🕒 0:09 Gerardo Eugenio Machado Clavijo (100%)

Muchas gracias, señora Presidenta. Quiero mi intervención iniciar señalando algo que debe quedar absolutamente claro. Nadie puede estar de acuerdo con que organizaciones criminales utilicen uniformes, insignias o distintivos de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para engañar a la ciudadanía, ejecutar secuestros, realizar extorsiones o simular operativos de control, que es una constante en nuestro país en los últimos años. Lamentablemente, esta práctica se ha vuelto cada vez más frecuente en un país que atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Por ello, reconocemos que existe un problema real y que el Estado tiene la obligación de responder frente a quienes utilizan símbolos institucionales para sembrar miedo, cometer delitos y socavar la confianza ciudadana. Nuestra posición, por tanto, no es una oposición al objetivo de la ley. Compartimos la necesidad de combatir el uso delictivo de uniformes e insignias institucionales. Sin embargo, precisamente por lo que se trata de una ley importante, estamos obligados a debatirla con rigor, transparencia y respeto a los principios constitucionales. Durante el tratamiento legislativo, se discutieron ampliamente aspectos relacionados con la simulación de autoridad, los tipos penales, la comercialización de uniformes, los mecanismos de control y la protección de los símbolos institucionales. Se recibieron observaciones de expertos en derecho penal, representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Fiscalía, de la Academia y de los sectores vinculados a la confección y comercialización de los uniformes. Sin embargo, existen disposiciones que nunca fueron objeto de un debate suficiente respecto de sus implicaciones reales y que hoy generan legítimas preocupaciones. Me refiero particularmente a los artículos 13 y 20 que fueron incorporados dentro de esta propuesta de ley. Debo reconocer que gracias a las observaciones realizadas durante el proceso legislativo y la intervención que acumulé, el artículo 13 fue corregido respecto a su versión inicial. Ese avance es importante y demuestra que el debate legislativo y la predisposición que tuvo la Presidenta de nuestra Comisión hizo que se mejoraran los textos normativos y que efectivamente pase a ser parte importantísima dentro de esta propuesta. Pero ello no significa que debamos dejar de analizar críticamente el resto del proyecto. Nuestra principal preocupación hoy se encuentra en el artículo 20 que fue incorporado en esta propuesta de ley. Porque aquí ya no estamos hablando de uniformes, ya no estamos hablando de insignias, ya no estamos hablando de simulación de autoridad. Estamos hablando de una reforma a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado que permitiría la eliminación o destrucción de documentos clasificados como reserva o secreta. Y aquí debemos hacerles una pregunta sencilla. ¿Qué relación directa tiene esta disposición con el objetivo principal de esta ley? Voy a permitirme, señorita Presidenta, que los compañeros legisladores acaben de hablar por teléfono para seguir yo, por favor. Entonces manifestaba yo que debemos hacer una pregunta sencilla. ¿Qué relación directa tiene esta disposición con el objeto principal de esta ley? Porque una cosa es proteger los uniformes, insignias y distintivos institucionales utilizados por nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional y otra muy distinta es incorporar una reforma que permitiría la eliminación de documentación clasificada bajo custodia de los organismos de control. Y entonces surge una inquietud legítima. ¿Por qué una ley sobre uniformes se incorpora a una disposición para destruir archivos? ¿Qué necesidad existe de reducir los plazos de conservación de información reservada? ¿Qué problema de seguridad pública se resuelve eliminando documentaciones? ¿Acaso queremos institucionalizar un incendio legal de los archivos públicos? Acordemos que hace algunos años se incendió la Contraloría y se destruyeron muchísimos documentos reservados que tenía esta institución. Porque la diferencia entre un documento conservado y un documento destruido puede ser mañana la diferencia entre conocer la verdad o garantizar la impunidad. Los archivos públicos no son simples papeles almacenados en una bodega. Constituyen la memoria institucional del Estado. En ellos reposan las evidencias que permiten reconstruir hechos, determinar responsabilidades, fiscalizar decisiones públicas y proteger el interés colectivo y el interés de seguridad nacional. Por eso preocupa profundamente que una ley destinada a combatir el uso delictivo de uniformes e insignias, se introduzca una disposición orientada a facilitar la destrucción de documentación reservada. Cuando desaparecen los documentos, desaparecen también las posibilidades de control y cuando desaparece el control, quienes ganan son la opacidad, la corrupción y la impunidad. La lucha contra la inseguridad exige más transparencia, más rendición de cuentas y más capacidad de fiscalización del Estado, no menos. Y este debate ocurre precisamente en medio de una crisis de seguridad sin precedentes que vive toda la historia del país. El año 2025 cerró con más de 9.200 homicidios intencionales, convirtiéndose en el año más violento de la historia republicana del Ecuador. Durante los primeros meses de 2026, las cifras continúan siendo alarmantes y mantienen al país entre los más afectados por la violencia criminal en la región. La ciudadanía ha realizado enormes sacrificios económicos bajo la promesa de recuperar la seguridad. El incremento del 12 al 15% en el IVA ha permitido tener al Gobierno Nacional muchísimos recursos económicos para combatir justamente esta inseguridad. Se incrementaron impuestos, se justificaron medidas extraordinarias y se ofrecieron resultados contundentes. Sin embargo, los ecuatorianos siguen viviendo con miedo, las organizaciones criminales continúan operando y la percepción de inseguridad sigue creciendo. Por eso necesitamos leyes eficaces, por eso también necesitamos leyes coherentes, leyes que respeten la unidad de materia, leyes que no incorporen disposiciones ajenas al objetivo principal, leyes que fortalezcan la seguridad sin debilitar la transparencia, leyes que combatan la delincuencia sin afectar los mecanismos de control democrático, porque combatir el crimen organizado existe firmeza y la unidad de todos los ecuatorianos y particularmente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que nosotros tenemos un reto histórico y un trabajo permanente y constante justamente para posibilitar que el país viva más seguro a través de la propagación de estas leyes. Pero también exige proteger la institucionalidad, la memoria pública y el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad. Por estas razones, reconociendo la importancia del objetivo perseguido por esta iniciativa, pero manteniendo nuestras profundas preocupaciones respecto de los artículos incorporados y las implicaciones que estos pueden generar para la transparencia y la fiscalización pública, dejamos sentada nuestra posición crítica frente al texto, sobre todo en la incorporación del artículo 20, que hoy se somete a consideración en este pleno. Le agradezco mucho, señora Presidenta, por la palabra. Gracias.