en la Asamblea Nacional, y en medio de este ambiente de compañerismo legislativo, tener también que referirnos a esos momentos difíciles que está viviendo el hermano pueblo de Colombia, más aún cuando yo soy parte, igual que otras compañeras de asambleístas, compañeros de asambleístas de la provincia de Imbabura, donde radican cientos de familias colombianas, y muchas de ellas, obviamente, también tienen que lamentar la pérdida de sus seres queridos, tomando en cuenta que la mayoría, o un gran porcentaje de familias colombianas que viven en Imbabura, vinieron desde el Valle del Cauca.

La Presidenta de nuestra Comisión ha sido enfática y ha sintetizado el objetivo primordial que tienen estas reformas, unificadas por la propuesta del colega asambleísta Johnny Terán, ahora representado también por su suplente, nuestra Presidenta de la Comisión. Y ustedes recordarán que hace pocas semanas hacíamos una misma referencia cuando se perdieron miles y miles de vidas en la hermana República de Venezuela, y se reportaba, obviamente, que aquellas viviendas que colapsaron habían sido levantadas sin un criterio técnico, sin una respectiva autorización del gobierno local. A veces los ciudadanos pensamos que nos pasamos de vivos cuando construimos las viviendas en feriados, levantamos paredes en fines de semana, y convencidos que los comisarios de construcciones de los municipios también esos días están de feriado y no controlan, cuando en realidad ese tipo de viveza criolla es un error garrafal que uno puede cometer.

Ayer escuchaba con mucha razón decir a alguien entendido en la materia y decía que los sismos son el mejor o el peor fiscalizador implacable del sistema de construcción. Y sin duda, obviamente, cuando se generan deslizamientos, cuando se generan desprendimientos de lomas, de montañas, tenemos que lamentar la pérdida de vidas en su mayoría de gente de escasos recursos económicos, obviamente porque son los únicos espacios que disponen, no tienen otro lugar, y por ende, esa necesidad conduce a que no midan los peligros que puedan venir hoy más que nunca con el cambio climático que nos está también en el país generando problemas, ya hemos vivido y hemos lamentado la pérdida de vidas en ese querido Cantón Alaucí, por ejemplo, en la provincia de Imbabura.

Nosotros, igualmente, como Imbabura, también hemos sufrido fuertes movimientos sísmicos y también cientos de viviendas, particularmente en las zonas rurales, han colapsado, poniendo en riesgo la vida de niñas, niños, de madres y padres de familia. Yo quiero invitar a la Asamblea a que se haga el análisis correspondiente al contenido de estas reformas, insisto, propuestas por nuestra colega asambleísta Lucía Pozo, Presidenta de la Comisión, por Johnny, de la misma manera, y siendo este el primer debate, pues recibir las recomendaciones necesarias. Las que conduzcan a mejorar este cuerpo legal, hay casos, por ejemplo, donde sí debemos insistir en que se deben incluir párrafos, se deben incluir artículos, donde seamos mucho más tácitos, mucho más radicales en la exigencia, para que no solamente sea una declaración responsable la del promotor, sino, por ejemplo, que el promotor tenga que rendir una declaración juramentada ante la respectiva notaría, para que se haga responsable, eso sí, de los problemas o consecuencias que puedan derivarse cuando técnicamente se puedan cometer errores.

Invito nuevamente a los colegas asambleístas a que nos hagan llegar a la Comisión las recomendaciones que consideren necesarias para luego, obviamente, tener en el segundo debate una reforma mucho mejor construida que involucre y que incorpore también las sugerencias de las colegas asambleístas. Gracias, señora Presidenta. Mi palabra. Gracias. Gracias.

Gracias.

con una idea muy sencilla y decir que para la gente de escasos recursos, una casa es una bendición. Y una casa se construye una sola vez, pero se la habita todos los días. Y quizá ahí está la diferencia entre pensar que la vivienda como proyecto puede ser un proyecto inmobiliario. O pensar más bien que esa vivienda puede ser un derecho de una persona o de un ciudadano. Esta reforma no inventa un nuevo sistema. El procedimiento del artículo 52 ya existe. ¿Y cuál es ese procedimiento? Un informe municipal, una precalificación, planos, licencia, calificación y términos similares.

Lo que esta reforma plantea solamente son cambios mínimos. Y precisamente por eso debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos mejorar? Porque en los últimos meses, este pleno ha seguido una ruta de incentivos para movilizar al sector inmobiliario a empresarios llamados promotores, reformas sobre el suelo y planificación y ahora nuevas facilidades dentro del proceso administrativo. Y aunque la mayoría de esta asamblea quiere limitar, eliminar lo público y facilitar espacios al sector privado, desde este lado del hemiciclo, tenemos otra prioridad. Y son las personas que necesitan un hogar y aquellas que ya habitan en condiciones que requieren con urgencia la acción del Estado.

Ahí tiene que estar la primera obligación de los asambleistas. Porque quien vive hacinado, quien no tiene servicios, quien necesita mejorar su casa o quien simplemente nunca podría acceder por sí mismo al mercado inmobiliario, necesita que el Estado le garantice sus derechos. No que el Estado conceda más beneficios tributarios, que simplifique procedimientos o facilite el acceso al suelo para quienes ya miran un derecho ciudadano como un negocio. Entonces, les recuerdo nuestro deber como legisladores y nos preguntamos, ¿cuál es la contraprestación social? ¿Más vivienda realmente asequible? ¿Mejores servicios?

¿Menor déficit? ¿Permanencia de las familias en sus territorios? ¿Mejoramiento de la vivienda que ya existe? Porque el Estado no puede convertirse en una estructura para hacer más rentable un negocio privado. Y después esperar que por alguna consecuencia indirecta, el derecho llegue a la gente. El mercado inmobiliario necesita regulación y puede aportar, pero el Estado no es un negocio. Es el espacio común desde donde garantizamos derechos para todos y para todas. Y esto también obliga a cuidar los municipios. El artículo 52 conserva formalmente sus competencias, pero introduce parámetros nacionales y fortalece un procedimiento especial y preferente.

El éxito de un municipio no puede medirse únicamente por cuánto tarda en poner un proyecto en el mercado. Los municipios no solamente entregan permisos, gobiernan el territorio, gobiernan el agua, servicios, riesgos, movilidad, suelo, barrios y convivencia. Y esta misma comisión ya conoce lo que ocurre cuando esa frontera se escribe mal. Hace apenas unos meses, la Corte Constitucional aceptó parcialmente la objeción de inconstitucionalidad a la reforma de la LOTUS, frente a disposiciones que incidían sobre las competencias municipales. Aprovechemos esta experiencia para hacer las cosas bien. Que cada facilidad que demos a la producción tenga al menos una garantía social equivalente.

