Sesión No. 112-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Muchas gracias, buenos días. Sí, creo que es importante recalcar que en este proceso de juicio político, que es un proceso de control político que está determinada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en primer lugar decir que la Comisión de Fiscalización y Control Político ha cumplido con todos los tiempos, con los plazos, con los términos previstos en esta ley, pero sobre todo se ha respetado el debido proceso que está consagrado y garantizado en la Constitución de la República como tal. Hoy estamos en una etapa importante del juicio político como tal en contra de la ex ministra de Energía, Inés Manzano, en donde vamos a tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional la sustanciación del informe respecto del juicio político que se llevó a cabo en la Comisión.

Bueno, hoy escucharemos a los proponentes, escucharemos también a la señora ex ministra, y por otro lado creo que es importante decir que va a haber un debate en donde todas las partes, absolutamente todos los legisladores que soliciten o solicitemos la palabra, vamos a poder hacerlo en el Pleno de la Asamblea Nacional, y bueno, al final del día la decisión se tomará en torno a las pruebas que existen dentro del informe que ha emitido la Comisión de Fiscalización, a lo que escuchemos el día de hoy, pero sobre todo aquello que se pueda aprobar, como dije las pruebas son súper importantes, así que como vuelvo y repito, siempre pegados del debido proceso a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Sí, creo que es importante decir que el informe presentado o aprobado en la Comisión de Fiscalización y Control Político ha determinado un punto que es súper importante, que justo la solicitud del juicio político no fue una solicitud que fue presentada de la mejor manera. Si bien cumplió los requisitos, eso no quiere decir que los proponentes, en este caso los asambleístas de la Revolución Ciudadana, presentaron pruebas de cargo que nos lleven a tener el convencimiento respecto de una responsabilidad política. Esto habló de la Comisión de Fiscalización y Control Político como tal.

Existieron la reproducción de todas las pruebas documentales, también los testimonios, en donde ninguno de los testimonios era conducente o pertinente respecto del caso que se estaba tratando como tal. Así que hubo una decisión por parte de la Comisión que fue justamente recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de este juicio político. Bueno, hoy, en esta etapa, cada uno de los legisladores tenemos la oportunidad de volver a revisar, a conocer, a escuchar a las partes y a tomar una decisión por el bien del país.

Gracias, buen día.

El quórum palistará la sesión 112.

Buenos días, señor presidente. Señores asambleístas, por favor, registrarse en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría y a cada uno de sus técnicos asignados.

Buenos días, un saludo con todos los que nos observan. Bueno, evidentemente esta comisión, luego de 28 días de un análisis, luego de escuchar a todos, porque en la comisión se escuchó a todos, hubo la reproducción de la prueba de cargo, hubo la reproducción de la prueba de descargo, y hemos concluido que no existe un nexo causal entre los hechos probados en el caso, entre las pruebas anexadas al proceso y un supuesto incumplimiento de funciones que podría haber cometido o no la ex ministra Inés Manzano, de tal forma que, pese a las deficiencias probatorias que tuvieron los proponentes, esta comisión solicitó en varias ocasiones pruebas para mejor resolver, las entidades presidenciales de la República, SELEC, nos han dado los insumos, y esas pruebas también han ayudado a que hoy nosotros hemos dado esa conclusión.

Bueno, la cronología de los hechos da paso a que sea un imposible que la ministra haya participado en algún punto precontractual, contractual o de desembolso de recursos públicos en cuanto al contrato objeto de este juicio político que es el Ego Esmeralda 002 de Selec, se trate. ¿Por qué? Porque he solicitado a Presidencia de la República que me diga el contenido y la fecha de emisión del decreto ejecutivo que da inicio a la gestión de Inés Manzano encargada en la cartera de energía. Presidencia de la República nos da horas 6, 6 y 40 de la tarde y también hemos solicitado a Selec que me dé la hora en la cual se emite la orden de pago objeto de este contrato.

Porque más allá de que la orden de pago no es que nace de un día al otro y existe un proceso previo de contratación pública, los proponentes del juicio político decían que Inés Manzano ordenó esa orden de pago y la orden de pago sale 2 de la tarde, horas antes de la designación de Inés Manzano del Ministerio.

Por supuesto, legalidad, publicidad, debida defensa, debido proceso, creo que todos los principios mínimos, los principios elementales de un juicio y de un juicio político también deben de serlo, han sido respetados por la comisión, por su presidente, por sus comisionados y pese a los intentos de instaurar narrativas, de generar el caos dentro de la comisión, hemos llevado un debate de altura, hemos llevado una argumentación técnica jurídica más allá de la politiquería, que es muy distinto a lo político.

A ustedes, gracias a ustedes.

Bueno, primero se ha acatado cada parte de la parte procesal del juicio político. El problema, lo que hay que entender aquí, es que para un juicio político tú tienes que probar una sola cosa, una, no más, y es la responsabilidad del ministro o el funcionario público en el cumplimiento, acción u omisión de sus acciones. Y eso es lo que no ha pasado. Para que lo sepan los ecuatorianos, el correísmo presentó un juicio político con tres testimonios, ninguno compareció a agarrar en diversión. Sin un solo peritaje de un experto en administración o contratación pública.

Cero prueba pericial. Y las pruebas documentales eran 27 videos de TikTok. Ese fue el famoso juicio político. Aquí no estamos defendiendo a nadie. Nosotros defendemos el proceso. No podemos indilgar una responsabilidad si no se ha probado que un funcionario la tiene. Por lo cual, hoy vamos a tramitar el archivo porque no han presentado una sola prueba. Vendieron humo, no pudieron sustentar lo que dijeron, solo tenían que hacer una cosa, no lo hicieron.

Bueno, primero que los ecuatorianos entiendan que los ministros tienen una función de dirección y coordinación. No contratan, no firman, no disponen contratos. Eso lo hacen en una empresa pública las unidades de negocio y su gerente general. Es más, si revisamos el proceso dentro del expediente te dice claramente que la orden de pago fue firmada por la tesorera y luego firmada finalmente por el gerente general. En ningún momento los ministros firman contratos. Hay que entender las facultades legales, quién firma los contratos, quién dispone pagos que no son los ministerios para lógicamente encontrar a los verdaderos responsables.

Muchas gracias, un abrazo.

Ministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señor Presidente.

Solicitudes de modificación del orden del día.

Cumplo con informar, señor presidente, que sí contamos con una solicitud de modificación del orden del día para la presente sesión presentada por la asambleísta Liliana Durán el 29 de julio de 2026 a las 12 horas con 15 minutos.

Señor secretario, por favor dé lectura del cambio del orden del día solicitado por la asambleísta.

Memorando a N-D-A-L-E-2026-004-M. Asunto, solicitud de cambio de orden del día a la sesión 112 del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de que incorpore el siguiente punto de mi consideración. En ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en mi calidad de asambleista presento solicitud de modificación del orden del día de la sesión 112 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día 31 de julio de los 2026 a las 12 horas, a fin de incorporar el siguiente punto.

Resolver la desclasificación parcial para fines de fiscalización, control político, transparencia democrática de la información relacionada con el expediente fiscal signado con el número 17-01-01-82-60-72-291 y con la investigación previa, número 11-2026, signada con el número 17-01-01-82-60-11-576, en la parte estrictamente necesaria para verificar la legalidad, motivación, alcance y sustento de los pedidos formulados por la Fiscalía General del Estado al Tribunal Contencioso Electoral, dentro de las causas número 01-10-2026-TCE y número 029-2026-TCE, cuya tramitación ha producido efectos directos sobre la participación electoral de la organización política involucrada. Esta desclasificación comprenderá, respecto de ambos expedientes, los oficios remitidos al Tribunal Contencioso Electoral, los actos administrativos relacionados con la designación, delegación o competencia de la autoridad que formuló los pedidos, las acciones de personal, las notificaciones y sus respectivos acusos de recibo o constancias de recepción y los actos, informes, memorando y documento que contengan la motivación y el sustento general de los pedidos fiscales, sin afectar diligencias investigativas concretas, cuya reserva resulte legalmente necesaria.

Esta desclasificación se realizará en la medida estrictamente necesaria para garantizar el ejercicio de las funciones constitucionales de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional. Consentimiento de distinguida consideración, adjunto firmas físicas de respaldo. Atentamente, Liliana Durán, Asambleísta Nacional.

Tiene la palabra la asambleísta Liliana Durán por el periodo de tres minutos.

Le hablo al país, he pedido este cambio del orden del día para exigir que esta asamblea cumpla la única función que le queda como cuando la justicia se convierte en instrumento del poder, fiscalizar. Lo que está pasando tiene un nombre y hay que decirle sin miedo, persecución política sistemática, ejecutada con toga, con sello y con número de expediente. Dos jueces del Trujillato, coincidencia en Pascuales, vaya, vaya. Primero la Revolución Ciudadana, lista 5, investigación previa, número 11-2026, causa 029-2026, Tribunal Contencioso Electoral. Nunca fuimos notificados, nunca se nos permitió defendernos y aún así el juez Viteri suspende provisionalmente al movimiento político más grande del Ecuador.

Luego, al movimiento Amigo, con causa 0110-2026-TCE. En horas de la noche, casi al vencer el plazo para inscribir alianzas, el juez Juan Patricio Maldonado, lo suspende por nueve meses, justo cuando Amigo iba a acoger a las candidaturas que el gobierno no puede vencer en las urnas. Dos jueces, un mismo objetivo, cuando no pueden ganar compitiendo, dicen que el otro simplemente no compita. Así sacaron antes a Cristian Zamora, Aquiles Álvarez, Vico Villasís, entre varios otros. Y aquí quiero ser muy precisa, con la ley en la mano, el artículo 374 del Código de la Democracia habla de sanción dictada al final de un procedimiento juzgatorio, no de una medida cautelar inventada en un auto.

El propio juez reconoce que no existe procedimiento para lo que está haciendo. Eso no es interpretación, es prevaricato, artículo 268 del COIF, pero dicho en simple, para que quede claro para todos y todas, en ninguna democracia real se le puede quitar a alguien el derecho a ser candidato o candidata sin juicio, sin pruebas conocidas y sin defensa. Aquí no hubo ni lo uno ni lo otro, aquí hubo una decisión reservada, sin motivación pública, tomada en el peor momento posible a días de cerrarse el plazo electoral.

Eso toca tres cosas que no se negocian en una democracia, el debido proceso, la representación política y la transparencia. Por eso pedimos lo mínimo que exige un Estado de Derecho, que a un investigado se le diga de qué se le acusa y cuando se lo exigimos al juez se negó. Se negó también a oficiar a esta asamblea para levantar la reserva, pues si el juez no quiere transparencia, esta asamblea sí puede exigirla. Y por eso, y es nuestra obligación hacerlo, presidente, colegas asambleístas, fiscalizar no es obstruir la justicia, fiscalizar es lo único que impide que el abuso de poder se vuelva costumbre.

Por eso exijo formalmente que se someta a votación este punto, para resolver la desclasificación parcial para fines de fiscalización, control político y transparencia democrática. En palabras simples, pedimos conocer por qué se suspendió a estos dos movimientos, no los detalles reservados de la investigación. Solo la base... Acuérdense.

Concluido su tiempo, señor asambleísta, por favor, señor secretario, tome votación del cambio del orden del día presentado.

Procedo a tomar votación. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría.

Me permito informar, señor presidente, que contamos con 138 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Liliana Durán.

La votación está sanando un problema con cruz, señor presidente.

Me permito informar, señor presidente, que contamos con 139 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleista Liliana Durán. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Gracias, señor secretario.

Señor operador, presentes los resultados. Señor presidente, me permite informar que de un total de 139 asambleístas presentes contamos con 56 votos afirmativos, 79 votos negativos, 0 blancos y 4 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Liliana Durán.

Gracias.

Señor Secretario, siguiente punto del orden del día.

Segundo, conocer y resolver respecto del informe de sustanciación correspondiente a la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz.

En atención a la extensión del informe, se autoriza a que la lectura del informe sea realizada con el apoyo de un funcionario de la Secretaría General. Señor Secretario, por favor dé lectura al memorando respectivo y al informe íntegro como corresponde en este tipo de procesos. Y el informe como tal, remítalo a la Comisión para que sea parte del acta de la presente sesión.

Con su autorización, señor Presidente, procedo a dar lectura del memorando AN-C-FSP-2026-0275-M. Asunto, remisión del informe de sustanciación de solicitud de enjuiciamiento político en contra de la abogada Inés María Manzano Díaz, ex ministra de Ambiente y Energía, conforme al artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De mi consideración, al tiempo de extender un cordial saludo por disposición de la asambrista Ferdinand Álvarez, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, en mi calidad de secretaria relatora, me permito poner su conocimiento a lo siguiente.

Dentro del trámite de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la abogada Inés María Manzano Díaz, ex ministra de Ambiente y Energía, contenida el memorando número N-MPL-BBL-2026-001-JP, registrado con trámite número 482589 de 17 de junio de 2026 y sus anexos, presentada por los asambristas Mónica Estefanía Palacio Zambrano, Lenin Daniel Barreto Zambrano y Blasco Remigio Luna Arévolo, en virtud de la resolución CAL-MDMA-2025-2027-490 de 24 de junio de 2026, remitida por Secretaría General el 24 de junio de 2026 y en cumplimiento de lo resuelto por el Pleno de la Comisión en sesión número 057, efectuada el día viernes 24 de julio de 2026, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa, por este medio remito el informe de sustanciación de juicio político del trámite antes referido, aprobado por el Pleno de la Comisión para que sea sometido a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

El registro de la votación de las y los asambleístas para la aprobación del informe de sustanciación de juicio político es el siguiente, afirmativo 6, negativo 4, abstención 0, blanco 0, asambleísta ausente ninguna. Como respaldo documental de manera adicional al informe, se adjunta el registro de votación correspondiente, se adjunta también la moción presentada, así como el expediente íntegro del trámite, para descargar bajo las siguientes credenciales y adjunta un link de consulta y de descarga, lo que pongo en conocimiento para los fines legales pertinentes. Consentimiento de distinguida consideración, atentamente, Denis Zurita, secretaria relatora.

Conforme a su disposición, señor presidente, procedo a dar lectura del informe. Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, informe de sustanciación de juicio político. Exfuncionaria cuestionada, abogada Inés María Manzano Díaz, exministra de Ambiente y Energía. Asambleistas solicitantes, Mónica Estefanía Palacio Zambrano, Lenin Daniel Barreto Zambrano, Blasco Remigio Luna Arevalo. Miembros de la comisión, Férdina Arturo Álvarez Zambrano, presidente, Ana Belén Tapia Vallejo, vicepresidenta, Ana Cecilia Herrera Gómez, Fabiola Maribel San Martín Parra, Janet Caterin Bustos Salazar, Frison Vinicio George Tenorio, María Paula Villacreses Herrera, Luigi Edu García Velázquez, Nanquilauro San Juanca, José Luis Nango Cují.

Primero, objeto. Presentar el informe sobre la sustanciación de juicio político en contra de Inés María Manzano Díaz, exministra de Ambiente y Energía. Segundo, antecedentes. 2.1. Solicitud presentada. Conmemorando número N-MPL-BBL-2026-001-JP, T-17 de junio de 2026 y sus anexos, signada con número de trámite 482589, suscrito por los asamblistas, Mónica Estefanía Palacio Zambrano, Lenin Daniel Barreto Zambrano y Blasco Remigio Luna Arevalo, dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno Dávila, presentaron solicitud de enjuiciamiento político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz.

2.2. Exmuncionaria sobre quien se presenta la solicitud de enjuiciamiento político. La solicitud de enjuiciamiento político se ha presentado en contra de la exmuncionaria, Inés María Manzano Díaz, quien ejerció el cargo de Ministra de Ambiente y Energía desde el 9 de octubre de 2024 hasta el 6 de mayo de 2026, según se desprende de lo mencionado en la solicitud de enjuiciamiento político. 2.3. Causal de juicio político alegada. La solicitud de enjuiciamiento político se propone alampado de lo establecido en los artículos 131 de la Constitución de la República y de los artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica a la Ofición Legislativa.

