🕒 0:00 Mauricio Javier Ordóñez Fuentes (94%)

La palabra el asambleísta Javier Ordóñez. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas asambleístas, hoy debatimos un proyecto que se llama Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Un proyecto que, si bien es cierto, pretendería abordar una problemática que absolutamente todos rechazamos, como es la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La responsabilidad legislativa que nosotros tenemos nos obliga a evaluarla y, por supuesto, con un propósito definido, con coherencia jurídica, con coherencia técnica y, sobre todo, con coherencia operativa de lo propuesto. Colegas, debemos buscar protección real. Esto es cierto y es necesario, pero no sólo declarativa. Las personas en situación de vulnerabilidad necesitan ser protegidas de manera efectiva, de manera real, de manera coherente. Luego de un análisis realizado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, de la construcción de matrices comparativas, de mesas técnicas de trabajo y de aportes, de la mayoría de despachos que están realmente comprometidos con tener un buen resultado en esta comisión. Llegamos a una conclusión. Este proyecto no cumple con los estándares de la técnica legislativa, invade competencias del Ejecutivo, como se dijo en el informe leído, y genera obligaciones presupuestarias sin financiamiento. Por lo tanto, la coherencia indica que debe ser archivado sin dilación. ¿Por qué? Primero, cuando este proyecto llegó a la comisión, se lo vendió como la panacea para fortalecer la lucha contra la trata y el tráfico de migrantes. Lo primero que encontramos no fue fortalecimiento, fue confusión normativa. El proyecto duplica de manera casi literal el reglamento que ya está vigente en la ley en este momento, incorporando procedimientos, protocolos, competencias y mecanismos de coordinación que ya están regulados en los artículos 9 y 45 del mismo. Esto rompe el principio de jerarquía normativa contemplada en la Constitución vigente. Una ley debe establecer principios, competencias generales y un reglamento desarrolla la operatividad del mismo. Por lo que dar paso a este proyecto sería desnaturalizar la esencia de estos dos tipos de normas que en este momento existen. Segundo, el proyecto invade atribuciones que son exclusivas de la función ejecutiva. Al pretender establecer en esta ley campañas, programas, equipos técnicos, protocolos, monitoreo digital, inspecciones y mecanismos de articulación territorial. Colegas, el proyecto concentra en el control toda su atención, pero se olvida de la atención a los migrantes y a las personas que están en situación de riesgo. Se olvida de que hoy ya existen el Ministerio de Salud, el MIES. Se olvida de la reintegración, de la vivienda, de la inserción laboral, de la recuperación emocional, de la educación para las víctimas rescatadas. El proyecto habla de persecución, pero no habla de reparación, que es fundamental. Habla de obligaciones para el Estado, pero no ofrece garantías para las víctimas. La Constitución vigente es específica y dice que las políticas públicas se diseñan y ejecutan únicamente desde el Ejecutivo, no desde la Asamblea Nacional. Si legislamos sobre procedimientos operativos, vamos a bloquear la capacidad de gestión que tiene el Ejecutivo. El punto tres, que es muy importante también. Este proyecto genera gasto público, así de claro. El monitoreo digital, la ampliación de equipos técnicos, las alertas automatizadas, las inspecciones rurales y la actualización obligatoria de protocolos en 120 días, necesariamente van a requerir recursos humanos, recursos tecnológicos, logísticos y, por supuesto, recursos económicos. Lo peor de todo esto es que no se identifica una fuente real de financiamiento para todo esto. Los principios de sostenibilidad fiscal y responsabilidad presupuestaria que están establecidos en los artículos 286 y 287 de la Constitución obligan a identificar fuentes de financiamiento concretas antes de crear cualquier tipo de ley. Además, la Corte Constitucional, en la sentencia 72-24 y N25, señala que la Asamblea Nacional no puede, bajo ningún concepto, aprobar normas que generen gasto público, menos si no se identifica previamente una fuente de financiamiento para esto. Además, no sin contar con estudios técnicos que justifiquen sostenibilidad fiscal, y este término es muy importante, sostenibilidad fiscal para este proyecto. Y por si todo lo anterior que he manifestado fuera poco, la Defensoría del Pueblo presentó previamente dos proyectos de ley complementaria. Primero, la Ley de Gestión Empresarial con Enfoque en Derechos Humanos. Y segundo, la Ley para Prevenir y Eliminar la Servidumbre de la Gleba, derivadas del famoso caso Furukawa, que no queremos que nunca se repita. Es decir, en este proyecto, o con este proyecto, vendríamos a tener tres leyes que hablan del mismo problema. Explotación, servidumbre, trata, vulnerabilidad. Es decir, tres leyes que deberían integrarse en una sola. Pues, en política pública, fragmentar es fallar. Y este proyecto, definitivamente fragmenta. Por ello, este proyecto, señores, debe archivarse. Pues, luego de un análisis jurídico, administrativo, presupuestario, técnico, la conclusión es que este proyecto no protege mejor a las personas, no fortalece al Estado, no respeta la Constitución, no armoniza con la legislación vigente. Por lo que, en conclusión, y definitivamente, este proyecto no es viable, no es financiable y, sobre todo, no es aplicable. Por estas razones, señores asambleístas, desde la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, se recomienda el archivo del proyecto. En tal virtud, este asambleísta, quien les habla, Javier Ordóñez, que es asambleísta representante de los ecuatorianos migrantes, de los que tanto se habla, mociono el archivo de este proyecto para lo que he enviado, vía DTS, al señor presidente y al señor secretario de la Asamblea Nacional, la solicitud correspondiente. Y lo hacemos no porque no sea necesario combatir la trata de personas, como seguro a continuación van a escuchar. Claro que es importante. No porque no debemos enfrentar el tráfico ilícito de migrantes. Claro que debemos enfrentarlo y lo hacemos todos los días desde cada una de nuestras trincheras. Pero necesitamos leyes serias, necesitamos leyes integrales, constitucionales y financiadas para que puedan ser viables. No un texto que realmente es inconexo y operativamente imposible. Colegas asambleístas, una mala ley no salva vidas. Una ley técnicamente irresponsable no combate mafias. Una ley sin presupuesto no protege a nadie. Porque no se necesitan leyes pensadas solo para el titular de redes sociales o para hacer el TikTok o para pegar cartelitos. No. Se necesita una política pública sostenida, una ley integral que unifique esfuerzos, que armonice con el sistema jurídico y que le dé herramientas reales al Estado para garantizar la verdadera protección a las víctimas sin importar raza, credo o situación. Esa es la obligación de esta Asamblea. Esa es nuestra obligación y debe ser el compromiso con nuestro amado Ecuador que nos dio la confianza del voto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colegas asambleístas. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.