Porque ese debería ser el verdadero espíritu de esta ley. Que fortalezcamos instrumentos para quien ya habita y necesita mejorar su vivienda. Que delimitemos claramente la Rectoría Nacional y la decisión municipal sobre el territorio. Y que el artículo 52 diga qué ocurre cuando existen subsanaciones, correcciones de promotor, riesgos o incompatibilidades en el PDOT, en el PUG o en el uso de suelo. Por esa razón, les decimos asambleístas, la familia ecuatoriana necesita que este Estado funcione, que este gobierno funcione. La prioridad pública debe estar donde existe mayor necesidad y menor capacidad económica.

Espero que estas leyes en conjunto dejen de lado el negocio para poder darle atención prioritaria a la protección social. Porque una casa se construye una sola vez, pero la dignidad de habitarla se juega todos los días. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.

Tiene la palabra la asambleísta Maite Levy.

Unirme a las felicitaciones en esta nueva etapa de su vida, qué alegría debe ser y pues de mi parte también reciba mi abrazo en este día. Quiero saludarles también a todas y todos los ecuatorianos porque este proyecto de ley tiene algunos caracteres que me parecen importantes que se puedan ir fortaleciendo también para el segundo debate. Si bien es cierto hay elementos que son bastante interesantes y potentes, yo quiero empezar mi intervención diciendo algo que ya lo había manifestado dentro de la comisión y es que la vivienda es un sueño para una familia.

Indistintamente de la magnitud como uno se la plantee casa adentro, esa es una de las razones del trabajo, es construir o tener una vivienda propia. Y debe haber un estado lo suficientemente fuerte como para empujar ese sueño. Quiero rescatar cuatro elementos importantes de esta norma que creo que la ciudadanía ecuatoriana los debe discernir. Uno de ellos es el procedimiento administrativo simplificado, es decir, los tiempos para que la burocracia no se detenga y permita la evacuación de los proyectos de vivienda, en este caso de interés social.

Creo que muchos se han estrellado años y años esperando no solamente la construcción sino las escrituras de sus terrenos para poder construir su vivienda. Conozco de cerca algunos proyectos que se han demorado cerca de 10, 12 años para recién tener la escritura, imagínense, para construirla. Así que creo que ese es un aporte importante que le estamos dando como respuesta a la ciudadanía ecuatoriana. Y de igual manera me parece que es importante que se hayan agregado algunos criterios que empujan este proyecto. Uno de ellos, la seguridad ciudadana.

Viendo o visto de una manera integral, la seguridad ciudadana es fundamental para la convivencia dentro del círculo familiar. Entornos seguros, iluminados, que tengan espacios para el esparcimiento, para la unidad familiar, que tengan las rampas de acceso para las personas con discapacidad, que podamos diseñarlas con botones de pánico, con alarmas comunitarias, con vías de acceso adecuadas. Creo que eso debe estar dentro de los proyectos. Y estamos viajando en el tiempo porque quizá muchos digan por lo menos que tengan alcantarillado y agua potable, porque hay mucha irresponsabilidad en la aprobación de proyectos que ni siquiera lo tienen, como un servicio básico.

Así que hay que empujar y promover de que la seguridad ciudadana es integral y obviamente pues aterriza en las familias que menos tienen, en este caso, del interés social. De igual manera, profundizar en la gestión integral de riesgos. Acabamos de ver lo que ha sucedido en Colombia, en nuestro vecino país y también en Venezuela. Los afectados siempre, los más pobres, los más humildes. Construcciones que se desploman, que lastimosamente la naturaleza no avisa. Pero creo que es importante diseñar en la prevención, en la mitigación y en la resiliencia de estos riesgos eventuales naturales.

Tener a la par con los gobiernos autónomos descentralizados la coordinación, la gestión de los mapas oficiales de amenazas, de riesgos y la instrumentalización de la planificación dentro de los planes de uso y gestión del suelo. Recordemos que quienes autorizan son las municipalidades y quienes establecen cuáles son los perímetros, es decir, los nuevos espacios para construir la vivienda, está justamente en sus manos. Creo que ahí ya habíamos de alguna manera implementado dentro de la Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo las responsabilidades que eso significa para los alcaldes, la fuerza que puede tener la SOT para poder de alguna manera estirar las riendas justamente de esos alcaldes, que muchos de ellos por política a veces permiten que se construyan en zonas de riesgo, me refiero a laderas pronunciadas, a lechos de ríos cercanos y eso en momentos como el fenómeno del niño o cuando hay movimientos sísmicos, pues evidentemente es necesario que la norma los vaya aclarando a nivel nacional y también dentro de las ordenanzas que regulan las municipalidades.

Importante también el fortalecimiento del banco de suelo, el tener la transparencia, es decir, la disponibilidad de la información sobre el suelo que es destinado a la vivienda de interés social. Esto para que los constructores, las personas que se dedican, y está bien, yo creo que lo privado es que a veces le tenemos temor a la palabra privado, ¿cuántos son ellos los que destinan los recursos para hacer las construcciones? Obviamente debe ser el Estado quien tenga una política pública adecuada para poder garantizar ese derecho, porque es un derecho el acceso a una vivienda digna.

Pero ahí caben dos términos, planificación e implementación de proyectos, es decir, que podamos tener una data a la cual se pueda acceder y verificar justamente cuáles son los nuevos perímetros, los nuevos espacios donde se puede construir vivienda de interés social. Mis aportes para el segundo debate serán dos específicamente. El uno que tiene que ver con la posibilidad de evitar este diseño de que la vivienda social debe estar en las partes externas, alejadas de los perímetros centrales de las ciudades. Y es la posibilidad de construir de una manera vertical, es decir, que podamos tener edificios de vivienda social.

Ya lo había manifestado en la comisión de algunos ejemplos interesantes que hay en Bogotá, los ha habido en China, hace poco pude observar de cerca cómo es el diseño de la vivienda, me parece que realmente tenemos mucho que aprender de estas potencias. Y creo que el tener estas edificaciones que permitan justamente tener a las personas al amparo de una vivienda digna, me parece que también lo debemos empujar para que se pueda realizar no hacia las afueras, sino hacia adentro de las ciudades y evitar el crecimiento desproporcionado, desordenado de las ciudades.

