🕒 0:00 Mariana Yumbay Yallico (75%)

Asambleísta Mariana Yumbay. Gracias, Presidente. Muy buenos días con todos y todas. Hemos escuchado al ponente de esta iniciativa, quien había solicitado el archivo de este proyecto. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente. Me parece importante traer a consideración sobre si el Estado va a seguir pagando los errores, abusos, negligencias de funcionarios irresponsables o finalmente va a empezar a cobrarles a quienes han causado el perjuicio al país. Este proyecto nace de un mandato constitucional, claro. El artículo 11, numeral 9 de la Constitución, ordena que el Estado repita contra los responsables de los daños que él mismo ha tenido que indemnizar. El artículo 233 es aún más contundente. Dice, ningún servidor público está exento de responsabilidad. Pero la realidad, desafortunadamente, es otra. En el Ecuador, el Estado paga, pero casi nunca cobra a los responsables. Pagamos por negligencias médicas, por abusos policiales, por decisiones administrativas ilegales, por sentencias internacionales, por violaciones de derechos humanos, derechos colectivos, derechos de la naturaleza. Y ese dinero sale del bolsillo de todos los ecuatorianos, mientras los responsables quedan y siguen gozando de la impunidad. Por eso, si hoy se archiva, no puedo dejar de señalar que es urgente y necesario construir una ley orgánica de repetición para corregir esta falla estructural del Estado, la dispersión normativa, la falta de procedimientos claros y la debilidad institucional que han envuelto, en que han vuelto ineficaz la repetición durante décadas. Que no se ha usado, por supuesto, una ley para la persecución política. Estamos hablando de responsabilidad patrimonial real. Estamos hablando de que quien actuó con dolo o culpa grave, responda con su patrimonio y no con el presupuesto público. Una ley de repetición, no sólo para cumplir las sentencias constitucionales, sino también a decisiones contenciosas administrativas, laudos arbitrales y sentencias internacionales. Es decir, para cerrar la puerta a la impunidad. Pero también hay que decirlo con claridad, no podemos permitir que una ley de repetición se convierta en una herramienta de persecución interna, de venganzas administrativas o de cacería de brujas. Debe garantizarse una investigación seria, un debido proceso, independencia técnica y sanción sólo a quien realmente tenga responsabilidad dolosa o gravemente culposa. En este punto, considero y haré, por supuesto, los aportes puntuales en el proceso de construcción de una ley totalmente seria y objetiva. Porque esta ley debe servir para combatir la corrupción, no para generar miedo en los servidores honestos o perseguir a uno y encubrir a otros. Asambleístas, esta ley no debe ser contra los servidores públicos honestos, es a favor del país, de la ética pública que tanta falta nos hace, de la justicia y de la dignidad del dinero de los ecuatorianos. Así que ahí estaremos, si en el caso de que retorne a la comisión para perfeccionar esta iniciativa. Y si deciden archivar urgentemente a trabajar en una ley que garantice esta repetición. Porque para eso estamos aquí en la Asamblea, para materializar los derechos, los principios, las garantías previstas en la Constitución de la República. Muchas gracias.