🕒 0:09 Samuel Elías Celleri Gómez (75%)

Gracias, Presidente. Saludar a todos los colegas legisladores, en especial a mi provincia de Esmeraldas y todo el pueblo ecuatoriano. No era dejar de pasar de oportuno un proyecto de interés nacional y es de felicitar a la comisión y representada por la colega Cecilia Baltazar, pero para hablar del proyecto de ley de educación financiera hay que saber qué es educación financiera. Es el conjunto de conocimientos y habilidades que te permiten entender y manejar bien tu dinero. Incluye aprender a ganar, a gastar, a ahorrar, invertir y planificar tus finanzas de manera responsable. Con este discurso o con este significado quería comenzar para que entendamos la importancia de este proyecto y en los cuales hoy todos, absolutamente todos, tomamos decisiones financieras todos los días. Cuando compramos, cuando solicitamos un crédito, una tarjeta de crédito o cuando intentamos ahorrar. Hoy, además, esas decisiones ya no solo se toman en ventanillas o bancos, se toman desde un celular, en aplicaciones, en plataformas digitales y muchas veces sin conocer los riesgos que eso implica. Sin embargo, lo hacemos muchas veces sin contar con las herramientas mínimas para comprender los riesgos, las tasas de interés, las consecuencias de sobreendeudamiento o incluso cómo evitar ser víctimas de fraude financiero cada vez más frecuentes en nuestro país y sobre todo en mi provincia, que hago mucho territorio en todo lo que es la parte urbana y la ruralidad. Esto no solo ha sido un problema individual, colegas legisladores, es una falla del Estado. Porque el Estado sí ha estado presente para cobrar impuestos, sí ha regulado el sistema financiero, pero ha estado ausente en algo fundamental, educar financieramente a su población y hoy más que nunca educarla también para protegerse del entorno digital. Esta ley que estamos debatiendo y que estoy seguro que hoy va a contar con el respaldo mayoritario, es una necesidad urgente para corregir esta omisión del Estado. Desde el punto de vista jurídico, esta propuesta es plenamente coherente con la Constitución. ¿Por qué? Garantiza el derecho a la educación útil y pertinente, promueve la real oportunidades e igualdad para la población y fortalece el principio del buen vivir que no puede existir cuando las familias viven atrapadas en deudas que no comprenden o son víctimas de engaños financieros. Pero además, esta ley con profundo sentido económico-social se la ha tratado y se la está exponiendo en este pleno. Seamos directos. Un sistema financiero sin educación financiera produce ciudadanos vulnerables y ciudadanos vulnerables producen economías débiles. Y hoy esta vulnerabilidad no solo está por entenderse, no solo en un crédito, también está en identificar un fraude electrónico, en no proteger sus datos celulares o en no reconocer riesgos en el uso de las nuevas tecnologías. Por eso, esta ley plantea un cambio estructural al incorporar la educación financiera desde la escuela hasta la universidad y también fuera de ellas en la vida cotidiana. Que desde niños aprendamos cosas básicas pero fundamentales, que es ahorrar cómo funciona un crédito, qué significa una tasa de interés, cómo evitar endeudarnos más allá de nuestras posibilidades y también cómo usar de forma segura las aplicaciones financieras, cómo proteger nuestras claves y cómo evitar caer en estafas digitales. Por ejemplo, me gusta ser didáctico, es por ejemplo un joven que no entiende cómo funciona una tasa de interés puede terminar pagando el doble o el triple de un crédito. En cambio, un ciudadano con educación financiera compara opciones, toma decisiones informadas y protege su patrimonio. Pero hoy también ocurre algo más. Una persona puede recibir un mensaje falso, entrega sus datos bancarios y pierde en minutos todos sus ahorros, simplemente por no haber recibido una educación sobre seguridad financiera digital. Un emprendedor que sabe calcular costos y financiamiento tiene más posibilidades de sostener su negocio y no fracasar en su primer intento. Pero además, si sabe proteger sus transacciones digitales, evita fraudes que puedan destruir sus esfuerzos en segundos. Esta ley no pretende reemplazarlas, sino fortalecerlas, integrando saberes tradicionales como herramientas modernas, incluyendo ahora también herramientas