Y lo otro, un tema que creo que es importante, que se deba establecer ya en la norma, que las nuevas viviendas de interés social sean sismo resistentes, es decir, que cuando haya este tipo de desgracias, no sean afectadas las familias más humildes, los más pobres. Debemos construir viviendas para los ciudadanos, para los seres humanos, no para pobres, ya debemos sacar de nuestra mente, de nuestra boca, ese tipo de terminología que muchas veces alberga el interés social. Así que creo que tenemos esa opción, yo creo que es un momento de enriquecer este instrumento, yo invito también a todas y todos los asambleístas, deben tener buenos aportes, seguramente tengan ideas que podamos ingresar dentro de este proyecto que todavía está en su fase inicial, es decir, en el primer debate, y que podemos de alguna manera fortalecer estos conceptos, pero también diseñar instrumentos sólidos, claros, efectivos, que hagan que los constructores tengan reglas claras, evitar los excesos, evitar que haya la pérdida de vidas humanas por irresponsabilidades que muchas veces vienen desde lo financiero, porque claro, los terrenos más baratos están en las partes donde a veces incluso ni siquiera solamente son alejadas, sino a veces lo hacen sobre rellenos, sobre terrenos inestables.

Para eso tenemos que trabajar, creo que esta ley tiene un objetivo final, es llegar a la gente más humilde. A mí, como lo había manifestado en la comisión igual, no me importa quién lo haga, lo importante es que se haga, que la gente tenga el acceso a una vivienda digna, que tenga opciones de financiamiento también, claro, eso ya le corresponde al Ejecutivo diseñar programas adecuados para el acceso a la vivienda, pero creo que lo más importante es que en estos instrumentos de ley las reglas sean claras para los constructores, para los gobiernos autónomos descentralizados, pero también para la ciudadanía.

A veces sufren engaños muchos ciudadanos que de buena fe confían en concejales, alcaldes que a veces resultan ser promotores inmobiliarios. Si gano las elecciones construiré 3 mil viviendas, si gano las elecciones te daré los permisos de supuestas cooperativas que construyen. Conocemos de cerca a esos malandrines de la administración pública, deben ser alcaldes, la verdad, porque muchos de ellos no es que desconozcan las reglas, las conocen, pero actúan de mala fe porque saben que la gente más humilde no tiene acceso a un abogado, a una persona, a un experto que conozca de la normativa.

Por eso es importante que el mensaje desde la Asamblea Nacional salga clara, que tenemos leyes, que tenemos reglas y que deben cumplirse. Y la ley es evidentemente para todos. Con eso devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, señora Presidenta, y un saludo a todas y todos los legisladores.

en la gestión

Gracias señora Presidente, bienvenida, qué gusto tenerle aquí, felicitaciones, el gusto de ser mamá, el gusto de ser padre es indescriptible, bienvenida. Este proyecto, como los que hemos venido tratando últimamente, es digno de resaltar, es digno de sacar adelante, pero hay algo que no podía dejar pasar, se habló y se trató de derivar la atención a que se quiere beneficiar a la empresa privada y esto definitivamente no es así, porque si se dan el trabajo de leer la ley o de leer el proyecto de ley, es claro y específico en que los subsidios no van a estar y no pueden estar canalizados única y exclusivamente a empresas grandes, a constructoras grandes.

Por el contrario, se menciona que las empresas de economía popular y solidaria, el cooperativismo y similares, tienen y pueden tener acceso también a este tipo de subsidios. Por ende, no permitamos que la desinformación quiera imponerse a lo que realmente este proyecto tan importante para quienes más necesitan está pensado e ideado. Algo que es digno de resaltar también es la posibilidad del arrendamiento social con opción a compra. ¿Qué les pido a ustedes y por qué pedí este punto de información? Porque a quienes intervengan les pedimos, como ciudadanos, no sólo como asambleístas, que nos enfoquemos en los puntos relevantes, en los puntos que la gente quiere realmente saber, porque este proyecto va a beneficiar a quien más necesita y bajo ningún concepto podemos permitir que se trate de politizar o que se trate de derivar la atención o simple y sencillamente que se quiera engañar.

Eso es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias señora Presidenta y bienvenida nuevamente.

Gracias, señora Presidenta. Igual felicitando por el alumbramiento de su bebé. Que Dios la bendiga. Queridos colegas asambleístas y sobre todo mi querido y bello Durán del Alma. No iba a pedir la palabra, ya que en la bancada los compañeros estaban específicamente designados y claros en lo que iban a decir. Pero acabo de escuchar que no hay que oponerse, que hay que dar las viviendas, que eso es lo prioritario, que no desfiguremos. Entonces, como duraneña, les digo a todos. Les digo al presidente, les digo a la comisión, señora Presidenta, y a todos mis compañeros, porque pertenezco a esa comisión, a la comisión de los GATS.

Que definitivamente el proyecto no es solamente entregar casas, cuatro paredes, un techo. Es lo que ya se ha hablado aquí. Es un hábitat seguro. Es saber que lo prioritario es tener el buen vivir, que yo sí lo conocí muchos, que ya lo tuvimos, que es que te preocupes por la salud de la gente, por la educación de los niños, por un entorno sano y seguro. Vengo de Durán, donde entro y los invito. Entremos caminando a las 2.88. Señores, no se puede, a menos que les den permiso.

Entonces, si estamos tomados en todas partes, si en todas partes hay que pedir permiso, no al alcalde, no a la seguridad, no al guardia que muchos tenemos donde vivimos, a la guardia privada, sino allá saben quiénes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si usted pregunta en esos lugares, en fincas de Elia, en muchos lugares en Durán, en muchos sectores cooperativos del ejército, muchos que les invito a conocer, sin policías, eso sí, vamos solos, como voy yo. Porque yo tuve amenazas muy fuertes, presenté videos y me negaron.

La policía me negó darme resguardo. O sea que si quería estar resguardada, tenía que pagar seguridad privada. Así que yo creo que, más allá de todo lo que se ha hablado, e insisto, me levanté porque escucho a la Asamblea de Estorrones. Esto va más allá de oponerse por oponerse. Yo estoy de acuerdo, como la mayoría debemos estar, en que se necesitan viviendas, en que hay un déficit de viviendas, pero por favor, si no tenemos seguridad, mucha gente preferiría vivir debajo de un puente. Necesitamos seguridad. Necesitamos, por ejemplo, fincas de Elia, fui.

