🕒 0:00 Cristian Benavides Fuentes (75%)

La palabra al asambleísta Cristian Benavides. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero iniciar mi intervención agradeciéndole por este acto en favor del pueblo venezolano. Ese minuto de silencio dice mucho de lo que uno debe entender de la política. La vida no es eterna y creo que nuestros hermanos necesitan al menos ese abrazo solidario. Ahora sí, hablando un poco de estas objeciones que han sido presentadas, por la Corte Constitucional, bueno, yo debo manifestar que si bien es cierto he votado por el allanamiento a esta situación que ha venido por parte de ellos, no es menos cierto y quisiera explicar las razones, el fondo o el trasfondo que existe dentro de este articulado. Quizá la experiencia nos ha hecho aprender y conocer que los tecnicismos, quizá el análisis profundo no me voy a pronunciar porque los eruditos del constitucionalismo están en la Corte Constitucional, no voy a detenerme en ello. Pero sí quiero explicarle y ojalá nos escuchen en este debate la razón de ser, el por qué nosotros habíamos de alguna manera empujado normativa que permita que la vida de los ciudadanos sea protegida por sobre cualquier papelería, por sobre cualquier competencia, entre comillas, porque a la final la competencia de proteger la vida de los ciudadanos es del Estado como tal, porque cuando existen estas desgracias, como las acabamos de escuchar, la de Venezuela o también aquí en Manaví, en Esmeraldas, hemos visto que gran parte de responsabilidad están en las municipalidades, planes de uso y gestión del suelo mal aprobados o posiblemente la informalidad que solía existir en algunos municipios para la aprobación de planos de construcción, muchas veces gente muy humilde que con sus recursos exiguos intenta construir como un sueño su vivienda y que a veces no lo hace de una manera adecuada. Eso hemos querido solventar, la vida de la gente, la vida de los ecuatorianos. Hacia allá hemos dirigido esta norma, más allá de cualquier situación que tenga una validez técnica o no. Y ya en el fondo, el fortalecimiento de la Secretaría de Ordenamiento Territorial es uno de los temas que más en lo personal he tratado de empujar por la experiencia, de alguna manera, de ver que sí, hay mucha informalidad en algunas municipalidades. Y creo yo que ahí es importante que haya una entidad, no para meterse en las competencias o en la autonomía de los municipios, sino para controlar los excesos, porque los alcaldes comúnmente son políticos, vienen con compromisos de carácter electoral, político, con ciudadanos y algunos de ellos con algunas empresas. Y eso es lo que hemos querido frenar, porque entendemos que el SOT, siendo un ente de Estado, lo que buscará es, de alguna manera, poner una valla que no haga que algunos alcaldes excedan y por eso que existan sanciones, que exista disciplina desde un ente de Estado que permita cuidar la vida de los ciudadanos. En ese sentido, ya dentro de lo que ha pronunciado la Corte Constitucional, por ejemplo, se habla de que no está bien que la SOT realice asistencia técnica. Ojalá le hubiesen consultado eso a los alcaldes, sobre todo los alcaldes de municipios intermedios, porque lastimosamente al quitar esto, ahí sí queda como un ente inquisidor la SOT. El poder extender la mano, el poder darles algunos criterios técnicos, habría evitado que los alcaldes sean sancionados por algún error, por alguna omisión. Hoy eso queda prácticamente bajo una deliberación exclusiva de la SOT. Lo que queríamos evitar es justamente eso. Entonces, por esa razón habíamos legislado de esa manera. Y de igual manera, la calificación de consultores, esto no es un delito. Los consultores tienen la obligación de solventar, de tener las credenciales técnicas para poder hacer estos procesos. Yo sí le puedo decir que conozco de muchas juntas parroquiales, de muchas alcaldías. Los consultores hacen copy-paste de los planes de uso y gestión del suelo. Ni siquiera a veces les cambian el nombre del cantón. Eso es lo que hemos querido vigilar y evitar, frenar, poniendo gente a prueba. No decíamos que la SOT ponga a los consultores. No, simplemente que se avalen, que técnicamente justifiquen sus capacidades para que luego sean contratados por el municipio. No los iba a contratar la SOT. Creo que esos temas quedan ya en el fondo. Y nosotros hemos sobrado de muy buena fe este interés de que exista un control y sobre todo que haya vigilancia ante las entidades municipales, sin que esto signifique meternos en las competencias de los mismos. Por ejemplo, ya se evita que el ente gubernamental o la