La solicitud se dirige contra Inés María Manzano Díaz en su calidad de exministra de Ambiente y Energía, alegando incumplimiento de funciones constitucionales y legales principalmente en lo relativo a incumplimiento supuestamente alegado sobre el deber constitucional de protección del patrimonio público. Se cita el artículo 83, numerales 8 y 11 sin especificar el cuerpo normativo al que se refiere pero que más adelante se logra identificar en el documento de solicitud que es la Constitución de la República. Sobre la obligación ciudadana de administrar honradamente el patrimonio público, denunciar y combatir la corrupción y rendir cuentas.

Señala que según el artículo 141 de la Constitución, los ministros son responsables de la rectoría y evaluación de las políticas públicas en su ámbito de competencia. La acusación sostiene que la exministra Manzano no ejerció ni antes, ni durante, ni después los controles necesarios para prevenir un perjuicio económico al Estado por más de 70 millones de dólares evidenciando una posible omisión dolosa en virtud que pudo implementar medidas correctivas para evitar actos de corrupción denunciados públicamente a nivel nacional por parte de la empresa pública Select-EP bajo la coordinación del ministerio a su cargo omitiendo velar por la legalidad, eficiencia y transparencia de los actos que desarrollan bajo su dirección, incumpliendo el artículo 85 de la Constitución relacionado con la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y prestación de servicios públicos orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos y del buen vivir fundamentándose en el principio de solidaridad.

Es decir, al no implementar un control adecuado en las acciones ejecutadas por una empresa pública bajo su coordinación para la construcción y puesta en marcha de la central térmica Esmeraldas III derivó en una ineficiente ejecución de políticas públicas y prestación del servicio público de energía eléctrica y una deficiente prestación del servicio público de electricidad situación que se evidencia con mayor relevancia en virtud de lo establecido en el artículo 154, numeral 1 de la Constitución sobre la atribución de los ministros de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo.

Detalla que la ex ministra omitió sus funciones de control y dirección sobre Selegue PEC permitiendo la continuidad de regularidades contractuales con la empresa Austral Technical Management ATM a pesar de las denuncias públicas existentes. Se destaca que el 9 de octubre de 2024 coincidiendo con el inicio de su gestión se autorizó un pago de 53 millones 958 mil 472.20 centavos equivalente al 60 por ciento del contrato con ATM evidenciando la falta de medidas preventivas para proteger los recursos públicos. Se señala la falta de planificación y implementación de controles al permitirse prórrogas contractuales injustificadas 27 de enero 26 de abril de 2025 bajo argumentos externos ajenos a la realidad operativa del proyecto conflicto armado en Líbano sin que la ex ministra implemente planes correctivos para ejecución de los contratos viciados e implemente proyectos para suministrar energía incumpliendo el artículo 233 de la Constitución que establece que los servidores públicos son responsables administrativa civil y penalmente por las acciones o omisiones cometidas en ejercicio de sus funciones y la administración de recursos públicos.

