Sesión No. 116-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Muchísimas gracias, muy buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha. En efecto, lo que busca este proyecto de ley es justamente propender a la igualdad y a la equidad en el acceso a la licencia por calamidad doméstica. Lo que se veía hasta el momento en la realidad de los servidores públicos es de que sus licencias quedaban a expensas del criterio y la discrecionalidad del funcionario correspondiente del área de talento humano. Esto se debe a que dentro de la ley no había una certeza, no había una claridad al proponer que esta ley o estos días de licencia se puedan extender hasta ocho días.

En ese sentido, lo que se busca...

O cualquier diferencia política e ideológica, el dolor ante la pérdida repentina de una vida nos convoca a todos al respeto, a la sensibilidad humana y a la más sincera empatía institucional. A nombre de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, se emitirá un acuerdo de condolencia que será entregado a sus familiares. Nos unimos a su dolor y hacemos votos para que encuentren fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles. Por ello, invito a este honorable pleno y a quienes nos acompañan a que nos mantengamos de pie para escuchar el toque de silencio en su memoria y en la de quienes fallecieron en este lamentable accidente.

entregado a sus familiares y al llegar.

Muchísimas gracias. Y algo que explicábamos a la ciudadanía es que al haber esta apertura de que puedan ser hasta ocho días de licencia, esto generaba una especie de inequidad porque dependía de que en alguna institución se puedan considerar los ocho días íntegros, pero en otra bien se podrían reducir hasta tres o cuatro días. En ese sentido, lo que se propone en este proyecto de ley es de que quede estipulado de forma taxativa que serán ocho días de licencia obligatoria en el caso de la pérdida de un miembro del núcleo familiar directo y tres días para aquellos parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o también el segundo grado de afinidad.

Bien, como nosotros conocemos dentro de la función judicial existe una ley específica para ellos y en ese sentido lo que se busca es la equidad y la homologación de esta licencia por calamidad doméstica y lo que se pretende es de que se queden estipulados los ocho días y los tres días también.

Muchísimas gracias.

Buenos días, sí, el proyecto de ley reformatoria de varios cuerpos legales para justamente garantizar el acceso a la licencia por calamidad doméstica. Lo que busca principalmente es que exista equidad a la hora de aplicar estas licencias por calamidad doméstica. Actualmente la norma crea discrecionalidad para las unidades de talento humano, mientras unas pueden aplicar dos o tres días por el fallecimiento o calamidad doméstica que puedan tener algún funcionario, otras unidades de talento humano sí reconocen los ocho días. Entonces eso no genera seguridad jurídica, no genera equidad para los funcionarios públicos y por ende este proyecto de ley.

Bueno, que quede legislado, que la norma sea clara, que brinde seguridad jurídica, que no deje discrecionalidad a las unidades de talento humano, que apliquen criterios diferenciados cuando un mismo hecho genera un mismo derecho, es lo que se está legislando precisamente, ese es el objetivo del proyecto de ley presentado y que hoy la Comisión de Trabajo ha traído el pleno de la Asamblea Nacional para primer debate.

Entiendo que en la Comisión de Trabajo, quien fue que tramitó este proyecto de ley presentado por mi persona, estuvieron expertos, expertos laborales, instituciones públicas, siempre socializando y aportando criterios para mejorar este proyecto de ley y que por supuesto también este pleno, siendo un informe para primer debate, recogerán observaciones de las y los legisladores para perfeccionarlo y ojalá salgo pronto para beneficio de los funcionarios públicos de nuestro país.

Gracias.

a la convocatoria. Por disposición del asambleista Michelle Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 12 y numeral 3 de la Ley Orgánica de la Fusión Legislativa, se convoca a los asambleistas a la sesión 116 AN guión 2095-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 20 de agosto de 2026 a las 10 horas en la sede de la Fusión Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedraíta en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Primero, himno nacional de la República del Ecuador. Segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para garantizar la igualdad en el acceso a la licencia por calamidad doméstica. Tercero, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley que establece rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua por venta de energía eléctrica decreto ley 047 para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos. Cuarto, conocer y resolver respecto del oficio CNE guión SG guión 2026 guión 00813 off.

Hasta aquí el texto de la convocatoria, señora Presidenta.

Señor secretario, por favor, informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.

Cumplo con informar, señora Presidenta, que no contamos con solicitudes de modificación del orden del día para la presente sesión.

Damos inicio con el primer punto del orden del día.

Himno Nacional de la República del Ecuador.

Señor secretario, siguiente punto del orden del día.

Segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para garantizar la igualdad en el acceso a la licencia por calamidad doméstica.

Señor secretario, por favor dé lectura del memorando respectivo y del informe en su parte resolutiva, el mismo que será parte del acta de esta presente sesión.

Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura del memorando AN-CTSS-2026-0174-M. Asunto. Envío informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para garantizar la igualdad en el acceso a la licencia por calamidad doméstica. De mi consideración, por medio del presente, le extiendo un atento y cordial saludo. Tengo el agrado de dirigirme a usted por disposición del doctor Echner Recalde, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social y en mi calidad de secretaria relatora, con el fin de remitir el informe para primer debate respecto del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para garantizar la igualdad en el acceso a la licencia por calamidad doméstica con las respectivas firmas de los asambleístas que aprobaron el mismo en la sesión ordinaria 081 efectuada el lunes 17 de agosto de 2026 para que sea tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Atentamente, María Auxiliadora Palacio, secretario relator. Memorando a N-CTSS-2026-0176M. Asunto, ponencia e informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para garantizar la igualdad en el acceso a la licencia por calamidad doméstica. De mi consideración, por medio de la presente y mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, extiendo un atento y respetuoso saludo. En ese contexto, me permito informar que en ejercicio de mis atribuciones, designo la ponencia al asambleista Naila Victoria Quintana Tapia, miembro de la Comisión del Primer Punto del Orden del Día.

Conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para garantizar la igualdad en el acceso a la licencia por calamidad doméstica. Consentimiento, distinguida consideración. Atentamente, Egné Recalde, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. De acuerdo con su disposición, señora presidenta, procedo a dar lectura de la parte resolutiva del informe. Sexto, conclusiones y recomendaciones. Por lo expuesto anteriormente, la Comisión determina que la propuesta de proyecto de ley obedece a los principios constitucionales referentes a igualdad material, formal y progresividad al unificar con precisión el régimen aplicable a las licencias despedidas por calamidad doméstica, estableciendo lineamientos claros que homogenizan la aplicación de la norma.

De igual manera, la configuración de la normativa y las propuestas generadas durante la etapa de socialización, permitieron fortalecer y enriquecer la construcción de la ley, mediante la incorporación de criterios de aportes orientados a mejorar su aplicación práctica. Este proceso contribuyó a consolidar disposiciones más claras, coherentes y acordes con las necesidades de las y los servidores públicos, fortaleciendo la seguridad jurídica, promoviendo una aplicación uniforme de la normativa y contribuyendo a la optimización y progresividad de los derechos reconocidos. Por lo tanto, se recomienda la aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para garantizar la igualdad en el acceso a la licencia por calamidad doméstica.

Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.

Antes de empezar mi intervención, quiero expresar mis condolencias a los familiares de quien fue el director del Centro Nacional de Inteligencia del Ecuador, Miquel Esensi Contugi, y su esposa Stephanie Hollijan, por su inesperada partida. Hablar de calamidad doméstica es hablar de una emergencia que obliga a dejar todo y estar donde realmente debemos estar, junto a la familia. En esos momentos, no existe únicamente un servidor público que necesita ausentarse de su trabajo. Existe una madre, un padre, un hijo, una hija. Existe una persona que necesita cuidar o acompañar a alguien que depende de ella.

Y por eso, quiero plantear una pregunta muy sencilla ante este pleno. Es justo que frente a una misma calamidad, dos personas puedan recibir un trato diferente, dependiendo de la institución pública en la que trabaja. Creo que es evidente la respuesta. No. Actualmente, nuestra legislación reconoce la licencia por calamidad doméstica. Sin embargo, cuando dejamos abierta la posibilidad de concederla hasta por ocho días, también dejamos un margen para que situaciones semejantes puedan recibir respuestas distintas. Una persona podría recibir ocho días y otra, atravesando una situación equivalente, recibir menos.

Y un derecho tan sensible no debería depender de una interpretación administrativa, porque detrás de esos días hay una realidad que muchas veces no vemos. Hay servidores públicos que cuidan a sus hijos, pero también hay quienes tienen bajo su responsabilidad a sus padres, a un adulto mayor, a una persona con discapacidad, o a alguien respecto de quien ejercen una responsabilidad directa de cuidado. Nuestra Constitución reconoce a la familia en sus diversos tipos. Por eso, cuando nos referimos a calamidad doméstica, no nos referimos únicamente a un apellido o a un grado de parentesco.

También debemos observar algo profundamente humano. ¿Quién cuida? ¿Quién acompaña? ¿Y quién responde cuando ocurre una emergencia? Eso es igualdad material. No significa conceder privilegios. Significa evitar que una persona quede desprotegida precisamente cuando más necesita que el Estado comprenda su situación. Pero también hablamos de seguridad jurídica. Una persona debe saber cuáles son sus derechos antes de necesitarlos. No debería descubrir en medio de una emergencia familiar que su licencia depende del criterio de una autoridad o de la institución en la que trabaja. Compañeros, necesitamos reglas claras para los servidores públicos, pero también para las propias instituciones.

Por eso, se propone esta reforma con el fin de que cualquier responsable de talento humano tenga claro cómo proceder ante la calamidad del fallecimiento de un familiar. No estamos legislando simplemente sobre ocho días. Estamos legislando sobre esos días en los que una familia recibe una noticia que le cambia la vida. Sobre ese padre que necesita acompañar a su hijo. Sobre esa hija que debe cuidar a su madre. Sobre una familia que acaba de perder a uno de sus integrantes y necesita tiempo para afrontar esa ausencia.

En esos momentos, el Estado no debería añadir incertidumbre a una situación que ya es difícil. Por eso, esta reforma debe continuar su tratamiento. Debemos aprovechar el debate legislativo para perfeccionarla, establecer criterios objetivos y construir una regulación que proteja los derechos de las personas sin afectar el adecuado funcionamiento de las instituciones. Hoy, en este primer debate, no estamos cerrando la discusión. Estamos permitiendo que continúe escuchando sus observaciones para construir en conjunto una mejor norma. Una legislación verdaderamente humana no se mide solamente por los derechos que escribe en una ley, sino por la capacidad que tiene de acompañar a las personas cuando realmente lo necesitan.

Cuando una familia atraviesa una calamidad, el Estado no puede convertirse en una preocupación adicional. Debe ofrecer certeza, protección y humanidad. Muchas gracias.

Presidenta, muy buenos días, queridos colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. Quiero arrancar primero expresando mi sentido pésame a la familia de Miquele, su esposa, y a sus hijos sobre todo. Dios los bendiga y los proteja en este momento tan difícil. Retomando el tema del presente debate, en este primer debate, lo recalco, porque es un primer debate para proponer, para crear, para modificar y para mejorar. Bueno, efectivamente, como lo decía la ponente, en este caso nuestra colega, el Estado no puede ser una carga, no puede ser parte de la molestia cuando una persona está pasando por un tema importante, por un tema que marca su vida o por un tema que realmente genera una carga emocional para esta persona.

En ese momento, el Estado tiene que convertirse en lo que es, en un protector de sus derechos y, en este caso, el empleador de ser servidor público, lógicamente, en parte de este proceso, ya sea de duelo o, en este caso, de cualquier tipo de calamidad doméstica. Por lo cual, es un proyecto sencillo, pero importante. Es un proyecto que regla una sola cosa y es la calamidad doméstica, entendiendo que el hasta por ocho días implica una facilidad para que algún genio de la creación pueda determinar en unos casos una cosa y en otros casos de otra manera.

Lo cual, lógicamente, vulnera principios constitucionales como la igualdad material, en este caso, y el principio de no discriminación. Artículo 11 de nuestra Constitución, vulnera la seguridad jurídica, porque en este caso podría haber un trato para unos y otro trato para otros. Así que, por los derechos de los trabajadores, en este caso, este proyecto de ley lo que busca es darles esa igualdad ante la ley. Que la seguridad jurídica, en este caso, sea un verbo rector dentro de, justamente, pues, los funcionarios públicos y su derecho laboral.

Yo creo que los cuatro puntos principales que me permitiré leer, para ser muy técnico, son ejes que hay que tomar en cuenta en este proyecto de ley y si se puede proponer adicionales para quienes son expertos en la materia de derecho laboral, o, en este caso, administrativo, por ser temas de los CEP, efectivamente podamos proponer, porque este proyecto de ley no tiene banderas políticas, sino los derechos de los trabajadores como tal. Primera cosa, creo que establecer un tiempo fijo de la licencia, al eliminar el hasta, por, le da seguridad jurídica y, efectivamente, igualdad material ante la ley a los funcionarios públicos.

Entendiendo que hoy ya no será una interpretación como tal de recursos humanos, sino, básicamente, la ley en firme dirá que son ocho días, en este caso, por la calamidad doméstica pertinente. Mantener esa licencia por siniestros es un tema importante, repito, porque muchas veces no sabemos si el funcionario público es cabeza de hogar, sea hombre o mujer puede pasar, y, lógicamente, esa cabeza de hogar tiene que estar para resolver los problemas de su familia, para ser ese guardián de su familia y no para estar en un trámite administrativo peleando con el Estado porque no le quieren dar el permiso adecuado.

Otro de los temas importantes es que se equipara el COF con la LOSEP. Eso se llama igualdad material, no discriminación y seguridad jurídica. El proyecto de ley lo abarca de manera correcta, técnica, jurídica viablemente. Por eso, repito, estamos en un primer debate. Este es el primer debate y sirve para proponer, para mejorar y no para decir que las cosas están mal. Sobre todo cuando hablamos de derechos de trabajadores. Que, repito, una sola palabra puede generar este tipo de conflictos, donde un funcionario público es más que la ley y puede determinar cuántos días de permiso te doy dependiendo de si me caes bien o me caes mal.

Graso, errores. Y este proyecto de ley lo viene a corregir. Y, finalmente, establece el plazo de 90 días de manera clara para que las instituciones públicas, en general, cumplan con el reglamento para poner esta ley en ejercicio pleno de funciones para los servidores públicos a nivel nacional. Creo que es un proyecto corto, preciso, que ataca un problema que una palabra puede generar. Y que, lógicamente, repito, el Estado no puede ser una carga adicional al problema que está pasando el servidor público. La ley tiene que resolver problemas de la gente de a pie, tiene que ser humana.

Y este proyecto de ley es corto, pero ataca un tema puntual. Igualdad material ante la ley. No discriminación y seguridad jurídica. Vamos a hacer los aportes necesarios de encontrar algún otro tema que se pueda regir. Porque, repito, a veces la ley no se entiende que menos es más y se ponen palabras sin conocimiento técnico que pueden afectar de esta manera. Repito, que un funcionario público sea más que la ley al poder determinar cuántos días, según me caes bien o me caes mal, te doy de permiso.