SOT, por ejemplo, no realice informes vinculantes. Pero se aprueba, por el otro lado, se deja básicamente en aprobación que exista un catastro nacional integrado georreferenciado. Que este articula un sistema nacional de información geográfica y un repositorio nacional del registro de la propiedad. ¿Qué hemos buscado? Que exista a nivel de Ecuador una sola hoja de ruta. Toda la documentación técnica suficiente que le permita a la SOT hacer estos pronunciamientos. Ojo, sin violentar la autonomía de los GATS. ¿Por qué? Porque quienes hacen los PUGs, los planes de uso y gestión del suelo, son los equipos técnicos de los municipios. Son los consultores que paga el municipio. Contra eso nadie iba a atentar. Lo que se buscaba es que estos pronunciamientos exclusivamente que realizaba la SOT pues sirvan de insumos porque son quienes manejan técnicamente mucho mejor y me refiero a los municipios pequeños, a los municipios intermedios, donde sus técnicos, muchos de ellos no tienen esas capacidades. Y contratar consultores es costoso pudiendo hacer obra pública con esos recursos. Esto iba en favor de la modernización del Estado. Evidentemente se sostiene el Catastro Nacional Georeferencial, pero no se sostiene así estos informes vinculantes que hubiesen sido importantes. Y por último, se habla de que se iba o no a validar las actuaciones urbanísticas en temas de interés social. Con la lentitud y con, lastimosamente, las broncas, perdón, entre comillas, que suele existir entre alcaldes y gobierno nacional, lo mejor era que se hagan las cosas, porque a quién le interesa una vivienda social, a la gente más pobre, más humilde. Indistintamente, quién la haga, que se haga. Ese al menos ha sido mi criterio, que se hagan esas casas, que las haga una entidad privada, pública, que se hagan, porque quien se beneficia es la gente más humilde. Esa ha sido nuestra razón de ser. Ahora bien, nos vamos a llenar, y yo voy a apoyar, evidentemente, porque voté de esa manera, porque creo que tenemos un documento más pulido, sin observaciones, sin inconstitucionalidades, pero sí quiero dejar en claro, al menos de mi parte, que hemos obrado con toda la buena fe en favor de los ecuatorianos. Entendiendo, sí, la autonomía que tienen las municipalidades, y ojo, ojalá algún rato la Corte también se pronuncie, sobre los recursos que entran a las municipalidades, porque una cosa es el discurso, ¿no? Qué lindo la autonomía. Cuando se trata de recaudar, ahí sí, venga Estado, hágase cargo, entrégueme los recursos ya, para mañana, necesito la plata para administrar. Pero cuando se trata de recaudar, ahí sí, como son entes políticos, evidentemente nadie se mete en esa situación, que es delicada, porque a ningún alcalde le interesa pinchar a través de tasas o contribuciones o impuestos o mejoras a sus ciudadanos. Ahí sí, venga, papá Estado, hágase cargo del tema financiero. Así que si vamos a hablar de autonomía, hablemosla de manera completa. Pero yo creo que sí es importante tomar en cuenta estos criterios, que como lo señalo y los vuelvo a reiterar, es en favor de los ciudadanos, no de absolutamente nadie, porque el Ejecutivo, el Ejecutivo Central, cuando existe buena sinergia con los alcaldes o con los prefectos, suelen hacer proyectos en conjunto que van encaminados y los hacen de buena forma. Yo creo que lastimosamente acá estamos legislando sobre la mala fe de lo que puede pasar. Es que me quieren sancionar, es que me quieren ajusticiar. Sí, puede darse, pero esa no es la razón de ser de la norma. Nadie está escribiendo eso en los papeles. Lo que estamos diciendo es que se proteja a las y los ciudadanos ecuatorianos que a la final requieren de sus alcaldes, de su presidente, de sus ministros, toda la mejor actitud y la buena fe, porque en estos casos estamos hablando de vivienda social, estamos hablando de planificación. Y en mi caso sí quiero dejar sentado de que nunca se ha atentado a lo que es la planificación territorial, porque los PUCs son hechos, realizados por las municipalidades. Eso nunca se cambió. Eso nada más, señor presidente, invitar al trabajo conjunto dentro de la comisión. Lo hemos hecho, hemos hecho nuestros aportes. Mi equipo de constitucionalistas ha hecho las observaciones, las revisiones. Y sí, hoy nos allanamos a esta petición que hace la Corte Constitucional y el presidente de la República para que quede un documento mejor elaborado, mejor definido y que cumpla con las características que los ecuatorianos queremos de sus legisladores. Seguiremos obrando de buena fe dentro de esta Asamblea Nacional. Muchas gracias, señor presidente.