Si visitan mis redes van a ver. ¿Qué piden? Un cerco a la escuelita porque hay gente, hay cosas alrededor. Hay personas melodeando y se necesita que los niños estén seguros en una escuela. Piden un dispensario médico. De acuerdo a la cantidad de habitantes, creo que se lo merecen. De acuerdo a la distancia que tienen del primer hospital, se lo merecen, lo necesitan. Lo voy a trasladar al Ministerio de Salud, donde corresponde. Pero eso es lo que se pide. Entonces, lo prioritario sería que, primero, se establezca las seguridades técnicas para la construcción, los lugares donde se van a construir, y se establezca adicionalmente el entorno seguro.

Necesitamos seguridad, educación, no hay medicina. Entonces, preocupémonos más allá de algo que suena a campaña electoral, como lo dijo también el vicepresidente de la Comisión, el asambleísta Benavides. Todo el mundo ya se vuelve promotor y vamos a darles vivienda. Más allá, démosle al Ecuador, y yo lo pido por Durán, porque orgullosamente me siento la voz de mi cantón. Les pido, por amor a Dios, seguridad, salud, por favor. Le aseguro que si vamos y caminamos, nueve de cada diez, o todos los diez que encuestemos van a decir, quiero medicina, quiero seguridad, quiero que no me vacunen.

Yo quiero que no vuelvan a amenazar a mi hijo. Yo quiero que no me vuelvan a amenazar. Eso es lo que yo quiero. Solo por representar a Durán. Y una encuesta decía que podía ser alcaldesa, pero, señores, primero es defender a mi pueblo. Me eligieron aquí, por eso me quedo en esta curul. Y siempre con el cariño y respeto que se merece, señora presidenta, el respeto que se merece a mis compañeros, y siempre me he referido con respeto, les digo, es emergente. ¿Que hay que construir viviendas?

Sí. Construyamos el entorno primero. Primero asegurémonos de eso, de la medicina, de la salud, del agua, de la seguridad. Se los pido por amor a Dios. Gracias a mi Dios por haberme dado la palabra. Gracias a ustedes. Le devuelvo la palabra, señora presidenta.

Galapagos presente aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, dándole la calurosa bienvenida, Presidenta, que Dios bendiga a su familia, un bebé siempre es una bendición para su hogar y que estamos seguros que con su compromiso y profesionalismo vamos a seguir liderando procesos legislativos y de fiscalización en beneficio del país. Y un saludo a Esteban Torres, lo hizo de manera magnífica, estamos orgullosos de la bancada de que tenemos dos representantes que podemos sacar situaciones complejas y ahora situaciones que beneficien a las familias ecuatorianas. Estamos hablando de la vivienda de interés social.

Gracias al gobierno del Presidente Daniel Novoa, con una visión de pueblo, ha visto la necesidad y constantemente nosotros que vamos en los recorridos del país, más de 700 mil viviendas hacen falta en todas las provincias, incluida mi provincia, la provincia de Galapagos. Y se ha hecho fomento en proyectos de gobierno, el crédito del BIES al 2.9%, un hecho histórico para el país, crédito del Banco del Pacífico al 4.84%, también de las tasas más bajas de toda la región. El proyecto Mitimiti, pero no es suficiente. No es suficiente y aquí tenemos que unirnos el Ejecutivo con el Legislativo para dar ese beneficio a todas las familias.

Y por eso es este proyecto de ley. Un proyecto de ley que complementa lo que está haciendo el gobierno del Presidente Daniel Novoa para dar familias, sobre todo a las familias más necesitadas de nuestro país, las familias más pobres, en este proyecto de ley se está dando prioridad a las mujeres cabezas de hogar, se está dando prioridad a los grupos vulnerables y de discapacidad. Lamento que del otro lado del hemiciclo se opongan a que las familias tengan estas viviendas dignas. Se hace un proyecto de ley que complementa, porque ya no se trata sólo de viviendas, se trata de seguridad, como lo dice nuestra compañera, se trata de tener un entorno que tenga servicios básicos.

Ya basta de esos asentamientos humanos que por campañas políticas daban y vivan como sea, sin servicios básicos, sin agua, sin alcantarillado, sin incluso acceso a los servicios de emergencias. Eso ha pasado en todas las provincias, incluida mi provincia. Tenemos un barrio, el barrio La Cascada, que no puede entrar la ambulancia porque las calles son pequeñas, o el carro de bomberos. Eso ya basta en mi país. También se eliminan o se mejoran los trámites burocráticos en cuatro fases. Diez días para que los GATS atiendan estos proyectos de vivienda de interés social.

Y en cada fase hasta 20 días como máximo con sanciones para los GATS. Ya tenemos sistemas de información, tanto para catastros como geográfica. Aprovechemos lo que ha invertido el Estado ecuatoriano para estos sistemas de información y que estos sistemas de información ya tengan beneficio a la gente y no tengan estos trámites engorrosos en algunas provincias, en algunos cantones. El mismo catastro de una persona, el mismo catastro en otra persona, porque tienen la información a mano. Esto también lo mejoramos con tecnología en este proyecto de ley.

Y también hemos visto que estamos en una situación compleja. La lucha contra el cambio climático. Viene el fenómeno del niño. Situaciones de terremotos en otros lugares de la región, Venezuela y Colombia. Aprendamos de eso. Por eso este proyecto de ley también ubica las viviendas de interés social. Ya no en las laderas, ya no al lado de los ríos, ya no en zonas que pueden tener afectaciones a la vida humana. En zonas seguras, eliminando las catástrofes y con materiales de construcción adecuados. Y además de los materiales de construcción, también se incorporan materiales de construcción sostenibles como en Galápagos se necesita.

También que las viviendas de interés social no sean las mismas acá en Ecuador continental, en Galápagos o en la Amazonía, que por su ubicación geográfica se encarecen los costos y al final del día no son beneficiarios. Sí hay pobreza en Galápagos. Sí hay pobreza en los lugares más lejanos del país. Y este proyecto de ley da esa seguridad jurídica a las personas para que si cuesta acá un valor, en Galápagos puede costar tres, cuatro, cinco veces más, también lleguen estas viviendas de interés social. Queridos colegas asambleístas, no nos opongamos a la dignidad de un pueblo.

No es que porque presenta la bancada de ADN este proyecto de ley se van a oponer a todo. Necesitan las familias dignidad, la familia que vive el día a día, que vive solo para comer y si el día que no trabaja, el día que no come. Para ellos es un sueño inalcanzable tener una vivienda social. Este proyecto de ley les da ese bienestar y les da esa esperanza a las familias ecuatorianas. Hasta ahí mi palabra, Presidenta. La voz del pueblo de Galápagos ha hablado. Le devuelvo la palabra, Presidenta.

