🕒 0:00 Inés Margarita Alarcón Bueno (100%)

Tiene la palabra la asambleísta Inés Alarcón. Gracias, señora presidenta. Gracias, compañeros legisladores. Buenos días. Un saludo atento al pueblo ecuatoriano que sigue esta sesión, a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, ha analizado el informe de labores del periodo 2025 de la Fiscalía General del Estado, en donde hemos podido analizar cuál es su realidad operativa, sus logros y sus necesidades estructurales. En el análisis que hemos identificado, hemos determinado que la gestión se ha cimentado en un modelo de especialización, el trabajo de delitos de alta complejidad, corrupción, lavado de activos y delincuencia organizada. Ha permitido que casos de gran relevancia nacional, como el caso AAA, blanqueo fito, nene o dorado avancen con sustento técnico. Un dato que resalta en el estudio de la Comisión de Seguridad es la obtención de 76 sentencias condenatorias en esta materia. Esto nos indica que hay una ruta clara en la persecución penal, pero también analizamos que la Fiscalía ha fortalecido sus mecanismos de control interno, con decenas de casos procesados. Demuestra que la integridad institucional no es un discurso vacío, sino una práctica que se está consolidando en nuestro país. Señores legisladores, es necesario mencionar que la Fiscalía General del Estado ejecutó casi el 100% de su presupuesto, en un 99.89%, lo cual habla de una gestión administrativa impecable. No obstante, la Comisión observa datos que evidencia una estructura institucional relevante, sin embargo, reflejan limitaciones operativas frente a la demanda del sistema penal. El total de servidores es de 3.742 servidores entre personal misional y administrativo, agentes fiscales operativos, 870 servidores fiscales en funciones, tasa de fiscales, la tasa de fiscales es de 4.87% de fiscales por cada 100 mil habitantes, cifra inferior al estándar estimado, que es de 8 fiscales por cada 100 mil habitantes. El déficit de agentes fiscales se requiere a la incorporación de 631 agentes fiscales adicionales, la cobertura institucional, 932 fiscalías y unidades a nivel nacional, incluyendo especializadas y multicompetentes. A pesar de ello, es importante reconocer el trabajo de las distintas unidades especializadas, anticorrupción, lavado de activos, ciberdelitos, investigación patrimonial, entre otras, que han sostenido a la lucha contra la criminalidad organizada y han contribuido al fortalecimiento y transparencia del Estado ecuatoriano. Los resultados también lo reflejan. Se han atendido 341 mil 784 noticias del delito, 91.5% delitos no flagrantes y el 8.5% delitos flagrantes. Control ético y disciplinario a 84 servidores, 23 en casos resueltos, 2 en casos archivados y 45 procesos aún en análisis. Atención a 672 requerimientos de información estadística y 4.009 solicitudes ciudadanas. Asimismo, la Comisión valora positivamente los avances en innovación tecnológica, como por ejemplo, la implementación del sistema CIAF y los módulos especializados para personas desaparecidas que acercan a la justicia, a la ciudadanía. Y no podemos dejar de lado, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, el rostro humano de este informe. Además, quiero resaltar el trabajo del sistema de protección a víctimas que atendió a más de 3.200 personas. Y un dato que debe interpelarnos profundamente, el 85% de las denuncias digitales corresponden a violencia de género. Esto nos obliga a entender que la seguridad no sólo se mide en las calles, sino también dentro de nuestros hogares. Señores legisladores, la conclusión de esta comisión no son únicamente un discurso, son una hoja de ruta clara para fortalecer el sistema de justicia del Ecuador. Por ello, hemos planteado las siguientes rutas de acción que deberán tomar en cuenta la Fiscalía General del Estado. Uno, el fortalecimiento del talento humano. Es urgente vializar la incorporación de 631 fiscales que faltan dentro de las filas de la Fiscalía General del Estado. Una justicia con resultados. Recomendamos que la Fiscalía General del Estado consolide indicadores de gestión que vayan más allá de una estadística de ingreso. El país necesita información verificable sobre sentencias y desenlaces de las causas. Debemos medir el desempeño institucional, pero los resultados procesales, respetando siempre la reserva de la ley para que la ciudadanía pueda evaluar con eficacia y transparencia el avance de la justicia. Hemos visto necesario también la protección integral a las víctimas. No podemos olvidar el rostro humano de la justicia. Recomendamos fortalecer el sistema de protección a víctimas y testigos, especialmente en casos de altísima sensibilidad como desaparecidos, violencia de género y delitos contra la niñez. La atención fiscal debe tener siempre un enfoque de derechos humanos ante la creciente demanda de protección en el país. Finalmente, la articulación en contra de la criminalidad. Recomendamos crear espacios permanentes de coordinación entre todos los actores del sistema de justicia. Necesitamos mejorar la celeridad, asegurar que las audiencias se instalen y que las respuestas frente a la criminalidad compleja sea una estrategia del Estado coordinada y no esfuerzos aislados. Señor presidente, colegas legisladores, este informe ha sido el resultado de un análisis serio, responsable, jurídico, técnico, sobre una institución fundamental para el país, una institución que es la primera línea en contra de la impunidad. Y por eso hoy hago un llamado a aprobar este informe, porque implica algo concreto, implica asumir nuestra responsabilidad como Asamblea Nacional, no sólo de evaluar, sino de marcar una hoja de ruta clara para el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, es necesario indicar que hemos instado a la Fiscalía General del Estado a acoger e implementar en beneficio del sistema de justicia y los ciudadanos, con el fin de dar paso a una justicia firme, consolidada y, sobre todo, articulada. Señora presidenta, he enviado la moción para que pueda ser enviada a votación cuando usted considere necesario. Muchas gracias.