Menciona que la ex ministra es políticamente responsable del perjuicio por la omisión de controles y la falta de rectoría de las políticas públicas del área ocasionando además cortes de energía eléctrica no planificados en varias ciudades del Ecuador desde el 2024 hasta la actualidad por los incumplimientos contractuales derivados de la negligencia en su gestión ocasionando una pérdida de más de dos mil millones de dólares a los ciudadanos supuesta afectación al derecho ciudadano a recibir un servicio público de energía eficiente señala que conforme al artículo 314 de la Constitución el Estado es responsable de proveer servicios públicos como la energía eléctrica bajo principios de eficiencia calidad continuidad y responsabilidad en el caso del ex ministro Inés Manzano se indica que los controles suscritos con Austral Tecnical Management ATM no sólo causaron un perjuicio económico al país sino que también ocasionó que el servicio eléctrico no se preste adecuadamente sin responder a los principios de obligatoriedad generalidad uniformidad eficiencia responsabilidad universalidad accesibilidad regularidad continuidad y calidad describe que según el artículo 315 de la Constitución el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos la prestación de servicios públicos bajo la regulación y control específico de los diferentes ministerios de Estado en este marco se señala que la ex ministra Inés Manzano como integrante del directorio de CLGP tenía la obligación legal de controlar y supervisar la ejecución adecuada de los contratos de CLGP debía suscribir suministrar el servicio de energía eléctrica se menciona el artículo 413 de la Constitución que obliga al Estado a promover la eficiencia energética y el uso de tecnologías ambientalmente limpias al respecto la solicitud de enjuiciamiento señala que el Estado deberá promover la eficiencia energética la ex ministra incumplió este deber al no promover ni antes ni durante ni después que el servicio de energía eléctrica se preste de forma eficiente servicio público a su cargo por contratos delegados a CLGP para evitar el perjuicio económico al Estado tras la firma de contratos con la empresa Austral Technical Miami ATM se refieren al artículo 4 de la ley orgánica de servicio público de energía eléctrica exige que el Estado garantice un servicio eléctrico bajo principios irrenunciables de eficiencia responsabilidad continuidad calidad y precio equitativo por lo que se establece que la ex ministra había vulnerado dichos principios constitucionales y legales generando un perjuicio económico al Estado por la suscripción de contratos con la empresa ATM detalla que el artículo que el artículo 7 de la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica determina que constituye deber y responsabilidad privativa del Estado a través del gobierno central satisfacer las necesidades del servicio público de energía y alumbrado público general del país no cumplió con su deber de satisfacer las necesidades del servicio público de energía eléctrica acorde a los principios constitucionales de eficiencia responsabilidad continuidad calidad y precio equitativo generando un prejuicio económico al Estado por más de 70 millones de dólares en razón de la firma de los contratos con la empresa ATM menciona que el artículo 8 de la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica se refiere a la rectoría de las políticas públicas del sector eléctrico de la función ejecutiva a través del ministerio en tan sentido constituye deber y responsabilidad privativa del Estado a través del ministerio que regula la prestación del servicio público de energía eléctrica satisfacer las necesidades de este servicio de alumbrado público general del país señala que los artículos 9 y 10 de la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica establecen la estructura orgánica y jerárquica del sector eléctrico permite observar la directa relación que se ejerce entre el ministerio del ramo llamado hoy ministerio de ambiente y energía y las empresas públicas creadas como SELEC-EP el artículo 11 de la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica evidencia que el ministerio de ambiente y energía es el órgano rector y planificador del sector eléctrico le corresponde definir y aplicar políticas evaluar que la regulación y control se cumplan para estructurar un eficiente servicio público de energía eléctrica la identificación y seguimiento de la ejecución de proyectos otorgar títulos a militantes evaluar la gestión del sector eléctrico la promoción y ejecución de planes y programas de energía renovables los mecanismos para conseguir la eficiencia energética la ex ministra es quien ostenta la rectoría y planificación del sector eléctrico por lo que sus decisiones tienen incidencia directa en la ejecución de la política pública es por ello que bajo ninguna circunstancia puede atraerse de los hechos que tiene que ver con la ejecución y cumplimiento de los contratos suscritos con ATM siendo responsable político del incumplimiento contractual y el perjuicio a las y los ecuatorianos la solicitud de enjuiciamiento político detalla que la ex ministra no ejecutó las tareas de evaluar que la regulación y control se cumplan para estructurar un eficiente servicio público de energía eléctrica la identificación y seguimiento de la ejecución de proyectos otorgar títulos habilitantes ni evaluar la gestión del sector eléctrico ni la promoción y ejecución de planes y programas de energías renovables ni los mecanismos para conseguir la eficiencia energética generando un perjuicio económico al estado por la firma de los contratos con la empresa ATM el artículo 12 numerales 2 y 4 de la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica establece que le corresponde al ministerio de ambiente y energía dictar las políticas y dirigir los procesos para su aplicación y supervisar y evaluar la ejecución de las políticas planes programas y proyectos para el desarrollo y gestión dentro del ámbito de su competencia según los informes de contraloría no ejecutaron la tarea de supervisar y evaluar la ejecución de las políticas planes programas y proyectos para el desarrollo y gestión dentro del ámbito de su competencia generando perjuicio para el estado de acuerdo con el artículo 13 del área orgánica del servicio público de energía eléctrica el ministerio de ambiente y energía es responsable de la planificación del sector eléctrico de las energías renovables y de la eficiencia energética según informes de la contraloría general del estado no se ejecutaron las tareas de planificación del sector eléctrico aparente no rendición de cuentas y posible manipulación de proceso de fiscalización señala que el artículo 297 de la constitución establece que las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes de recursos públicos se someterán a normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia rendición de cuentas y control público indica que los chats difundidos por el medio ecoavisa evidencian un posible acuerdo entre la ex ministra Inés Manzano con la asamblista Diana Jacom para manejar las comparecencias legislativas sobre los contratos de Progen y ATM y evitar un escrutinio por parte de la asamblea nacional se cuestiona a la ex ministra por presuntamente instruir a Calero a dar respuestas escuetas y coordinar acciones para evitar un juicio político describe la posibilidad de que funcionarios sujetos a fiscalización hayan coordinado conocido previamente la estrategia de control político legislativo esta presunta interferencia de una autoridad con su propio proceso de fiscalización compromete la independencia de control político y la confianza pública en la asamblea nacional como línea de defensa se argumenta la inexistencia de un mensaje directo o audio que vincule actores legislativos en la coordinación de acciones no obstante desde la perspectiva de la responsabilidad política lo fundamental no radica solo en la existencia de órdenes expresas sino en la alarma pública provocada por las grabaciones el problema central trasciende las posibles irregularidades en los contratos de progen y atm radica en la presunta interferencia de funcionarios en los mecanismos de fiscalización de la asamblea nacional esta supuesta gestión del escrutinio legislativo mediante la limitación de comparecencias vulnera los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas los hechos no deben analizarse solo como un tema administrativo contractual sino como un asunto político de gran relevancia debido a la afectación directa a la capacidad fiscalizadora del legislativo sobre el sector eléctrico cualquier indicio de coordinación entre quienes deben responder ante la asamblea y quienes tienen la obligación de investigarlos genera una profunda preocupación institucional y política el problema ya no es únicamente si existieron contratos perjudiciales sino si se intentó construir una red de protección política para evitar que fueran investigados está en discusión la existencia de una eventual estructura de influencia capaz de intervenir en los procesos de control para disminuir costos políticos y evitar consecuencias para los funcionarios involucrados la participación de la ex ministra Inés Manzano en conversaciones sobre la estrategia de comparecencias legislativas es delicada dado que los ministros de estado son autoridades políticas con la obligación constitucional de responder por sus actos cualquier conducta orientada a influir o anticipar una fiscalización parlamentaria adquiere una dimensión política mayor al comprometer la responsabilidad gubernamental este caso en un contexto de creciente desconfianza ciudadana erosiona la legitimidad democrática y fortalece la percepción de mecanismos de protección entre élites de poder la discusión trasciende a la ex ministra o a los contratos pues lo que está en juego es la credibilidad de la fiscalización legislativa como instrumento constitucional de control si la asamblea nacional permite dudas sobre la independencia de sus procesos se debilita una de las principales herramientas de control democrático previstas por la constitución es necesario determinar la responsabilidad política de la ex ministra por presuntos acuerdos destinados a limitar el alcance de las comparecencias legislativas dichos acuerdos habrían involucrado el intercambio de información privilegiada y la coordinación de respuestas para reducir el impacto de las investigaciones en su contra omisión en adopción de medidas correctivas frente a alertas de la Contraloría y las denuncias públicas 14 de julio de 2025 la Contraloría General del Estado aprobó el informe número DNA4-0027-2025 sobre el examen especial a las bases preparatorias precontractuales de ejecución y pagos de contrato emergente CLGP Esmeraldas 002 suscrito entre CLGP y Astral Técnica Miami SAS ATM este examen especial de carácter constitucional y obligatorio reveló hallazgos de gravedad se describe entre los hallazgos rango de potencia inferior a requerido 90 a 150 megavatios en lugar de 150 megavatios fijos preselección y calificación de oferentes con inconsistencias documentales ausencias de garantías de fabricante MAN y del ITP cronogramas contractuales no ajustados ni aprobados ausencia de permisos de construcción y regularización ambiental en el impacto se detalla ampliación artificial de la competencia a costa de la satisfacción de la necesidad energética real ATM constituida apenas 105 días antes de firmar el contrato experiencia no verificada pago del 60% del contrato sin verificación técnica incumplimiento de plazos sin supervisión efectiva proyecto operando sin cumplimiento normativo ambiental 15 de julio de 2025 el Contralor General del Estado comunicó los resultados del informe DNA 4 0027 2025 señaló que los equipos de ATM no eran nuevos sino que funcionaron en otro país en 2016 y concluyó afirmando que existen ciertos perjuicios para el Estado e indicios de responsabilidad penal remitidos a la Fiscalía las declaraciones constituyen alertas públicas oficiales y de carácter constitucional que la administra como máxima autoridad del sector energético tenía el deber de conocer y atender sin embargo pese a la gravedad de los hallazgos no adoptó medidas correctivas no ordenó la suspensión inmediata de los pagos pendientes a ATM pese a las irregularidades del informe de Contraloría en pagos defectuados no solicitó una auditoría especial adicional sobre la fase de ejecución del contrato posteriores al corte del examen diciembre 2024 en adelante no intervino ni reestructuró la gestión de CLGP Electro Guayas para corregir las deficiencias de supervisión contractual identificadas no remitió informe alguno al presidente de la república sobre las irregularidades detectadas por la Contraloría y las acciones correctivas adoptadas no ordenó la revisión técnica independiente de los equipos recibidos para verificar su estado antiguo e idoneidad no exigió a CLGP la presentación de la denuncia penal correspondiente contra los responsables de las irregularidades detectadas la denuncia se presentó el 8 de diciembre de 2025 no adoptó medidas para precautelar el interés patrimonial del estado frente al riesgo de arbitraje internacional que ATM efectivamente inició entre julio de 2025 y mayo de 2026 transcurrieron aproximadamente 10 meses durante los cuales la ex ministra mantuvo el cargo y rectoría del sector eléctrico durante este periodo CLGP pagó a ATM 71.4 millones sin que los equipos estuvieran operativos 80% del valor total del contrato ATM obtuvo un laudo cautelar el 29 de agosto de 2025 que impidió a SELEC terminar el contrato unilateralmente o ejecutar garantías el proyecto Esmeraldas 3 permaneció paralizado sin aportar un solo megavatio al sistema nacional interconectado los 30 generadores calibrados a 50 hercios siguieron siendo incompatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano que opera con 60 hercios la denuncia penal por delincuencia organizada recién se presentó el 8 de diciembre de 2025 cinco meses después de conocidos los hallazgos de la Contraloría las y los asambristas solicitantes del enjuiciamiento político describen que la conducta omisiva de la ex ministra configura un incumplimiento de las funciones constitucionales y legales que le dan ingredientes al cargo por las siguientes razones primero la rectoría del sector eléctrico no se limita a emitir directrices generales ni a delegar la gestión en los gerentes de las empresas públicas implica el deber positivo de supervisar evaluar y cuando sea necesario corregir las actuaciones de las entidades adscritas la omisión de medidas correctivas durante diez meses pese a contar con información fehaciente e irregularidades graves constituye una publicación de las funciones de rectoría segundo el artículo 297 de la constitución establece que todas las instituciones y entidades que reciban o administran recursos públicos deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre el uso de dichos recursos el informe de la contraloría constituyó un alerta oficial sobre el uso indebido de más de 70 millones de dólares la inacción de la ministra frente a esta alerta vulneró el deber de rendición de cuentas y de protección del patrimonio público tercero el artículo 83 número 8 de la constitución impone a los ciudadanos la responsabilidad de administrar honradamente y con apego y restricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción cuarto el artículo 314 de la constitución regula los servicios públicos estableciendo que su prestación se orientará a ser efectivos los derechos y se regirá por los principios de eficiencia responsabilidad continuidad y calidad la omisión de medidas correctivas perpetúa una situación en la que los recursos públicos masivos fueron desembolsados sin contraprestación efectiva quinto el artículo 7 número 1 de la ley orgánica de empresas públicas confirma que la ex ministra presidía el directorio de la ley de la ley con una vinculación directa y formal con la gestión de la empresa su inacción no puede atribuirse a desconocimiento o falta de competencia pues la ley la asignaba expresamente la presidencia del directorio supuesta responsabilidad por la deficiente gestión del arbitraje con ATM que comprende patrimonialmente al estado 18 de julio de 2025 se lege p notificó a ATM una multa de más de 21 millones por retraso en la ejecución del proyecto esmeraldas 3 sumada a tres multas previas con un total acumulado de 23 millones ATM inició un arbitraje de emergencia ante el centro de arbitraje y mediación de la cámara de comercio de Quito solicitando medidas cautelares 29 de agosto de 2025 el árbitro de emergencia emitió un laudo cautelar disponiendo mantener vigente el contrato entre CLGP y ATM ordenar a CLGP abstenerse de iniciar o continuar con la terminación unilateral del contrato prohibir a CLGP ejecutar las garantías contractuales o cobrar las multas impuestas por los detrasos obligar a ATM a continuar con la instalación puesta en marcha y mantenimiento de los 48 generadores termoeléctricos contratados el laudo fue un revés para la oposición negocial de CLGP y de Estado ecuatoriano por privar a la entidad pública de la herramienta más eficaz para presionar al contratista incumplido en diciembre de 2025 ATM inició un segundo arbitraje ante la Cámara de Comercio de Quito esta vez de mediación que buscaba una solicitud negociada a la controversia se acordó realizar una prueba limitada para verificar si ATM podía generar al menos 30 megavatios de energía y se concedió a la empresa un plazo hasta el 15 de febrero de 2026 para poner en marcha las turbinas ATM incumplió nuevamente este compromiso la ex ministra reconoció públicamente en entrevista al medio primicias el 26 de febrero de 2026 en la mediación se les concedió hasta 15 de febrero para que pongan en marcha las turbinas y no lo hicieron por eso presentamos las diligencias de la imposibilidad de mediación porque ellos no cumplieron con su parte CLGP solicitó la suspensión de la mediación lo cual fue aceptado y el proceso pasó etapa de arbitraje de fondo el proyecto Esmeraldas 3 presenta la siguiente situación CLGP pagó 71.4 millones equivalente al 80% del valor total del contrato de los 48 generadores contratados sólo 18 están calibrados para operar a 60 hercios 30 generadores están configurados para 50 hercios siendo técnicamente incompatibles con la red nacional sólo 30 megavatios podrán ponerse en operación para finales de marzo de 2026 el 23% de los 91 megavatios contratados equipos con fallas estructurales problemas en bombas de aceite empaques y sensores que impiden el encendido continuo motores son de antigüedad considerable fabricados alrededor de los 2016 2017 con más de 8 años de antigüedad al momento de la contratación se menciona que la gestión del arbitraje por parte de CLGP bajo la rectoría del ministerio de energía a cargo de la ex ministra presentó graves deficiencias que comprometieron el patrimonio del estado demora en la presentación de la denuncia penal a pesar de que el informe de contraloría de 14 de julio de 2025 reveló indicios de responsabilidad penal la denuncia por delincuencia organizada contra ATM fue presentada el 1 de diciembre de 2025 cinco meses después cuando el auto cautelar había restringido la capacidad de acción de CLGP fallida estrategia de multas CLGP impuso multas acumuladas por 23 millones sin una estrategia jurídica previa que evaluara la probabilidad de que ATM iniciara un arbitraje de emergencia que obtuviera su suspensión ausencia de estrategia patrimonial preventiva no se evidencia que el ex ministra haya ordenado la elaboración de un análisis de riesgo patrimonial del arbitraje sin que haya coordinado con la Procuraduría General del Estado una estrategia defensiva integral fracaso de la mediación por falta de supervisión el segundo arbitraje de mediación fracasó porque ATM no cumplió con la prueba de generación de 30 megavatios para el 15 de febrero de 2026 renuncia implícita a la reconvención económica durante el proceso de mediación si el EGP participó en diligencias técnicas de reuniones que respondieron exclusivamente al cumplimiento de mecanismos legales más no a la renuncia de sus derechos de sus acciones de sus acciones de esta necesidad de aclarar que no había renuncia a derechos evidencia la debilidad estratégica la y los asamblistas solicitantes del juiciamiento político indican que la deficiente gestión del arbitraje con ATM configura incumplimiento de las funciones de rectorías y protección de interés patrimonial del Estado por las siguientes razones primero la rectoría del sector eléctrico incluye la obligación de supervisar que las empresas públicas adscritas gestionen los procesos contractuales y contenciosos para minimizar los derechos patrimoniales del Estado el artículo 12 numeral 4 de la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica impone al ministerio el deber de supervisar y evaluar la ejecución de los proyectos segundo el laudo cautelar de 29 de agosto de 2025 privo al Estado de la capacidad de terminar unilateralmente un contrato con incumplimiento sistemático del contrato y de ejecutar garantías por más de 23 millones como resultado de una estrategia de multas mal diseñada y una falta de coordinación con la Procuraduría General del Estado tercero el artículo 141 de la Constitución establece que el presidente de la República es responsable de la administración pública los ministros de Estado son sus colaboradores directos en esta fusión y tienen la obligación de gestionar los recursos públicos bajo su responsabilidad con criterios de eficiencia y transparencia la ex ministra tuvo conocimiento directo de la evolución del arbitraje conforme su declaración pública de 26 de febrero de 2006 no hay evidencia de que durante los meses anteriores hubiera adoptado medidas proactivas para fortalecer la posición del Estado en el arbitraje quinto el arbitraje de fondo aún no ha concluido y el Estado ecuatoriano enfrenta el riesgo de un laudo definitivo que podría ordenar el pago de indemnizaciones a ATM la restitución de garantías o incluso la continuidad forzosa de un contrato en el que el contratista ha incumplido sistemáticamente este riesgo patrimonial podría acceder a decenas de millones de dólares adicionales en consecuencia directa de una gestión arbitral deficiente supuesta cuantificación del perjuicio patrimonial generado por la inacción de la ex ministra señala que la omisión de medidas correctivas por parte de la ex ministra Manzano consumó una situación de perjuicio ya existente y generó perjuicios adicionales que podrían haberse evitado con una actuación diligente y oportuna detalla la cuantificación de los daños patrimoniales atribuibles a la inacción a perjuicio directo consolidado se le pago a ATM 71.4 millones por equipos que actualmente no generan energía eléctrica para el sistema nacional interconectado constituyendo un perjuicio directo al patrimonio público b multas congeladas por el auto cautelar el auto de 29 de agosto de 2025 congeló multas por 23 millones impuestas por CLGP a ATM por el incumplimiento de plazos contractuales las multas que servían como herramienta de negociación para CLGP fueron neutralizadas por una estrategia arbitral deficiente que la ex ministra como rectora del sector debió supervisar y orientar c costo de oportunidad de generación no contratada durante 10 meses de inacción de la ex ministra el proyecto esmeraldas 3 permaneció paralizado sin aportar los 91 megavatios contratados para el sistema eléctrico nacional menciona que el costo de oportunidad de no haber generado esta energía o no contratar generación alternativa representa un perjuicio adicional al patrimonio público de riesgo patrimonial del arbitraje de fondo el arbitraje de fondo aún ha concluido el estado enfrenta el riesgo de un laudo definitivo coordena el pago de indemnizaciones de ATM por terminación anticipada daños y perjuicios o lucro cesante este riesgo estimable en decenas de millones de dólares adicionales en consecuencia directa de una gestión arbitral reactiva y desarticulada durante la gestión de la ex ministra e gasto en mantenimiento de equipos inoperativos los 48 generadores ATM permanecen almacenados en las instalaciones de la propicia esmeraldas requiriendo gastos de custodia seguridad y mantenimiento básico sin generar contraprestación alguna para el estado 2.3.1 contestación de la ex funcionaria cuestionada el 10 de julio de 2026 la ex ministra en conjunto con sus abogados defensores Rafael Ollarte Ismael Quintana y Estefan Mora presentó su contestación y anuncio de las pruebas de descargo correspondientes al juicio político en su contra el oficio fue ingresado mediante el sistema de gestión documental de la asamblea nacional con el trámite 48 3507 complementariamente se recibió la documentación vía correo electrónico por parte del abogado Ismael Quintana sistematización de los argumentos de descargo a continuación se sistematizan los argumentos de defensa presentados por la ex funcionaria cuestionada en su escrito de contestación señala que si bien el proceso cumple con los requisitos formales existe una inconsistencia relativa a la notoria imputación de hechos anteriores a su posición como ministra encargada y luego titularizada respecto de los desorientados hechos que se relatan en la acusación sostiene que la acusación constitucional presentada hace una extraviada relación de los hechos referidos muchas veces a otros funcionarios y a cuestiones ocurridas antes del descargo y cuando se refiere a sus funciones se limita a especular una indeterminada responsabilidad en sus actuaciones señala que la acusación la vincula con las actuaciones de otros funcionarios ocurridos antes de que asumiera el cargo 9 de octubre de 2024 que causa el ejercicio de la potestad fiscalizadora de la asamblea nacional de este modo se refiere a la declaración de emergencia del sector eléctrico dispuesta por el entonces ministro Roberto Luco el 16 de abril de 2024 y su reforma el 6 de junio de 2024 en lo principal se dispuso que se legue ejecute acciones para la adquisición suministro construcción y puesta en servicio de los sistemas de interconexión para su incorporación al sistema nacional realizando la contratación emergente sobre Fabián Calero se hace referencia a la declaración de emergencia CLGP como gerente subrogante el 10 de junio de 2024 para incorporar nueva capacidad de generación térmica y disponer a Electro Guayas y a Termo Pichincha que inicien los procedimientos precontractuales de emergencia autorización y delegación de 25 de junio de 2024 a los gerentes de Electro Guayas y Termo Pichincha para que inicien los procedimientos de contratación emergente sobre la contratación a ATM con CLGP 23 de julio de 2024 CLGP invitó a ATM a la presentación de sus ofertas para la contratación emergente de generación terrestre de Esmeraldas la que se remitió el 25 de julio de 2024 2 de agosto de 2024 el Comité Técnico de Emergencia calificó la oferta y recomendó la contratación de ATM 2 de agosto de 2024 el gerente encargado de Electro Guayas Manuel Barberán adjudicó el contrato a ATM 9 de agosto de 2024 CLGP y ATM suscribieron el contrato emergente por 89 millones 930 mil 787 por 48 generadores termoeléctricos a entregarse dentro de los siguientes 140 días con la siguiente forma de pago 1.65% contra factura 2.25% contra la puesta en marcha 3.10% contra la transparencia de conocimiento 23 de agosto de 2024 el administrador del contrato confirmó la inspección de los generadores y el 9 de septiembre de 2024 notificó a ATM con el inicio del plazo contractual 11 de septiembre de 2024 ATM solicitó cambio en la forma de pago y el 13 de septiembre de 2024 Electro Guayas y ATM suscribieron una venda modificatoria al contrato quedando el pago del siguiente modo 15% contra factura comercial lo que se pagó el 16 de septiembre de 2024 2.60% contra inspección inicial e inspección visual realizada el 5 de octubre de 2024 por el verificador Burriou Veritas Ecuador y Líbano quien no determinó daño externo y certificó que los equipos eran nuevos 3.25% contra la puesta en marcha 4.10% contra la transparencia de conocimiento el 9 de octubre de 2024 el gerente Electro Guayas y la jefa de tesorería como responsables con orden de pago número 32.23.14 certificaron el pago del 60% correspondiente a 53.958.472.20 centavos se mencionan decretos del presidente de la república el decreto número 2.9 de 19 de abril de 2024 declaró el estado de excepción el sector eléctrico la declaratoria superió tanto en control jurisdiccional como el control político que coexisten en el sistema constitucional el nombramiento de 2 de julio de 2024 de Antonio Goncalves como ministro de energía y minas el encargo de esta cartera de estado se realizó el 9 de octubre de 2024 y su designación definitiva como ministra el 11 de febrero de 2025 se refiere a actuaciones de otros funcionarios luego de que se le encargara la cartera de energía las autorizaciones del gerente Electro Guayas para que se prorogue el contrato por 59 días y luego por 30 días más la suscripción de la segunda adenda modificatoria contrato de 11 de febrero de 2025 para el pago del 25% del valor contractual para la puesta en marcha de los equipos entre el Coruayas y ATM desglosados esa cantidad pagos realizados el 18 de febrero de 2025 el siguiente el 1 de abril de 2025 y el restante el 27 de mayo de 2025 por 13.11 millones indica que se hace relación al informe de la Controlería General del Estado de 14 de julio de 2026 del contrato con ATM siendo llamativo que se invoque ese informe como prueba cuando no se le nombra ni referencialmente y peor aún no se hacen recomendaciones al ministerio a su cargo se refiere a la fiscalización realizada por las comisiones de la Asamblea Nacional a los contratos suscritos con Progen Industriers LLC que no es el motivo de este enjuiciamiento y con ATM sobre lo que menciona comparecencias y requerimientos a otros funcionarios sobre lo que menciona no le corresponde pronunciarse indica que se reseña el pedido de información al Contralor General del Estado sobre la contratación realizada por CLGP a ATM y el informe de su examen especial y la comparecencia del funcionario a la Comisión Especializada de Transparencia de la Asamblea Nacional señala que se refiere a los pedidos de información que se le hizo desde la Comisión Especializada de Transparencia primero el 22 de agosto de 2025 acerca de las acciones ejecutadas en relación con la contratación emergente de ATM y otros constatando que ese requerimiento fue cumplido segundo el 20 de noviembre de 2025 sobre el estado actual de los procesos de contratación emergente de Salitral Quevedo y Esmeraldas constatando que ese requerimiento fue atendido menciona que se manifiesta inconformidad sobre las actuaciones de la Comisión de Transparencia que notoriamente no son cuestiones respecto a las que pueda responder un sujeto de juicio político general y un ministro en particular por lo que acerca de la información entregada por el gerente de termo Pichin ya Gonzalo Guerrón a la Comisión de Transparencia la que como se indica en la acusación no declaró inconsistencia alguna desinformación lo mismo ocurre con la no disposición de comparecer a los ministros responsables de las fases pero contractual y de ejecución de los contratos con Progen y con ATM se refiere al desconocimiento de las normas de contratación pública por parte de los acusadores por la infundada acusación de afectación al patrimonio público cuestiona la conclusión de la acusación sobre una supuesta falta de acciones técnicas y de control en la ejecución de los contratos con ATM estructurándose bajo los siguientes argumentos técnicos se distingue entre la declaración y firma de contratos por parte de los ex ministros Luque y Goncalves y la imputación de incumplimiento y perjuicio del estado dirigida hacia la actual ministra se señala que la acusación no explica el supuesto incumplimiento contractual ni fundamenta el perjuicio alegado al estado de su parte califica la acusación como infundada desconceptualizada y aventurada argumentando que los asambleístas han omitido su deber de realizar las actividades de inspección previas para una fiscalización técnica y rigurosa indica que se refiere a presuntos reportajes emitidos por Ecoavisa para acusar una presunta coordinación para limitar la fiscalización legislativa se sostiene que una acusación constitucional construida sobre las presunciones y supuestos carente de pruebas no justifica una supuesta limitación de la fiscalización legislativa indica que la acusación incluye un hecho imposible dado que la potestad fiscalizadora corresponde exclusivamente a los legisladores no a los ministros ni a otros funcionarios se señala que esta creativa acusación busca restringir la defensa y actuación legítima de los funcionarios de ocultar la incapacidad de quienes debiendo ejercer la fiscalización pretenden que los fiscalizados no cuestionen sus pretensiones afirman no estar facultada para responder a las acusaciones dirigidas contra la asambleista Diana Jacome al no tener ninguna representación legal ni judicial sobre ella calificando dichos señalamientos como injustos e infundados menciona que lo antes expuesto bastaría para que la comisión recomiende el archivo de juicio político basado en una desorientada acusación constitucional respecto de los hechos que no se relatan en la acusación constitucional la exministra indica que la verdad de los hechos no se relata en la acusación constitucional pues se omite o no se terjevesan y describe lo que considera no se dice en la acusación el 19 de abril de 2024 el presidente de la república emitió el decreto ejecutivo 229 y declaró emergencia en el sector eléctrico para garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica encargó la ejecución del citado decreto al ministerio de energía y minas incumplimiento del mencionado decreto y con el objetivo de precauterar el diario público el 23 de abril de 2024 el entonces ministro de energía y minas emitió la circular disponiendo a las empresas públicas entre esas el EGP que todos los procesos de contradicción pública que se llevan a cabo en el marco de la emergencia declarada del sector eléctrico sean previamente comunicados y coordinados con la coordinación general jurídica del ministerio de energía y minas para su análisis y aprobación el 9 de agosto de 2024 se descubrió entre ATM y el gerente de la unidad de negocios LGP Electro Guayas el contrato número select ep guión esmeraldas guión 002 para la adquisición instalación puesta en marcha y asistencia en operación y mantenimiento de generadores termoeléctricos terrestres detalla la cronología de su gestión para deslindar responsabilidad respecto del contrato con ATM señalando que asumó la ejecutivo 419 el 9 de octubre de 2024 fecha para la cual el proceso ya se encontraba en las siguientes condiciones conclusión de etapas previas etapa preparatoria estudios y precontractual la fase contractual estaba terminada tras la suscripción del contrato el contrato ya se encontraba en plena ejecución se había ordenado el pago de los dos primeros hitos por millones 455 mil 0 11 con 55 centavos de un monto total de 89 millones 930 mil 787 rechaza la acusación de que el pago ordenado el 9 de octubre de los 24 corresponde a 24 corresponde