Eso se acaba con este proyecto de ley. Así que, queridos colegas legisladores, es el momento de aportar. Ahora, creo que los servidores públicos del Ecuador estarán muy agradecidos porque, repito, son momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles, nosotros como asambleístas tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Mi palabra, señora Presidenta. Muchas gracias, queridos colegas legisladores.

que el objetivo de este proyecto es pertinente. Es pertinente porque está poniendo un límite a la discrecionalidad. Y cuando una ley deja abierta esa puerta a la discrecionalidad, puede producirse un abuso de competencias y de funciones. Y los abusos terminan muchas veces o casi siempre en actos alejados al margen de la ley, en actos que podrían determinarse como corrupción. Nuestra misión como legisladores es establecer normas claras. Y justamente el proponente de esta ley y quienes han precedido la palabra coinciden con este concepto. Que las leyes y las normas deben ser claras.

Y no solamente si se trata de una ley para alcanzar o garantizar la igualdad del acceso a la calamidad. Que es un tema importante. Todos los temas son importantes. Y de ahí la necesidad que las leyes no dejen espacios para que los procesos sean discrecionales. Y hayan tiempos para unos y tiempos para otros. Esto de aquí no es una preocupación abstracta. Cuando yo hablo de este equilibrio y de este marco jurídico que deben de existir en todas las leyes. Porque esta discrecionalidad de tiempos lo hemos visto en ámbitos administrativos, en ámbitos judiciales, tiempos procesales y también en el ámbito electoral.

De tal suerte que es muy pertinente esta reflexión de que las normas establezcan esos tiempos de manera clara. Y no confundir ni plazos, ni términos, ni hasta qué. Dejando arbitrariedad a quien resuelve y a quien solicita. Tienen que haber requisitos y normas claras para todos. De ahí la importancia de presentar algunas recomendaciones que creo que son importantes porque siguen dejando abierta la posibilidad de discrecionalidad para que cualquier director de una unidad de talento humano, por ejemplo, determine si es uno, si son dos días, si son cuántos días, porque deja abierta aún esa discrecionalidad.

Y me voy a referir específicamente al artículo 1 y 2. Los artículos 1 y 2 que reforman el artículo 27, letra I, del ALOCEP y el artículo 97, numeral 2, del Código Orgánico, mantienen un accidente o regulan los derechos sobre accidente, enfermedad grave y siniestros. Pero mantiene la expresión hasta, hasta, hasta ocho días. Entonces, si queremos eliminar la discrecionalidad, debemos preguntarnos ¿Quién decide si corresponden dos, cuatro, seis u ocho? Tienen que haber parámetros establecidos para que no quedemos en una reforma que igual deja abierta una posibilidad de establecer condiciones para un ciudadano y condiciones para otro.

La misma disposición señala que la justificación será determinada mediante norma secundaria. Señores, los reglamentos no son ley, regulan procesos dentro del marco jurídico. No me he cansado de decirlo una y otra vez. Los reglamentos establecen que los procesos puedan ir cambiando, pero respetando siempre el marco jurídico legal. También en los mismos artículos, en relación a cuando manifiestan abuelos y demás familiares, hay un error conceptual o un vacío importante que hay que tomarlo en cuenta. La definición inicial incluye accidente y enfermedad grave de familiares hasta segundo grado de consanguinidad.

Pero después, al otorgar la licencia, solamente menciona cónyuge, conviviente, padre, madre e hijos. ¿Qué ocurre entonces con los abuelos, nietos o hermanos? Me pregunto. El artículo 22 del Código Civil establece cómo se computan los grados de consanguinidad y utiliza expresamente el ejemplo de que el nieto está en el segundo grado de consanguinidad con abuelo. Y esto además responde a nuestra realidad, señores. Seamos conscientes de que hoy en día muchos niños pasan a tener el cuidado con los abuelos, por parte de los abuelos. Y me parece bien que ya hayamos reglado, o al menos estemos manteniendo una posición, respecto a defender los derechos de los menores en su protección integral.

En los mismos artículos, debo estipular que la definición inicial no contempla los siniestros patrimoniales, pero posteriormente sí les reconoce licencia. Además, tampoco se determina si los tres u ocho días son laborables, son plazo, son término, son calendario, pongamos normativas claras, ni desde qué momento comienzan a contarse. La disposición transitoria dispone que en 90 días las instituciones adecuarán reglamentos manuales y normativas secundarias. Cada institución únicamente puede modificar aquello sobre lo cual tenga competencia. Sustituir esa expresión por las autoridades competentes en el ámbito de sus respectivas atribuciones adecuarán la norma secundaria correspondiente en concordancia con el artículo 226 de la Constitución.

Vamos a acompañar el objetivo de esta reforma, que creo que es importante adecuarla a un marco jurídico que sea vigente y procedente de acuerdo a las necesidades de los ecuatorianos. Los derechos no son favorables, los derechos se garantizan siempre. Mi palabra, Presidenta.

Presidente, colegas legisladores y ciudadanía que nos escuchan, comparezco ante este pleno para respaldar este proyecto de ley orgánica reformatoria para garantizar la igualdad en el acceso a la licencia por calamidad doméstica. 2. Legislar desde el sentido humano nos exige ponernos en el lugar de los servidores públicos en sus horas más difíciles. 3. El enfrentar el duelo por la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo o de la pareja no debería estar supeditado a la discrecionalidad ni a la benevolencia del personal técnico de la unidad de talento humano.

4. Hasta hoy, la figura abierta de otorgar hasta ocho días de licencia abría una brecha injusta. Mientras en una institución se otorgaban los ocho días íntegros, en otras se restringían hasta tres o cuatro días de licencia de manera totalmente arbitraria. Este proyecto de ley corrige esa distorsión al establecer de manera taxativa que serán ocho días de licencia obligatoria ante la pérdida de un miembro del núcleo familiar directo y tres días para parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Además, esta ley unifica la LOCEP y el Código Orgánico de la Función Judicial bajo un mismo estándar de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad material consagrados en los artículos 11 y 82 de nuestra Constitución.

Sin embargo, para robustecer este texto de cara al segundo debate, propongo sumar dos elementos desde la técnica legislativa y la legislación comparada. En primer lugar, propongo incluir el reconocimiento de dependientes y cuidados. En línea con la jurisprudencia constitucional, es necesario tutelar expresamente bajo a las personas que se encuentran bajo la tutela, curaduría o con discapacidad a cargo directo del servidor público. Además, propongo incluir la perspectiva comparada geográfica, ya que modelos laborales internacionales incorporan días por distancia o traslado cuando el suceso ha ocurrido fuera del domicilio habitual, así como mecanismos de teletrabajo emergente para el acompañamiento a las familias en crisis.

Estimados colegas legisladores, garantizar el duelo y el cuidado oportuno es un derecho humano y laboral irrenunciable, que no genera costo fiscal y que dignifica al servicio público. Más aún en el tiempo en el que vivimos una pandemia de la salud y de las enfermedades mentales. Y es fundamental permitir a nuestros funcionarios el vivir el duelo y la pérdida con el cuidado emocional y psicológico que lo amerita. Gracias.

debo, Presidenta, indicar un par de reflexiones lo más rápidas posible en funciones del tiempo y en función también de que hay varios legisladores que ya han prácticamente tocado los puntos a los cuales me iba a referir. Quiero decir categóricamente que hay voluntad en las dos partes del hemiciclo de un poco reafirmar que la norma tiene sus cosas importantes y que una de las cosas importantes específicamente es que ya norma de manera específica los tiempos para que se procese una calidad doméstica. Antes era discrecional este asunto.

Un director de talento humano o directora de talento humano eventualmente en función de su genio, su momento decidía si entregaba dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete días para una situación de este tipo, extremadamente dolorosa. Dicho sea de paso, el país está atravesando por varios temas incómodos, duros, sensibles. Nosotros como bancada hoy hemos expresado poniéndonos de pie inmediatamente cuando la Presidenta de esta Asamblea tocó el tema de un funcionario de ustedes que lamentablemente ha fallecido, él y su esposa, un acto doloroso debo decirlo. Nosotros hemos tomado una posición de respeto a ese fallecimiento y es una posición de nuestra bancada y es una posición obviamente personal también.

Nosotros consideramos que la muerte de cualquier ser humano es importante. Léase cualquier ser humano es importante. Por eso quiero referirme ahora en esta norma que está en mi comisión que más allá de estos parámetros que he graficado, que norma ya específicamente los tiempos lamentablemente esta norma está dejando por fuera varios criterios. Me voy a explicar. Esta norma básicamente unifica la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero deja de lado, estimados colegas, se me escuche bien por favor, deja de lado aquellos que están amparados por el Código de Trabajo.

Yo pregunto, ¿acaso la muerte de un familiar, de una madre, de un padre, de un hijo, de una persona que esté amparado dentro del Código de Trabajo no surte el mismo efecto en esa familia, en ese núcleo familiar que cualquier otro ciudadano que esté amparado, trabajador me refiero, por la LOSET o por el Código Orgánico de la Función Judicial? La respuesta es, sí surte el mismo efecto. La pregunta es por qué se deja por fuera de esta norma a este grupo humano amplio, por cierto, y dicho sea de paso también, principalmente obreros, obreros del sector público, que están amparados por el Código Orgánico, Código de Trabajo, perdón.

Esto significa, señoras y señores, que poniendo nuevamente de plano cuáles son nuestros principios, que ponemos al hombre por encima del capital, que no es un detalle, y estamos refiriéndonos a todos los hombres, no hay por qué discriminar peor en un acto como este, estimados colegas. No se puede dejar por fuera a las personas que están amparadas por el Código Orgánico, perdón, por el Código de Trabajo, frente a los que están amparados por la LOSET o por el Código Orgánico de la Función Judicial. Hay otro gran grupo, que si bien es cierto, tiene una norma especial, me refiero a los que están amparados por el COESCOP, Fuerzas Armadas, Policía, vigilantes de tránsito.

Esta gente que está permanentemente en las vías, controlando el tránsito, que pasan horas sobre horas de pie, y que por supuesto también tienen familias, también se los está dejando de lado. Me dirán, claro, ellos tienen un régimen especial. Sí, pero de forma supletoria también opera la LOSET con ellos, pero no se está dejando con claridad meridiana que estas personas también deben tener en esta norma la posibilidad de acogerse a este nuevo régimen, es decir, que con claridad meridiana se diga que estas personas pueden tener ocho días en su luto.

El luto, estimados ecuatorianos, no debe ser discriminatorio. No puede ser discriminatorio el luto. El luto tiene que ser universal. A nosotros nos duele la muerte de un funcionario público de altísimo nivel, así como nos duele la muerte de un padre de familia cuyo hijo sea un funcionario de bajísimo rango, un obrero, por ejemplo. Primero, no podemos, estimados colegas, ser discriminatorios en una ley. Lo hemos dicho, lo reiteramos en la comisión, lo reitero en este pleno, esta norma tiene algunos aspectos positivos, estamos recién en el primer debate, pero esperamos que se vaya construyendo con el aporte de todos una norma.

Primero, que no sea excluyente. Segundo, que contemple todas estas variables de las cuales me he referido y que también se han referido algunos colegas. Y por ende también que sea una ley que sea completamente aplicable. Hasta ahí mi palabra, señora Presidenta. Muchas gracias.

Presidenta, colegas legisladores, muy buenos días. Quiero aprovechar este espacio para expresar mis condolencias por el lamentable fallecimiento de Miquel Esense y su señora esposa en un lamentable accidente que ha conmovido el país. Dicho esto, quiero dialogar que en este Parlamento hemos tenido la oportunidad de tocar bastantes leyes, diversas leyes que son a favor de la ciudadanía. Sin embargo, esta ley es muy importante y representa a miles de trabajadores y servidores públicos de todo el país. Quiero hablarles del momento en que una persona recibe una llamada y resulta que un familiar ha tenido un accidente.

O del momento en que un servidor público tiene que correr a un hospital porque su hijo está enfermo. O de que lamentablemente uno pierde sus bienes o sus propiedades por un siniestro. Para ello se necesita un espacio para poder vivir el luto o poder solucionar las diversas problemáticas que se adhieren a aquello. Y para ello existe el derecho a la licencia por la calamidad doméstica. Un derecho que si bien existe, tiene que ser aplicado con igualdad, claridad y seguridad jurídica. En la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social hemos sido muy claros.

Por otro lado, la finalidad de esta reforma es unificar el régimen aplicable a las licencias por calamidad doméstica, establecer lineamientos claros y evitar que su aplicación dependa de criterios discrecionales. No puede ser posible, colegas legisladores, que en diferentes instituciones se aplique la ley acorde a la opinión de quien dirige el talento humano. En una institución cuatro días, en otra tres días, en otra los ocho días, acorde a su interés. Porque no puede ser que frente a esa misma tragedia existan diferentes opiniones. Durante la socialización de este proyecto, hemos tenido diversas opiniones y se evidencia que esta problemática precisamente se da porque la norma deja un margen de interpretación.

Y es lo que buscamos solucionar mediante este proyecto de ley. Es por ello que se plantea la reforma de dos artículos. El artículo 27, literal I de la LOCEP, el cual identifica los parentescos horizontales y verticales para poder establecer las licencias, tanto por ocho días o por tres días a consideración. Ya no dice hasta por ocho días, sino en los ocho días que deberían ser. De igual manera, se modifican y se reforman el artículo 97, numeral 2, de el Código Orgánico de la Función Judicial para aplicar lo mismo a los servidores judiciales.

Queremos que los servidores judiciales tengan una regulación coherente, clara y armonizada respecto a la calamidad doméstica. Pongámonos un ejemplo. Imaginemos un trabajador que lastimosamente le llaman y tiene un familiar que ha fallecido. Tiene que solventar ese luto, tiene que solventar el funeral y otras problemáticas. ¿De verdad vamos a decirle que su derecho depende de la interpretación del jefe de talento humano? ¿De verdad vamos a convertir el dolor de una familia en una discusión administrativa? No. Este trabajador no debería tener por qué preocuparse si la autoridad considera que necesita dos, cinco u ocho días.

Colegas legisladores, este proyecto ha sido analizado por diferentes expertos en la Comisión de Derecho al Trabajo. Hemos recibido expertos en derecho administrativo, derecho laboral e incluso delegados del Ministerio de Trabajo. Y la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo concluyó que la propuesta responde a los principios fundamentales y constitucionales de igualdad materia, igualdad formal y progresividad, fortaleciendo además la seguridad jurídica y la aplicación uniforme de la norma. Colegas legisladores, hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje fuerte y claro como Asamblea Nacional. Un mensaje que diga que esta Asamblea entiende que los trabajadores son seres humanos, padres, madres, hijos, hermanos.

Son personas como cualquiera de nosotros, que algún día podemos recibir una llamada que cambie nuestras vidas. Por eso, colegas legisladores, los invito a respaldar este proyecto de ley, a dar las observaciones correspondientes para que el mismo se fortalezca. Y de esta manera, garantizar el derecho laboral. Porque cuando suceda una calamidad doméstica, las familias tengan una sola respuesta. Usted tiene un derecho y el Estado se lo va a garantizar. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

Hay diversas opiniones.

