🕒 0:00 Ledy Andrea Zúñiga Rocha (75%)

palabra la asambleísta Ledy Zúñiga. Gracias, presidente, compañeros legisladores y a toda la ciudadanía que nos escucha por los canales digitales. Hoy comparezco ante este pleno para defender de manera firme y categórica el proyecto de la ley reformatoria, la ley orgánica contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Lo hago no desde la coyuntura política, sino desde el deber constitucional, desde los mandatos de la Corte Constitucional y sobre todo desde las voces de las víctimas que hoy exigen justicia y reparación. Los documentos que constan en el informe para primer debate presentado dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana muestran que este proyecto ha sido desestimado bajo argumentos que son jurídicamente y políticamente insuficientes, ya que el informe recomienda el archivo, no solamente que no tomó en cuenta las razones de fondo, el mandato constitucional ni la obligación de no repetición impuesta por la Corte Constitucional en el caso Furukawa. Hoy corresponde a este pleno evitar una injusticia. No podemos ser recordados como la Asamblea, que teniendo la oportunidad histórica de cerrar los caminos de la esclavitud, hoy decide callar. Debemos mencionar que la Corte Constitucional ordenó reformas legales y el proyecto presentado cumple ese mandato. La sentencia 1072-21-JP24, analizada en el informe de la Comisión, expone con absoluta crudeza que en Ecuador existió un sistema de servidumbre agrícola que operó por décadas con total impunidad. La Corte fue categórica al señalar que la Asamblea Nacional debe aprobar reformas legales orientadas a eliminar la servidumbre de la greba y prevenir nuevas formas de explotación y trata con fines laborables. ¡Ojo! El proyecto está vinculado al mandato de una sentencia de última instancia. ¿Cómo podría esta Asamblea justificar su archivo? ¿Cómo y con qué cara justificaríamos no atender a las 339 víctimas cuya existencia y vulneración reconoció la Corte y que aún esperan medidas reales de reparación y no repetición? No archivar el proyecto no es un acto político, es un acto de cumplimiento constitucional. Yo sé que aquí, en este Pleno de la Asamblea, hay varias personas que no les gusta cumplir los mandatos constitucionales, pero un Estado de Derecho hay que hacerlo. Esto nace del mandato constitucional y la Asamblea está obligada a cumplir ese mandato constitucional. El informe que recomienda el archivo sostiene que la reforma duplicaría normas, invadiría competencias del Ejecutivo o que tal vez generaría cargas fiscales. Está claro que no revisaron la transitoria primera del proyecto de ley donde establece y dispone a los ministerios que se utilicen los mismos recursos existentes y que se actualicen con esos los protocolos. Esto desmonta el argumento del supuesto gasto sin financiamiento. El informe del archivo no analizó esta disposición esencial. Mientras el voto de la mayoría dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales sostiene que existen duplicaciones en el reglamento, los puntos centrales del proyecto se bastan en la creación y fortalecimiento de monitoreo digital, unidades especializadas, coordinación interinstitucional efectiva y prevención comunitaria que no están contemplados en la ley vigente. Debemos entender que el reglamento no tiene rango suficiente para garantizar la permanencia, la obligatoriedad y la continuidad de las políticas de Estado. Cualquier gobierno podría derrogarlo. Por eso debe constar en una ley. Por otra parte, para emitir el informe, tampoco se tomó en cuenta las víctimas. No fueron convocadas, no fueron escuchadas, no fueron atendidas. Esto también va en contra de lo que establece la Constitución. ¿Cómo puede un informe recomendar archivar una ley destinada a proteger a las víctimas sin escucharlas? Cuando el proceso legislativo excluye a las víctimas de delitos tan graves como la trata, la explotación laboral y las desapariciones, la Asamblea Nacional deja de ser un espacio democrático para convertirse en un filtro político. No archivar el proyecto, entonces, es una forma de reparar ese error procedimental y devolver legitimidad a este debate. El Ecuador en este momento enfrenta una ola de criminalidad organizada sin precedentes. La trata de personas, según Naciones Unidas, está estrechamente vinculada a redes criminales transnacionales, economías ilícitas, desapariciones, violencia sexual, explotación laboral y tráfico de migrantes. El archivo del proyecto enviaría un mensaje devastador. Mientras la ciudadanía exige mecanismos para combatir estructuras criminales complejas, la Asamblea es incapaz de fortalecer la ley que combate uno de los delitos más lucrativos del mundo. Es incoherente que el Gobierno Nacional y que la bancada oficialista diga combatir el crimen organizado mientras impulsa el archivo de una reforma contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes. Por lo que archivar este proyecto debilita al Estado frente a redes delictivas que hoy desestabilizan al país. Entonces, ¿por qué este Pleno debe votar en contra del archivo del proyecto de la ley reformatoria a la ley orgánica contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes? Primero, porque es un mandato constitucional, compañeros legisladores, no nace solamente de la iniciativa legislativa, es un mandato constitucional y ante eso todos y cada uno de nosotros tendremos que responder justamente por no hacerlo. Su incumplimiento expone al Estado una responsabilidad nacional e internacional. Segundo, porque el proyecto no invade competencias ni genera gasto adicional. Todo consta en la disposición transitoria primera del proyecto de ley. Tercero, porque la Asamblea tiene la obligación de legislar para más allá del reglamento. El reglamento no puede ser excusa para negar una reforma estructural. Cuarto, porque se vulneró el derecho de la participación ciudadana al excluir a las víctimas del proceso. Un proceso viciado no puede justificar un archivo. Quinto, porque archivar este proyecto favorece intereses económicos y no a las víctimas. Sexto, porque es nuestra obligación cerrar los caminos de la esclavitud moderna. No hay neutralidad posible frente a la explotación humana. Y así podríamos seguir enumerando muchas razones por las que no debemos archivar el proyecto de ley. Pero la principal y la más fuerte es que casos como el de Furukawa nunca más deben ser una política de Estado. La Comisión de Relaciones Internacionales recomendó archivar el proyecto de ley y hoy el pleno, este pleno, tienen la oportunidad de devolver ese proyecto de ley a la Comisión para que se puedan superar y poder debatir suficientemente el texto y así poder corregir esta decisión. Les pido que votemos en contra del archivo, no por una bancada, porque aquí está claro que la necesidad de archivo nace por quien está presentando el proyecto de ley. Basta que una ley sea presentado por el proyecto de la Revolución Ciudadana, inmediatamente es vetada, censurada y no pasan los filtros legislativos. Así que ahora les pido que votemos en contra del archivo, no por una bancada, no por una consigna política, sino por la memoria de las víctimas, por el cumplimiento de la sentencia constitucional, por la protección de los más vulnerables, por la coherencia del Estado frente al crimen organizado y la obligación de garantizar un Ecuador donde ningún ser humano vuelva a ser explotado bajo modalidades de esclavitud humana. Señoras y señores asambleístas, no archivar este proyecto es un acto de justicia, es un acto de humanidad, es un acto de libertad. Muchas gracias.