responde a su gestión por el hecho

haber asumido el cargo en el Ministerio de Energía y Mienas el mismo día, calificando dicha imputación como un hecho física y jurídicamente imposible. Describe que el 11 de octubre de 2024, tras asumir sus funciones, el directorio de CLGP adoptó una resolución, según consta en el acta de sesión 0111 de 2024, designando a un nuevo gerente general para CLGP y se le ordenó solicitar a la Contraloría General del Estado, efectúe el examen especial a los contratos suscritos por el gerente saliente. 14 de octubre de 2024, el nuevo gerente de CLGP, con oficio número CLG-EP-2024-2181-OF, solicitó al Contralor General del Estado realizar un examen especial a los contratos suscritos por el gerente saliente, por el periodo de gestión del 19 de abril de 2024 al 11 de octubre de 2024.

El 16 de diciembre de 2024, mediante orden de trabajo número 0009-DNA4-2004-I de la Contraloría General del Estado, inició el examen especial a la Unidad de Negocios Electro Guayas de CLGP, donde se analizó la fase preparatoria precontractual, contractual, ejecución y pagos del contrato emergente CLGP-EGU-Esmeraldas-002 con ATM. Indica que el 11 de febrero de 2025, el Presidente de la República la titularizó como Ministra de Energía y Minas con Decreto Ejecutivo 523. A pesar de los cambios en la gerencia de CLGP, el contrato número CLGP-EGU-Esmeraldas-002 continuó ejecutándose conforme estaba estipulado, por lo que el 12 de febrero de 2025 se suscribió el acta de entrega-recepción parcial de bienes y quedó pendiente el pago del 5% correspondiente al tercer hito por 4 millones 496 mil 593 con 35 centavos.

Mientras continuaba el desarrollo del examen especial recabando indicios, por lo que el 27 de junio de 2025, Contraloría General del Estado notificó el oficio con la realización de un examen especial al contrato con ATM, fase preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pagos. Precisa que este oficio representó el primer conocimiento oficial de la ex ministra sobre el examen especial cuando el contrato ya estaba en fase de ejecución. Se aclara que el equipo auditor nunca solicitó información a la interesada en calidad de funcionaria vinculada al examen especial, hecho que se verifica en el informe final que los proponentes de la acusación constitucional presentaron.

Señala que el 14 de julio de 2025 se aprobó el informe de ENA 4-0027-2025 sobre el contrato con ATM y si concluyó la existencia de hallazgos para determinar responsabilidades administrativas civiles y penales en las fases de estudio precontractual y contractual. Sin embargo, el informe no determinó responsabilidad alguna a la ex ministra cuestionada. 18 de julio de 2025, en sesión extraordinaria del directorio de CLGP, resolvió remover al gerente general nombrando su reemplazo y disponerle solicitar a la Contraloría un nuevo examen especial a los contratos suscritos por el gerente saliente.

Con los resultados del informe, el gerente de Electro Guayas presentó la denuncia número 090101855080096 por delincuencia organizada, señalando manipulación y direccionamiento en el proceso de contratación CLGP-EGU-Esmeraldas-002 con ATM. 5 de agosto de 2025, en cumplimiento a las disposiciones del directorio, el gerente general de CLGP solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial a los contratos suscritos entre el 11 de octubre de 2024 y el 18 de julio de 2025, periodo de la gestión como ministra de Energía y Minas. El 5 de agosto de 2025 se realizaron gestiones ante la Fiscalía Provincial de Uruguayas mediante correos electrónicos para insistir en la práctica de diligencias y confirmar la recepción de escritos de impulsos relacionados con la denuncia por delincuencia organizada con el contrato con ATM.

Mediante la circular número MEM-MM-2025-002-CIR de 22 de agosto de 2025, se llegó sin efecto a la circular de 23 de abril de 2024. Esta decisión se fundamentó en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el cual establece la autonomía de estas empresas en sus procesos, eliminando la necesidad de coordinar contrataciones con el Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, se aclara que la ex-ministra no instruyó, autorizó ni ejecutó procesos de contratación de energía. Se dispuso a todas las empresas públicas, incluyendo a CLGP, informar sobre las medidas y certificaciones implementadas para resguardar los procesos de contratación derivados de la circular.

A pesar de los hallargos de contraloría y la denuncia penal, no fue posible terminar unilateralmente el contrato con ATM, debido a la cláusula 19 del contrato, que exige un procedimiento obligatorio, cruce de oficios 30 días, mediación, centro de mediación de la Procuraduría General del Estado y arbitraje, centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de Quito. El 29 de agosto de 2025, un árbitro de emergencia ordenó el estatus quo mediante resolución 005-2516, prohibiendo a Electro Guayas terminar el contrato o ejecutar garantías hasta la resolución del arbitraje o la revocatoria de medidas.

Describe la ex-ministra que, hasta el proceso arbitral no concluyera, no se podía disponer la terminación unilateral del contrato, a pesar de que persistiesen los incumplimientos de la contratista ATM. Los acusadores omiten indicar que, ATM demandó el 19 de septiembre de 2025, CLGP contestó y recombino el 24 de noviembre de 2025. El 30 de junio de 2006, el Tribunal Arbitral desestimó la demanda de ATM, declaró que las medidas cautelares decayeron del Pleno Derecho. El proceso continúa vigente únicamente para resolver la reconvención presentada por CLGP contra ATM.

La ex-ministra indica que concluyó sus funciones el 7 de mayo de 2026, mientras que el archivo de la demanda arbitral fue posterior a la conclusión de sus funciones y concluye que actualmente CLGP cuenta con plena potestad legal para terminar el contrato, ejecutar garantías y cobrar multas. Indica que por lo expuesto no se puede aventurar a concluir o especular que no tomó medidas de control para evitar un perjuicio, como el que ocurrió en el proceso de contratación SELEC-EP-EGU-Esmeraldas-002, del que tuvo conocimiento mientras estaba en la fase de ejecución cuando fue nombrada como ministra de Energía y Minas encargada.

Mucho más ni se tomó en cuenta que los procesos contractual ocurrieron en la etapa previa o de estudios, así como la fase precontactual y contractual mientras no estaba en funciones como ministra. Sobre las acusaciones. Señala que las acusaciones no sólo son formuladas de modo negligente, sino malicioso, pues con la mera cita de exposiciones normativas, pretende crear un incumplimiento no ocurrido, alterando la realidad de los hechos y además, desconociendo el ordenamiento jurídico. Incumplimiento del deber constitucional de protección del patrimonio público. Señala que para sustentar la acusación de que ha incurrido en el incumplimiento del deber de proteger el patrimonio público, se citan los artículos 83, numerales 8 y 11 y 141 de la Constitución y añaden que los ministros deben cumplir con sus funciones y atribuciones constitucionales y legales para la acusación de las políticas públicas nacionales y que de acuerdo con el informe de Contraloría y el informe de minoría sobre el proceso de fiscalización de los contratos con Progen y ATM, no ejerció ni antes ni durante ni después los controles respectivos, para evitar perjuicio económico, lo que evidencia una posible omisión dolosa, implementando medidas correctivas para evitar actos de corrupción, lo que implica, según los acusadores, incumplimiento del artículo 85 de la Constitución.

Describe que los acusadores sostienen que hubo una omisión dolosa por parte de la ex ministra a no ejercer controles frente a los contratos con Progen y ATM, alegando incumplimiento de los deberes constitucionales de proteger el patrimonio público y ejecutar políticas públicas, sobre los deberes, atribuciones y funciones de los ministros de Estado respecto a las políticas públicas. La exfuncionaria aclara que los ministros de Estado ejercen la rectoría de las políticas públicas definidas por el Presidente de la República, subraya que las políticas públicas deben alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual es de cumplimiento obligatorio para el sector público en elaboración de proyectos, presupuestos de inversión de recursos, sobre el intento de sustentar la acusación en un informe de minoría.

Que una condena sin pruebas o con pruebas ilícidas vulnera la prostitución de inocencia. Define que los medios de prueba son la actividad procesal para aportar información, mientras que las fuentes de prueba son elementos persistentes e independientes del proceso. Argumenta que el informe de minoría presentado ante la Comisión de Fiscalización es un acto propio, no constituye ni medio ni fuente de prueba, sino que simplemente un parecer o destinado a recomendar o no un juicio político. Señala la ineficacia de este informe porque fue elaborado por uno de los mismos acusadores, lo que califica como un despropósito jurídico equiparable a utilizar la propia acusación como prueba.

Indica que el informe carece de valor pericial, ya que no fue elaborado por un perito acreditado e imparcial y que en todo caso la verdadera prueba pericial sería la declaración y el interrogatorio del perito en el proceso, no el documento en sí. Considera que intentar sustentar la acusación en dicho informe es un error jurídico, especialmente cuando existe un informe de mayoría que lo contradice. Respecto del informe de auditoría DNA4-0027-2025, elaborado por la Controlaría General del Estado, la ex ministra indica que el informe se refiere al examen especial efectuado a las fases preparatoria, precontractual, ejecución y pagos del contrato emergente CLGP-EJU-Esmeralda-002 por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 13 de diciembre de 2024.

La ex ministra describe que los legisladores proponentes mencionan que el informe serviría para aprobar los incumplimientos y inacciones en calidad de la ex ministra, por lo que se debe considerar que la acusación manifiesta impericia sobre el procedimiento que se sigue en la Contraloría General del Estado en estos casos. Menciona que el informe anexo en copia simple de la ex ministra no es mencionada ni siquiera de modo referencial o tangencial y no es objeto de recomendación alguna. Las recomendaciones se efectúan al gerente general de CLGP, así como a los distintos gerentes de las unidades de negocio.

Las recomendaciones de auditoría comunicadas a los servidores involucrados en el examen especial y a las instituciones del Estado deben aplicarse de manera inmediata y obligatoria. Su inobservancia es material de sanción conforme lo dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Indica que si hubiera mencionado o emitido recomendación sobre la ex ministra o el ministerio, lo que hoy no ocurrió y de haber inobservado estas recomendaciones habría sido sujeto de sanción por parte del Ecte de Control, lo que no ha sucedido.

Señala que, como puede hacerse referencia a incumplimientos de inacciones, si la misma entidad de control que elaboró el informe no le observa ninguna inconducta, ni por acción ni por omisión. Describe que, a manera de control político, se pretende reemplazar la competencia de la Contraloría General del Estado, conforme los artículos 212 y 212 de la Constitución. Con argumentos políticos, se busca que se impute una responsabilidad política, sino una responsabilidad de tipo administrativa y civil culposa, cuando ni siquiera la Contraloría General del Estado lo ha hecho. Destaca que se dice repetidas veces que ocasionó un perjuicio de alrededor de 70 millones de dólares, que no salen de ninguna determinación realizada por órganos competentes.

Describe el desconocimiento o la malicia de los proponentes que omiten indicar lo que sucede tras la aprobación de los informes finales del examen especial, pues sobre la base de los informes de autoría y memorando resumen, la Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidad debe elaborar los oficios individuales de predeterminación de responsabilidades administrativas culposas y civiles culposas de glosas u órdenes de reintegro que deben ser notificadas a los destinatarios conforme el Reglamento de Determinación de Responsabilidades. Desconoce en los acusadores que, de tratarse de indicios de responsabilidad penal de los que tampoco he sido objeto, el procedimiento a seguir es, el auditor jefe de equipo, previo visto bueno del supervisor, debe hacer conocer el informe respectivo al Contralor o a sus delegados.

Previo a la aprobación del Contralor o su delegado, es remitido a la aprobación de la Dirección Nacional de Patrocinio mediante un informe de revisión a efectos de que una vez recibido el informe y sus respectivos anexos, efectúe una revisión sobre el relato y la conclusión de los hechos guardia en relación con los documentos anexos que sean suficientes, competentes y pertinentes. El informe se remite junto con el informe de indicios de responsabilidad penal para conocimiento y aprobación del Contralor General del Estado o su delegado. Aprobado el informe, es enviado a las Unidades Administrativas de Control de la Matriz Direcciones Provinciales y a la Dirección Nacional de Auditorías Internas para su respectivo registro.

Luego deben enviar una copia certificada de los informes con indicios de responsabilidad penal junto con sus anexos a la Dirección Nacional de Patrocinio para que lo remita a la Fiscalía General del Estado, para que de hallar mérito ejerza la correspondiente acción penal. Además, el informe debe ser remitido a las autoridades de la institución auditada y de la Procuraduría General del Estado, a fin de que éstas, de ser el caso en el momento procesal oportuno y en cautela de los recursos públicos, ejerzan la acusación particular. La exministra indica que los acusadores se quedan en un informe general, que es fruto de un examen especial del cual no ha sido parte en calidad de sujeto pasivo o funcionaria examinada.

De ese informe no se desprende en su gestión como Ministra de Estado, recomendación alguna, ni es mencionada por el equipo auditor, por ello es por lo que tampoco se ha predeterminado responsabilidad civil o administrativa alguna, ni mucho menos se le ha imputado algún indicio de responsabilidad penal. Explica que si la Contraloría General del Estado, a base del informe, hubiese formulado alguna responsabilidad civil o administrativa sobre su gestión por acción o omisión o por incumplir las funciones en condición de Ministra y Funcionario Pública, así se habría predeterminado de ser el caso por el ente competente.

Detalla que si los supuestos incumplimientos o inacciones habrían supuesto el cometimiento de algún ilícito contra la Administración Pública, eso estaría contenido en el informe general de examen especial y en un informe con indicios de responsabilidad penal en cuyo evento sería hipotéticamente solamente un indicio, pues la titular de la acción penal pública es la fiscalía, conforme al artículo 195 de la Constitución. Indica que la conclusión que el informe sólo podrá servir como una prueba de descargo por evidenciar que no incurrió en incumplimiento o en acciones. La Contraloría al iniciar el examen especial no le involucró en su desarrollo como funcionaria sujeto pasivo y tampoco el equipo auditor le formuló recomendación alguna por la que no existe indicio de responsabilidad penal en su contra ni predeterminación o confirmación de responsabilidades civiles o administrativas.

Sobre la alegación de que no ejerce controles antes y después para evitar perjuicios económicos. Describe la deficiente redacción de la acusación constitucional, pues la imputación de no haber ejercido controles antes y después se puede referir a la acción ministerial o a la celebración de los contratos, en ambos casos la imputación es imposible. Indica que, si se refiere a antes y después de una acción ministerial, menciona que, para que una actuación administrativa sea jurídicamente legítima, se debe reunir las condiciones de competencia, procedimiento, contenida, causa, objeto y motivación.