para operar con seguridad en entornos digitales. Desde el punto de vista técnico, la propuesta es clara y responsable. Dispone que el sistema educativo incorporará estos contenidos de manera progresiva. Se capacitará a los docentes. Las instituciones financieras deben apoyar estos programas educativos sin fines comerciales. Y de manera innovadora se deben incorporar contenidos obligatorios sobre la prevención de fraudes electrónicos, protección de los datos personales y de seguro de plataformas digitales. Además, se prioriza a quienes más lo necesitan, a las mujeres, jóvenes, población rural, migrantes, adultos mayores y actores de la economía popular y solidaria. Esta ley es una herramienta de equidad y de justicia social. Desde la política pública, el mensaje es contundente. No basta con tener acceso a servicios financieros. Hay que saberlos utilizar correctamente y de forma segura. De lo contrario, el acceso sin educación se convierte en una trampa de endeudamiento y peor aún, a una puerta abierta al fraude. La experiencia internacional, bien decían algunos colegas legisladores, y hay que a veces tomar legislaciones comparadas para ver cuál ha sido el resultado en esos países y así mismo también lo bueno, poderlo implementar. También va por esa línea este proyecto. Chile, Perú, España han incorporado la educación financiera en sus políticas públicas, avanzando también hacia la protección del usuario en entornos digitales, logrando ciudadanos más informados, economías más estables y menor vulnerabilidad financiera. Esto nos demuestra que la educación financiera no es un complemento, es un pilar fundamental y sostenible del desarrollo de este país. Y significa que en la práctica, significa menos familias endeudadas, significa más emprendimientos sostenibles, significa ciudadanos menos vulnerables al abuso y al fraude, y significa en definitiva un país con una economía más fuerte y más segura. Compañeros y compañeras, en el paso de mi función como servidor público, el cual me pudo hacer llegar dentro de esta curul por segunda vez, ha sido en una provincia empobrecida como Esmeraldas, otorgar todo lo que son talleres de emprendimiento, todo lo que son talleres en los ejes de inclusión, en los diversos grupos, tanto urbanos y rurales, pero lo que fomenté fue la educación financiera, porque muchos de los grupos o las asociaciones no tienen esa manera de poder ser sostenibles los recursos, y a veces el emprendedor el ahorro no lo tiene dentro del diccionario para poder progresar dentro de su economía familiar o su economía de emprendimiento. Esta ley no es compleja, es en esencia una herramienta para que la gente pueda defender su propio bolsillo. También en el mundo digital, que previene, como lo he venido haciendo, de fraudes, aquí hay que tomar una decisión clara, o seguimos permitiendo que los ciudadanos firmen contratos que no entienden, que se endeuden sin información, que pierdan su patrimonio por desconocimiento o por fraudes electrónicos, o asumimos nuestra responsabilidad y le damos las herramientas para decidir mejor y protegerse. Porque cuando una persona entiende cómo funciona el dinero, deja de ser vulnerable y empieza a tener control sobre su futuro. Porque la verdadera libertad económica no es sólo acceder a créditos, es entenderlo, usarlo con responsabilidad y protegerse de todos los riesgos. Esta ley no es ideológica, es práctica necesaria y urgente, de sentido y de carácter nacional. Negarse a aprobarla sería, en los hechos mantener un sistema donde la falta de conocimiento, ahora también en el ámbito digital, sigue beneficiando a unos pocos y perjudicando a la mayoría. Por eso, hoy no se trata sólo de votar de este proyecto, se trata de decidir de qué lado estamos, del lado de la información, la transparencia y la protección ciudadana, o del lado de las desventajas y de la ignorancia estructural. Estoy convencido que en este pleno hay coincidencias, compañeros, y es justamente generar efectos positivos, pero mejorar sobre todo la capacidad de la población en tomar decisiones informadas sobre ahorro, presupuesto, crédito, seguros e inversión, reduciendo errores costosos en la vida cotidiana. Convencidos, compañeros, de que este pleno estará a la altura del país, mi palabra para usted, presidente, y al pueblo ecuatoriano. Gracias.