Muchas gracias.

todos y todas. Quiero señalar al pueblo ecuatoriano, tener una vivienda digna es un derecho consagrado en el artículo 30 y 375 de la Constitución. Y no se puede ver como un favor que hace el gobierno, porque hay que tener claro que es un derecho. Una vivienda digna no significa solamente tener cuatro paredes y un techo, significa vivir en un lugar totalmente seguro, con agua potable, alcantarillado, electricidad, transporte, espacios públicos y acceso a escuelas y centros de salud. De manera que no es cuestión de construir viviendas y punto, sino se mira de manera integral.

Significa que una familia puede vivir, sí, con tranquilidad, sin miedo a que su casa probablemente se inunde, se derrumbe o esté construida sobre una falla geológica o que sean robada. Por eso, analizar este proyecto hay que hacerlo, por supuesto, con mucha responsabilidad. En general, debo decir que la propuesta incorpora aspectos positivos, promueve la participación de cooperativas y organizaciones de la economía popular y solidaria. Dispone que la información del banco del suelo sea pública, incorpora criterios de seguridad ciudadana, exige considerar la prevención de riesgos naturales y humanos.

Sin embargo, también encontramos disposiciones que deben corregirse antes del segundo debate. El artículo 4 señala que los proyectos de vivienda social deberán considerar los mapas de amenaza, las normas de construcción y los instrumentos de planificación territorial. Esto es correcto. El problema es que termina diciendo según corresponda. En materia de seguridad y protección de la vida no puede decirse según corresponda. Todas las viviendas deben cumplir obligatoriamente las normas de construcción y gestión de riesgos. La ley debe prohibir expresamente que se construyan proyectos de vivienda social en zonas de riesgo no mitigable.

Las familias de escasos recursos no pueden ser enviadas a quebradas, a terrenos inestables o lugares inundables, simplemente porque allí el suelo es más barato. Ser significa tener menos derecho a una vivienda segura. El punto que requiere mayor cuidado está en el artículo 5 relacionado con la simplificación de los trámites. Todos estamos de acuerdo en que los trámites no pueden durar años. La burocracia no puede impedir que las familias accedan a una vivienda. Y además, hay que tener claro, la burocracia está unida también con la corrupción.

Pero simplificar no significa eliminar controles ni permitir que los proyectos se aprueben apresuradamente. El artículo establece plazos de 10 y 20 días para emitir informes, permisos y licencias. Los proyectos son iguales. No es lo mismo revisar 10 viviendas que un proyecto de 500 casas. Tampoco es igual construir en un terreno consolidado que hacerlo en una zona rural, sin agua potable, sin alcantarillado, estudios geológicos o vías adecuadas. La ley debe permitir que la autoridad formule observaciones, solicite la corrección de documentos y amplíe excepcionalmente el plazo cuando exista una justificación técnica.

El proyecto permite que el ente rector nacional determine el contenido de los informes municipales y los requisitos para registrar planos, entregar licencias y tramitar ciertos permisos ambientales. Aquí debemos ser claros. El Estado central tiene competencia para formular la política nacional de vivienda y establecer lineamientos generales. Pero la Constitución en sus artículos 238, 240 y 264 reconoce a los municipios a autonomía y competencia exclusiva para planificar su territorio y controlar el uso y ocupación del suelo. Constitucional ya ha señalado que los lineamientos nacionales son válidos mientras no condicionen ni sustituyan la decisión de los municipios.

Por eso, la ley debe señalar expresamente que la precalificación otorgada por el ente rector no constituye una autorización para construir, no genera un derecho adquirido y no obliga al municipio a entregar una licencia cuando el proyecto incumple la planificación territorial o las normas de seguridad. También se introduce una declaración responsable del promotor de vivienda. Este mecanismo puede agilizar el procedimiento, pero nunca debe reemplazar la revisión técnica del Estado. No podemos confiar únicamente en la palabra de quien busca ejecutar y vender un proyecto. Si la información presentada es falsa, deben existir controles posteriores y responsabilidades administrativas, civiles y penales.

El artículo 3 también debe proteger los datos personales. La información del banco del suelo tiene que ser pública, pero no deben difundirse datos personales o sensibles que puedan afectar la privacidad y seguridad de los propietarios. Finalmente, este proyecto debe incorporar con mayor claridad a las personas que históricamente han tenido menos oportunidades, a las familias rurales, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad, adultos mayores, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, también los afroecuatorianos y montuvios. La vivienda debe respetar las necesidades territoriales y la identidad cultural. No podemos imponer el mismo modelo habitacional urbano a una comunidad campesina o indígena, desconociendo su forma de vida, su organización familiar y su relación con el territorio.

Simplifiquemos los trámites, pero no simplifiquemos los derechos. Agilicemos los proyectos, pero no eliminemos los controles que protegen la vida. Estas y otras observaciones me permitiré hacer llegar a la comisión. Aspiro que sean acogidas, porque desafortunadamente debo decir que no sólo aquí hemos sido silenciados. Y sí, me alegra que haya venido, Presidenta. Espero que se nos conceda la palabra, porque en las sesiones anteriores se nos ha negado. De la misma forma, proyectos de leyes que son presentadas en el CAL se inadmiten, pese a contar con informes positivos de la UTL.

Así que espero que sean consideradas estas propuestas de la comisión correspondiente. Muchas gracias, Presidenta.

El legislador Jim

Empezaré felicitándole, señora Presidenta, por su nuevo...

Bienvenida a la Asamblea. Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras asambleístas. Hablar de vivienda es hablar de una de las principales preocupaciones de las familias ecuatorianas. De los jóvenes, para quienes tener una vivienda, una casa propia, parece cada vez más complicado, más lejano, más difícil. Para quienes destinan una buena parte de sus ingresos en arriendos y de miles de comerciantes, de agricultores, artesanos y trabajadores de la economía popular y solidaria. Que generan ingresos todos los días, que se rajan el lomo todos los días, pero cuando buscan un financiamiento prácticamente no existen en el sistema financiero.

Por eso, esta reforma a la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, no puede limitarse a reducir trámites y acelerar permisos. Tenemos que preocuparnos, ¿cuál es realmente el problema de la vivienda en el Ecuador? Las cifras son reveladoras. En 2001, Ecuador tenía alrededor de 2.6 millones de viviendas para 12.1 millones de habitantes. Para el año 2022, superamos los 6.6 millones de viviendas para 16.9 millones de habitantes. En 21 años, se incorporaron más de 4 millones de viviendas. Sin embargo, el déficit habitacional pasó de 677 mil en el 2001 a 685 mil en el año 2022.