La aptitud para actuar del funcionario, esto es su competencia, sin clumples y quien actúa carece de título para ello, o el que ostenta sea defectuoso o la actuación se busca antes de la toma de posesión o con posterioridad al cese, lo que se desprende del artículo 226 de la Constitución. Es moralmente imposible en los términos del artículo 1447 del Código Civil exigir actuaciones anteriores a la posición del funcionario y posteriores a su cese, en ese caso sobre el contrato suscrito por CELEGP con ATM. Detalla que pretende juzgar políticamente por cuestiones ocurridas antes de su acción ministerial, implica desconocer la competencia de la Asamblea Nacional de iniciar el enjuiciamiento de esta naturaleza, lo que es correspondiente al principio de responsabilidad consagrado en el artículo 233 de la Constitución, sobre actos en ejercicios de funciones y en otros, que no tienen consecuencias políticas, por lo que a la acusación respecto de actuaciones mías antes de asumir funciones es totalmente incomprensible.

Señala que si se refiere a antes, durante y después de los contratos, se debe tener presente que, antes de los contratos de 19 de abril de 2024, se declaró la emergencia en el sector eléctrico, mediante Decreto Ejecutivo 229, encargó su ejecución al Ministro de Energía y Minas. El 23 de abril de 2024, el entonces Ministro de Energía y Minas dispuso hacia el EGP, entre otras cosas que todos los procesos de contratación emergentes se comuniquen al Ministerio. El contrato con ATM se suscribió el 9 de agosto de 2024, para lo cual previamente habían concluido tanto la etapa de estudio y la fase precontractual.

Estando el contrato en ejecución, se le encargó a la cartera de Energía y Minas del 9 de octubre de 2024, asumiendo el cargo cuando ya se había ordenado el pago de los dos primeros hitos por 58 millones 455 mil 011,55. Detalla que el 11 de octubre de 2024, una vez que asumó funciones, el directorio de CLGP nombró un nuevo gerente de la empresa y le dispuso solicitar a la Contraloría que efectúe un examen especial a ese contrato y otros suscritos por el anterior gerente, lo que hizo el 14 de octubre de 2024.

El examen especial inició el 16 de diciembre de 2024, mientras que el control con ATM seguía ejecutándose, por lo que el 12 de febrero de 2025 se suscribió el acta de recepción parcial, quedando pendiente el pago del 5% del valor contractual. El 27 de junio de 2025, la Contraloría le solicitó información. Describe que el 14 de julio de 2025 se aprobó el informe sin encontrar hallazgos en su contra. El 18 de julio de 2025, el directorio de CLGP solicitó a la Contraloría otro examen especial. El 1 de agosto de 2025, el gerente Electro Guayas presentó la denuncia penal por el proceso de contratación con ATM.

El 5 de agosto de 2025, el gerente de CLGP insistió a Contraloría la ejecución de un examen especial a los procesos de contratación entre 11 de octubre de 2024 al 18 de julio de 2025. El 5 y 7 de agosto de 2025 se insistió ante Fiscalía para que se practiquen las diligencias solicitadas en el marco de la denuncia presentada. El 22 de agosto de 2025, Concircular dispuso que CLGP, entre otras, me informe sobre las medidas adoptadas para resguardar los procesos de contratación. El contrato con ATM impedía resolver la terminación lateral del contrato sin agotar previamente la mediación y el arbitraje, además de haberse dictado una medida cautelar en el arbitraje de emergencia que imposibilitaba iniciar esa terminación.

Frente a la demanda arbitral propuesta por ATM contra CLGP el 19 de septiembre de 2025, al contestar la demanda se recombinó a ATM el 24 de noviembre de 2025. El 30 de junio de 2026, el tribunal arbitral archivó la demanda de ATM, decayendo la medida cautelar. El proceso arbitral continúa exclusivamente para resolver la reconvención presentada contra ATM. Describe que sus funciones ministeriales concluyeron el 7 de mayo de 2026, es decir, antes del archivo de la demanda de ATM. Indica que, por lo expuesto, no es preciso especular que tomó medidas de control para evitar un futuro perjuicio por el contrato con ATM y decir que existió una posible omisión dolosa.

Realiza el descargo respecto a que, como ministra, no implementó un control adecuado en las acciones ejecutadas por una empresa pública, bajo su coordinación para la ejecución y puesta en marcha de la central térmica de Esmeraldas III, lo que derivó en una ineficiente ejecución de políticas públicas y la prestación del servicio público de energía eléctrica, ocasionando prejuicio económico por 70 millones y una deficiente prestación del servicio, para la cual cita el artículo 154 de la Constitución. Sobre la legada falta de implementación de un control adecuado a las acciones ejecutadas por una empresa pública y la indeterminadamente acusada ineficiente ejecución de políticas públicas y el artículo 154 de la Constitución, señala que, no se indica en la acusación cuál es la política pública definida por el Presidente de la República ineficientemente ejecutada.

Las políticas públicas de la función ejecutiva son definidas por el Presidente de la República conforme al artículo 143, número 3 de la Constitución, políticas que deben elaborarse con obligatoria observancia del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Consejo Nacional de Planificación. Señala que si se va a acusar una ineficiente ejecución de políticas públicas, lo mínimo que se exige es que los acusadores precisen a qué se refieren. Si los acusadores pretenden que las políticas públicas son ejecutadas ineficientemente por un contrato administrativo, al menos deben indicar cómo puede ocurrir aquello.

Menciona que los controles respecto a los contratos con ATM fueron ejercicios oportunamente y dentro de las facultades que les correspondían. Señala que los siguientes argumentos sobre este cargo, señalados en la acusación constitucional, son circulares. Entonces, vuelven una y otra vez a lo mismo. Primero, se vuelve a hablar sobre una alegada omisión en ejercicio adecuado de una correcta rectoría de las políticas públicas antes, durante y después. Segundo, que ello ha permitido que el EGP, que formó parte del directorio, pague altas sumas de dinero dentro de un contrato irregular con ATM.

Tercero, que ello demuestra con el pago realizado el 9 de octubre de 2024, del 60% del valor del contrato cuando asumió el ministerio. La ex ministra sostiene que no tiene sentido responsabilizarla de los pagos del contrato con ATM, dado que la certificación presupuestaria se emitió el 22 de julio de 2024, más de dos meses antes de que ella asumiera el Ministerio de Energía y Minas. Detalla que los pagos en el sector público siguen un proceso administrativo riguroso e independiente que impide ejecuciones inmediatas o en el mismo día, el cual incluye contar previamente con la certificación presupuestaria requisito legal obligatorio para garantizar disponibilidad de recursos.

Verificación por parte de la administración del contrato y validación de documentos justificativos. Responsabilidad del personal del área financiera de el EGP y Electro Guayas para verificar que el pago corresponda a un compromiso devengado legalmente exigible. Los hechos económicos se contabilizan en la fecha que ocurran dentro de cada periodo mensual y autorización final para que el Ministerio de Economía y Finanzas efectúe el desembolso. La ex funcionaria reitera que el control, autorización y aprobación de los pagos no eran competencia del Ministerio de Energía y Minas, sino de las áreas financieras y la máxima autoridad del EGP y Electro Guayas.

Argumenta que es malintencionado atribuirle responsabilidad por una orden de pago que fue procesada e ejecutada mediante un procedimiento administrativo iniciado antes de su nombramiento el 9 de octubre de 2024. Insiste que no tuvo participación directa ni indirecta en la suscripción, gestión o administración del contrato con ATM, ya que este fue celebrado antes de que asumiera el Ministerio. Concluye que la terminación unilateral de un contrato es una potestad reglada, sujeta a causales, procedimientos legales y competencia específica, la cual no recaía en su cartera de Estado. Advierte además que el uso indebido de esta figura legal ha generado históricamente severos perjuicios económicos al Estado.

Cuarto, que la falta de planificación y controles se determinan porque el 27 de enero de 2025 el gerente de EGP Guayas autorizó prórrogas al contrato sin que como ministra haya implementado correctivos incumpliendo el artículo 233 de la Constitución. Enfatiza que en su calidad de miembro del directorio de SELEC-EP impuso medidas correctivas tras conocer el caso ATM, tales como remoción de gerentes, la solicitud de exámenes especiales a la Contraloría, el seguimiento de la denuncia penal ante la Fiscalía, la actuación en el arbitraje propuesto por ATM que fue retrasado y ahora se debe resolver la reconvención contra ATM, entre tantas otras cosas.

Sobre la no excepción de responsabilidades por los actos realizados por los servidores públicos, incumplimiento alegado del artículo 233, insiste que los ministros carecen de inmunidad formal o de fondo, por lo que lo imputado se constituye en un imposible. Quinto, sobre que el artículo 233 de la Constitución es aplicable a las acciones y omisiones incurridas como ministra en el contrato con ATM y las generalizaciones imprecisas sobre pretender de manera negligente decir que ello hace públicamente responsable del prejuicio económico por más de 70 millones de dólares por omisión de control y falta de rectoría de las políticas públicas, tratándose de además señalamientos repetitivos ya contestados.

La ex ministra sostiene que la acusación debe archivarse, ya que ha demostrado con pruebas haber ejercido la protección del patrimonio público mediante la solicitud de exámenes especiales a la Contraloría, la orden de presentar denuncias penales ante la Fiscalía, el resguardo de los procesos de contratación y la reconvención judicial contra ATM. Argumenta que, según decreto 220 de 2010, CDGP y sus unidades de negocio poseen facultades amplias de autónomos para ejecutar controles de toda índole. Por tanto, aunque existiera un estado de excepción en el sector eléctrico, la entidad competente para ejecutar dichas contrataciones era y sigue siendo CDGP.

Explica que, al declararse la emergencia mediante resolución de 10 de junio de 2024, la responsabilidad sobre los procesos de contratación recayó exclusivamente en la máxima autoridad de la entidad contratante, es decir, el gerente general de CDGP, conforme a los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Finaliza reiterando que ni el presidente de la República, ni ella en su calidad de ministra, ni el directorio de CDGP, tienen responsabilidad legal por las contrataciones derivadas de la emergencia, pues dicha atribución y responsabilidad administrativa corresponde legalmente al gerente general de CDGP.

Afectación al derecho ciudadano de recibir un servicio público de energía eficiente. La exministra señala que la acusación sostiene que incumplió su deber de asegurar un servicio público de energía eficiente. Sobre los artículos 314, 315 y 403 de la Constitución, menciona que las disposiciones establecen. El Estado es responsable de la provisión de servicio público de energía eléctrica, entre otros, lo que se gestiona a través de empresas públicas, las que están reguladas y controladas por los ministerios, formando parte de su directorio y teniendo la obligación de control y supervisar los servicios y los contratos para promover la eficiencia energética.

La Constitución de 2008 reimplantó los llamados sectores estratégicos eliminados en la forma constitucional de 1997. Dentro de estos sectores estratégicos se incluyen a determinados bienes y algunos de los servicios públicos afectados a través del texto constitucional, como es el caso del de energía eléctrica. El régimen constitucional de la prestación de servicios públicos no varía por estar incluidos o no dentro de los sectores estratégicos. Pues en todos los casos se aplica un sistema y reglas comunes. Todos deben ser gestionados por empresas públicas, previéndose la participación de empresas mixtas y por excepción el establecimiento de concesiones, con la sola excepción del agua, cuya gestión se ha reservado exclusivamente para el sector público y el comunitario, tal como disponen los artículos 315, 316 y 318 de la Constitución, lo que se ha confirmado por la Corte Constitucional.

Señala que las actuaciones del Ministerio a su cargo se encaminaron dentro de una emergencia declarada en el sector, precisamente a que el Estado cumpla su deber de promover la eficiencia energética como ordena el artículo 413 de la Constitución. Sobre la afirmación de que los contratos irregulares suscritos con ATM en perjuicio económico del Estado y la prestación inadecuada del servicio de energía eléctrica, para lo que necesita los artículos 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y 7 a 13 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, indica que insiste en que el sector eléctrico tiene una estructura institucional encabezada por el Ministerio y una estructura empresarial constituida, entre otras, por empresas públicas.

Indica que querer mezclar un específico tema contractual con la pretensión imprecisa de que no se ha cumplido políticas públicas es insostenible, como ascuricarle en términos genéricos e indeterminados una prestación inadecuada del servicio en el que intervienen las empresas públicas y entes públicos, como la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, que es la que regula los aspectos técnicos, económicos y operativos de las actividades relacionadas con la prestación del servicio público de energía eléctrica, que se realizan a través del Operador Nacional de Electricidad, SENACE. Indica que el contrato con ATM no es un contrato de concesión ni constituye autorización de operación, sino una adquisición de bienes para CLGP.

Respecto de la invocada Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la acusación no va más allá de reseñar al artículo 4 de esa Ley Orgánica sobre los derechos de los consumidores, no establece porque es imposible que tema contractual que plantea implique limitación o vulneración de esos derechos y menos aún formula de impedimentos a los mecanismos para su protección. Respecto de esos derechos, ante la prestación de servicios públicos de investigación a prestadores de servicios públicos, la realiza la Defensoría del Pueblo conforme el artículo 215, numeral 3 de la Constitución.

Tampoco se limitan las reclamaciones que los usuarios pueden hacer en cualquier evento por eficiente prestación de servicios conforme la Constitución. Indica sobre el saneamiento de no proveer ni antes, ni durante, ni después que el servicio de energía eléctrica se presta en forma eficiente. Indica que, precisamente por ello el Presidente de la República, decretó la declaratoria de excepción del sector eléctrico por el inadecuado mantenimiento de las infraestructuras afectando la prestación del servicio público, mediante decreto 229 de 19 de abril de 2014, esto es antes de su gestión ministerial.

Las razones emergentes de esa declaratoria se confirmaron por la Corte Constitucional en razón de que repercuten en la convivencia normal de la ciudadanía, provocan preocupación generalizada por la crisis energética, pese al reconocimiento de que se trata de un tema que debía ser atendido oportunamente a través del régimen ordinario. Explica que todas sus actuaciones se dirigieron no sólo a la corrección de las decisiones administrativas, sino al cumplimiento en la prestación del servicio en las condiciones emergentes acaecidas. En relación con el indicado perjuicio económico en razón del contrato con ATM, señala, se remite a lo indicado con lo anterior.

Indica que la acusación vuelve otra vez a referirse al informe de contraloría y al informe de minoría sobre lo que señala, se remite a lo indicado oportunamente. Señala que la acusación vuelve a indicar que no ejecutó las tareas de supervisar y evaluar la ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos para el desarrollo y gestión en el ámbito de su competencia, insistiendo en un alegado perjuicio económico al que ya se refirió. No rendir cuentas y posible manipulación de procesos de fiscalización. La acusación relativa a no rendir cuentas y posible manipulación del proceso de fiscalización sin perjuicio a lo que sostienen hipotéticos.

Detalla que es rechazable la acusación por imposible. Es una imputación especulativa no concreta y basada en supuestos. Explica que el artículo 297 de la Constitución contiene una norma referida a que todo programa con financiamiento público debe determinar objetivos, metas y plazos con fines de evaluación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, debiendo existir control público a las transferencias de bienes y recursos conforme a las normas, todo lo cual ha ocurrido, al extremo que, respecto a la contratación que se usa para intentar el enjuiciamiento, es un asunto conocido por Contraloría, Fiscalía y otras instituciones como pedidos realizados con su intervención como ministra.

