🕒 0:06 Keevin Fernando Gallardo Ruiz (100%)

Presidente, compañeros legisladores, vivimos una crisis de seguridad bastante compleja en nuestro país y el día de hoy quiero hablar en nombre de los reoambeños, de los chimboracenses, quienes han sido víctimas de delitos cometidos por delincuentes que usurpan la identidad de policías, de militares. El análisis de las reformas penales que hoy se discuten no pueden hacerse desde una mirada aislada. Hay que conjugar no solamente la responsabilidad práctica de esta legislatura y compararla en razón de que estos grupos de delincuencia organizada han transmutado Presidente y se han convertido en grupos armados organizados. De esta forma se justifica la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional. Y frente a ello es que también esta normativa tiene que tener consonancia con las reglas determinadas en la Convención de Ginebra, en sus protocolos adicionales que de paso se convierten en normas de obligatorio cumplimiento para el Estado por el principio del bloque de constitucionalidad. Este fenómeno social, Presidente y compañeros, ha generado también la existencia de nuevas problemáticas para el Estado, una de ellas el desplazamiento forzado interno. Tomando en consideración que con el control territorial, el armamento logístico operacional y ahora también emblemas credenciales, uniformes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, están siendo utilizadas por estos delincuentes para generar lo que según datos de la OIM son cerca de 75 mil personas desplazadas de sus hogares, de sus territorios, a causa de los grupos armados organizados. Esta delincuencia que ha transmutado ya no en simple delincuencia organizada, sino en grupos armados organizados, ya no actúan únicamente con la herramienta de la fuerza de por medio, lo hacen también a través del fraude, del engaño, del ardiz a los ciudadanos, capturando símbolos que son utilizados por la confianza ciudadana. Ahora les pregunto, colegas legisladores, en sus territorios, en sus ciudades, en el traslado a Riobamba, por ejemplo, si encuentro un retén de las fuerzas policiales o de fuerzas militares, particularmente tengo miedo de pensar si son delincuentes o si son miembros de las fuerzas del orden público, pues, porque se ha dejado de sancionar esta conducta típica, porque esta conducta tipificada en el Código Orgánico Integral Penal pasaba únicamente como una herramienta de contravención, lo que es ilógico, más aún en un contexto de conflicto armado. La Corte Penal Internacional, la Jurisdicción Especial para la Paz, aquí en nuestro vecino país, hermano Colombia, ha determinado también los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales 1 y 2, artículo 37 y 38, han determinado, pues, que existen estratagemas en un proceso de conflicto armado, como el engaño, el camuflaje, que son legítimos, pero prohíbe a todas fuerzas el uso de emblemas, de escudos, el uso de uniformes, en lo que esta conducta tipifica como perfidia, que puede ser inclusive, compañeros legisladores, consolidado como un delito, un crimen de guerra. Y esa conducta desde el año 2014, pues, no ha sido revisada, no ha sido debatida, no ha sido analizada. Hoy tenemos esa obligación de, como legisladores, proteger al pueblo ecuatoriano, prohibir también que los delincuentes hagan mal uso de estos emblemas. ¿Por qué? Yo creo que a veces nos olvidamos que estamos en un conflicto armado, en una situación de conflicto armado. Principio básico del derecho internacional humanitario, el principio de distinción. Si un delincuente utiliza de manera dolosa los uniformes, emblemas y demás insumos de las fuerzas militares, está confundiendo al mismo Estado para beneficiarse de manera directa, violentando el principio de distinción, cayendo en actos de perfidia y generando confusión y engaño al pueblo ecuatoriano y a las fuerzas armadas. Lo dijo Andrés Castillo. Los uniformes no solamente son, no son ropa de uso diario, no son disfraces. Mil doscientas denuncias tenemos ya en nuestro país de delincuentes que utilizan el uniforme de las Sagradas Fuerzas Armadas del país, de la Policía Nacional. Lo decía, conversaba con un agente policial de la escolta legislativa antes de ingresar al Pleno de la Asamblea Nacional. Se le resta credibilidad, se le resta legitimidad y se le resta la confianza si no trabajamos en el Pleno de esta Asamblea Nacional con este proyecto normativo. Finalmente, hay que hacer referencia también, compañera legisladora que intervino anteriormente, revisaba el informe que lo tengo, el informe de la Comisión de Seguridad. Claramente consta su firma y su votación. Si no estaba de acuerdo con el informe de la Comisión, el espacio de las mesas de construcción normativa son las comisiones. Sus observaciones deberían estar plasmadas al momento de construir el informe. Actuemos con coherencia legislativa, actuemos en beneficio de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del pueblo ecuatoriano. No permitamos que esas 1.200 denuncias que se presentaron en el año 2024 se dupliquen en este año. Tenemos esa responsabilidad como legisladores y sí quiero extenderle también, estimada compañera Inés, primero felicitarle por su trabajo legislativo al interior de la Comisión y también sugerirle como observación que se agregue al informe para segundo debate y se contemple también lo que el derecho internacional humanitario sanciona como un crimen de guerra, que lo apliquemos también en nuestra legislatura, en nuestro sistema normativo interno. La perfilla como un caso de extrema gravedad, más aún en el conflicto armado. Las observaciones puntuales, normativas, doctrinarias y jurisprudenciales las daré llegar conforme a la normativa a través de su despacho, querida compañera legisladora. Mi palabra, Presidenta.