Con toda la ciudadanía ecuatoriana, quiero iniciar esta intervención exteriorizando mis sentidas condolencias a la familia completa, a los amigos, al equipo de trabajo que acompañó, a quien lamentablemente sufrió un accidente en representación justamente de una responsabilidad que se le ha otorgado al frente de una institución muy importante como es el Centro de Inteligencia a nivel nacional. Dicho esto, deseo también resaltar el trabajo que se ha realizado en la construcción de esta importante reformatoria a varias leyes que busca garantizar el acceso a la igualdad en licencia por calamidad doméstica.

En alguna ocasión, muchos de nosotros o varios ciudadanos, varios servidores públicos, habremos recibido una noticia que muchas de las veces llega sin previo aviso. Un accidente, un robo, un fallecimiento de algún familiar o alguna situación fuerte que golpea, más allá de la situación material, sentimientos del servidor público que en ese sentido, pues en ese momento se encuentra en funciones. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Al momento, en muchas instituciones públicas, se ha dejado bajo discreción de quien está al frente del Departamento de Talento Humano, el otorgar los días por las situaciones que sucedió o suceda con los familiares de aquel servidor público.

Por ello, la importancia de trabajar en esta reformatoria para garantizar y otorgar el tratamiento igualitario, independientemente de la institución pública en la que se encuentre el servidor, pues dependiendo justamente de la calamidad doméstica que haya sufrido, pues que no sea discriminatorio o a su vez también que no se observe la desigualdad en el tratamiento al otorgar dicha licencia por calamidad. En la comisión, si bien es cierto, hemos analizado, hemos escuchado a expertos en la materia, pero a su vez también sí hemos expuesto que es muy necesario también abrir el análisis a otros sectores.

Hemos apoyado la aprobación de este primer informe, justamente para que en este Pleno de la Asamblea Nacional se alimenten con observaciones, recomendaciones, pero también hemos analizado la gran importancia que tiene otorgar justicia y sobre todo brindar tranquilidad a quienes en algún momento sufran esas situaciones fuertes de calamidad. También decir que días atrás, específicamente el día sábado 15 de agosto, en mi querida ciudad de Riobamba, en nuestra provincia de Chimborazo, sí, sufrió una tragedia lamentable, un incendio que desafortunadamente hizo que se pierdan más allá de cosas materiales, también se pierdan patrimonios, también se pierdan identidad de una ciudad que ha logrado levantarse por varias situaciones, por diversas circunstancias.

Sin embargo, nos preguntamos, los familiares, los propietarios, los trabajadores de aquellos negocios, de aquellos emprendimientos, obviamente también se sentirán con esa incertidumbre, ¿no? Y ahora cómo recuperamos y qué hacemos los legisladores para poder también unir esfuerzos para garantizar que sus derechos, si en el caso de los trabajadores, en el caso de los propietarios, hayan sido funcionarios públicos, obviamente garantizarles el tiempo suficiente para que puedan recuperar, no únicamente el tema material, sino superar la situación anímica, psicológica que han atravesado en estos casos. Por ello, nuevamente resaltar la importancia de este proyecto, de esta reformatoria de proyectos de ley, justamente para mencionar y resaltar que aquí estamos, legisladores, para proteger los derechos laborales.

Nuevamente decimos que sea un tratamiento igualitario y sobre todo que vaya enmarcado en el marco de lo que establece la Constitución de la República y los distintos instrumentos internacionales. Mi palabra, señora Presidenta.

Por supuesto, mi saludo afectuoso y cariñoso a quienes nos miran y nos escuchan por los medios legislativos. Quiero unirme al sentimiento de solidaridad y condolencia hacia los familiares, amigos y sobre todo hijos del exdirector del Centro de Inteligencia Estratégica, Miquel Licensi, y de su esposa, Stephanie Hollihan. Señora Presidenta, ya yendo al punto del debate, quiero agradecer que se ponga en el día de hoy de este pleno, de este punto tan importante, y mi calidad de proponente del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para garantizar la igualdad en el acceso a la licencia por calamidad doméstica, debo señalar que hoy debatimos una reforma que puede parecer puntual, que puede parecer sencilla, pero aborda un problema profundamente humano, y sobre todo un problema de equidad y justicia laboral.

Hablamos de qué ocurre cuando un servidor o servidora pública enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida, la muerte de un padre, de una madre, de un hijo, de su cónyuge o conviviente, una enfermedad grave o un accidente, o un siniestro que afecta seriamente su hogar y sus bienes. Para entender esta problemática hay que entender qué hay detrás de cada servidor público, y existe una persona, una familia y una realidad humana que merece protección. Por eso esta reforma tiene un propósito claro, que un mismo hecho genere un mismo derecho, independientemente de la institución pública en la que trabaje o sea funcionario público.

Actualmente la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico de la Función Judicial contemplan sí licencias por calamidad doméstica. Sin embargo, la realidad demuestra que su aplicación no ha sido uniforme. Ante circunstancias análogas o similares, una institución puede conceder una determinada cantidad de días de licencia, mientras que otra pueda adoptar un criterio totalmente diferente. Y cuando el ejercicio de un derecho depende del criterio de un particular, de cada unidad de talento humano, dejamos de hablar de seguridad jurídica y comenzamos a hablar de discrecionalidad. Y quiero ser muy clara en esto, colegas legisladores, los derechos laborales no dependen de quién interpreta la norma, ni de la institución en la que trabaja un servidor público.

La Constitución de la República nos obliga a garantizar la igualdad y la no discriminación. También nos obliga a respetar el principio de progresividad de los derechos, ambos preceptos contenidos en el artículo 11 de nuestra norma fundamental. La igualdad no significa únicamente que todos seamos iguales ante la ley. Significa que frente a circunstancias equivalentes, las personas deban recibir un tratamiento equivalente, salvo que exista una razón objetiva y razonable para establecer una diferencia. Por eso, esta reforma busca establecer reglas claras. Ocho días de licencia ante el fallecimiento del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocido del padre, de la madre, de los hijos.

Tres días para el fallecimiento de los demás parientes comprendidos dentro de los grados de consanguinidad y afinidad establecidos por la ley. Y hasta ocho días debidamente justificados cuando se trate de un accidente o enfermedad grave del cónyuge, conviviente, padre, madre o hijos, así como frente a siniestros que afecten gravemente a los bienes del servidor o servidora pública. No estamos creando un privilegio, no estamos creando una nueva licencia. Estos conceptos ya existen en la norma actual, pero están sujetos a la discrecionalidad. En esta reforma estamos proponiendo algo mucho más sencillo, pero también mucho más importante.

Estamos colocando reglas claras y certezas donde existen interpretaciones e incertidumbre. Un servidor público debe saber con claridad y antelación cuáles son los derechos cuando atraviesa una calamidad familiar. No debería tener que preguntar si su institución interpreta la norma de una manera más favorable o restrictiva que otra institución. La dignidad de una persona no debe cambiar por trabajar en una u otra institución pública, en la función judicial o en cualquier otra institución sometida a estas disposiciones. Tampoco cambia el dolor de una familia porque su ser querido sea servidor público.

Señora Presidenta, colegas, asambleístas, esta reforma además tiene una dimensión profundamente social. Cuando fallece un padre o una madre, cuando un hijo enfrenta una enfermedad grave o cuando ocurre un accidente, no estamos frente a un simple trámite administrativo. Estamos frente a situaciones que requieren tiempo para acompañar, para cuidar, para atender, para organizar y muchas veces simplemente para asimilar lo ocurrido. La doctrina laboral señala que los derechos laborales no son simples concesiones administrativas. Responden a una finalidad social. Y esa finalidad social también es protectora. Por esta razón, la reforma que hoy discutimos debe ser entendida como una precisión necesaria de un derecho que ya existe.

Y precisamente por eso considero importante que durante este primer debate revisemos también cualquier aspecto técnico que pueda ser perfeccionado y mejorado. Invito a las y los legisladores de todas las fuerzas políticas a seguir proponiendo observaciones como ya las he escuchado durante este debate, que permitan enriquecer este proyecto, porque nuestra responsabilidad como legisladores no termina en reconocer que existe un problema. Nuestra responsabilidad real es construir una norma que sea clara, aplicable y coherente. Debemos garantizar que la normativa secundaria establezca mecanismos objetivos para acreditar una enfermedad grave, un accidente o un siniestro, evitando que la justificación se convierta nuevamente en un espacio de discrecionalidad.

Debemos procurar también que las instituciones públicas apliquen estas disposiciones de manera homogénea y que la transición hacia la nueva regulación sea ordenada. Existe un principio que no podemos perder de vista. Una calamidad familiar no puede convertirse en una calamidad laboral. Cuando una persona enfrenta una situación familiar grave, el Estado debe acompañarle con reglas claras, mas no someterle a más incertidumbre. El mensaje de este proyecto de ley es muy concreto. Igualdad, seguridad jurídica y dignidad para quienes sirven al Estado. No podemos pedir servidores públicos comprometidos, como lo hemos exigido, comprometidos con la ciudadanía, pero al mismo tiempo construir un sistema que ignore las circunstancias humanas que inevitablemente forman parte de nuestras vidas.

Señora Presidenta, el primer debate es precisamente un espacio para escuchar, para corregir y mejorar. Estoy convencida de que esta propuesta puede ser perfeccionada en su trámite legislativo. Pero, sobre todo, estoy convencida de que el problema que busca resolver es real y merece una respuesta legislativa. Los derechos no pueden depender de interpretaciones. La igualdad no puede depender de una institución. Y la dignidad no puede depender de solo un trámite administrativo. Esta Asamblea tiene una oportunidad de avanzar hacia una regulación más clara, más justa, más humana. Por estas razones, invito nuevamente a participar de forma activa en este debate y, sobre todo, a contribuir con observaciones para que esta reforma llegue a segundo debate, como una norma técnicamente sólida y, fundamentalmente, como una verdadera garantía de igualdad para las servidoras y servidores públicos de nuestro país.

Gracias, Presidenta. Devuelvo la palabra.

asimilar lo ocurrido.

Conocer el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley que establece rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar, Borona, Santiago y Tunguragua por venta de energía eléctrica, decreto 047, para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos.

el informe íntegro remitido por la comisión será parte del acta de la presente sesión

Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura del memorando ANCRT-2026-0244-M. Asunto, informe para primer debate del proyecto de reformatoria a la ley que establece rentas a favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua por venta de energía eléctrica, decreto ley 047, para garantizar la transparencia. De mi consideración, por disposición de la asambleísta Natalie Estefanía Farinango Delgado, presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, de conformidad al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tengo a bien remitir el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley que establece rentas a favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua por venta de energía eléctrica, decreto ley 047, para garantizar la transparencia y eficiencia.

En la gestión de los recursos, aprobado en la sesión 120 de 17 de agosto de 2026 en esta mesa legislativa, a fin de que se continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. La ponente del proyecto es la asambleísta Natalie Estefanía Farinango Delgado, presidenta de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. La votación realizada es la siguiente, afirmativo 6, en contra 4, abstención 0, asambleístas ausentes ninguno. Atentamente, Diana Arboleda, secretario relator. De acuerdo a su disposición, señora presidenta, procedo a dar lectura a la parte resolutiva del informe.

Séptimo, conclusión y recomendación. Del análisis técnico y jurídico desarrollado en el presente informe, se concluye que el proyecto de ley reformatoria a la ley que establece rentas a favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua, por venta de energía eléctrica, decreto ley 047, para garantizar transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos, constituye una iniciativa legislativa pertinente, orientada a actualizar el decreto ley 047, con el propósito de mejorar la claridad normativa, fortalecer la seguridad jurídica y adecuar esta legislación al marco jurídico vigente.

El proyecto busca promover el desarrollo sostenible de las provincias beneficiarias, incorpora estándares reforzados de transparencia y gestión orientada a resultados, con mecanismos efectivos de control ciudadano, garantizando que los beneficios de esta ley se reflejen de manera concreta, verificable y sostenible en los territorios y en la calidad de vida de sus habitantes. En conclusión, el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley que establece rentas a favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua, por venta de energía eléctrica, decreto ley 047, para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos, ha cumplido el trámite legal correspondiente conforme lo dispone la ley orgánica de la función legislativa, en virtud de los fundamentos jurídicos, técnicos y legislativos expuestos en el presente informe, así como de los aportes recibidos durante las sesiones de socialización, comparecencias institucionales y observaciones formuladas por profesionales del derecho, académicos, representantes institucionales y ciudadanos interesados en el tratamiento de la presente iniciativa legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, recomienda poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el presente informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley que establece rentas a favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua por venta de energía eléctrica, decreto ley 047, para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos.

En consecuencia, se sugiere que el Pleno de la Asamblea Nacional continúe con el tratamiento legislativo correspondiente a fin de que las y los asambleístas analicen el contenido del proyecto de ley. Hasta aquí la lectura de los solicitados, señora Presidenta.

Por nuevamente concederme el uso de la palabra, ahora para traer al Pleno un proyecto de ley que hemos debatido en la comisión que soy parte, la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Y como presidenta de esta comisión y ponente de este proyecto, quiero iniciar mi intervención con una idea que recoge el espíritu de este proyecto de ley. Y es que los recursos públicos deben convertirse en obras, servicios, oportunidades y bienestar para la ciudadanía. Esta reforma nace precisamente de esa necesidad. Hablamos de recursos que provienen de la generación y venta de energía de centrales hidroeléctricas, recursos que tienen un propósito territorial y que deben traducirse en desarrollo para nuestras provincias.

Quiero ser muy clara, colegas legisladores, al señalar que esta reforma no pretende quitar recursos a ningún gobierno autónomo descentralizado, no modifica porcentajes de distribución establecidos ya en la ley actual y no genera tampoco cargas presupuestarias. Lo que estamos proponiendo con este informe para primer debate es que cada dólar llegue a los territorios a través de los gobiernos autónomos descentralizados y tengan un destino claro. Puedan ser rastreados y puedan ser evaluados por la ciudadanía. Los habitantes de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua, quienes reciben justamente estas rentas a través de sus gobiernos locales, no solamente tienen el derecho a saber cuánto reciben, cuándo reciben, sino también tienen el derecho a saber en qué se está invirtiendo ese dinero, cuánto se ha ejecutado del mismo y qué beneficio tendrá esa inversión.

Ese es el verdadero sentido de la reforma, señoras y señores asambristas. El artículo 3 de nuestra Constitución establece un deber primordial del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos y promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio nacional. Por eso, esta reforma no puede ser entendida únicamente como una modificación administrativa. Es una reforma para que los recursos públicos cumplan su finalidad social y territorial. El proyecto presentado por el colega asambleísta de la provincia de Azuay, Anthony Becerra, establece expresamente que los recursos asignados deberán utilizarse de manera exclusiva y obligatoria para los fines de inversión establecidos ya en la propia ley.