Indica que los supuestos charles revelados por el medio de comunicación Ecoavisa no son ni pueden usarse como prueba por lo que sigue. El artículo 76, numeral 4 de la Constitución, condena la invalidez y la ineficacia probatoria a las obtenidas o actuadas con violación a la Constitución y la ley. Las pruebas de la imputación deben ser legal y por tanto no sólo debe actuar sin prueba, sino que tampoco se debe obrar con prueba del esnable. Cuando se hace referencia a actuar sin prueba, se debe considerar que evidentemente no se le debe hacer sin los recaudos que exige la normativa, tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Condenar sin prueba o utilizando prueba ilegal implica violación del derecho a la presunción de inocencia. No se ha demostrado regularmente la responsabilidad y pese a ello se aplica a las consecuencias jurídicas por imputaciones no confirmadas. La prueba ilícita es entonces una cuestión constitucionalmente relevante, como la ha confirmado la Corte Constitucional, garantía el debido proceso que se refiere a constitucionalidad de la obtención y actuación de pruebas. Por ello la Corte ha analizado la licitud de la prueba actuada, no sólo respecto de la regularidad de su incorporación, sino de su relevancia, eficacia probatoria, incluso por su no actuación.

La prueba suficiente, esto es, la que confirme el hecho imputado, fuera de toda duda razonable, se relaciona con su valoración, pero en el caso de la prueba ilícita nos referimos siempre a la forma como fue obtenida adoptada. Por ello, toda desestimación a una oficina por prueba ilícita, como la que estoy realizando, debe hacerse de modo motivado. Indica de este modo, se condena la prueba obtenida en violación de derechos fundamentales, como ocurre, por ejemplo, con la que logra atacando la inviolabilidad de las comunicaciones reconocidas en el artículo 61, numeral 21 de la Constitución.

Esa violación a la intimidad constituye delito, por lo que la intercepción de comunicaciones debe haberse siguiendo estrictas reglas adjetivas, las que se refiere básicamente a la obtención de autorización judicial, con las excepciones legales, como determina los artículos 178 y 476 del Código Orgánico Integral Penal. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11.2, reconoce el derecho de las personas a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas, en su vida privada, en la de su familia o su domicilio, o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o repugnación.

Por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, además, de que este derecho incluye las conversaciones telefónicas, por lo que siempre se debe evaluar si una injerencia a un derecho establecido en la Convención Americana, es permitida a la luz de dicho tratado, lo que implica que las condiciones y circunstancias generales que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho fundamental determinado, debe estar claramente establecida por la ley, siendo violatorio del derecho que esa intercepción y divulgación no cumpla las condiciones legales. La Corte Constitucional ha señalado que, si bien la interceptación es una medida que cumple un criterio de inoidad respecto del fin constitucional que persigue para acreditar el requisito de necesidad, no puede quedar exenta de filtros de razonabilidad que merece una verificación independiente, por lo que ésta se sujeta a revisión y autorización judicial que controle su alcance y aplicabilidad y que también implique un control expo en su ejecución.

Detalla, que sin perjuicio del indicado de esos chats no revela responsabilidad de ninguna clase, por lo que sin que ello implique aceptación sobre la realidad de su contenido, indica que los supuestos chats se referían al caso Progen, que no es materia de este enjuiciamiento y no al contrato con ATM, por lo que incluso si no fuera ilícita, como se demostró, sería prueba impertinente. En todo caso, decirle a alguien que una comparecencia a sus respuestas deben ser escuetas no implica irregularidad anguna. Uno de los vicios comunes en comparecencias y testimonios es que el deponente conteste lo que no se le ha preguntado o que vaya más allá de lo que se refiere al cuestionamiento.

Una respuesta escueta es una contestación concisa, es decir, sin adornos ni detalles innecesarios. La responsabilidad de la pregunta es de quien elabora el cuestionario y no de quien lo responde. Señala que a hacer referencia hubo una coordinación para evitar un primer intento de juicio político es un total despropósito, pues es un hecho imposible. Precisa que el juicio político debe dirigirse contra uno de sus sujetos pasivos, según la Constitución, pero de lo que entiende este señalamiento se refiere a la ministra y no a Fabián Calero, pues los gerentes de empresas públicas no son enjuiciables políticamente.

El enjuiciamiento político de un ministro se base en lo que sigue conforme al artículo 131 de la Constitución. Que la acusación sea sostenida por la cuarta parte del total de los asambleístas y con los requisitos de ley. Que el enjuiciamiento proceda durante el ejercicio de las funciones y hasta un año después de terminadas. Que la acusación se base en un incumplimiento de funciones. Es imposible que un sujeto pasivo de juicio político pueda definir ser sometido o no a una acusación constitucional. Las calificaciones previas corresponden al Consejo de Administración Legislativa y a Comisión de Fiscalización.

Esas calificaciones no sólo que no dependen del sujeto pasivo del juicio político, sino que no cuentan con él. De hecho, como consta en los antecedentes, esas calificaciones se han dado en ese caso pese a los vicios de la acusación. Tan imposible es que hoy estoy siendo sometida a este procedimiento a despecho de una acusación tan desorientada como una aventurada y contradictoria. Se refiere a la posibilidad de que sujetos pasivos hayan conocido anticipadamente la estrategia de control político. Sobre lo que indica, si por estrategia se tiene que elaborar una acusación basada en supuestos con argumentos circulares, los acusadores no son muy generosos con sus propias deficiencias.

Señala que conocer anticipadamente una estrategia implica como ministra haya sabido previamente el contenido de una acusación constitucional, no de las preguntas o informaciones que se requieran en un procedimiento documental, lo que llamativamente requerirá tener contacto con los acusadores o con los requerentes de información, cosa que además de ser otro imposible, no se señala en esta desorientada acusación. Precisa que la acusación llega al extremo de imputarle acuerdos previos sobre comparecencias y limitar al alcance de las preguntas, entre otras imposibles conjeturas, un ministro no está presente en la sala de las comparecencias de terceros ni maneja el interrogatorio.

Señala que la pretensión de usar una acusación constitucional para hacer veladas imputaciones a otras personas es de plano rechazable. Indica que es impropio que una ex ministro y menos un ministro en funciones asuma la defensa de un legislador, como es el caso de las referencias hechas al asambleísta Diana Jacome, con la irregular fórmula de ser sometida a juicio político. El acusado no es testigo de cargo en un enjuiciamiento político y no es de este escenario el que deba usarse para hacerse señalamientos contra terceros que no puedan ejercer el contradictor.

Sustentar una acusación constitucional en supuestos es rechazable. Nótese que los acusadores, pese a su inmunidad de fondo o inviolvidad, no se atreven a decir que como ministra ha indicado a Fabián Calero, sino que habría indicado a Calero que sus respuestas deben ser escuetas. Se dice que el principal problema no radica únicamente respecto a los contratos con Progen, que son materia de este juicio y con ATM, sin en la posible interferencia con los mecanismos de control político. Decir que las consecuencias es que aquello podría ser interpretado como una vulneración al principio de transparencia es el corolario de la arbitrariedad de los acusadores, entonces los juicios políticos ya no se basan en cumplimientos de funciones, sino en lo que puedan interpretar otras personas.

Para grabar lo dicho, resulta que esa posible interpretación no está sustentada en ningún hecho concreto, sino en una simple idea o conjetura. Señala que se le permita no referirme a los señalamientos que como espacio de negociación política hacen los acusadores y sobre lo que indica no le corresponde pronunciarse, pues su obligación constitucional de responder sobre sus actos, incluso a base de infundios, la está cumpliendo dentro del marco de la Constitución y la ley. La exministra indica como conclusión que la acusación constitucional es en sí misma un relato impreciso, especulativo e incompleto de hechos, los que además no se sostienen en prueba alguna, lo que se hace imposible en un juiciamiento político y menos aún una moción de censura, más allá de que se evidencia que los acusadores esperan un obrar arbitrario por parte de los comisionados y asambleistas.

Indica que la inexistencia de un cumplimiento de funciones del ejercicio de la cartera ministerial referida en la acusación se corroborará objetivamente en los hechos probados por ella, que corroborarán sus señalamientos, lo que confirma la procedencia del archivo de este procedimiento de control político, del que deberá estar precedido del informe que así lo recomiende. Sistematización de la prueba de descargo anunciada. La exfuncional ya cuestionada, en su calidad de exministra de Ambiente y Energía, como parte del ejercicio de su derecho de la defensa, plasmado el documento de contestación y anuncio de pruebas de descargo ingresado el 10 de julio de 2026, mediante oficio sin número asignado con el trámite 48.3507, anunció y adjuntó un universo probatorio técnico documental para desvirtual, las omisiones alegadas recogiendo en la respectiva matriz que consta en el expediente digital y que fue puesto ante la comisión en la sesión 55 del lunes 13 de julio de 2026, que corresponden a 13 pruebas documentales destacándose los siguientes elementos agrupados por temáticas.

Contratación pública, actas y gestión operativa. Contrato CELE-EP-EGU-Esmeraldas-002, de 9 de agosto de 2024, para la adquisición de generadores termoeléctricos, actas y resoluciones del directorio de CELE-EP, sobre designación de nuevo gerente y disposición de examen especial, oficios de solicitud y seguimiento de exámenes especiales ante la Contraloría General del Estado, acta de entrega de sesión parcial, oficio de requerimiento de información de la Dirección Nacional de Auditoría y el informe de Estado del contrato que hace referencia al estatus co-dispuesto por el árbitro de emergencia, acciones legales y procesos penales, denuncia número 09010182508096 por delincuencia organizada y correos electrónicos materializados de remisión de documentación oficial entre CELE-EP y la Fiscalía General del Estado, 2.4, trámite de la solicitud de juicio político.

A través del memorando número AN-MP-LBBL-2016-001-T17 de junio de 2026 y sus anexos, signado con número de trámite 482589, dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno Dávila, los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blas Coluna, presentaron la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés María Mazano Díaz. Posteriormente al trámite, siguió las siguientes etapas. El 19 de junio de 2026, la asambleísta Mónica de Jesús Salazar Hidalgo, en calidad de asambleísta por la provincia de Los Ríos y tercera vocal del CAL, presentó la moción a fin de que el Consejo de Administración Legislativa aboque conocimiento de la solicitud y disponga a la Unidad de Técnica Legislativa la elaboración de un informe técnico jurídico no vinculante.

El 19 de junio de 2026, la Prosecretaría General emitió un memorando notificando a la Unidad de Técnica Legislativa para que prepare el informe requerido. El 20 de junio de 2026, la Unidad de Técnica Legislativa remitió el informe técnico no vinculante de cumplimiento de requisitos, concluyendo que la solicitud cumplía con los requisitos previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa, recomendando al Consejo de Administración Legislativa admitir a trámite la solicitud de enjuiciamiento político. El 24 de junio de 2026, el Consejo de Administración Legislativa resolvió dar inicio al trámite de juicio político contra la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, verificando el cumplimiento de los requisitos formales y disponiendo la remisión del expediente a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político.

El 24 de junio de 2026, la Prosecretaría General, mediante memorando AN-SG-2026-3074-M, notificó oficialmente al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que aboque conocimiento y sustancie el trámite. Dentro de la sesión 051 de 26 de junio de 2026, el Pleno de la Comisión aprobó la resolución 010-2025-2027, en la cual en su parte pertinente se resolvió abocar conocimiento y calificar la solicitud de enjuiciamiento político contra la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, contenida en el memorando de 17 de junio de 2026 y sus anexos, signado con número de trámite 482589, presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenín Barreto y Blas Coluna.

Con oficio número AN-CFCP-2026-0040-O y memorando número AN-CPCP-2026-02-16-M y correos electrónicos de 26 de junio de 2026, se notificó a las partes con la calificación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del ex ministro de Ambiente y Energía, presentado por los asambleístas Mónica Palacios, Lenín Barreto y Blas Coluna. Mediante memorando de 8 de julio de 2026 y anexo de la misma fecha, los asambleístas Mónica Palacios, Lenín Barreto y Blas Coluna solicitaron que de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Ofición Legislativa y toda vez que a la fecha de la presentación de la solicitud de enjuiciamiento político no se encontraba disponible la información detallada, se recrea la conventación con la finalidad de incorporarla como prueba nueva dentro del trámite de enjuiciamiento político.