Y las necesidades de viviendas nuevas aumentó de 178 mil a 234 mil unidades. Entonces, ¿cómo construimos más de 4 millones de viviendas y dos décadas después mantenemos prácticamente el mismo déficit? Porque el problema no sólo es cuántos construimos, es qué construimos, en qué condiciones está lo que ya existe y quién puede acceder. Las observaciones recibidas plantean que Ecuador requiere aproximadamente 5.5 millones de estructuras habitacionales y estas, en términos generales, ya existen. Pero alrededor de 1.5 millones se encuentran en malas condiciones y aproximadamente 750 mil son arrendadas.

Por eso, el debate no puede centrarse únicamente en viviendas nuevas. Tenemos que hablar de mejoramiento, mantenimiento, arrendamiento y acceso. Y sabemos que una política diferente sí puede producir nuevos resultados. Aquí un dato, en la época de la Revolución Ciudadana, este es un dato histórico, en el año 2000, entre 2007 y el año 2017, el MIDUVI registró 377.190 bonos e incentivos habitacionales en distintas modalidades, con una inversión superior a los 1.737 millones de dólares. Han pasado ya tres gobiernos y en la actual ya va a los tres años de gestión.

¿Cuántas casas, niveles habitacionales en cada una de las diferentes provincias? No tenemos, porque no existe, no hay resultados. No se trata solamente de reformar leyes, sino se trata realmente de construir lo que la ciudadanía ecuatoriana está pidiendo. Existen mecanismos para la adquisición, construcción en terrenos propios, mejoramientos habitacionales y atención de viviendas urbanas y rurales. Y los resultados se reflejan en el déficit. Según información oficial del MIDUVI, el déficit habitacional cuantitativo pasó del 23.2% en el año 2006 al 13.4% en el año 2015. Una reducción de 9.8 puntos porcentuales.

Cuando existe una decisión política, pública, una política encaminada a la familia, a orientar, es posible reducir el déficit. Ahora bien, esta reforma que plantea 10 días para el informe previo, 10 días para la recalificación y 20 días para la obtención de permisos. Agilizar trámites pueden ser positivos, pero agilizar permisos no garantiza el acceso a la vivienda. Sobre todo a los ciudadanos, a los ecuatorianos que más lo necesitan. Y aquí existe otra alerta. A nivel nacional, los proyectos registrados mantienen una relación aproximada del 75% de vivienda de interés público, frente apenas al 25% de viviendas de interés social.

En Cuenca, a manera de ejemplo, llega al 95% de la vivienda de interés público, frente al 5% de vivienda de interés social. Entonces, ¿dónde está la vivienda para las familias de menos ingresos? Para nuestros comerciantes, artesanos, agricultores, jóvenes, madres jefas de hogar. La propia ley reconoce los beneficios de las viviendas de interés social a personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad. Personas de la economía popular y solidaria. No podemos reconocerlos en la ley y excluirlos cuando llegan a una entidad financiera. Por eso, planteo tres medidas concretas que lo haré llegar formalmente a la Presidenta de la Comisión.

Primero, una política nacional de mejoramiento y mantenimiento de viviendas, con subsidios y financiamientos preferenciales para recuperar las viviendas que ya existen y que están en malas condiciones. Segundo, mecanismos de financiamiento adoptadas para los de economía popular y solidaria, reconociendo las formas alternativas del tema de los ingresos para comerciantes, agricultores, artesanos y trabajadores existentes. Y sobre todo, los trabajadores autónomos. Tercero, avanzar hacia una política de arrendamiento social con incentivos correctamente focalizados, que protejan el arrendamiento sin perjudicar al propietario y permitan aprovechar las viviendas existentes. Compañeros y compañeros asambleístas, no estamos en contra de simplificar los trámites.

Estamos diciendo que simplificar los trámites sin garantizar el acceso es insuficiente. Después de incorporar más de 4 millones de viviendas en 21 años y mantener prácticamente el mismo déficit, la conclusión es clara. Ecuador no necesita solamente construir más, necesita mejorar lo que ya existe y garantizar que las familias puedan acceder a una vivienda digna. Porque la vivienda no es solamente una mercancía, es seguridad, patrimonio, dignidad y sobre todo un derecho. Muchísimas gracias. Le devuelvo la palabra, señora Presidenta.

a esta la casa de los ecuatorianos y también su casa. Iniciativa válida, iniciativa que se aplaude, siempre es importante traer estos temas positivos al Pleno de la Asamblea Nacional y felicito a los legisladores que han aportado, felicito a los legisladores que han sido propositivos en esta ley. Lástima que algunos solo sepan poner trabas y solo sepan mezclar lo político con lo social. Yo quisiera llamar al Pleno de esta Asamblea Nacional a cambiar el enfoque de este debate, cambiar la óptica. Ahora, creo que cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de vivienda para los ecuatorianos, tenemos la oportunidad de cambiar de ese enfoque cuantitativo y también ponernos en el plano cualitativo, porque en el Ecuador, es verdad, faltan casas.

Pero más allá de eso, también faltan casas dignas, faltan casas seguras, faltan casas accesibles. Y aún hay familias que no gozan de estos elementos en su hogar y también debemos contemplarlos en esta ley y tomarlos en cuenta. Debemos de valorar algo muy importante de este proyecto y es que por primera vez en una ley de materia de vivienda en este país, se tome en cuenta a la seguridad ciudadana como un componente vital para la vivienda adecuada. Y es que esto pone un fin, pone un pare a las prácticas donde se entregaba la llave de la casa y nos hacíamos de la vista gorda de dónde estaba ubicada la casa, qué servicios hay en el sector donde está la casa y por supuesto, cómo se accede a esta casa.

Y eso de construir, de entregar las llaves y salir corriendo, es una práctica que debemos dejar de normalizar, es una práctica que esta ley debería ponerle un fin. Y en virtud de lo expuesto, me voy a permitir hacer cuatro observaciones a este proyecto de ley. Está aquí la Presidenta de la Comisión y se las haré llegar, Presidenta, en su debido momento, por escrito. Dentro de las cuatro observaciones, la primera observación que tengo de este proyecto es incorporar el acompañamiento social y comunitario a las diferentes comunidades que se creen con estos proyectos.