Con eso, evitaremos que esos fondos públicos que tienen una finalidad ambiental y social cumplan otros fines distintos. El informe para primer debate aumenta el catálogo de inversión ambiental y determina de forma clara que los recursos deben ser destinados a infraestructura vial, gestión, saneamiento ambiental, forestación, reforestación, restauración ecológica, remediación ambiental y protección de los recursos hídricos. Eso es fundamental porque estamos hablando de territorios vinculados directamente con una actividad estratégica, como la generación hidroeléctrica. Si de esos territorios provienen recursos que son distribuidos para compensar y promover su desarrollo, esos recursos deben regresar a esos territorios convertidos en desarrollo social y en sostenibilidad ambiental.

Como lo he señalado, esta reforma tiene una visión ambiental, porque no podemos hablar de generación hidroeléctrica sin hablar de protección de los recursos hídricos. No podemos hablar de desarrollo territorial sin hablar de protección de las fuentes hídricas. Y no podemos hablar de futuro sin hablar de biodiversidad y conservación ambiental. Es por esta razón, colegas legisladores, que esta reforma mantiene y fortalece la obligación de destinar recursos a programas de restauración ecológica y remediación ambiental. Porque un territorio desarrollado es aquel que tiene vías, servicios y oportunidades, sí, pero también agua, ecosistemas protegidos y condiciones adecuadas para las futuras generaciones.

Y quiero referirme a otro de los componentes fundamentales de esta reforma, que es la transparencia. Y quiero detenerme aquí, porque la transparencia no puede ser solamente retórica. Es la herramienta que permite a un ciudadano común conocer el destino de los recursos públicos. Por eso hemos incorporado la creación de una cuenta específica y diferenciada para estos recursos, con la finalidad de que se pueda identificar en todo momento cuánto dinero se recibió, cómo se comprometió y cómo se ejecutó en cada uno de los gobiernos locales que reciben estas rentas.

Adicionalmente, se establece un informe anual de proyectos que deberá contener información concreta sobre el nombre del proyecto, ubicación, población beneficiaria, presupuesto, fuente de financiamiento, cronograma, indicadores y resultados esperados. Pero no es suficiente que se anuncien los proyectos. La reforma establece también un informe semestral de ejecución, para que la ciudadanía pueda conocer cuánto es ejecutado, cuál es el avance físico y financiero de cada proyecto, qué modificaciones se han producido y algo muy importante, deberá identificarse el procedimiento de contratación, el contratista adjudicado, el monto contratado, el estado de ejecución y el enlace correspondiente en el portal del Servicio Nacional de Compras Públicas.

Los recursos públicos tienen que ser transparentes y los ciudadanos deben conocer la trazabilidad del dinero público desde que llega cada gobierno autónomo descentralizado, hasta que se convierte en obras, en un programa o en un resultado concreto. Finalmente, esta reforma fortalece el papel de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados. Los proyectos financiados con estos recursos deberán ser previamente conocidos y aprobados por sus respectivos órganos legislativos que tiene cada gobierno autónomo descentralizado. Y estos ejercerán seguimiento semestral sobre su ejecución. Esto significa que la transparencia no empieza cuando una obra ya está terminada, inicia con la planificación, continúa con la contratación, se fortalece durante la ejecución y termina con la evaluación de resultados.

Este debe ser el ciclo de una gestión pública responsable. Señoras y señores legisladores, durante el proceso legislativo en la Comisión, hemos escuchado una preocupación legítima respecto a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Al respecto, quiero ser enfática, quiero ser clara, que en esta reforma se respeta la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. No podemos seguir con esa idea errada, incorrecta, de pensar que todas las reformas que buscan establecer reglas claras respecto al destino, la transparencia y la rendición de cuentas, atentan contra la autonomía de los gobiernos locales.

Porque autonomía no significa ausencia de control. Autonomía significa capacidad de decidir dentro del marco constitucional y legal correspondiente, respondiendo siempre ante la ciudadanía, que todos los funcionarios públicos debemos responder. Por eso, debemos permitir que los recursos públicos respondan de mejor manera a las necesidades territoriales, sin perder de vista los objetivos de desarrollo y protección ambiental. Sin perder de vista también las necesidades de desarrollo de cada una de las comunidades con sus especificaciones. La descentralización también significa confiar en los territorios, pero acompañar esa confianza con transparencia y responsabilidad.

Colegas legisladores, esta reforma tampoco significa crear nuevas cargas al presupuesto general del Estado. No crea preasignaciones, no incrementa el gasto público y no cambia los porcentajes de distribución que ya están protegidos constitucionalmente para cada una de las provincias beneficiarias. Lo que cambia es la manera en que exigimos que esos recursos sean planificados, ejecutados, transparentados y evaluados. Y es precisamente lo que significa y necesita nuestro país. Menos opacidad, más transparencia, menos improvisación y más planificación. Menos discrecionalidad y más resultados en beneficio de las y los ecuatorianos.

Yo siempre he manifestado que cuando crearon el régimen de autonomía y descentralización, se crearon precisamente para tener gobiernos cercanos a la gente, que puedan solventar las necesidades de la gente. Y en eso deberían enfocarse los gobiernos autónomos descentralizados, más aún cuando reciben recursos extras. Y quiero decirles que estos recursos están recibiendo los gobiernos autónomos descentralizados, porque hubo también informes de Contraloría General del Estado que auditaron que realmente estén llegando a los territorios estos recursos por este decreto ley 047. Lo que esperamos ahora justamente de estos gobiernos autónomos descentralizados son mecanismos de transparencia, no con nosotros, sino con la gente a la que todos servimos.

Gracias, señora Presidenta.

compañeros asambleístas. Este proyecto merece ser analizado desde una realidad concreta. Para provincias como Azuay, los recursos generados por la actividad hidroeléctrica tienen una relación directa con los territorios que albergan las centrales, las cuencas hídricas y los ecosistemas que hacen posible esta generación. Por eso nosotros tenemos como prioridad preservar nuestro medio ambiente y nuestras fuentes de agua, que históricamente hemos defendido y no permitiremos nunca que haya extracción minera en las mismas. Por eso en este primer debate considero importante dejar claramente establecidos todos los avances incorporados durante el tratamiento en comisión, como algunos interrogantes que deben ser resueltos antes del segundo debate.

En el caso de la central hidroeléctrica de PAUTE, el texto mantiene la distribución global actualmente prevista, el 60% de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados municipales de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, y el 40% para los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de estas tres provincias. Para los municipios se establece que los recursos podrán destinarse a infraestructura vial, gestión y saneamiento ambiental, incorporando además una obligación específica. Al menos del 10% de lo recibido deberá invertirse en enforestación, reforestación, control y gestión ambiental, restauración ecológica, remediación ambiental y protección de los recursos hídricos y de la biodiversidad.

Y existe un elemento particularmente importante para nuestras parroquias rurales. El texto que llega hoy al pleno determina expresamente que, de este 40% destinado a los gobiernos parroquiales, el 70% deberá mantenerse para obras de infraestructura parroquial, rural y el 30% para programas de reforestación, forestación, gestión ambiental, restauración y remediación ambiental. Es decir, el articulado que hoy analizamos conserva de manera expresa esa distribución y además establece que estos recursos deberán utilizarse exclusivamente para los fines determinados por la ley. Para SUAI, esto tiene especial relevancia. La generación hidroeléctrica depende de nuestros ríos, de nuestras cuencas y de nuestros ecosistemas.

Por ello, cualquier reforma a estas rentas debe mirar simultáneamente las necesidades de infraestructura de las comunidades y la obligación de conservar las condiciones ambientales que sostienen la propia generación de energía. El proyecto incorpora también herramientas adicionales de transparencia. Se plantea que los recursos sean administradas mediante una cuenta específica y diferenciada, que cada gobierno autónomo descentralizado publique en un informe anual de proyectos y que exista un informe de ejecución semestral con información física y financiera y que los datos sobre planificación, contratación, ejecución y resultados permanezcan publicados en formas abiertas y accesibles para la ciudadanía.

Estos mecanismos pueden permitir algo fundamental, conocer con claridad cuánto dinero recibe cada territorio, en qué proyectos se utiliza, quién lo ejecuta, cuánto avanza y cuáles son sus resultados. Sin embargo, existe un punto del articulado que merece una revisión particularmente cuidadosa. El artículo 7 de esta propuesta hecha por el asambleísta António Becerra, a quien saludo, dispone que la priorización de cada proyecto, programa o obra financiada con estos recursos deberá ser previamente conocida y aprobada por el respectivo órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado. En el caso de un municipio, eso significa que la utilización de estos recursos quedaría sometida previamente a la aprobación del Consejo Cantonal.

Aquí debemos preguntarnos qué efectos jurídicos y prácticos puede producir esta disposición. Primero, porque el texto no establece un plazo para que el órgano legislativo adopte esta decisión ni determina qué ocurre cuando la aprobación no se produce. Una norma de esta naturaleza debe evitar que diferencias internas dentro de un gobierno autónomo descentralizado pueda terminar paralizando recursos que pertenecen al territorio y que tienen finalidades expresamente establecidas por la ley. Segundo, existe una cuestión de técnica legislativa que también debe despejarse. La ley orgánica de la función legislativa recuerda que las normas que regulan la organización, las competencias, las facultades y el funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados son materias propias de la ley orgánica.

Por eso corresponde determinar con precisión si la obligación introducida en este artículo 7 constituye únicamente un mecanismo especial de control y transparencia respecto de estos recursos o sí, al establecer una nueva intervención obligatoria del órgano legislativo del GAD en aprobación y seguimiento de los proyectos estamos entrando en el ámbito de sus competencias y funcionamiento institucional. Esta distinción debe quedar jurídicamente clara antes del segundo debate, por lo que haremos nosotros los aportes necesarios a la comisión respectiva. Finalmente, también debemos observar que la ley mantiene dos esquemas territoriales distintos.

Para los recursos provenientes de pautas se conserva la distribución entre municipios y gobiernos parroquiales de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, mientras que para Pucará y Agoyán y Turonguroala, el articulado contempla un 40% para que el gobierno provincial, un 40% para los municipios de la provincia excepto Ambato y un 20% específicamente para el municipio de Ambato. Yo creo que hay que tener mucha precaución en esta distribución que acabamos de explicar. Son diferentes diferencias que forman parte de una estructura histórica de esta ley y que este proyecto mantiene, pero que conviene dejar claramente identificados durante el debate.

Compañeras y compañeros asambleístas, estamos frente a unos recursos que tienen origen en nuestros territorios y que deben regresar a ellos convertidos en infraestructura, saneamiento, protección ambiental, conservación de las cuencas y mejoras condiciones de vida para nuestras comunidades. El primer debate tiene precisamente esta finalidad, identificar qué elementos fortalecen esta gestión y qué disposiciones todavía requieren precisión. De cara al segundo debate, será fundamental garantizar tres cosas. Que se preserve el destino territorial y ambiental de estos recursos. Que la transparencia permita a la ciudadanía seguir cada dólar desde su asignación hasta su ejecución y que los nuevos procedimientos no generen vacíos jurídicos ni mecanismos capaces de paralizar inversiones necesarias para nuestros cantones y parroquias.

Esas son las observaciones que considero necesario dejar planteadas para continuar el análisis de este proyecto. Mi palabra, señora Presidenta.

Gracias, sumándome también a ese sentido de pesar de la familia de Miquel Esensi y de su señor esposa, que lamentablemente fallecieron en ese trágico accidente en otro país. Pues nos sumamos como todos los legisladores a este luto nacional. Bueno, abordando el tema de la ley, del proyecto de ley que estamos tratando, sobre las rentas que van en beneficio de varias provincias del país, entre las que están Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tungurahua. Pues es importante hacer un poco de historia y decirles que justamente este decreto ley fue publicado el 22 de septiembre del año de 1989, con la finalidad de solventar varias necesidades de estas provincias.

Y el proyecto inicialmente, el espíritu fue que recursos providentes de la venta de la energía, pues vayan en beneficio de estas provincias que tanto lo necesitaban en aquella época. De igual manera, el Estado ecuatoriano demandó contingentes recursos, conociendo que en aquella época el extinto INESEL tenía graves problemas, sobre todo en el manejo de los recursos. Sin embargo, en aquella época se tomó la consideración para que estos recursos puedan ser abonados en beneficio de las provincias de inmención. Ya lo ha dicho la señorita Presidenta de la Comisión, este proyecto de ley de ninguna manera irrespeta a la Constitución, más bien por el contrario, es un proyecto que no incrementa el gasto público, un proyecto que no crean ni modifican impuestos, tampoco modifican la división política territorial del país, y no crean nuevas preasignaciones presupuestarias.

Eso es importante recalcar, por eso es que la Comisión ha tratado este proyecto con la delicadeza que el caso amerita. También es importante señalar y recalcar que los porcentajes, tal como fueron planteados en el Decreto Ley 47 del año 1989, permanecen intactos y se mantiene el 5% de las rentas generadas para la venta de energía que realizaban o realizaban las centrales hidroeléctricas de Paute, Pizayambo y Agoyán. Eso es importante también que los colegas conozcan. Ahora, el proyecto, el fondo de la reforma que ha sido presentado por el colega legislador de la provincia de Azuay, tiene algunos hechos fundamentales de trascendente importancia y básicamente va encaminado para que los recursos deben destinarse exclusivamente para los fines de inversión establecidos, tal como se hablaba en el Decreto Ley del año 89, y que tienen que ir encaminados a proyectos de inversión y sobre todo al tema del desguardo ambiental.

Y haciendo aquí un poco la conversa con mi colega vecino, pues estos proyectos realmente tienen que ser encaminados para las zonas donde se han desarrollado las centrales hidroeléctricas y sobre todo que la reforestación vaya encaminado para el cuidado del ambiente y también de los ríos que están siendo originarios para que las centrales puedan funcionar de buena manera. Un proyecto, perdón, un aspecto fundamental que rescatamos que es el de solicitar por parte de los GATS que son beneficiarios de estos recursos para que se establezca por parte del Ministerio de Economía la apertura de cuentas específicas donde se depositen los recursos y no entre a un fondo o a una caja común tal como se han estado utilizando actualmente.

Es importante que se establezca una cuenta exclusiva y porque a la final estos recursos pues hoy por hoy que son provenientes del presupuesto del Estado pues vaya en beneficio del objetivo y del espíritu que tiene la reforma a la ley. También es importante mencionar que con esto se da mucha viabilidad para el sentido de transparencia. Se está privilegiando que los recursos públicos destinados a las provincias sean utilizados de la manera apropiada tal como los ciudadanos requieren y necesitan. Es importante que se transparente por medio de los GATS que las cuentas sean transparentadas en las páginas respectivas de cada una de estas organizaciones hablando de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y las alcaldías para que los recursos puedan ser dados un seguimiento apropiado una trazabilidad y sobre todo el espíritu que vaya en beneficio del objetivo de la ley.