Séptimo, conclusiones. Con base a la sustanciación realizada en el examen de las pruebas de cargo, descargo y de oficio y en el razonamiento técnico jurídico motivado y expuesto en el apartado correspondiente la comisión especializada permanente de fiscalización y control político en su calidad de órgano sustanciador y en relación con el mérito del expediente configurado por las partes, en particular, mediante solicitud de enjuiciamiento político contenido en el memorando número N-MP-LBB-L-2026-001-JP de 17 de junio de 2026 signado con número de trámite 482589 contestación contenido en el oficio sin número de 10 de julio de 2026 suscrito por la abogada Inés Manzano y sus abogados patrocinadores ingresado mediante el sistema de gestión documental de la Asamblea Nacional con número de trámite 483507 concluye lo siguiente sobre la ausencia de nexo causal administrativo y tipicidad la y los asambleístas proponentes no lograron demostrar un nexo causal directo entre las competencias legales de la ex ministra de Ambiente y Energía y los actos precontractuales, contractuales de recesión técnica o de desembolso ejecutados en el contrato emergente número CELEG-EP-EGU-Esmeraldas-002 tales actuaciones corresponden a la personalidad jurídica, autonomía y competencia exclusiva del gerente general de CELEG-EP y de las unidades de negocio segundo, sobre los errores dogmáticos en la formulación de los cargos la solicitud de enjuiciamiento político pretendió fundar el incumplimiento de funciones en la cita de cláusulas y principios constitucionales abstractos y no observando que la responsabilidad política de los ministros de Estado deriva exclusivamente de los deberes específicos signados por la ley asimismo, la acusación incurrió en una errónea equiparación entre las funciones de rectoría sectorial de la política pública y la gestión operativa empresarial de las empresas públicas adscritas tercero, sobre la imposibilidad temporal y la inexistencia de omisión quedó plenamente acreditado mediante la prueba de oficio resolución número 012-CEP-FISP-2015-2017 que el desembolso del 60% del contrato ATM fue procesado por la unidad de negocio Electro Guayas a las 16 horas con 39 minutos del 9 de octubre de 2024 horas antes de que el encargo ministerial de la procesada sea registrado en el sistema MINCA 18 horas con 42 minutos de igual forma se desvirtuó la omisión en la fiscalización al probarse la interposición de denuncias penales por delincuencia organizada y la reconvención arbitral por 131 millones impulsadas por la administración cuarto, sobre la insuficiencia e ineficacia de la prueba de cargo la prueba testimonial de cargo anunciada no fue evacuada por la no comparecencia de los testigos teniéndose por insistente a su vez, las declaraciones testimoniales practicadas y el material informativo presentado carecen de la cualificación pericial y conducencia requeridas para fundar una infracción no habiéndose aportado elementos de juicio que demuestren transgresión legal alguna quinto, sobre la falta de méritos del apéndice de obstrucción las alegaciones sobre una supuesta interferencia al control político carecen de respaldo pericial y sustento normativo no habiéndose probado acto alguno de la ex ministra que haya impedido la fiscalización parlamentaria por ende, este cargo carece de mérito fáctico y jurídico sexto, conclusión general de improcedencia al no haberse demostrado el incumplimiento de funciones constitucionales o legales imputado a la abogada Inés Manzano el proceso de enjuiciamiento político adolece de una absoluta falta de méritos e insuficiencia probatoria de cargo octavo, recomendaciones de conformidad con el apartado del análisis y conclusiones del presente informe motivado, no vinculante y incumplimiento del trámite propio del procedimiento dispuesto en los artículos 80, 81 y 88.1 y 82 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa y tras haber culminado la fase de sustanciación que incluyo la actuación probatoria dentro de la presente solicitud de enjuiciamiento político la comisión especializada permanente de fiscalización y control político en ejercicio de desatribuciones legales recomienda al pleno de la Asamblea Nacional heraltivo del trámite de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía Inés Manzano presentada por los asambleístas Mónica Estefanía Palacio Zambrano Lenin Daniel Barreto Zambrano y Blasco Remigio Luna Arevalo por no haberse probado la existencia de un exo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones contemplada en el artículo 131 de la Constitución de la República y en el segundo inciso del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa existiendo una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política resolución y detalle de la votación del informe en la sesión número 055-CEPFISP-2005-2027 del 24 de julio de 2026 la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político analizó y debatió el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía Inés Manzano presentada por los asambleístas Mónica Estefanía Palacio Zambrano Lenin Daniel Barreto Zambrano y Blasco Remigio Lunarevala contenida en el memorando número AN-MPLBBL-2026-001-JP de 17 de junio de 2026 signado con número de trámite 482589 para lo cual el asambleista Luigi Edu García Velázquez mediante memorando AN-MPL-2026-0135M de fecha 24 de junio de 2026 mociónó aprobar el informe de sustanciación correspondiente a la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía Inés Manzano aparejado a la convocatoria contenida en el memorando número AN-C-FCP-2026-0267-M de 23 de julio de 2026 a fin de que sea remitido de forma inmediata al presidente de la Asamblea Nacional se deja constancia en tal virtud que la moción contó con la siguiente votación asambleístas presentes 10 asambleístas principalizados ninguno detalle de la votación asambleísta Ferdinand Arturo Álvarez Zambrano a favor asambleísta Janet Caterin Bustos Salazar en contra asambleísta Frickson Vinicio George Tenorio en contra asambleísta Luigi Edu García Velázquez a favor asambleísta Ana Cecilia Herrera Gómez en contra asambleísta José Luis Nangokuhi a favor asambleísta Nanki Lauro Sanjuang en contra asambleísta Fabiola Maribel San Martín Parra a favor asambleísta Ana Belén Tapia Vallejo a favor asambleísta María Paula Villacreses Herrera a favor a favor seis votos en contra cuatro asambleístas ausentes ninguno décimo asambleísta ponente por la naturaleza del trámite específico y propio de la figura del enjuiciamiento político dispuesto en los artículos 78, 79 y 80 80.1, 81, 81.1 y 82 de la ley orgánica de la acción legislativa el presente informe sobre la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de ambiente y energía Inés Manzano no contempla la designación expresa de una o un asambleísta ponente que se encargue de la exposición del mismo ante el pleno de la asamblea nacional durante el debate respectivo que según lo establece la ley versa respecto a la interpelación al funcionario cuestionado y no sobre el contenido del informe motivado no vinculante emitido por la comisión de fiscalización y control político por tanto no cabe la designación de ponente dentro del presente informe décimo primero nombre y firma de las y los asambleístas que suscriben el informe para constancia de lo expresado y en plena comprensión del contenido integral del presente informe de sustanciación de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de ambiente y energía Inés Manzano presentada por los asambleístas Mónica Estefanía Palacio Zambrano Lenin Daniel Barreto Zambrano y Blasco Remigio Lunar Évalo contenida en el memorando número N guión MP LPBL guión 2026 guión 001 guión JP de 17 de junio de 2026 signado con número de trámite 482589 suscriben el presente documento las y los asambleístas miembros de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político lo suscribe asambleísta Ferdinand Arturo Álvarez Zambrano presidente de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político décimo segundo certificación en mi calidad de secretaria relatora de la comisión especializada permanente de fiscalización y control política certifico que el presente informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del ex ministro de ambiente y energía Inés Manzano presentado por las asambleístas Mónica Estefanía Palacios Zambrano Lenin Daniel Barreto Zambrano y Blasco Remigio Lunar Évalo fue conocido debatido y aprobado en la sesión 057 CEP FYCP 2025 2027 bajo la modalidad presencial el 24 de julio de 2026 por el pleno de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político con la presencia de las y los siguientes asambleístas Ferdinand Arturo Álvarez Zambrano Ana Belén Tapia Vallejo Ana Cecilia Herrera Gómez Fabiola Maribel San Martín Parra Janet Caterin Busto Salazar Frison Vinicio George Tenorio María Paula Villagreses Herrera Luigi Edu García Velázquez Nanki Lauro San Juanca José Luis Nango Cugi con la siguiente votación de las y los asambleístas a favor Ferdinand Arturo Álvarez Zambrano Ana Belén Tapia Vallejo Fabiola Maribel San Martín Parra María Paula Villacres Herrera Luigi Edu García Velázquez y José Luis Nango Cugi total votos seis en contra Ana Cecilia Herrera Gómez Janet Caterin Busto Salazar Frison Vinicio George Tenorio Nanki Lauro San Juanca total cuatro votos abstención cero en blanco cero asambleístas ausentes ninguno lo que certifico para los fines legales pertinentes dado en la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil veintiséis atentamente de nizunita secretaria relatora señor presidente hemos dado lectura al informe de sustanciación de juicio político no no

Gracias, señor secretario. Se abre el debate. Señores asambleístas, quiero recordarles que al tratarse de una moción, el tiempo de intervención de los asambleístas es de máximo cinco minutos, salvo excepciones que yo mismo controlaré de aquel asambleísta que presente el contenido del informe y de aquellos asambleístas que, como fueron interpelantes, puedan tener adicionales minutos, pero no sobrepasando demasiado el tiempo establecido. Tiene la palabra el asambleísta Luis G. García.

Ecuatorianos y ecuatorianas, luego de 28 días de sustanciación del juicio político, la Comisión ha elaborado el informe, la Comisión ha cumplido con sus deberes y con sus atribuciones constitucionalmente atribuidas. Este juicio político ha guardado los elementos básicos, los elementos mínimos que requieren no sólo cualquier juicio, pero sí un juicio político que debe llevar esta Asamblea Nacional. Transparencia, contradicción, respeto, legalidad, debido proceso, pero sobre todas las cosas, publicidad y transparencia. Los ecuatorianos fueron testigos de todas las sesiones del juicio político, fueron testigos de los diferentes actos de este juicio político en el que todos tuvieron la oportunidad de hablar, todos tuvieron la oportunidad de expresarse.

Y pese a los diferentes intentos de generar caos, de generar narrativas, esta Comisión ha llevado la altura y la compostura en el debate y en el desenvolvimiento de las sesiones. Hoy, esta Comisión, a través de sus comisionados, no se ha quedado de brazos cruzados, porque pese a las deficiencias probatorias que existieron alrededor de todo este proceso, ha sido esta Comisión, a través de sus comisionados, que han solicitado pruebas, para mejor resolver, pruebas de oficio de vital importancia para la elaboración del informe que hoy presento. Antes de hablar de responsabilidades, antes de hablar de una eventual censura, para hablar de una censura, para hablar de un informe, hay que hablar de los hechos.

Esta Comisión solo podía basarse en los hechos, en el plexo probatorio que han ustedes, los proponentes del juicio político, la defensa de la ministra Manzano, han anexado el proceso. Y esa era nuestra realidad, esos eran nuestros anexos, era nuestra responsabilidad realizar el respectivo examen de reproducción de pruebas y razonamiento técnico-jurídico, solo en base a eso, en nada más. No en TikToks, no en pósters, no en la imaginación de unos pocos. Para determinar cualquier responsabilidad, sea civil, penal, administrativa, o el día de hoy, lo que nos trae aquí, política, nos debemos de basar en los hechos.

Y vamos a los hechos, señor Presidente, me va a permitir informarle al país y a este Pleno que los proponentes del juicio político han realizado su deber de otorgar a la Comisión las pruebas de cargo un informe de Contraloría, un informe de minoría de la Comisión de Transparencia y 23 links de noticias. Esa fue la prueba de cargo. Las pruebas de descargo, 13 documentos probatorios y las pruebas de oficio, dos pruebas de oficio solicitadas por este legislador, ASELEC, a Presidencia de la República y un testimonio que fue solicitado por la Asamblea Herrera.

Sobre el informe de minoría de la Comisión de Transparencia, refiere a un acto propio, refiere a un documento que, por obvias razones, por ser elaborado por uno de los proponentes, carece de cualquier tipo de imparcialidad y, por supuesto, de contradicción con la funcionaria hoy cuestionada. El informe de Contraloría, un informe que en ningún momento menciona, así sea el nombre, de la funcionaria hoy cuestionada y que en sus conclusiones y recomendaciones no llevan a determinar un nexo causal entre los presuntos acciones o omisiones y la funcionaria cuestionada.

Los comisionados hemos hallado la ausencia de un nexo causal y de tipicidad entre las competencias de ley de las cuales puede hacerse cargo la ministra Manzano y los actos precontractuales, contractuales o de desembolso de recursos públicos que se han intentado... ... ... ... ... ... ... ... ...

probar en este juicio político.

El contrato CELEC-EP-ECU-ESMERALDA-002, objeto de este juicio político, ha develado que dentro de sus cláusulas, una de las acusaciones que ponen los proponentes es que no existió iniciativa de la funcionaria cuestionada de terminar unilateralmente este contrato. El contrato, como muchos aquí los conocemos, el contrato es ley para las partes. Y era la cláusula décimo novena de este contrato que prohíbe expresamente que la funcionaria dé paso a una terminación unilateral del contrato. ¿Por qué? Porque ahí estuviéramos luego hablando de que el país debería de pagar reparaciones millonarias a las empresas por este acto ilegal.

sobre el intento o sobre la acusación del giro al exterior 0002 del Banco Central del Ecuador del 10 de octubre del 2024. Se intentó instaurar la narrativa de que este desembolso de fondos era parte de la gestión de la ministra Manzano, lo que sí la comisión de no quedarse brazos cruzados ha solicitado a Presidencia de la República que dé paso a informar en qué hora y a qué momento fue enviada o fue emitido el decreto presidencial que encarga por primera ocasión a la ministra Manzano, y esto es el 9 de octubre a las 6 y pico de la tarde.

El desembolso de los fondos, la orden de pago 822314, sale el 9 de octubre a las 4 y 39, lo que permite a esta comisión y lo que permitió a la comisión determinar que era cronológicamente imposible que la funcionaria haya tenido algún tipo de injerencia en esta emisión de pago. Sobre el memorando circular MEM 2024, del 23 de abril de 2024, estamos hablando de que la única finalidad de esta circular era dar una responsabilidad a la coordinación jurídica a fin de que ésta haga un análisis de proporcionalidad y una validación de admisibilidad sobre los contratos que puedan llegar a ser ejecutados dentro de esta emergencia.

Señor Presidente, ecuatorianos, luego de un análisis exhaustivo y al no llegar a una correcta individualización de la comisión de las acciones u omisiones que posiblemente haya cometido la funcionaria cuestionada, la comisión ha recomendado el archivo del trámite de juicio político al no encontrarse la correcta, lo repito, individualización ni el nexo causal entre las acciones u omisiones de la funcionaria cuestionada. Señor Presidente, ecuatorianos y ecuatorianas, la comisión y sus comisionados han actuado en el marco de sus competencias y atribuciones constitucionales. La comisión elaboró su informe con el plexo probatorio que fue puesto a nuestra disposición con las pruebas para mejor resolver qué ha solicitado esta comisión y, por supuesto, en el marco del derecho.

La comisión y sus comisionados responden a los hechos. La comisión y la Asamblea Nacional deben responder a los hechos. No a presiones políticas, no a relatos, no a TikToks, no a pósters, ni mucho menos a la imaginación de unos pocos. Señor Presidente, devuelve usted el uso de la palabra.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta José Nango.

Un fraterno saludo a la parroquia 10 de agosto, quien está presto a recibir sus fiestas parroquiales. A mi parroquia Montalvo y a la provincia de Pastaza, un gran saludo y fraterno abrazo. Compañeros y compañeras de asambleístas, estoy seguro que aquí todos queremos que sea justicia con el atraco de Progen. Todos queremos que los responsables estén tras las rejas y las autoridades competentes estén haciendo su trabajo. Pero hacer justicia aquí en la Asamblea Nacional es cumplir lo que manda la ley y la norma en materia de las responsabilidades políticas de los ministros en el marco de sus competencias y atribuciones.

Hoy este pleno fue convocado para determinar si las pruebas presentadas demostraron que la ex ministra Inés Manzano incumplió de manera personal y concreta las funciones que la Constitución y la ley le asignaban. Y luego de revisar el expediente, la respuesta es clara. La responsabilidad, esa responsabilidad no fue aprobada, no fue probada, perdón. La Comisión de Fiscalización presentó un informe de archivo por falta de voluntad para investigar. Lo hizo porque la acusación no consiguió demostrar la causal prevista en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador.

Un juicio político no puede sostenerse en la indignación, por legítima que sea. Tampoco puede construirse acumulando titulares, sospechas y afirmaciones generales. Para censurar políticamente a una autoridad se debe demostrar qué función incumplió, qué conducta se le atribuye y cuál fue su participación concreta. Aquí, eso no ocurrió. Los asambleístas proponentes afirmaron, sin pruebas contundentes, que la exministra no protegió los recursos públicos, no controló adecuadamente a Selec-EP, permitió la continuidad del contrato con ATM y habría interferido en la fiscalización legislativa. Pero la acusación partió de un error que atraviesa todo el expediente.

Confundió la rectoría del sector eléctrico con la administración directa de los contratos de Selec-EP. La ministra tenía responsabilidades políticas de planificación, dirección y evaluación del sector. Nadie lo niega, pero Selec-EP tenía autonomía administrativa, financiera y operativa. Sus funcionarios eran responsables de contratar, ordenar pagos, recibir equipos, imponer multas y administrar los contratos. Pretender que responda automáticamente por cada actuación de una empresa pública no es fiscalización. Es buscar una responsabilidad por el cargo que ocupaba y no por los actos que realizó. Y el control político no puede funcionar así.

También se intentó responsabilizarla por hechos que ocurrieron antes de que asumiera sus funciones. El contrato con ATM fue adjudicado y suscrito en agosto del año 2024. Inés Manzano asumió el ministerio el 9 de octubre del mismo año. No participó en la invitación, en la evaluación de la oferta, en la adjudicación ni en la firma del contrato. A pesar de ello, la acusación presentó esas irregularidades como si fueran propias de su gestión. Eso es inadmisible. También se presentó el informe de Contraloría como uno de los principales fundamentos de la acusación.

Ese informe contiene observaciones graves. Debe investigarse cada actuación, cada pago, cada responsabilidad. Pero el informe no atribuyó personalmente Inés Manzano la firma del contrato, la autorización del desembolso, la recepción de los equipos, ni en la administración contractual. La acusación quiso utilizar las irregularidades detectadas en CELEGEP para sostener una responsabilidad ministerial automática. Pero nunca logró demostrar el vínculo entre esas irregularidades y una omisión concreta de la exministra. Sin ese vínculo, no existe responsabilidad política aprobada. Los proponentes también presentaron noticias, entrevistas, publicaciones digitales y supuestos chat. Pero una noticia no sustituye un documento oficial.

Un reportaje no reemplaza una pericia. Una sospecha difundida en televisión no prueba por sí sola que una autoridad incumplió la Constitución. En cuanto a la supuesta interferencia en la fiscalización, no se presentó una pericia que acreditara la autenticidad e integridad de las conversaciones. Tampoco se identificó un solo acto concreto mediante la cual la exministra hubiera impedido una comparecencia, ocultado información o paralizado una investigación. La acusación habló de una posible manipulación. Pero no pudo demostrar quién dio la orden, qué acción se ejecutó ni qué procedimiento fue afectado.

No se puede censurar a una persona sobre la base de insinuaciones. La prueba de descargo por su parte demostró que existieron solicitudes de control, denuncias, multas, actuaciones judiciales y acciones dentro del arbitraje. Esto no significa que la gestión haya sido perfecta. Tampoco significa que debamos cerrar los ojos ante las irregularidades que, insisto, están en investigación. Significa algo mucho más concreto. La acusación sustuvo que hubo una omisión absoluta, pero los documentos demostraron que sí existieron actuaciones institucionales. Los proponentes tenían la obligación de desvistuarlas y demostrar por qué resultaban insuficientes frente a una obligación legal específica.

No lo hicieron. Compañeros y compañeras, no confundamos firmeza con arbitrariedad. Archivar este juicio político no significa archivar el caso ATM. No significa borrar las observaciones de Contraloría. No significa renunciar a recuperar los recursos públicos, ni menos aún, proteger a quienes hayan actuado contra los intereses del Estado. Significa reconocer que esta acusación contra esa persona y con esas pruebas no demostró el incumplimiento de funciones. Antes de concluir, quiero ser empático. El Ecuador atravesó una crisis energética que golpeó a muchas familias, paralizó negocios, afectó empleos y provocó pérdidas económicas multimillonarias.

