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Lenin Alejandro Lara Pérez (100%)
Saludar, muchísimas gracias Presidenta por la proyección del documento, saludar a todos los colegas asambleístas que se encuentran presentes y cómo no, a los ciudadanos que nos siguen en esta sesión por los medios oficiales, ya sea por radio, televisión o plataformas digitales. Antes de empezar mi intervención, yo sí quiero decir que me siento orgulloso y honrado de poder sesionar el día de hoy en esta ciudad de Guayaquil, esta ciudad que es cálida, ciudad que es nuestro puerto principal y ciudad que representa la columna vertebral de la economía nacional. El gobierno central ha trasladado esa base operativa a esta ciudad de Guayaquil y la Asamblea Nacional tampoco se podía quedar atrás siendo el órgano máximo de representación que tenemos como país. Sí pediría, por favor, respeto a los colegas asambleístas. Pienso que tienen más ganas que yo y deberían también practicar con el ejemplo, por favor. El proyecto de ley que presento hoy responde a una urgencia económica de dos sectores, tanto el minero como el eléctrico, cuyos sectores han sufrido déficit millonarios que le han costado tantos millones al país. Pero claro, hay algunos que todavía prefieren mantener esos privilegios bajo la sombra de la corrupción. Y tampoco es casual que quienes se oponen y critican este proyecto de ley también son los que se silencian, los que silencian y no dicen nada frente a esas investigaciones por delincuencia organizada y la base de activos que son de los miembros de sus organizaciones. Colegas, y aquí yo sí quiero ser enfático y decir que esta reforma es una apuesta a la transparencia, a la inversión y al desarrollo. Oponerse o criticar este proyecto de ley nos da un sinónimo de que no conocen las realidades ni las necesidades de nuestro país. Porque primero, el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía se tramita con carácter urgente económico porque las cifras nos obligan a actuar. En el 2023, la falta de generación eléctrica le provocó pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares a nuestro país. En 2024, esta cifra ascendió a 3.278 millones que representan el 1.4% puntos porcentuales del crecimiento económico. En minería, el comportamiento es distinto pero sigue siendo decisivo. Las exportaciones pasaron de 651 millones de dólares en 2019 a los casi 3.324 millones en 2023. Aquí es importante decir también que la inversión extranjera directa promedia, más o menos un ingreso de 449 millones de dólares anuales. Hasta agosto del 2025, entre regalías, entre patentes y utilidades, se han generado 229 millones de dólares con una proyección al 2032 de hasta 1.400 millones de dólares. Claro, si los proyectos avanzan en la fase productiva. Es decir, el potencial existe, lo que ha pasado es que han existido demoras en los trámites y también la falta de reglas claras. Es por eso que esta propuesta se estructura sobre cuatro ejes principales. El primero, agilizar la inversión formal en la minería. Segundo, fortalecer la capacidad de control y de recaudación del Estado, garantizando que las regalías se queden en los territorios. Tercero, permitir la participación privada en generación eléctrica bajo condiciones objetivas y con rectoría pública. Y cuarto, fomentar el autoabastecimiento energético y la diversificación tecnológica para reducir el riesgo a posibles racionamientos. Hablando ya del componente minero, se simplifican los procedimientos ambientales en la fase de exploración inicial, reconociendo que su impacto va a ser obviamente limitado y temporal. Antes de cualquier actividad, habrá una revisión de la autoridad ambiental junto con los compromisos formales que se tengan con los concesionarios para evitar ese daño al patrimonio y a la infraestructura. Es decir, que si la obra podría afectar a un bien público, la entidad competente tendrá que pronunciarse dentro de un plazo determinado y de no hacerlo el trámite continúa, pero no se está quitando los controles. ¿El objetivo cuál es? Es evitar esas paralizaciones indefinidas que se tienen sin eliminar la supervisión. Ahora, hablando de la patente de conservación, se gradúa según la etapa o la fase del proyecto. Una tasa menor en los primeros años de la exploración, un incremento en la tasa en la exploración avanzada y claro, una tasa mayor en la explotación. Con ello, lo que se está haciendo es quitando o desincentivando ese acaparamiento especulativo y se asegura un flujo permanente de ingresos para el Estado. Asimismo, se reorganizan las fases de la exploración y la evaluación económica para que los proyectos no pierdan años en esas renovaciones administrativas que son innecesarias. Del mismo modo, se crean los clústeres mineros, que son estos espacios donde se va a concentrar la energía, la tecnología, las economías de gran escala, van a reducir costos, incluso facilita el tema de la fiscalización. Y también se establecen las áreas de protección estratégicas para enfrentar la minería ilegal y la protección de la infraestructura. Hablando en materia ambiental, se mantiene la obligación de presentar los estudios técnicos. Con esto se cae la narrativa de que se eliminan las licencias ambientales. ¿Con qué fin? Para prevenir, para mitigar, para reducir esos impactos. Entonces, es la autoridad ambiental que cuenta con ese plazo para pronunciarse y como les decía en un inicio, ella cuenta con un tiempo determinado y si no lo hace el trámite va a continuar, pero lo que no se elimina son los controles. Van a haber controles periódicos obligatorios, va a haber auditorías obligatorias y obviamente garantías económicas obligatorias. Además, se exige una actualización del catálogo de actividades que necesitan autorización para asegurar esos criterios técnicos vigentes. Y hablando de las regalías, se ratifica que el Estado va a participar en una proporción no menor al concesionario, es decir, con tasas del 3 al 8% de las ventas y el 60% de esos ingresos se van a destinar a la inversión social y se van a destinar al desarrollo territorial. Y ahí viene una parte fundamental de los gobiernos autónomos descentralizados, los provinciales, los municipales o los GATS, parroquiales, que ellos tendrán que presentar un plan de inversión, obviamente con los montos y con los plazos verificables, para garantizar esa transparencia y garantizar que esos recursos están llegando a donde deberían. Lo que se busca es justamente financiar el agua potable, el alcantarillado, servicios básicos dentro de las zonas de influencia. Hablando de la minería artesanal, se la redefine como una actividad transitoria y temporal, con permisos de hasta 10 años improrrogables, sin extensiones y además se prohíbe más de un permiso por persona. Aparte de eso, se le exige un reporte anual de producción. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se hace es creando una ruta hacia la formalización y cerrándole la puerta a esa informalidad prolongada. Ahora, hablando del sector eléctrico, la reforma amplía al concepto del autoabastecimiento, es decir, que ya no se restringen esas energías renovables no convencionales, sino cualquier tecnología podrá utilizarse dentro de la transmisión o de la distribución. Aparte, se crean los distritos autónomos energéticos, que estos permiten a los sectores productivos gestionar esa propia generación y…
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Lenin Alejandro Lara Pérez (100%)
asegurar esa continuidad productiva, para atraer esa inversión responsable, para fortalecer la recaudación fiscal y reducir esas vulnerabilidades estructurales que han existido. Es decir, estas son oportunidades que ya no permiten más postergaciones. Y es por eso que yo quiero terminar, colegas asambleístas, mi intervención, diciéndoles que siempre la decisión legislativa implica dotarle herramientas al país para garantizar esa seguridad energética, para promover esa minería formal y para darle beneficios concretos a las comunidades, con controles ambientales, por supuesto, con transparencia, obviamente, pero lo que yo destaco es que se debe tener una planificación estatal efectiva. Señor Presidente, eso es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias por otorgarme el uso de la palabra. Gracias.