De igual manera pues el beneficio a la naturaleza es importante el cuidado ambiental la protección ambiental es fundamental sabiendo que hoy por hoy no se están tomando en cuenta este espíritu que se tiene para que la ley realmente pueda verse beneficiada en cuanto al cuidado ambiental por parte y tal como manda incluso en el tema del COTAD que en muchos de los casos no se está tomando en cuenta el cuidado como se requiere en el espíritu de la ley. Yo quiero indicarles decirles que el gobierno actual ha desembolsado alrededor de 27 millones de dólares proveniente de esta del decreto ley 47 recursos que han sido entregados durante el año 2023 2024 y 2025 algo que no ha sucedido en años anteriores nosotros hemos tenido acceso a un documento en donde en el año 2003 exactamente el 4 de septiembre aquel congreso realizó un exhorto a los gobiernos de turno para que sean entregadas estas rentas estas rentas perdón que no han sido asignadas durante más de 10 años eso es importante recalcar este gobierno ha podido cumplir con esta necesidad y sobre todo con esta obligación que amerita ser considerada en la ley y también pues es importante mencionarles que en el año justamente 89 en la que el presidente de la república emitió una de las observaciones para que se cumplan y esto es importante también recalcar justamente en el artículo 5 menciona que la Contraloría General del Estado verificará anualmente el uso de las entidades que las entidades beneficiarias den a estos fondos y determinará que los saldos no comprometidos sean reintegrados a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional esto es importante señalar porque si es que los recursos no se están destinando no se están utilizando para el espíritu que manda la ley pues no vemos el sentido de realizarles un seguimiento exhaustivo mejor dicho hay que realizar ahí todo el esfuerzo necesario para que los recursos sean realmente eyectados tal como manda la ley colegas legisladores simplemente para concretar mi intervención a manera de conclusión pues la reforma posibilita la transparencia y el control social garantiza la rendición de cuentas de las autoridades hacia los ciudadanos defiende los derechos de la naturaleza y la conservación del ambiente no modifica los porcentajes establecidos y de cierta forma se asegura que los recursos que se entregan se comprometan y se ejecuten tal como termina la ley esta ley va en beneficio de los ciudadanos la reforma es una reforma muy objetiva muy puntual y creo que en este primer debate la comisión del régimen económico ha realizado un trabajo importante junto con el equipo técnico el equipo asesor y los asesores también de las distintas de los distintos despachos de quienes conformamos esta importante comisión dentro de la asamblea esa es mi intervención agradezco mucho el aporte que se les pueda dar a este proyecto y pueda ser plasmado en un segundo debate con las observaciones que todos ustedes realizan gracias señora presidenta

que se encuentra pendiente de los trámites que se dan aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo, en primer lugar, quisiera también más o menos poner un contexto de quienes no posiblemente siguieron de cerca el tratamiento de este proyecto de ley. Lógicamente, la reforma al decreto ley 047, el cual asigna una renta compensatoria derivada de la venta de energía de las centrales hidroeléctricas de Paute, Bucará y Agoyam, a las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua, solo en noviembre del año 2025, esta transferencia sumó más de 9.2 millones de dólares.

Y como bien ustedes escuchan, no es un monto simbólico, es dinero que hoy financia vialidad, programas ambientales, saneamiento, y en esas cuatro provincias, además, establece porcentajes específicos de inversión, al menos para la Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Ahora recordemos lo que se planteaba en un inicio, el proyecto presentado por el asambleísta Becerra, y era realmente dos temas puntuales. El primero, eliminar los porcentajes que la norma vigente establece para inversión de programas de forestación y reforestación. Y segundo, incorporar un informe anual de proyectos. Distintos expertos en la comisión, que también fueron ahí presentes a dar sus diferentes criterios, tanto en temas ambientales como en gestión de gobiernos autónomos descentralizados, insistieron que eliminar esos techos que planteaba este proyecto propuesto por el asambleísta Becerra era un error.

Y por supuesto, enhorabuena, esto se corrigió, y me alegro porque efectivamente es un error. Pero se olvidaron en el informe de actualizar la exposición de motivos, y digo esto porque la justificación de este proyecto ley todavía defiende, y cito textualmente, que reforma busca ampliar y flexibilizar el margen de decisión disponiendo que dichos organismos puedan destinar estos fondos sin la sujeción a porcentajes predeterminados. Compañeros, la exposición de motivos defiende una flexibilización que el propio texto de ley ya no la contiene, eso hay que lógicamente corregir en la comisión.

A pesar de esto, lógicamente los colegas del oficialismo dirán que es un proyecto importante, revolucionario en materia ambiental, porque actualiza el catálogo de actividades en las que los gobiernos autónomos descentralizados deben invertir estas rentas, pero eso es falso. Mantener porcentajes de inversión ambiental solo para ciertos GAD, mientras Tunguragua sigue sin ningún mínimo obligatorio, nos hace ver que este proyecto no responde ni un ápice de preocupación real de materia ambiental. Y ahí realmente sí creo que hay algunas consideraciones que menos mal las tomaron en cuenta cuando nuestra colega Verónica Íñeguez participó también en la comisión e hizo una exposición realmente brillante.

Al eliminar la flexibilización de los porcentajes, este proyecto de ley terminó girando únicamente en torno a un informe que en el camino se convirtió en dos, uno de informe anual de proyectos y otro de ejecución. ¿Qué busca y cuál es la justificación para incorporar ese informe? Supuestamente la transparencia. El oficialismo dice que no conoce en qué gastan las rentas los GAD y citan cifras alarmantes. Por ejemplo, que en Morona, Santiago, el 58% de los hogares no tiene acceso a la red pública de alcantarillado o que en Tunguragua el 88.9% de los residuos sólidos no cuenta con separación en la fuente.

Y que por eso es necesario implementar estos informes para conocer si efectivamente están invirtiendo en cubrir estas necesidades. Pero compañeros, aquí también hay que mencionar y no hay que ser ilusos. Este no es un tema de implementar o no informes para solventar estas necesidades. Es un tema de recursos que no llegan a los gobiernos autónomos descentralizados. Y acá los colegas asambleístas de la Comisión deben tener claro lo que expuso el Ministerio de Economía y Finanzas que apenas a finales de año es cuando recién llegan los recursos.

O también se nos está olvidando que aquí en esta Asamblea Nacional se aprobó una ley del 70-30 y se disminuyen los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Y ahora, con este proyecto de ley, se escandalizan porque no saben por qué hay hogares que no tienen acceso a la red pública de alcantarillado y a una vivienda digna. También parece que se les olvida constantes retrasos de transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados que debe realizar el Gobierno Nacional y que hasta marzo la deuda estaba a 200 millones de dólares solo para municipios.

Recordemos, compañeros, que estas rentas que reciben los gobiernos autónomos descentralizados de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua salen de la producción de energía. Y les pregunto, ¿qué pasó en este país cuando tuvo apagones que duraron aproximadamente tres meses? ¿Qué implicó para esas provincias? Y lógicamente la respuesta es es que justo existió menos recursos para esas provincias. Ahora bien, promovemos y aplaudimos los términos de transparencia. Eso, y lo hemos mencionado varias veces en la Comisión, no está en discusión. Lo que no vamos a aplaudir es la persecución disfrazada de transparencia y lo digo porque las leyes no se aprueban de forma aislada.

En esta misma asamblea se debate en paralelo que un alcalde o alcaldesa pueda ser removido de su cargo por planes no ejecutados, incluso planificados en administraciones anteriores. Entonces, en ese contexto, como ya hemos visto, alcaldes destituidos y encarcelados, pretendemos aprobar un mecanismo que se preste tal vez para que se lleve el mismo patrón. Bueno, yo aquí les digo porque si el proyecto tratara y lógicamente de inicio fortalecer la transparencia, ¿por qué no exigimos que estos recursos se visibilicen dentro de los instrumentos que los gobiernos autónomos descentralizados ya los tienen y están lógicamente obligados a presentar?

Como por ejemplo, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el plan operativo anual y el plan de contrataciones. No se supone aquí, compañeros, que nosotros estamos sobre la carga burocrática innecesaria sobre las instituciones, pues aquí tenemos un claro ejemplo de cómo nuevamente se pretende crear otros instrumentos en vez de fortalecer los que nosotros ya tenemos. Y aquí, importante para que todos tengamos en cuenta, de tan poca validez real es este informe de ejecución que se plantea en este proyecto en discusión, que el propio proyecto, en su artículo 10, señala expresamente que su elaboración y publicación no implicaría autorización previa, aprobación, supervisión o intervención sobre las competencias constitucionales y legales de los gobiernos autónomos descentralizados ni limitarán el ejercicio de su autonomía.

Entonces, compañeros, el mismo proyecto está diciendo que realmente puede o no puede haber el informe. Entonces, más bien, lo que nosotros sugerimos es que se fortalezcan las herramientas que ya existen y que están obligadas por ley. Y por último, colegas, yo aquí quiero dejar bien claro que nos preocupa, lógicamente, siempre estaremos a favor de la transparencia. Pero con qué cara también a veces nos vienen a decir algo de transparencia, el oficialismo, cuando hasta el día de hoy no hemos tenido respuestas claras sobre el manejo de nuestros propios recursos públicos.

Recordemos el caso Progen y ATM, que según la propia Contraloría General del Estado, dejaron un perjuicio firmado de 123.5 millones de dólares, sin que a la fecha existan responsables penales y peor, políticos, porque no quisieron sancionar a la exministra Manzano. Recordemos también que la Contraloría ratificó apenas en mayo de este año responsabilidades civiles por 11.6 millones de dólares en 13 hospitales públicos por medicamentos que se perdieron entre bodegas mientras pacientes oncológicos se quedaban sin tratamiento. Pero también queremos esa transparencia y que lo hemos dicho en la comisión, de que el Ministerio de Salud nos diga en dónde están aquellos 2.000 millones de dólares que no existen de octubre a noviembre del año 2025.

Queremos que sean transparentes con aquellos 24 millones de dólares que de noviembre a diciembre del año 2025 también desaparecieron de otros ministerios y 124 millones del Ministerio de Energía y Ambiente que también, oh sorpresa, de octubre a diciembre del 2025 no sabemos dónde están y ni siquiera en el momento en que dieron la cara los representantes de los ministerios pues pudieron respondernos. A esa transparencia es lo que nosotros también estamos de acuerdo y no únicamente exijamos a los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí el gobierno central es el que debe dar el ejemplo y lógicamente señores y colegas asambleístas estaremos siempre apoyando los mecanismos de transparencia.

Pero sin embargo, este proyecto lo que debe hacer en definitiva es fortalecer los mecanismos que ya existen y no generar otros que realmente en su mismo texto dice que no van a tener ninguna incidencia legal. Gracias, Presidenta.

Agradezco la participación de todos los colegas legisladores que aportan con criterios técnicos a mejorar una ley. Creo, sinceramente, que esa es la responsabilidad de los legisladores, aportar para que las leyes puedan mejorarse. Pero cuando no existen criterios técnicos, sino discursos políticos, creo que es importante mejorar y aclarar, sobre todo, ciertos puntos. Esta ley, decreto ley 047, se establece y se crea en el año de 1989. ¿Se entiende entonces por qué cuando se crea y se le da recursos extras a las cuatro provincias beneficiadas, no se vincula con un mecanismo de planificación o un documento de planificación y mecanismos de transparencia?

¿Por qué se crea en 1989? En Plades, por ejemplo, el organismo de planificación se crea mediante decreto ejecutivo en el año 2004. ¿Qué plantea este proyecto de ley reformatoria justamente presentado por el legislador Becerra? Tener estos mecanismos de mayor transparencia, de que se ancle los recursos extras que reciben estas provincias a mecanismos de planificación, que es lo que nos rige y uno de los principios que rige a toda la administración pública. Y en eso se ha trabajado estos meses dentro de la Comisión de Régimen Económico.

Y por ende, es importante también no confundir los recursos que les llegan a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, evidentemente, por obligación constitucional a los gobiernos autónomos descentralizados, les llegan recursos por el régimen de equidad territorial. Pero a estas cuatro provincias, Cañar, Azuay, Morona, Santiago y Tunguragua, les llegan otros recursos extras. Recursos extras que no tenemos la certeza, sobre todo la ciudadanía, de cómo se están invirtiendo. Y por ende, es necesario estos mecanismos de transparencia para que conozca la ciudadanía, para que no haya una cuenta global y que se confundan los recursos que llegan por otros temas, como el modelo de equidad territorial, como estos recursos que deberían destinarse a los objetivos por los cuales se creó la ley, que es justamente la infraestructura vial y el tema de reforestación y forestación ambiental, y con toda la ampliación del catálogo de derechos que estamos creando en esta reforma legal.

Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Y también hay que tener claro que a la Comisión de Régimen Económico compareció el Ministerio de Economía y Finanzas, y compareció también Contraloría General del Estado. Contraloría General del Estado hizo igual un examen a determinar si los recursos realmente estaban pasando del Ministerio de Finanzas a estas provincias para así poder pedir que haya transparencia, ¿no es cierto? Si no estuvieran pasándole a estas provincias los recursos que deben darles por el Decreto Ley 47, ¿cómo vamos a pedir transparencia? Y aquí han dicho, no les están llegando.

Contraloría General del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas ratificaron que están llegando estos recursos por Decreto Ley 047 a las provincias. ¿Qué estamos pidiendo nuevamente con este proyecto de ley? Que haya transparencia, que haya planificación, que se sepa en qué se están invirtiendo. Y no nosotros nuevamente, sino la ciudadanía de cada una de las provincias del país que son beneficiarios con estos recursos extras que salen también del presupuesto general del Estado. Gracias, señora Presidenta.

Un saludo especial para la señora presidenta, para todos los compañeros asambleístas. Gracias por esta oportunidad, después de que hace medio año me dio vuelta la intervención. Aquí vivimos personas que creen que el que habla más o el que habla en cada pleno son los mejores asambleístas, o los que presentan 10, 20 proyectos son los mejores asambleístas. No, todos podemos traer los proyectos de leyes, resoluciones, pero hay que ver qué efectividad está dando en nuestros territorios, eso hay que medirla. Quiero intervenir como representante por la provincia de Tungurahua, referente a esta reforma de ley 047.

Una provincia que aporta al país con agua, eso nos identificamos, es la única provincia en todo el Ecuador que tenemos fondo de manejo de páramo, planes de manejo de páramo, pero verdaderamente esta experiencia nace desde las comunidades indígenas, desde los pueblos indígenas, desde los pueblos indígenas, de las organizaciones indígenas. Recordarle que los territorios páramos, ecosistemas, para los pueblos indígenas se convirtió como base fundamental de la economía, la ganadería, porque luego de desplazamiento de los españoles a los compañeros indígenas, de la raza indígena podemos decir, fuimos ubicados en la parte más privilegiada que son los páramos.

Y en aquel tiempo los amigos españoles no se dieron cuenta que el agua no va a caer para abajo, sino el agua posiblemente va a salir de las ciudades para arriba. Así que en la provincia de Tungurahua hay una experiencia fenomenal sobre el manejo de ecosistema, en la cual he trabajado desde mis 18 años, tengo experiencia de cuidar el páramo y cuidar el ecosistema, cuidar el líquido vital o los nacientes de agua. Tungurahua tiene 500 mil 653 habitantes, actualmente, según el INE, también cuenta con 42 planes de manejo de páramo.