Yo propongo 24 meses de acompañamiento y ojo, por supuesto, sin crear un solo gasto, sin crear nuevos subsidios y por supuesto, sin crear nuevos puestos públicos. Como segunda observación a este proyecto de ley, me parece importante establecer en la ley un deber expreso en el mantenimiento y reposición del espacio público y de los proyectos. Vuelvo y repito, no nos quedemos en que entregamos la llave y no fuimos cumplida la misión, no. Vamos más allá, demos acompañamiento, demos seguimiento a estos proyectos. Ya sabemos qué sucede cuando se entrega un proyecto y no hay acompañamiento.

Existe falta de liderazgo, falta de control y nos falta el vivo que asoma y dice ahora esta zona es mía, ahora este territorio es mío y eso es lo que debemos de evitar y prevenir con el acompañamiento. Como tercera observación, el elemento de la seguridad ciudadana es un elemento vital, pero no lo dejemos simplemente como una declaración en el texto normativo, vamos más allá y consideremos esto un estándar verificable y demos lineamientos técnicos para el seguimiento a esto. Y como cuarta y última observación a este proyecto, no nos olvidemos de los grupos vulnerables, la Constitución nos llama a proteger, a legislar a favor de este grupo de atención prioritaria y creo que es importante que en la ley se establezca una cuota mínima de las casas que deban de contar con este acceso universal.

Invito a toda esta Asamblea Nacional, a todos los colegas, a aportar este proyecto de ley, a ser propositivos con este proyecto de ley y a comparecer a la Comisión, a dar nuestros aportes y siempre en beneficio de la ciudadanía. Tenemos en nuestras manos fiscalizar, legislar a favor de la ciudadanía, tenemos en nuestras manos legislar a favor de las familias ecuatorianas. En nuestras manos están miles de hogares, están miles de familias y creo que es una buena oportunidad de que esta Asamblea marque un precedente a favor de la vivienda y a favor de las familias ecuatorianas.

Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente.

Supone que el proyecto de ley retorne a la comisión especializada permanente de gobiernos autónomos descentralizados, competencias y organización del territorio para la elaboración del informe para segundo debate. Señor secretario, tercer punto del orden del día.

Tercero, conocer y resolver respecto del memorando AN-CFCP-2026-0280-M.

Señor secretario, por favor, dé lectura del memorándum.

Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura del memorando AN-CFCP-2026-0280-M. Asunto. Notificación de solicitud de concesión de prórroga de hasta 60 días para la emisión y presentación de los informes correspondientes al caso Sucre-Foblocons y al caso Progen. De mi consideración, al tiempo de extender un cordial saludo por disposición de la asamblea Ana Belén Tapia, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, en mi calidad de secretaria relatora, en cumplimiento de lo dispuesto y resuelto por el Pleno de la Comisión dentro del punto único de la sesión 058-CEPFYCP-2025-2027, desarrollada el 29 de julio de 2026, se cumple con notificar respecto de la aprobación de la siguiente moción, que se fundamenta en las siguientes razones técnicas, procedimentales e institucionales.

Trámite de enjuiciamiento de juicio político. Durante el transcurso de los plazos originalmente otorgados, la Comisión asumió de manera prioritaria y responsable de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía, lo cual demandó la realización de sesiones y reinstalaciones continuas, la recepción y actuación de pruebas de cargo y descargo, y la sistematización de insumos que culminó en la elaboración, aprobación y revisión del informe respectivo dentro de los plazos perentorios de la Ley Orgánica de la Fusión Legislativa. Procedimientos de fiscalización activos.

Además, la mesa de fiscalización lleva adelante simultáneamente procesos de alta relevancia, como el seguimiento a las actuaciones de las autoridades responsables del manejo y tratamiento del agua en los gobiernos autónomos descentralizados, lo que exige una distribución rigurosa del tiempo y recursos técnicos de la Comisión en los próximos meses. Necesidad de comparecencias y contrastación en el caso Sucre-Foblocons, siguiendo la línea de ideas entonces para cumplir cabalmente con la actuación del informe, resulta indispensable llevar a cabo comparecencias con los actores e instituciones involucradas para contrastar los datos recibidos en las respuestas a los pedidos de información.

Necesidad de emitir pedidos de información y comparecencias en el caso Progen. De igual manera, para determinar con precisión la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas, es necesario agotar las comparecencias de las autoridades competentes, emitir requerimientos y recabar documentación técnica que permita generar el respectivo informe dispuesto por el Pleno. Por las razones expuestas, la Mesa resolvió solicitar al Presidente encargado de la Asamblea Nacional y por su intermedio al Pleno de la Asamblea Nacional, la concesión de, primero, una prórroga de hasta 60 días para que la Comisión pueda actualizar, ampliar con nueva información y o documentación y emitir oportunamente el informe dentro del proceso de fiscalización Sucre-Foglo-Cons en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución RL-2025-2029-1085 de 8 de junio de 2026.

Segundo, una prórroga de hasta 60 días para que la Comisión Especializada Permanente pueda emitir y concluir y remitir oportunamente el informe del proceso de fiscalización sobre la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas dispuesto en la resolución RL-2025-2029-096 de 24 de junio de 2026. El registro de la votación de las y los asambleístas para la aprobación de la moción presentada por el asambleísta Bruno Pino es el siguiente, afirmativo 10, negativo 0, abstención 0, blanco 0, asambleístas ausentes ninguno. Como respaldo documental de manera adicional a la moción antereferida, se adjunta el registro de votación correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Deni Zurita, secretaria relatora. Hasta aquí la lectura de los solicitados, señora Presidenta.

Gracias, señor secretario. Se abre el debate. Tiene la palabra la asambleísta María Paula Villacrés.

Bienvenida nuevamente a esta la Casa de la Democracia de todos los ecuatorianos, estamos muy felices por su retorno después de haber estado en una etapa tan bonita que es para las mujeres y para su familia. De igual manera, solidarizarme con el pueblo de Colombia quien ha sufrido un terremoto el día 10 de agosto y que sabemos lo que esto significa en el desarrollo económico de un país, sin embargo, desde acá, desde Ecuador estamos conscientes de eso y también estamos prestos para todo el apoyo que necesiten.

El día de hoy traigo a consideración para solicitar a este Pleno de la Asamblea Nacional una ampliación para que la Comisión de Fiscalización pueda tratar de una manera eficiente, eficaz y responsable, un caso que trató ya la Comisión de Fiscalización del periodo 2021-2023 referente al proceso de fiscalización del caso Sucre-Foglo-Cons, en el que nuevamente estamos tratando, ya que los ecuatorianos merecen respuestas, ya que también este Pleno de la Asamblea Nacional merece tener un informe bastante contundente que se individualice a cada una de las personas que estuvo involucradas dentro de este caso y es por eso que dentro de la Comisión de Fiscalización ya hemos tratado este tema también y se aprobó en la sesión número 58 esta resolución con unanimidad y que, bueno, pues, posteriormente sea tratada dentro de este Pleno de la Asamblea Nacional, considerando que la fiscalización merece que sea tratada con total eficacia, con responsabilidad y así también garantizando que esta prórroga va a considerar que la Comisión de Fiscalización pueda tener toda la documentación, todas las ponencias necesarias para que este informe sea bastante contundente.

