🕒 0:07 Mauricio Javier Ordóñez Fuentes (100%)

Gracias, señor presidente, nuevamente por darme la palabra. Qué bonito es. Señor presidente, compañeros asambleístas, que la Conraloría General del Estado haya encontrado glosas millonarias e indicios de responsabilidad penal no es cosa menor. Sí es costumbre, pero no es cosa menor. 60 trole buses eléctricos por un monto aproximado de 35 millones de dólares durante la actual administración del municipio deja una sola certeza. Lo verdaderamente grave no solo es este contrato raro, sino el mecanismo utilizado por la Alcaldía de Quito. Porque aquí no se intentó desconocer frontalmente la ley. Aquí se intentó algo más peligroso y que deja un precedente nefasto. Se intentó rodearla. Porque aquí el argumento utilizado por la administración de Pavel Muñoz fue que no se estaría realizando una contratación pública, sino un convenio. Qué palabrita. Un convenio de cooperación internacional de asistencia técnica con un organismo del Sistema de Naciones Unidas, la UNOPS. Un acuerdo. ¿Se acuerdan de esa famosa palabra que ya les dije hace un ratito? Acuerdo entre privados. ¿Qué aquel delincuente conocido por su propia Cosa Nostra con el remoquete de alias Cuatro Pelos utilizaba siempre? ¿En serio ese es el argumento jurídico que el municipio presenta? Es precisamente ahí donde se produce la violación constitucional. Porque la cooperación internacional sí está reconocida por la Constitución, pero no es una patente de corzo, no es una zona liberada, no implica que reemplaza al Sistema Nacional de Contratación Pública y no lo puede reemplazar. La Constitución no reconoce excepciones tácitas a ningún tipo de control. Las excepciones deben ser expresas, restrictivas y justificadas. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública permite convenios de cooperación única y exclusivamente cuando no existe ánimo de lucro. Y aquí hubo un lleve de 2.600.000 dólares a manera de comisión a un tercero. Además, no se debería configurar una relación real de proveedor-comprador para que esto no incurra en lo que la Contraloría ha descubierto. Pero en este caso, quiteños y ecuatorianos, la realidad es otra. Aquí no estamos frente a asistencia técnica, y eso es muy importante de entender. Aquí estamos frente a la adquisición de bienes normalizados. Eso es lo que lo hace grave. Aquí no estamos frente a cooperación internacional. Aquí estamos frente a intermediación comercial pagada con dinero de los quiteños. O sea, pusieron a un organismo internacional que es de cooperación a ser un simple comisionista y no de cualquier monto. 2.6 millones de dólares se llevó. Ahora se entiende por qué el otro día algunos saltaron como canguil cuando empezamos a hablar de una ley de repetición endurecida que les podría obligar a devolver el billete en casos como este. En fin, cuando un organismo selecciona proveedores, intermedia compras, reemplaza procedimientos obligatorios del Estado, no estamos ante cooperación internacional bajo ningún precepto. Y esto hace que sea obligatorio investigarlo. Estamos ante un desvío en contratación pública encubierta y avalada políticamente por la administración de un alcalde, en este caso del alcalde de mi ciudad, de Quito, Pavel Muñoz. Y en derecho público rige un principio elemental. La naturaleza jurídica de un acto se determina por su contenido real, no por el nombre que se le asigne, por más pomposo que éste sea. No basta llamar convenio, emulando, como ya les dije, a su jefe y para que ya no le diga tibio, a lo que en la práctica funciona como contratación. La forma no puede destruir el fondo bajo ningún concepto y mucho menos cuando se trata de dinero de una ciudad entera, de la capital de todos los ecuatorianos. La ley ecuatoriana es clara, los bienes normalizados deben adquirirse mediante subasta inversa y que sea electrónica para garantizar competencia, transparencia, mejores precios. Y entonces la pregunta inevitable es ¿con qué fundamento constitucional la Alcaldía de Quito, bajo el mandato de Pavel Muñoz, decidió reemplazar un procedimiento obligatorio por un esquema excepcional? ¿Con qué norma justificó pagar más de dos millones y medio de dólares en comisiones para una compra que el Sistema Nacional está diseñado para realizar? No existe respuesta jurídica, sólo va a haber gritos, como siempre los escuchamos. Lo que sí existe es una consecuencia institucional muy grave. Se debilitó el sistema de contratación pública, se concentró la decisión y se creó un precedente muy peligroso. Y aquí hay que decirlo con claridad política, Quito no se merece esto. Quito no merece una alcaldía que no sea transparente, una gestión digna y autoridades que entiendan que el dinero de nosotros los quiteños es sagrado y no un recurso experimental. Lo más importante, y con esto termino, señor presidente, es que este problema no sólo es constitucional, no solamente es de dinero y de corrupción, es un problema de cooperación internacional, porque no estamos persiguiendo a una persona, estamos confrontando un modelo de gestión impulsado por Muñoz. Por esta razón y porque la cooperación internacional del Ecuador en este momento está en tela de duda y en mucho riesgo, debe remitirse a la comisión especializada del caso. Por estas razones, como le dije, señor presidente, he enviado vía DTS la propuesta de resolución para que este caso, que además de fondos públicos, como lo dije, pone en riesgo a la cooperación internacional de nuestro país, debe ser remitido a la comisión especializada de relaciones internacionales de la Asamblea Nacional para que empiece la investigación a fondo del uso de convenios con organismos internacionales de la Alcaldía de Quito, determine si se utilizaron para eludir procedimientos obligatorios, evalúe responsabilidades políticas y legales y proponga las reformas necesarias para que nunca vuelva a ocurrir. Porque Quito no merece, porque el dinero de los quiteños no se debe tocar y porque con mi Quito no se debe meter absolutamente nadie. Le agradezco por el tiempo, señor presidente, y a quien me ofreció la foto del delincuente Correa. No, a riesgo de crear una escena de celos, mándamela de anaranjado. Señor asambleísta, su tiempo ha terminado. Gracias. Tiene la palabra la asamblea.