Además, las centrales hidroeléctricas Pucará, con 73 megavatios, a Goián con 56. ¿Esto qué quiere decir, queridos compañeros? La provincia de Tungurahua aporta al país. Sí, pero si somos generadores de energía eléctrica, tampoco fuimos salvos de vivir 14 horas de apagones. Nunca nos garantizaron. Eran primeros bajar el bricke en la provincia de Tungurahua, dejar todos los sectores rurales y urbanos con apagones. Así nos apremiaron. Nada significa tener a lo mejor una empresa que sale desde nuestro territorio que garantiza la seguridad de los que habitamos en nuestras comunidades.

Esta ley 047 tiene largo recorrido, 26 años. Sí, 1989 aprueba, pero empieza a ejecutar desde el primero de enero de 1990. Son 26 años que somos beneficiarios con esta ley, pero hay que hacer una mega evaluación. ¿Qué mejoramiento es la que tenemos hasta hoy? Estoy de acuerdo con el proyecto. Si es verdadero el espíritu de ver cómo está distribuyendo, cuánto está llegando y quiénes son los beneficiarios para verdaderamente encontrar estas verdades, está bien esta ley. Pero no para impedir, llevemos los proyectos para los senos de legislación, sea Junta Parroquial, municipio o la prefectura.

Esto no está bien. Porque llegarían los partidos políticos simplemente para defender. Hoy por hoy vemos que defienden más al gobierno que antes que la ciudadanía, que mueren de hambre sin medicamento. Eso no está bien. Los territorios que benefician solo en la ley, dicho en la ley, no la vemos, pues que ya se han terminado de analfabetismo, de la pobreza, de la desigualdad, la falta de medicamento. Eso no pasa nada. Por eso yo siempre digo, una ley no es una solución. Y a veces equivocadamente desde aquí decimos, aprobamos hoy día una ley, como que ya se da efecto en menos de dos minutos.

Así no es. Veintiséis años está en ley. Todavía no vemos productos reales. No vemos cambio contundente. No la vemos. Por lo tanto, queridos compañeros, queridas compañeras, asambleístas, es necesario pensar en el páramo, es necesario pensar en el agua. Y yo no comparto cuando dicen, mira, son 26 años, esta ley ya no es necesario para seguir investiendo en el tema de forestación, cuidado ambiental, planes de manejo de páramo. Eso es mentira. La responsabilidad del gobierno, la responsabilidad de los líderes de indígenas es contundente seguir capacitando a la generación vinidera.

Pero qué pasa si nosotros ya dejamos de seguir implementando los planes para proteger el páramo y el agua, nuestra generación no va a ser responsable. Por lo tanto, esta ley debe ser reforzada con las leyes, con los artículos que sea efectivamente productiva, efectivamente que apoye al cuidado de los páramos y cuidado también el fuente hídrica. Eso debe ser el espíritu, queridos compañeros. En la provincia de Tungurá hemos tenido varios problemas. ¿Y dónde estaban? Este más de nueve millones de dólares que habla para cuatro provincias. Cuando hubo en 2024 el accidente por la consecuencia de la naturaleza, la lluvia, deslizamiento, trajo 14 vidas que se perdió.

11 viviendas destruidas son problemas contundentes diarios que vivimos. La ley no ha solucionado en 26 años. Por lo tanto, queridos compañeros, yo estoy de acuerdo con este proyecto de la ley. Pero siempre y cuando vayamos a transparentar, que no quede simplemente en el documento que los gobiernos seccionales, teniendo ley, teniendo presupuesto en el Ministerio de Finanza y Economía, y no la ejecutan, y cuando solamente finalizar el año dice no se ha ejecutado tal presupuesto, regresa al ARCA. ¿Será que cuidan más a los gobernantes antes que efectivizar la solución de los problemas que tenemos en cada provincia?

Ahora, estimados colegas, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, como asambleísta por la provincia de Tungurahua, estamos proponiendo que coja las observaciones, pero también lo haré llegar mis observaciones para que mejoremos esta reforma, que sea en bien de las cuatro provincias, en bien por mi provincia, por mis nueve cantones, porque sí necesitamos que el dinero del Estado sea invertida, medible, que se solucione, que no solamente quede plasmado en el documento, que pase la historia mientras sigue avanzando la pobreza, la desigualdad. Muchas gracias, señora Presidenta, por otorgarme la palabra.

Anthony Becerro.

Gracias, señora Presidenta, colegas asambleístas, ecuatorianos que nos siguen a través de los canales legislativos. Muy buenas tardes. Hace unos meses presenté este proyecto de ley con un solo objetivo, que la gente conozca y sepa en qué se está gastando, en qué se está invirtiendo el dinero de la Ley 047 en las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tungurahua. Señora Presidenta, con su autorización, por favor solicito que se reproduzcan unas diapositivas que han sido remitidas a esta Secretaría.

Autorizado.

El 3 de febrero realicé un pedido de información al Ministerio de Economía y Finanzas para saber cuánto se ha desembolsado por concepto de la Ley 047. Y aquí podemos ver, aquí está la respuesta. Solo entre el año 2023 y el año 2025, el gobierno del presidente Daíl Novoa ha transferido 27.7 millones de dólares a estos gobiernos autónomos descentralizados de estas cuatro provincias beneficiarias. 27.7 millones de dólares. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí voy a poner el ejemplo claro de la provincia de la Suay. A cada GAT cantonal en el año 2023 recibieron 129 mil dólares.

En el año 2024 también más de 129 mil dólares. Y en el año 2025 también más de 129 mil dólares. Es decir, que en tan solo estos últimos tres años, cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados municipales ha recibido casi 400 mil dólares. Cada uno de ellos. Pero la gente se pregunta, ¿en dónde está la plata? Y yo también me pregunto lo mismo, porque yo vengo de uno de los cantones que históricamente hemos sido afectados. Y vemos que los recursos están llegando, pero no se ven reflejados en obra pública.

Gracias por la reproducción. Bueno, eso es lo que viene a resolver esta reforma. A que la gente pueda ver, entender y verificar en qué se está gastando lo suyo. ¿En qué se está invirtiendo su dinero? Primero, con una prohibición expresa. Este dinero se utilizará únicamente en infraestructura y en ambiente, porque para eso se creó esta ley. Para nada más. Solo para infraestructura y para ambiente. Segundo, tres obligaciones concretas. Un informe anual de proyectos al inicio de cada año. Para saber qué obra se está yendo a realizar, cuándo, con cuánto y con qué financiamiento.

Segundo, un informe semestral. Para saber cómo va avanzando la obra. El avance físico, el avance financiero, los contratos y las metas. Y yo creo que el más importante de estos puntos, de este proyecto de ley reformatorio, es el tema de la transparencia. Un espacio de transparencia en cada institución. Que esta transparencia tiene que ser permanente y de fácil acceso. Para que cualquier ciudadano, sin tener que hacer ningún trámite engorroso, pueda entrar al GAD municipal, pueda entrar a la página web y ver en qué se está gastando cada dólar.

Esa es la diferencia, colegas asambleístas, de la transparencia, que podemos tener en un papel. Pero una es la diferencia que hoy estamos integrando con una transparencia que realmente se pueda utilizar. Porque hay ciudadanos de la provincia de Azuay, Cañar, Monona, Santiago y Tunguragua, que ni siquiera saben que existen estos fondos para poder compensar a nuestros territorios. También con esta reforma exigimos una cuenta específica para esta asignación en específico. ¿Qué significa esto? Que esta plata no se tiene que mezclar con el resto de las asignaciones. Es decir, que entra por su propia puerta y sale por su propia puerta.

Para que así también podamos verificar si se está utilizando adecuadamente los recursos. Porque cuando la información no se ve, cuando no hay un control a tiempo, abrimos la ventana también para que las autoridades locales, no todas, pero sí algunas, utilicen ese dinero de la ley 047 como si saliera de su bolsillo. Y ese es el dinero de los mandantes. Colegas asambleístas, este informe salió de las comisiones generales, de mesas técnicas, en las últimas también se invitó a AME, con GOPE, con AGOPARE, salió de observaciones también, de asambleístas, de académicos en derecho ambiental, constitucional, municipal, también salió de la sociedad civil.

Y también el día de hoy quiero invitar a los 151 asambleístas para que podamos robustecer este proyecto de ley, porque aún estamos en primer debate. Aquí estamos, colegas asambleístas, para construir, no para destruir, y no estamos acá para oponernos por los poderes. Aquí estamos para dar soluciones reales a nuestros ecuatorianos. Ahora también quiero hablarle a la gente de las cuatro provincias beneficiarias. 27.7 millones de dólares son obra pública, alcantarillado, agua potable, saneamiento, quebradas recuperadas, es desarrollo. Y aquí también vemos un problema. Esta ley tiene 37 años, casi cuatro décadas que están recibiendo estos recursos.

Pero ahí es donde salen las preguntas. ¿Dónde están esas obras? ¿Cuáles son esas obras? ¿En dónde se invirtió el dinero de la ley 047? Y les invito a cada uno de ustedes a que podamos verificar y entrar a la página de un GAD parroquial, de un GAD cantonal, de una prefectura, y busquen en qué se ha invertido el dinero de la ley 047. No lo van a encontrar. Este proyecto obliga a que cada dólar tenga un responsable, tenga una fecha, tenga un nombre, pero sobre todo tenga un resultado que se pueda comprobar.

Y eso es lo que justamente buscamos con este proyecto de ley reformatoria, la ley 047. Que se invierta únicamente para lo que la ley manda, para infraestructura y para saneamiento, para nada más. Porque para eso nació esta ley, para eso se creó esta ley. Y ese es su espíritu compensatorio. Porque al final del día, ese no es el dinero de los alcaldes, de los prefectos, de los presidentes de la Junta Parroquial. Ese dinero es de nuestra gente, de nuestras provincias, y tiene que volver a ellas convertidas en obra.

Mi palabra, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias.

Mi provincia, Morona-Santiago, también ha sido beneficiada con esta ley 047, que efectivamente fue emitida mediante decreto ejecutivo en el año de 1989 y aprobada en 1990. Hubo una reforma importante en el año 2023, pero alguien decía, escuchaba aquí, ¿por qué Morona-Santiago, si no están estas empresas hidroeléctricas como Paute, Pucaray y Agoyán, no están en esa provincia? Seguramente no conocen la geografía ecuatoriana y no saben que Morona-Santiago es una de las provincias confluyentes del río Paute, donde está uno de estos proyectos hidroeléctricos. Y no solamente eso, en mi provincia tenemos varias empresas hidroeléctricas, como la Sopladora, como HidroNormandía, que tiene 50 megavatios, como HidroAbanico, que tiene 37.99 megavatios, como HidroQuest, que está por inaugurarse en estos días, que lamentablemente están en nuestro río Upano y nos han desarmado ese río, como la San Bartolo, que tiene 49.95 megavatios.

Y el gobierno tiene un proyecto como es la del río Santiago, que está justamente en la intersección del río Paute, que se une con el río Upano, con el río Santiago, el río Zamora, y forman este gran río Santiago, que es parte de uno de los afluentes más importantes del río Amazonas. Sin duda alguna, las áreas de confluencia, de influencia, se tienen que también tomar en cuenta. Morona Santiago fue afectada, recordemos, cuando hubo el desastre de la Josefina, cuando vinieron las aguas del río Paute, desarmando todas las cuencas del río Paute, que ya conforman en Santiago de Méndez y en otros cantones hermanos de Morona Santiago.

Yo estoy de acuerdo y quiero felicitar a la comisión, fundamentalmente al asambleísta proponente, como es del asambleísta Becerra, en preocuparse para que estas rentas por la venta, precisamente de la energía eléctrica de estas empresas, efectivamente se determinen para qué y por qué se utilizan. Estos recursos no pueden ir para que los alcaldes y los presidentes de la Junta Parroquial hagan dinero de bolsillo y compren carros de lujo o se acaben en viáticos. Estos recursos ahora, dice prácticamente esta reforma, que tienen que ser utilizados, efectivamente, el 60% por los GATs cantonales y el 40% de los GATs parroquiales.

Pero a los GATs cantonales se les obliga, esta vez, a transparentar y el 10% de esos recursos que utiliza, deban ser utilizados en reforestación de las cuencas hídricas, que lamentablemente vienen siendo taladas, vienen siendo perjudicadas por la minería ilegal, vienen siendo perjudicadas por taladores de árboles, por comerciantes de madera, y que nadie ha dicho nada. Y que las juntas parroquiales, que tengan derecho precisamente para obras que se inviertan en sus jurisdicciones, en mi provincia, en este caso existen 45 juntas parroquiales y 13 cantones hermanos que se beneficiarán de estos recursos.

Sin duda alguna, a mí me gustaría, compañero Becerra, le digo a usted y a la comisión, de que también se tome en cuenta, cuando existían estos apagones que eran, por cierto, problemas de la naturaleza, que también a las provincias de donde sale esta energía, estas hidroeléctricas, sí se le debe considerar para mantener la energía eléctrica, al menos para los emprendedores. Yo quiero agradecer en esta ocasión al presidente Novoa, porque él ha sido uno de los que se ha igualado históricamente de estos recursos que por la ley 047 históricamente venían siendo retrasadas.

Hoy están niveladas. Mi provincia ha recibido más de 9.800.000 dólares, gracias, obviamente, a estos recursos de la ley 047, que sin duda alguna, por justicia, debe recibir nuestra jurisdicción de Morona, Santiago. Finalizo, compañera presidenta, manifestando a los compañeros legisladores, de que centrémonos en el discurso y efectivamente aportemos para que esta ley 047 haya transparencia y sobre todo los alcaldes, que no todos son corruptos, los presidentes de las juntas parroquiales utilicen adecuadamente y estos recursos vayan precisamente para los fines que aquí se ha establecido, como es para el saneamiento ambiental, para obras de infraestructura, pero fundamentalmente para la reforestación de las áreas hídricas que confluencen prácticamente en estos ríos amazónicos que son parte de nuestra historia y de nuestra edad.