Es por eso que esta prórroga fortalece la fiscalización, además de eso un informe que individualice a personas naturales, a personas jurídicas, merece que sea tratado dentro de toda la consideración de la Constitución de la República del Ecuador, dentro del artículo 66, numerales 18 y 19 y asimismo dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es por eso que he remitido un proyecto de resolución en el que emociono que este Pleno de la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de resolución adjunto a fin de que se conceda una prórroga de 30 días contados a partir del vencimiento del plazo originalmente dispuesto para que sea tomado a consideración y a votación cuando usted lo considere prudente, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Estamos verificando el ingreso de la moción.

Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación.

Procedo a dar lectura y tomar.

votación de la moción presentada.

Memorando a N-BHMP-2026-0209-M. Asunto, moción para autorizar la prórroga para la actualización, ampliación y remisión del informe del proceso de fiscalización, caso Sucre, Foblocons. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Tunguragua, integrante de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, con fundamento en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto de la solicitud de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, mediante memorando a N-CFSP-2026-0280, presento la siguiente moción, para que sea puesta en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.

Moción. Autorizar una prórroga de 30 días a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, contados a partir del vencimiento del plazo originalmente dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de que dicha comisión actualice, amplíe y posteriormente remita el informe dentro del proceso de fiscalización, caso Sucre, Foblocons, al Pleno de la Asamblea Nacional, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución RL-2025-2029-085, de 8 de junio de 2026. Se adjunta para el efecto del proyecto resolución, debidamente motivado para consideración, conocimiento y votación del Pleno de la Asamblea Nacional.

Atentamente, María Paula Villacreses, asambleísta. Señora Presidenta, me permito dar lectura a la parte resolutiva. La Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve, artículo 1, autorizar a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, una prórroga de 30 días, contados a partir del vencimiento del plazo originalmente dispuesto, para que actualice, amplíe y remita al Pleno de la Asamblea Nacional, el informe denominado Proceso Fiscalización Caso Sucre-Foblocons, incorporando una nueva información y documentación recabada respecto de los hechos, recomendaciones y su cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución RL-2025-2029-085, de 8 de junio de 2026, del Pleno de la Asamblea Nacional.

Artículo 2. La prórroga conseguida no implica la suspensión de las actuaciones y diligencias necesarias para la actuación y ampliación del informe CEPCP-2021-2023-002-I, las cuales continuarán ejecutándose durante todo el periodo de prórroga, a fin de recabar, analizar y contrastar nueva información y documentación respecto de los hechos, las recomendaciones y su cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución RL-2025-2029-085, de 8 de junio de 2026, del Pleno de la Asamblea Nacional. Artículo 3. Disponer a la Secretaría General la notificación de la presente resolución a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político.

Hasta aquí la lectura, señora Presidenta. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta Secretaría.

Permite informarse.

Señora Presidenta, que contamos con 134 asambleístas registrados. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta María Paula Villacreses. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

señor secretario

Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permito informar que de un total de 134 asambleístas presentes contamos con 86 votos afirmativos, 48 votos negativos, cero blancos y cero abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta María Paula Villacreses.

Luigi García.

Gracias, Presidente.

carga procesal que ha tenido la Comisión de Fiscalización y que es el conocimiento público en virtud de que el trabajo de la Comisión debe ser un trabajo serio, debe ser un trabajo que responda con verdad a los ecuatorianos, me he permitido presentar una moción a fin de que se tome votación, toda vez que la Comisión ya ha dado su votación sobre la prórroga. Solicito que se tome votación, Presidente. Gracias.

La moción presentada por el asambleísta Luigi García ha sido ingresada por escrito.

Señora Presidenta, estamos verificando el ingreso de la moción.

Gracias.

Señores asambleístas, tiene apoyo la moción. Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación.

Procedo a dar lectura de la moción presentada. Memorando a N-GBLE-2026-0154-M. Asunto. Moción de aprobación, resolución para prórroga de proceso de fiscalización. De mi consideración. En mi calidad de asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, con fundamento en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Fusión Legislativa, en el marco del tratamiento del tercer punto del orden del día de la sesión 114, respecto de la solicitud de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, efectuada mediante memorando a N-C-FCP-2026-0280, presento la siguiente moción para que sea puesta en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.

Moción. Autorizar una prórroga de 30 días a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, contados a partir del vencimiento del plazo originalmente dispuesto, para que emita, concluya y remita oportunamente este pleno el informe con conclusiones y recomendaciones del proceso de fiscalización respecto de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a Personas Naturales y Jurídicas, dispuesto en el artículo 3 de la Resolución RL-2025-2029-096, de 24 de junio de 2026. Se adjunta para el efecto el proyecto de resolución debidamente motivada para consideración, conocimiento y votación del Pleno de la Asamblea Nacional.

Atentamente, Luigi García Asambleísta. Me permito dar lectura a la parte resolutiva. La Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve. Artículo 1. Autorizar a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, una prórroga de 30 días, contados a partir del vencimiento del plazo originalmente dispuesto, para que emita, concluya y remita al Pleno de la Asamblea Nacional el informe con conclusiones y recomendaciones del proceso de fiscalización respecto de la ruta de los fondos entregados por la empresa Progen a Personas Naturales y Jurídicas.

Artículo 2. Disponer que la prórroga concedida no implica suspensión alguna de las diligencias en curso, las que continuarán ejecutándose durante todo el periodo de prórroga, manteniéndose plenamente vigentes las facultades conferidas a la Comisión en el artículo 2 de la Resolución RL-2025, guión 2029, guión 096. Artículo 3. Disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional la notificación de la presente resolución a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta. Señores asamblistas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas.

De existir alguna novedad, informar a esta Secretaría.

36 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Luigi García. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Gracias, señor secretario.

Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permito informar que de un total de 136 asambleístas presentes contamos con 86 votos afirmativos, 50 votos negativos, 0 blancos y 0 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Luigi García.

Gracias, señor secretario. Se suspende la sesión.

Se toma nota, señora Presidenta, se suspende la sesión siendo las 14 horas con 22 minutos.