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Silvia Patricia Nuñez Ramos (75%)
Preguntándole a nuestra presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, si hoy tratamos un tema tan importante que fue discutido en la comisión, y lo digo discutido entre comillas, ¿por qué la señora presidenta no se encuentra aquí? No la vemos, está virtual. ¿Cómo puede criticar algo si ella mismo con su ejemplo nos está indicando de que no le está dando la importancia, está virtual la señora? Y yo creo que eso es un tema bastante evidente, evidente. Aquí queremos hechos, no palabras. Y debo decirlo también, señora presidenta, en el artículo 108, numeral 8, se plantea lo siguiente, dice realizar o aprobar el aprovechamiento o incremento del aprovechamiento del suelo en zonas de riesgo no mitigable. Las autoridades que incurran en esta infracción serán sancionadas con destitución, sin perjuicio de la sanción pecunaria establecida en caso de infracciones muy graves previstas en el artículo siguiente. Aquí se habla claramente de una sanción de destitución que está asumiendo a quien no tiene competencia. Entonces, por favor, no nos contradijamos, no plantemos cosas que en realidad no son verdades. Y yo lo digo, lo digo claramente y espero, espero que luego de hablar con esta claridad y con esta transparencia no se nos persiga, no se nos diga cosas que no son reales, porque ya vamos viendo que así es la forma de actuar, lamentablemente, la bancada de ADN. Y además también debo decir con contundencia, compañeros asambleístas, que cuando se habla de discusión de la ley, no es una cuestión simplemente de que alguien venga a comparecer, es cuestión de que nos sentemos en la comisión y discutamos las leyes, que haya una mesa técnica en donde también los asambleístas de las diferentes bancadas tengan esa posibilidad. Y lamentablemente no hemos tenido esa posibilidad de que la comisión, que dentro de la comisión nuestros asesores y nosotros mismos podamos tener acceso a esa mesa técnica y elaborar un proyecto que realmente sea en beneficio de la ciudadanía, sino que más bien solamente tenga el discurso de un lado de la asamblea. Yo sí debo decir que estamos aquí para discutir no una ley cualquiera, estamos frente a un tema muy importante para territorio, para los ciudadanos, para los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí está en juego la manera en que se organice el Ecuador, la manera en que se decide con respecto a las ciudades, con respecto a los barrios, con respecto a las comunidades y en el fondo sobre la vida diaria que tiene la gente. Y además las decisiones que estamos tomando aquí no solamente se quedan en el pleno, esto le cambia la vida al ciudadano, afecta en la relación entre el poder central, los territorios, afecta la democracia y afecta también a la capacidad que tienen los municipios de responderle a su gente. Porque el problema de fondo en el Ecuador no se resuelve solamente con un control desde arriba, no se resuelve ignorando los problemas que se dan en territorio. Y por eso tenemos que decir que sí, sí en realidad hay problemas catastrales, hay problemas de planificación, hay problemas de asentamientos ilegales, fallas en el control urbano, pero por esa misma razón tenemos que corregirlos, pero corregirlos porque entendemos que para corregir esto hay también causas estructurales y que a eso debemos apuntar. ¿Y qué significa eso en palabras simples? Que cada vez, cada vez más decisiones se quieren tomar desde el nivel central, lejos de conocer cuál es la realidad de los barrios y de las parroquias. Esta ley, yo sí debo decir también que concentra demasiado poder a la superintendencia de ordenamiento territorial, le da demasiado poder y eso no es un asunto técnico sin importancia, eso tiene consecuencias directas, porque cuando se concentra el poder sobre el suelo, sobre la planificación y sobre el desarrollo urbano, también se concentra el poder sobre cómo crecen nuestras ciudades y cómo tienen que desarrollarse hacia el futuro. Además, se crea un carril preferente para proyectos estratégicos de vivienda y dicho así, puede sonar muy bien, pero en la práctica lo que se está abriendo es una vía para decisiones tomadas nuevamente desde el centro y no dar importancia a lo que sucede realmente en territorio. Y sin un verdadero control previo de los organismos, como son los gobiernos autónomos descentralizados, nada va a funcionar. Y eso sí es grave porque reduce la capacidad que tiene un municipio, la capacidad que tiene un gobierno autónomo descentralizado sobre lo que es el suelo, sobre lo que es la planificación, sobre lo que es su desarrollo. Y a eso se suma también un problema, que hay que decirlo con claridad, cuando el Estado genera valor sobre el territorio, ese valor ya no regresa de una manera justa y proporcional a las ciudades y esto provoca que tengamos menos recursos en obras, menos recursos para agua potable, para alcantarillado, para el tema de vías, para los parques, es decir, menos capacidad de inversión local. Y este problema que se habla también, que es fundamental y que es un tema muy delicado, es el régimen sancionatorio, se reduce a un sistema sancionatorio, donde se endurecen las sanciones, se habla incluso de destitución de autoridades, como ya planteamos el artículo 108, numeral 8, no se establece con claridad una metodología homogénea para determinar ese riesgo. Y eso es muy peligroso porque no se puede castigar con dureza cuando ni siquiera están claros cuáles son los criterios técnicos. No se puede sancionar con ambigüedad, no se puede concentrar el castigo en el órgano central, mientras se deja abierta la interpretación de conceptos tan sensibles. Un tema también que nos preocupa es el tema que no se fortalece el consejo técnico de uso y gestión de suelo, más bien no hay una articulación con los PDOs, con los PUG y la planificación nacional, por lo tanto no se garantiza la parte técnica en los municipios y por tanto no hay garantización en cuanto se refiere al financiamiento, a la gobernanza real. Es decir, se está creando un sistema más fuerte para controlar, pero más débil para coordinar, más duro para sancionar, pero más pobre para resolver. Y mientras tanto los gobiernos autónomos descentralizados siguen siendo golpeados porque al final se les debe más de mil millones de dólares, se les está quitando con la ley aprobada de los gobiernos autónomos más de mil millones de dólares y entonces se les exige más, pero también se les quita más y no se les permite trabajar desde una manera adecuada. Y eso no es justo, ni con los municipios, ni con las prefecturas, ni con las juntas parroquiales, pero sobre todo no es justo con la ciudadanía, porque al final quien paga las consecuencias, quien paga los platos rotos es la gente, la gente que espera una vía, que espera agua, que espera alcantarillado y que lamentablemente no se atiende. Y lo digo con claridad porque igual sucede en cada una de las provincias y vuelvo a repetir, en el cantón a la UCI de la provincia de Chimborazo, un cantón desatendido porque no tiene vías, porque no tiene hospitales, porque no tiene absolutamente nada y este gobierno no le ha dado respuesta. Entendiendo que el desarrollo no se impone desde arriba, sino que se construye desde abajo con participación, con coordinación y con respeto a la realidad de cada una de las comunidades. Ya basta, basta de debilitar al territorio, basta de concentrar poder mientras se les quita recursos a quienes están más cerca de los problemas, cerca de la ciudadanía. Basta de construir un Estado que vigila y castiga en lugar de uno que coordine, acompañe y resuelva. El Ecuador necesita más territorio, más autonomía, más respeto a los gobiernos locales y sobre todo más democracia. Muchas gracias, señor Presidente.