Muchísimas gracias, compañera presidenta. Devuelvo la palabra.

cariño, esas expresiones llenas de solidaridad con la familia de Miquel Esensi que ha dejado este mundo junto con su esposa un saludo cariñoso a su familia a sus seres queridos sobre todo a sus buenos amigos también como el presidente de la república y la primera dama y entrando en materia, presidenta y colegas, este proyecto de reforma de la ley cero cuarenta y siete responde a un pedido de los ciudadanos de la SUAI en el caso de quienes representamos a esta provincia de las cuatro que son beneficiarias de este importante proyecto de reforma presentado por nuestro colega Anthony Becer precisamente para conocer en qué se gastan estos recursos que vienen de las rentas que deja la energía eléctrica para garantizar precisamente este insumo vital para el país y efectivamente buena parte de esta ley se centra en preservar las fuentes hídricas a través del cuidado ambiental que fue algo que se cuidó desde el día uno y que además se escuchó porque buena parte de los aportes de algunos colegas de nuestra comisión así lo hicieron tanto así que se propone invertir al menos el diez por ciento de los recursos en programas de forestación reforestación control ambiental gestión ambiental restauración ecológica y remediación ambiental es decir hemos abarcado todos los términos porque antes de esta ley únicamente hablaba de reforestación esta vez abarca mucho más en el campo el cuidado ambiental precisamente para preservar los recursos hídricos la biodiversidad y la protección del ambiente las hidroeléctricas colegas asambleístas viven del agua por lo tanto las rentas que los GATS reciben deben destinarse para el cuidado del recurso hídrico para que las hidroeléctricas puedan seguir produciendo y el dinero retorne a los gobiernos autónomos descentralizados por simple lógica de hecho quienes vivimos en el sur del país conocemos con mayor experiencia y conocimiento de causa porque aquí tenemos los proyectos hidroeléctricos más grandes que vienen precisamente de la confluencia de nuestros ríos tan lindos a los que tanto cuidamos además un colega de la bancada de la oposición hace un momento decía que él no ve los resultados de esta ley que no ve a quien se destinan los fondos quien los recibe y demás que va a ver los resultados colega si nadie precisamente se ha dedicado a fiscalizar este tema si nadie se ha preocupado de este tema pero si sabía usted estimado colega que antes de este gobierno no se entregaban los recursos de esta ley si sabía usted que 27 millones de dólares no se vieron de esta ley ni de lejos porque apenas llegó este gobierno se puso al día con más de 6 años de deuda a nuestros gobiernos autónomos descentralizados producto de la ley 047 que pena que pena que no se hayan puesto a revisar aquellos realmente pero yo voy a revisar un caso muy puntual considerando además y con todo el respeto a mi querido colega asambleista Antony Becerra porque él ha sido un defensor de su de su cantón el PAN uno de los más pequeños de nuestro país uno de los más pequeños si ustedes buscan deben estar dentro de los 10 cantones más pequeños del Ecuador pero uno de los más productivos pues porque precisamente es uno de los cantones junto con Sevilla de Oro junto con Huachapala Paute y otros que en nuestra provincia le dan al país nada más y nada menos que la energía que este rato nos da la tranquilidad y la producción sobre todo para generar economía en el país vamos a revisar el caso del PAN para que les quede algunos colegas asamblistas muy clarito lo que ocurre con estos famosos y maravillosos fondos de la ley 047 hasta antes de esta ley que espero que se lo apruebe porque la Contraloría lleva adelante un examen especial con énfasis al uso correcto de los recursos de la ley 047 y de hecho la subcontralora ante la Comisión de Régimen Económico de la cual soy su vicepresidente además hizo una comparecencia y miren ustedes el caso del PAN uno de los cantones más pequeños que reciben estos importantes recursos el proceso de contratación de mayor valor que hizo el municipio del PAN en el 2023 fue un concierto en donde el mismo contratista que ustedes van a ver los siguientes años al mismo contratista se le dieron 42 mil dólares de los fondos entregados de esta ley de los poquitos fondos que llegan de esta ley 42 mil dólares esa fue la mayor obra del GAD en el año 2023 un concierto de 42 mil dólares para un cantón que tiene menos de 2 mil 500 habitantes póngale atención si uno busca la palabra ambiente entre las compras hechas en el 2023 por el municipio del PAN lo único que se encuentra lo único que ustedes encuentran dentro de las compras es ambientales para baño se dan cuenta ustedes dirán que fue porque tenían un presupuesto prorrogado pero el siguiente año en el año 2024 la única compra que tiene que ver con reforestación fue de 4 mil dólares en semillas para el vivero municipal los ingresos por la ley 047 ese año fueron de 129 mil dólares colegas asambleístas es decir se destina o se destinó menos del 4% en temas ambientales en contraparte el municipio destinó más plata a pagar árbitros de jornadas deportivas en un rubro que alcanzó a más de 4 mil 100 dólares ese año entonces para el grado del pan pagar al árbitro para el volei es mucho más importante que reforestar la cuenca del paute el río que da energía a todo un país pero la fiesta no se quedó atrás en el año 2024 vamos al 2024 destinan nuevamente 40 mil dólares a conciertos y saben a quién al mismo contratista del año 2023 recién en el 2025 se destina un dinero para la construcción de un vivero municipal de más o menos 12 mil dólares lo que equivale más o menos al 9% de los ingresos de la ley 047 en la reforma estamos pidiendo que la inversión sea del 10% al menos es decir si se puede como ustedes pueden ver pero claro en el 2025 vamos ahora al 2025 los conciertos siguieron siendo la prioridad mientras para el vivero que era lo único ambiental que destinaban 12 mil dólares en este año en cambio se destinaron 42 mil dólares a otro concierto más y saben con quién con el mismo contratista vamos al año 2026 ya llegamos al 2026 vean el año que estamos este rato precisamente recorriendo un año el que nuevamente la obra a la que mayor dinero ha destinado o debería destinarse seguramente en cualquier municipio en el PAN no ocurría en el PAN se destinó nuevamente a un concierto pero en este caso ya no fueron 40 mil ya no fueron 42 mil fueron 60 mil dólares reciéncito en el carnaval así como para otros eventos adicionales por 8 mil 900 dólares y saben a quién al mismo contratista desde 2023 2024 2025 etc el gasto en temas ambientales o de reforestación registrados en 2026 ha sido de cero colegas asambleístas cero y no porque no haya plata porque acabamos de ver que de la ley 047 el gobierno nacional se puso al día desde el día uno tomando una deuda de casi seis años de gobiernos irresponsables a los que poco o nada les interesaba estas cuatro provincias de nuestro país es por eso que al final del artículo se incluye una disposición muy importante colegas asambleístas que dice que los recursos asignados en virtud de la presente ley deberán destinarse de forma exclusiva y obligatoria al financiamiento de los fines de la inversión expresamente establecidos para cada nivel de gobierno autónomo descentralizado quedando prohibida su utilización para los fines distintos o no previstos en la presente regresamos al proyecto de ley el artículo tres que para mí es muy importante refuerza totalmente el papel de los órganos legislativos locales que dice en el artículo tres que los consejos cantonales y las juntas parroquiales quedan reforzados y con esto queda demostrado que aquí a nadie quiere abrogarse funciones que le corresponden a los concejales o a los vocales de las juntas el artículo cuatro en tanto en cuanto refuerza la transparencia en el uso de los recursos a través de un manejo diferenciado de los fondos y un informe anual de los proyectos que es de fácil acceso a los ciudadanos que estamos queriendo con esto que se ponga en práctica el ejercicio de transparencia y que evidentemente tengamos el día de mañana un portal público en donde todos tengamos acceso a la información de los gobiernos autónomos descentralizados colegas asambleístas revisando el proyecto de ley como ustedes acaban de apreciar y como han despilfarrado la plata en conclusión lo que podemos decir es que este proyecto busca eficiencia al gasto público que se tenga un ejercicio en la planificación correcta y cero improvisación porque acabamos de demostrar lo que estuvo ocurriendo con uno de los cantones más pequeños no de las hoy sino del país con un despilfarro de dinero en farra y no en obra pública y peor aún en reforestación y peor aún en el mejoramiento de las fuentes hídricas es decir lo que estamos haciendo es darle mayor responsabilidad en el uso del dinero de todos los ecuatorianos para preservar precisamente nuestras fuentes hídricas quiero felicitar finalmente a los asambleístas que han participado dentro del debate con aportes y no con discursos políticos ni politiqueros que no vienen al caso y leyes son técnicas y sobre todo a aquellos que han puesto muchísimo énfasis al respeto sobre las provincias del sur a los cantones del sur que muchas veces fuimos olvidados con respecto a esta ley tan importante que hoy hace justicia precisamente porque se ha puesto al día el gobierno hace tres años y luego porque esta reforma le va a dar muchísimo más muchísima más paz y tranquilidad a los habitantes que verán transparencia y buen uso y los recursos públicos muchas gracias presidenta y colegas asambleístas

¿Nos escuchan?

La Ley 047 es la memoria jurídica de un pacto entre Azuay, Cañar, Morona-Santiago y Tunguragua. Entregaron sus cuencas hidroeléctricas al desarrollo nacional y a cambio el Estado se comprometió desde 1989 a devolverles una parte de esa riqueza. La Ley 047 establece que el 5% de la venta de energía de Paute, Pucará y Agoyán se transfiere a estas provincias protegido por la disposición transitoria 28º de la Constitución de la República del Ecuador, que prohíbe expresamente disminuirlo. Según la exposición de motivos de este proyecto, el último pago fue de 9.240.918 dólares que se efectuó el 13 de noviembre del año 2025.

Ese dinero llega. La pregunta de fondo es con qué solidez jurídica se pretende controlarlo. Esta bancada ya fijó su posición en la sesión de comisión última con cuatro votos razonados en contra. Vengo a sostener esa misma posición ante el Pleno con los siguientes argumentos que lo sustentan. Hay varias líneas rojas. La primera, vicio de reserva de ley orgánica. El artículo 133, numeral 3 de la Constitución, es taxativo. Son las leyes orgánicas las que regulan la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 7 de esta reforma crea exactamente eso, una facultad nueva para que el órgano legislativo de cada GAD apruebe previamente la priorización de proyectos y ejerza seguimiento obligatorio.

La propia comisión lo sabía. Sus considerandos citan textualmente el artículo 133.3. La siguiente línea roja. Conflicto de competencias en gestión ambiental. El artículo 42, literal del COTAD, reserva la gestión ambiental como competencia exclusiva de los gobiernos provinciales. Esta reforma, sin embargo, dirige recursos de los GAD municipales y parroquiales hacia esa misma categoría, gestión ambiental, como destino de inversión. Que esos territorios inviertan en forestación, restauración y remediación es coherente con la protección de nuestras cuencas. Y esta bancada los respalda sin reservas. El problema no es el fin ambiental, es que la etiqueta jurídica usada invade en el nombre mismo de la categoría de gasto una competencia que la Constitución y el COTAD reservan a otro nivel de gobierno.

Eso se corrige con precisión técnica, no descartando el objetivo. La siguiente línea roja. Esta reforma no puede leerse aislada. Hace apenas seis meses, esta misma Asamblea aprobó la reforma al COTAD, que estos gobiernos locales ya han bautizado en sus propias palabras como la ley anti-GADS. Lo que impone la regla 70-30, de inversión obligatoria y sanciona con reducción de asignaciones el incumplimiento. Esta reforma crea, sin coordinarlo con ese régimen ya vigente, un segundo sistema paralelo de aprobación previa e informes semestrales. Es doble carga regulatoria sobre los mismos gobiernos locales en el mismo semestre legislativo.

La siguiente línea roja. Un cuello de botella con vicios de técnica legislativa. El artículo 7 exige que la priorización de proyectos sea conocida y aprobada por el órgano legislativo del GAD, sin plazo para resolver, sin silencio administrativo y sin exigir motivación para negar. Y esa aprobación puede entrar en contradicción directa con el PDOT, los POA y los demás instrumentos de planificación que el COTAD y el COPLAFIP ya exigen en estos mismos gobiernos locales. A esto se suma una contradicción interna del propio texto. El artículo 9 ordena elaborar el informe anual de proyectos al inicio de cada ejercicio fiscal, pero exige remitirlo dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente al periodo reportado.

No queda claro si es un plan o un informe de cierre y ambas reglas no pueden ser ciertas a la vez. Compañeros y compañeras legisladores, no planteamos estas observaciones para bloquear el fondo de la reforma, cuyo componente de transparencia esta bancada lo respalda totalmente. Lo planteamos porque una ley mal calificada en su jerarquía, con competencias mal etiquetadas y sin coordinación con el resto del marco normativo vigente, es una ley vulnerable y porque no vamos a convalidar con nuestro voto un régimen que se suma sin resolverlo a la carga institucional que ya enfrentan los gobiernos locales del país.

Estos recursos no son una dádiva, son un derecho constitucional de las provincias que sostienen buena parte de la matriz energética de este país. legislemos para que ese derecho se traduzca en obras verificables y no en un régimen de más control mal calibrado sobre gobiernos locales que ya se encuentran bajo presión. Es lo que es mi aporte, señora presidenta, en este debate del proyecto reformatorio a la ley 047. Muchas gracias.

Días como estos son muy duros para poder estructurar un discurso que tenga impacto en la comunicación política. Porque en realidad uno no habla solamente desde la boca, sino desde el corazón, desde el espíritu y desde el ánimo. Ayer, cuando estábamos en la sesión de la Comisión de Seguridad, la tuvimos que suspender cuando escuchamos la noticia del fallecimiento de Miquel Esencia. Y horas más tarde conversábamos con Inés Alarcón. Y en ese ambiente tan cerrado de un chat entre dos amigos como es ella para mí, decíamos que lo único que nos queda a nosotros ahora es trabajar buscando ser los mejores legisladores posibles para que el espíritu de él en materia de seguridad esté siempre presente.

Un abrazo para la familia de Miquel Esencia y de su esposa. Un abrazo para el Presidente Novoa y la Primera Dama de la Nación. Pero sobre todo un saludo hasta el cielo para ti, Miquel E. Y gracias por todo lo que hiciste por mí y por nosotros. Cuando hablamos de este tipo de leyes, señora Presidente y compañeros legisladores, es importante entender un poco la historia y el espíritu que tenemos en el Parlamento y en el sistema jurídico ecuatoriano. Y yo me quiero remitir al menos a tres, cuatro grandes legisladores de la patria, como fueron Raúl Clemente Huerta, Francisco Huerta Montalvo, Carlos Falqués Batallas o Carlos Julio Arosemena Monroy.

Ellos cuando debatían en este pleno, cuando todavía no habían celulares para que estén hablando mientras el resto diserta, decían que es importante que el ecuatoriano, el ciudadano, el abogado, el jurista, la persona que entiende la norma, conozca cuál es la historia de la ley. Y la historia de la ley se entiende como cuál es el principio que nosotros desde el Estado queremos aplicar para regular una actividad en concreto o una actividad análoga. Y aquí quiero traerles a colación a los compañeros legisladores aquellos proyectos de ley que ya están vigentes y que son ley de la República y que se trataron en este Parlamento en la época contemporánea, como por ejemplo la Ley de Desarrollo Amazónico.

En esa Ley de Desarrollo Amazónico se tiene exactamente el mismo espíritu que se pretende tener en esta norma que bien ha traído al debate tanto nuestro compañero Anthony Becerra como la Presidenta de la Comisión, Natalia Farinango. ¿A qué me refiero con esto? En la Ley de Desarrollo Amazónico se habla de que se queden los territorios en donde está la explotación petrolera, los recursos que de esto se genera, pero buscando principalmente que en efecto exista un aporte a proyectos debidamente actuados. Y ahí es cuando se aplica todo lo que tiene que ver con la Secretaría Técnica de la Amazonía y es esta la que busca los proyectos y es esta la que distribuye entre los GATS.

Y a nadie se le pudo haber ocurrido que ahí había centralismo, sino más bien otra forma de apoyar a la gente. Cuando hablamos de la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, un proyecto de ley importante que se trató en la legislatura pasada y de la cual hizo cabeza nuestro ex compañero Steven Ordóñez, se hablaba también que se cambien los montos que se entregaba a Puerto Bolívar a partir de la generación de todo lo que tenía que ver con el desarrollo económico de la provincia del oro para Puerto Bolívar.

Y ahí se hablaba también de que se tenía que invertir esa plata, no en lo que se le ocurra a los alcaldes de Machala o a los prefectos del oro o a los de la Junta Parroquial de Puerto Bolívar, no. Ahí lo que se buscaba es que en efecto los recursos que partan hacia DA se asigne para distintos proyectos de inversión. Bueno, entonces ya tenemos una segunda norma que nos hace ver cómo este Parlamento ya ha venido legislando en torno a normativa superior, poniendo diques para que en efecto esos recursos se inviertan en lo que se tiene que invertir.

Ahora bien, entonces, cuando hablamos de lo que estamos discutiendo el día de hoy, es casi un caso análogo a los que les he venido contando y desarrola la historia de la ley en el Ecuador cuando hablamos de que en efecto los recursos provenientes de la actividad eléctrica, del austro del país, de la zona sur del país, no se gasten como se pretende gastar, es decir, al buen tuntún, como quisieran las autoridades. ¿Lindo es tener recursos? Sí, por supuesto. ¿Nos gusta mucho la fiesta? Sí, por supuesto.

Tenemos que levantar el espíritu de la gente en las fiestas patronales o en las fiestas de conmemoración de los distintos cantones o provincias, por supuesto que sí. Pero ahora mismo, Cuenca y el Azuay y la parte austral del país y la parte sur del país, y creo a nivel nacional, estamos entendiendo lo importante que es dedicarle recursos a la naturaleza y al ambiente, porque esta es la única casa que nos va a quedar, es la casa que vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, el pretender decir que por un procedimiento, por falta de normas o porque existe contradicción en quienes tienen que llevar adelante el ejercicio fiscal o quienes tienen que invertir, resulta absolutamente secundario.

No tiene razón de ser discutir por ahí, sino entender que en el Ecuador tenemos que comenzar a racionalizar el gasto, y ahí es cuando yo, en cambio, empato lo que estamos discutiendo ahora con aquella tal discutida ley del 70-30, que por ahí he escuchado que han dicho que es la ley anti-gas. No, no, no. Nosotros no hacemos leyes anti-nada. Nosotros hacemos leyes pro-ciudadanía, pro la gente, en donde se gaste en inversión, en donde se evite el gasto suntuario, en donde se evite gastar en cualquier cosa para quedar bien, en donde se evite que cerca de llegar a la campaña electoral comiencen a reventar las calles diciendo que están pavimentando como lo está haciendo el alcalde de Quito para ver si es que queda bien con sus electores.

Entonces, si es que nosotros entendemos más allá de la política que, en efecto, los recursos que se asignan a partir de una actividad que beneficia a una parte del territorio, esta tiene que estar arreglada. No puede ser discrecional. Mi Santa Madre, que de Dios goce, decía en arca abierta el justo PEC. Y lastimosamente existen algunos administradores de los gobiernos autónomos descentralizados que priorizan actividades suntuarias, que no generan ningún tipo de inversión ni de crecimiento, sino más bien un rato bonito levantarse en las encuestas y que la gente les vote después.

Por lo tanto, yo felicito la actuación de la Comisión. Por lo tanto, yo felicito lo que ha presentado Antony Becerra para que este proyecto de ley, en efecto, sirva para lo que necesitamos los ecuatorianos. Inversión, ambiente, mejoramiento de las cuencas de los ríos, mejoramiento del agua, que la gente se siente en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y todas esas cosas que constan en la Constitución se tienen que plasmar, finalmente, en recursos suficientes para que eso suceda. Y si es que la actividad eléctrica y de energía está concentrada ahí y tenemos una ley que, como bien decía Nathalie Farinango, viene desde el año 89, ya es momento que comencemos a racionalizar el gasto.

Yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley, presidente. Hay que seguirlo perfeccionando. Pongamos la impronta de que desde esta Asamblea Nacional, si bien es cierto hay debate, si bien es cierto hay discusión, si bien es cierto hay confrontación, si bien es cierto hay disputa política, que nunca seamos responsables con el futuro de nuestros hijos. Y la forma más clara de ser responsables con nuestros hijos es justamente entregarles cada vez un ambiente más sano, cada vez mejor sustentado, donde hayan recursos para aquello. No nos enfrasquemos en cosas de forma que resultan absolutamente secundarias.

Hagamos entonces que este debate contribuya para que cuando tengamos el segundo y tengamos que votar, tengamos una ley técnica, jurídica, que permita a los GATS y a los gobiernos autónomos descentralizados en general tener recursos que permitan trabajar en el ambiente y sobre todo que tengamos homologación de conceptos. Si es que hay recursos que vienen asignados por una actividad específica en un territorio determinado, estos deberán ser gastados no al leal saber y entender de las autoridades, sino más bien entendiendo que los proyectos que se presenten en las distintas materias que contemplan la ley aporten sustancialmente para la sociedad ecuatoriana.

No tengo muchas ganas más de hablar porque ahora mismo no me da el corazón. Estoy con el corazón chiquito. Gracias, señora Presidenta.

para todo el pueblo ecuatoriano y también quiero expresar mi solidaridad con la familia y amigos de Miquel Licensi y también de su señora esposa. Un dolor incomparable que no se llena, pedimos a Dios que fortalezca a todos y cada uno de sus corazones atribulados. Si bien es cierto, ya hemos conocido los antecedentes de esta importante ley que estamos tratando en esta mañana y tarde y también la propuesta del compañero legislador Anthony Becerra, la misma que se fue creada con el propósito de resolver algunas problemáticas de la ciudadanía y que estos recursos deben destinarse para lo que expresamente está indicada en esta normativa.

Ahora bien, la colectividad ha visto durante este tiempo que no se han realizado inversiones especialmente en las zonas de influencia en materia de infraestructura vial, saneamiento ambiental, infraestructura y reforestación para el cuidado de nuestras fuentes hídricas. Por ello, hoy se plantea esta reforma para fortalecer esa transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos que ingresan a los GATS por la Ley 047, mejorando la planificación, su ejecución, seguimiento y la rendición de cuentas del uso de estos rubros. El último pago fue de 9.2 millones de dólares entre los gobiernos autónomos antes mencionados.

Los recursos ingresan a las cuentas de los GATS y se mezclan con el resto del presupuesto institucional y ahora se pretende que estos rubros de la Ley 047 pasen a estar en tres estados, recibidos, comprometidos y ejecutados. El gobierno transfirió los recursos, pero es fundamental que la ciudadanía conozca en qué fueron invertidos. Incluso los órganos legislativos, en este caso, las juntas parroquiales, podrán fiscalizar que los recursos de esta ley vayan destinados a lo que está establecido desde un inicio, no a la compra de vehículos o a la contratación de personal.

La reforma establece que se dará mayor flexibilidad a los GATS parroquiales que en algunos casos ni siquiera tienen técnicos o la capacidad para desarrollar proyectos ambientales relacionados con la protección de recursos hídricos, la biodiversidad y la conservación ambiental. Hay que resaltar que la reforma no modifica los porcentajes de distribución de la Ley 047. El objetivo principal es mejorar la gestión, transparentarla y la gestión de los recursos, sobre todo que son de la ciudadanía. Además, no son sólo los recursos de la Ley 047. También deberíamos analizar y revisar los recursos que se entregan a los gobiernos autónomos descentralizados por motivos de compensaciones por las hidroeléctricas, el paso de poliductos y otros.

Porque cuando ingresan a las arcas de los municipios o juntas, realizan procesos que siempre tienen denuncias por no ser transparentes. Muchas veces son los mismos contratistas que financian sus campañas los que se benefician de estos rubros económicos. Ojo, nadie está en contra de que los cantones reciban los recursos que por ley o por compensaciones les corresponden, sino que se transparenten y que los beneficiarios sean los ciudadanos y no ciertos contratistas o funcionarios. Gracias, señora Presidenta, por el uso de la palabra.

que son otorgados por compensaciones.

Cuarto, conocer y resolver respecto del oficio CNESG 2026-00813-OFF.

Con su autorización, señora presidenta, doy lectura del oficio CNESG-2026-00813-OF, quito 11 de agosto de 2026. Para Michelle Mancheno Dávila, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, presente de mi consideración. En mi calidad de secretaria general, remito para su conocimiento la resolución PLSNE-3118-2026, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la sesión ordinaria 065 de martes 11 de agosto de 2026. Reitera usted mis sentimientos de consideración y estima. Atentamente, Betty Baez, secretaria general del Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con su disposición, procedo a la lectura de la parte pertinente de la resolución.

El Consejo Nacional Electoral, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve. Artículo 1. Determinar que, una vez concluido el plazo de 90 días otorgado, merante resolución PL-CNE-1-25-4-2026, de 25 de abril de 2026, el ciudadano Cristian Andrés Albuja, proponente de la Iniciativa Popular Normativa para el Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador, con el objeto de completar las firmas de respaldo requeridas, dicha iniciativa no cumple con el porcentaje de respaldo ciudadano exigido por el ordenamiento jurídico, toda vez que alcanzó la validación de 27.697 registros aceptados de los 34.136 registros que por mandato legal debía alcanzar para representar al menos del 0.25% del registro electoral nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.

Artículo 3. Disponer a la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa, a través de la iniciativa popular normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria del mandato, notifique a la Asamblea Nacional del Ecuador que, una vez culminado el proceso de verificación de la legitimación democrática, la iniciativa popular normativa para el proyecto de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador no cumple con el porcentaje de respaldo ciudadano exigido en el artículo 103 de la Constitución de la República del Ecuador.

Hasta aquí la lectura de los solicitados, señora Presidenta.

Se abre el debate, tiene la palabra el asambleísta Milton Aujas.

Primero, para dar mis más sentidas condolencias a la familia de quien vida fue Miquel Censi, su señora esposa, a sus hijos, un hombre con larga trayectoria empresarial y en los últimos años desempeñando una función al servicio público honesta, transparente, leal, tanto con el presidente Daniel Novoa, con el país en el Servicio de Inteligencia Nacional. Mis más sentidas condolencias también para el señor presidente y la primera dama que sabíamos que eran muy amigos, eran como familia y para nosotros quienes lo conocimos, una persona muy amable y respetuosa, nuestras más sentidas condolencias.

Bueno, empiezo este debate en referencia a la resolución del Consejo Nacional Electoral que ha remitido a la Asamblea Nacional en relación a un proyecto de ley que envió la ciudadanía para la aprobación o revisión de un proyecto de ley del uso integral del cannabis en el Ecuador. Conforme la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, este pleno de la Asamblea Nacional designó a su amigo el servidor Milton Aguas y gracias a la bancada ADN, gracias al presidente Daniel Novoa, quien puso esta responsabilidad sobre el suscrito y por parte de la Revolución Ciudadana a la colega asambleísta Eliana Correa y por parte de los independientes a la asambleísta Yajair Urresta.

Se hizo un trabajo técnico, se hizo un trabajo legal, respetando la Constitución y los principios de participación ciudadana. El pleno resolvió aprobar el informe y enviarlo nuevamente al Consejo Nacional Electoral que en el ámbito de sus funciones resuelva los requisitos para continuar este trámite. El Consejo Nacional Electoral en pleno resolvió darles 90 días adicionales a los ciudadanos para que recolecten las firmas, ya que uno de los requisitos es tener el 0.25% de firmas del padrón electoral, lo cual no cumplían. Luego de este plazo, el Consejo Nacional Electoral hizo una nueva resolución, ya disponiendo el cierre de este proceso y notificando a la Asamblea Nacional del Ecuador para que en el ámbito de sus competencias resuelva lo pertinente.

Estamos ahora conociendo el oficio y la resolución del Consejo Nacional Electoral en la que indica que esta iniciativa ciudadana no cumple los requisitos mínimos establecidos, que es el 0.25% de firmas, que correspondería a 34.136 firmas, los cuales presentaron 27.697 los ciudadanos, por lo cual no cumplirían este requisito de ley. Lo que corresponde, Correa Asambleístas, es y estoy mocionando una resolución para determinar la imposibilidad de continuar este trámite en este proyecto de ley y notificar al Consejo Nacional Electoral dando el cierre de este proceso de participación ciudadana.

En este contexto, querida Presidenta, remito la moción pertinente conforme al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para cuando usted lo crea pertinente, someta votación. Hasta aquí mi palabra, Presidenta. La voz del pueblo de Galápagos ha hablado. Muchas gracias.

Procedo a dar lectura.

la moción presentada por el legislador Aguas. AFMJ guión dos mil veintiséis guión cero uno veintiocho guión M. Asunto moción de resolución respecto del oficio del CNE. De mi consideración, con un cordial y atento saludo, estimada señora presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, conforme lo prevé el artículo ciento treinta y cinco de la ley orgánica de la función legislativa, en la sesión ciento dieciséis del pleno de la Asamblea Nacional convocada para este día jueves veinte de agosto de dos mil veintiséis, a partir de las diez horas, en relación al punto del orden del día que tiene por objeto, conocer y resolver respecto del oficio CNE guión SG guión dos mil veintiséis guión cero cero ocho uno tres guión off, presento la siguiente moción.

Aprobar el contenido de la resolución, la cual en su parte pertinente resuelve, artículo uno. Conocer el contenido de la resolución del CNE de once de agosto de dos mil veintiséis, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral determinó que la iniciativa popular normativa denominada proyecto de ley orgánica para regulación integral del uso responsable de cannabis en Ecuador, no cumple con el porcentaje mínimo de respaldo ciudadano exigido por el artículo ciento tres de la constitución de la república y el artículo siete de la ley orgánica de participación ciudadana.

Artículo dos, determinar la imposibilidad de continuar con el trámite de la iniciativa popular normativa denominada proyecto de ley orgánica para la regulación integral del uso responsable de cannabis en Ecuador, en virtud de que el Consejo Nacional Electoral determinó que no cumple con el porcentaje mínimo de respaldo ciudadano exigido por el ordenamiento jurídico y en consecuencia dar por concluido su trámite. Artículo tres, disponer a la Secretaría General la notificación de la presente resolución al Consejo Nacional Electoral y al ciudadano Cristian Andrés Albuja proponente de la iniciativa popular normativa para los fines legales correspondientes.

Señora presidenta, solicito que esta moción sea puesta en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su votación. Consentimiento de distinguida consideración, atentamente, Milton Aguas, asambleísta. Hasta aquí la lectura de la moción. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

de asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Milton Aguas. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Señor operador, presidente, los resultados. Señora presidenta, me permito informar que de un total de 142 asambleístas presentes contamos con 89 votos afirmativos, 53 votos negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Milton Aguas.

Señor secretario, certifique si existen puntos adicionales en el orden del día.

Señora Presidenta, cumplo con certificar que has agotado el orden del día.

Se clausura la presente sesión.

Se toma nota, señora Presidenta, se clausura la sesión siendo las 13 horas con 24 minutos.

Cuando el crimen intenta avanzar, el Estado debe estar un paso adelante.