Nadie de eso se ha minimizado ni se lo hará jamás. Como asambleísta estaré vigilante de ello. Que respondan quienes seleccionaron al contratista. Que respondan quienes firmaron el contrato. Que respondan quienes autorizaron los pagos. Que respondan quienes recibieron equipos que no cumplían las condiciones ofrecidas. Pero que responda cada persona por lo que hizo y dentro de las competencias que ejercía. El país no necesita culpables escogidos para satisfacer una coyuntura política. Necesita responsabilidades demostradas, nombres concretos y pruebas suficientes. Y esa es la misión que ha cumplido la Asamblea Nacional con absoluto compromiso apegados a norma y a derecho.

Con estos argumentos hoy respaldo la recomendación de archivo de la Comisión de Fiscalización en el marco de la solicitud de juicio político contra la ex ministra Inés Manzano. Es un voto para impedir que el juicio político se convierta en una herramienta de condena por asociación. Señor Presidente, por tal razón ingresado por Secretaría General mi moción de archivo para cuando usted lo considere pertinente la dé a conocer a los miembros del pleno y se someta a votación. Muchas gracias. Yuspa Gracho Luguna.

Ahora resulta que se nos roban la plata y nadie responde. Ahora parece que la solución para evitar que los ministros sean responsables dentro de la administración pública por sus acciones o misiones sería la creación de empresas públicas. Ya pronto veremos algún escándalo de corrupción similar al de Progen y al de ATM con la empresa pública que se creó para la adquisición de medicamentos. Si pasa un problema, un escándalo de corrupción allí, no va a haber ministros o ministras responsables. La defensa de la exfuncionaria cuestionada parece ser no más que otra cosa que un apéndice de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, aplaudiendo y también al parecer que la misma defensa le ha escrito inclusive el informe que estamos discutiendo el día de hoy.

Al parecer eso es lo que tenemos en la Asamblea Nacional el día de hoy. Creer que la responsabilidad política solamente radica en quien firmó o no un contrato es una falacia y no podemos mentirle de esa manera al pueblo ecuatoriano. El artículo 233 de la Constitución del Ecuador es claro. Los servidores públicos responden también por sus omisiones y dentro de las omisiones más graves de la ex ministra Inés Manzano era el de supervisar los proyectos de generación termoeléctrica como ATM, como Progen, claro Progen, porque es la misma maraña de los escándalos que hemos vivido el día de hoy.

Además de que este juicio político se ha sustentado en esta contratación fraudulenta con ATM, una empresa pirata con 260 dólares de capital y con apenas 105 días de haberse creado antes de la firma de este contrato, ¿el ministro no supo nada? Si rimbombantes salieron acá a rato a aplaudir de que se estaba iniciando una nueva contratación térmica, Progen, ATM, Salitral, Quevedo, Esmeraldas y Car Powership, recuerden, que zarpó desde Turquía como dos o tres meses antes de que se iniciara inclusive el proceso contractual en el Ecuador.

Compañeros y compañeras, pero sobre todo el pueblo ecuatoriano, porque es a ellos quienes nosotros debemos responderle, porque nosotros no somos una bancada que blinda la corrupción. En julio de 2024 yo inicié este proceso de fiscalización y denuncié ante las autoridades pertinentes y lamentablemente, sí lamentablemente, porque no merecemos actos de corrupción como esta. Todas mis denuncias fueron corroboradas por la Contraloría General del Estado y las posteriores investigaciones que se fueron dando hasta el día de hoy. Denuncié, por ejemplo, que se contrataba, se adjudicaba un contrato de casi 90 millones de dólares a una empresa sin experiencia, Progen, ATM.

Advertí que los equipos estaban en el Líbano y que Selec modificó el contrato de manera oscura para así impedir la inspección in situ. Recordemos la inspección que se dio de manera virtual, a través de un Zoom. Sí, esa fue la contratación que se dio por ATM y que el Ministerio de Gobierno y los diversos ministros no hicieron nada para que se tenga esta contratación fraudulenta. Vergüenza debería darle a ustedes. Alerté que Selec pagó un 5% inicial al contrato. ¿Para qué? Para que ATM vaya a comprar los generadores.

Porque no tenía ninguno, porque no son fabricantes. Y eso también lo denuncié aquí afuera en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lamentablemente la Contraloría me dio la razón. Lamentablemente todo en este país está podrido por quienes nos gobiernan y por quienes solapan estos estándares de corrupción. Aquí no se puede eludir la responsabilidad de la Ministra, ex-Ministra Inés Manzano, que era la de supervisar estas contrataciones. Ella conocía el desastre que se estaba fraguando y no hizo nada. ¿Por qué? Porque ella como Ministra encargada a través, Ministra nombrada a través del Decreto Ejecutivo 355, tenía la obligación de supervisar estas contrataciones, no hizo nada.

Ustedes también lo sabían. Y se quiso denunciar y se quiso iniciar un proceso de fiscalización en una comisión, a las que no invitaron al Ministro Luque, al Ministro Antonio González, ni al Ministro Irene Manzano. Por ahí andan unos audios que involucran a la Presidenta de la Comisión de Transparencia. 71 millones de dólares por el contrato de ATM. Tirados al agua. No genera un solo megavatio. Perdimos 2.000 millones de dólares de producción. Se perdieron 250.000 fuentes de trabajo. Y ustedes van a seguir blindando a estos malos funcionarios para decir que sí.

Alcen la cabeza, por lo menos, y mírenle a los ojos al pueblo ecuatoriano. La censura, esta censura, no debe ser considerada un acto de revancha política, un acto de justicia, un acto de voluntad política de parte de ustedes y de cada uno de nosotros. Debemos estar claros a quién servimos. Al poder del turno, al poder dictatorial, al poder autoritario, que nos gobierne en Malagán el día de hoy, o al pueblo sacrificado, que muere en las calles y que pierde diariamente vidas de sus familiares. Y no tiene trabajo ni esperanza.

Y por ahí andan regalando plata para jóvenes en acción. Ni un voto a ustedes. Ni una hora pública, ni un hospital, ni una escuela, ni una carretera. Todo está destruido. Y así quieren ustedes pedir el voto al pueblo ecuatoriano. La revancha popular será indetenible. Señor presidente, a través de Secretaría, por favor, estoy enviando una moción en la que solicito que el Pleno de la Asamblea Nacional no acoja ni ratifique el informe aprobado por la Comisión Especializada, ni siquiera por la Comisión, por las asamblistas gobiernistas. Permanente de Fiscalización y Control Político, que recomienda el archivo de la solicitud de juicio político contra la ex ministra Inés Manzano.

Y resuelva motivadamente, por todo lo que ha sostenido la tarde de hoy, que se proceda al juicio político en su contra, de conformidad del artículo 83, número 1, literal B, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En mi palabra, señor presidente.

Tiene la palabra el asambleísta Jorge Chamba.

Buenas tardes al país que está pendiente de este juicio el día de hoy. Escuchaba atentamente al colega que nos antecedió la palabra decir, vergüenza debería darles. Vamos a ver si no sienten vergüenza hoy con todos los juicios que archivaron durante el periodo que fueron gobierno. Entre 2009 y 2013, con Fernando Cordero presidiendo el Consejo de Administración Legislativa y Silvia Salgado, la Comisión de Fiscalización, los pedidos de juicio política contra los ministros de Educación, de Obras Públicas y Minas de Rafael Correa fueron archivados uno tras uno mediante informes de la propia bancada correísta.

Ninguno llegó a votación de censura en este pleno y cuando la oposición intentó interpelar al fiscal general Washington Pesantes, el pedido fue frenado primero en el CAL y luego enterrado en la Comisión. Así obraban, pero el capítulo más elocuente, colegas asambleístas y ecuatorianos, viene después, entre el 2013 y el 2015, con Gabriel Rivera, si lo recuerdan, ¿no? Gabriel Rivera, grávense este nombre, del partido Alianza País al frente de la Comisión de Fiscalización. Ni un solo pedido de juicio político fue calificado y formalizado, ni uno solo, cero en dos años.

Y no fue casualidad, fue un método de hasta tu nombre, colegas asambleístas, ¿sabe cómo se llamaban? Lo llamaron fiscalización preventiva, así disfrazaban los juicios que querían esconder. ¿En qué consistía? En frenar la solicitud del CAL antes que llegara a la Comisión. Miren ustedes cómo actuaban, colegas, cómo actuaba País el gobierno de aquel entonces. En julio de 2024, la Comisión de Fiscalización que presidía la bancada correísta aprobó un informe recomendando el archivar el juicio político a Wilban Terán, que aquí compareció. Y tuve la oportunidad de enfrentarlo cuando venía a buscar justicia, la misma justicia que le negó a los ecuatorianos.

Y ustedes lo salvaron. Comprobaba hasta la saciedad que hacía concursos amañados, prorrogaba jueces y fiscales, vendía notarías. Comprobaba hasta la saciedad. Después de estar detenido, vino a rendir su testimonio al presidente y tenía a su familia aquí arriba. Y decía, ahí está mi esposa, están mis madres y mis hijos. Entonces, reclamaba clemencia. Clemencia que no tuvo con los hermanos pobres de la patria, que por una gallina casi le ponía cadena perpetua. Así obraban, señores, quienes mandaban en aquel entonces y eran miembros del corregismo. Entonces, no digamos que hay que sentir vergüenza.

Así obraban ustedes. Ese es el registro, señor presidente. Cero juicios calificados. Cuando gobernaba el prófigo o la justicia, firmas retiradas cuando les convenía, abstención y embloqueo cuando el acusado era del círculo cercano al corregismo. Y hoy, sin una sola prueba practicada, viene a exigirle a esta Asamblea la censura de una exministra. No tienen autoridad para pedir lo que ellos jamás concedieron. No tienen autoridad. Hay un caso emblemático, señor presidente, que fue archivado. Con los votos de los asambleístas corregistas de la época. José Serrano, Viviana Borilla, Carlos Berman, Verónica Arias y Soledad Buendía, del cual me permito reproducir este video, señor presidente.

Permítanme visualizarlo, por favor. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

Autoriza.

No es cierto que no está ejecutoriado e incluso en Estados Unidos es reservado, confidencial y está en la apelación. Imagínese usted lo que haríamos nosotros en aceptar como prueba, violando la constitución.

Así actuaban, Presidente. Ahí todo era normal. Así actuaban, Presidente. Este bloque de gobierno crea en la fiscalización seria, con pruebas, con plazos y con el debido proceso para todos, sin excepciones. Eso es lo que nos distingue de la oposición. Y hoy, sin una sola prueba practicada, viene a exigir esta asamblea a la censura de la ministra Manzano. No tienen autoridad para pedir lo que jamás concedieron. No pueden exigir el día de hoy si no hay algo probatorio que ustedes pisotearon cuando el investigado era uno de los suyos.

Señor Presidente, la corrupción no prescribe en la memoria de este país y esta asamblea tampoco debería olvidarla. Por eso, con la misma coherencia que le exigimos pruebas para censurar, hoy pedimos el archivo de esta causa, porque la fiscalización que no distingue entre amigos y adversarios es la única fiscalización que merece llamarse justicia. Ese es nuestro compromiso. Ese es el precedente que sí vale la pena sentar. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, colegas asambleístas.

Dentro de este pleno es demasiado, encubren la corrupción y simplemente para referirme a lo que buscan distractores, decirle que antes no se hizo, o sea, si antes estuvo mal, ahora que sigue estando mal, qué argumento para flojo, por Dios santo, qué argumento para flojo. Yo les refresco, yo les refresco, ya que hablamos del Consejo de Administración Legislativa, el año pasado, en el mes de junio, julio, se presentó ya el pedido de juicio político por el atraco energético de Progen, y cómo votó el Consejo de Administración Legislativa, su Consejo de Administración Legislativa, por el archivo, porque no les gusta la fiscalización, en mi acta dicen Tatay, Tatay.

Un término de desprecio hacia quienes encubren la corrupción, Tatay, los que hoy día vayan por el archivo, porque las pruebas son claras y contundentes. No es difícil, pues, abrir este librito, la Ley Orgánica, la Función Legislativa y la Constitución de la República, pues. Artículo 154. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ministros? Ejercer la rectoría de la política pública en el área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión. El 151, en lo pertinente, será responsable política, civil y penalmente por sus actos, por sus actos, no solamente por no firmar.

Lean, pues, lean, aquí está, en vez de estar en el TikTok, revisen. 131 de la Constitución, ¿qué motiva? Incumplimiento de funciones. Y vamos al meollo, vamos al meollo, porque aquí vienen a querer instaurar un relato que la señora Inés Manzano, más santa que y beata que Santa Teresa de Calcuta, parece que ha sido. Dios mío, santo, por Dios, en la comisión no llegó a decir esta boca es mía, porque le blindaron en la comisión. Y el único día que se atrevió a hablar, ¿saben qué dijo?

Y revisen las grabaciones. La sequía es culpa de Correa. Por Dios santo, por Dios santo, la sequía es culpa de Correa. Ay, Diosito, demasiado le sueñan a Rafael Correa Delgado, que no tiene ni argumento para defenderse. Y el momento que pedimos la palabra, y le consta al presidente Álvarez de la comisión, se cerró de manera inmediata, porque no quería que se le hagan las interrogantes, pues. Las preguntas, por ejemplo, la necesidad de decirle, ¿por qué conociendo el memorando circular 003 del 23 del 2024, firmado por el señor Roberto Luque, que también tiene responsabilidad, ojo, que también tiene responsabilidad, en el que dice que todos los procesos tienen que pasar por el ministerio, por el despacho ministerial, en vigencia, ¿y qué hizo?

No hizo absolutamente nada. El 9 de octubre asume sus funciones, la señora Inés Manzano, por Dios, revisen. Asume sus funciones y el 10 se efectivice el primer desembolso de 53 millones de dólares. ¿Tiene culpa la señora Inés Manzano por remisión? Para ustedes, no. Pero para el pueblo, sí tiene responsabilidad. No solamente se desembolso. Los generadores de ATM debían estar aquí funcionando según el contrato y revisen, por Dios, yo no espero que me crean, revisen. A diciembre del 2024 tenían que estar funcionando sus generadores, y no estuvieron funcionando, y la señora Inés Manzano, ya en ejercicio de sus funciones, ¿saben qué hizo?

Permitió la suscripción y una adenda de 60 días iniciales y luego 30 días más. Y no contenta con eso, valida otra adenda, valida la señora Inés Manzano, que no busquen para que se les desembolse 13 millones de dólares. No tiene responsabilidad política. Por Dios, por Dios, vayan con ese cuento a su grupo que les aplaude como focas, porque el resto de ecuatorianos no les cree, no les cree. El 14 de mayo, me sé de memoria, el 14 de mayo del 2025, le envía delegado a Fabián Calero para que revise y se cerciore de que los motores eran nuevos y de que cumplían las especificaciones.

Viene Calero con su escapulario y le dice, no, no son nuevos. Los 16 únicamente funcionan a 60 Hz y los 32 funcionan a 50 Hz. No es compatible. Señor Inés Manzano, declara la terminación unilateral. ¿Qué iba a ser si hay con Chávez ahí? ¡Eso son las responsabilidades directas de la señora Inés Manzano! ¡No le engañen al pueblo ecuatoriano! ¿Qué querían? Que presenten las investigaciones notariadas, eso dice la recomendación del informe, que los reportajes presentados tenían que ser, si es posible, notariados. Esto es un juicio político, por Dios, la misma Corte Constitucional ya da las pautas.

No se puede juzgar como si fuera un ámbito penal o civil, por Dios, revisen. No me canso más, no quiero gastar saliva ni que se sientan aburridos. Pero el 99% de los ecuatorianos sabe que la responsabilidad política es de Manzano, de Luque, de Gonsalves, de Fabián Calero y de su gobierno. Si ustedes hoy les salven, allá ustedes. ¡Tatay! Corrupción. ¡Tatay! Lo que cubren. Mi palabra, presidente. ¿Qué es lo que development de la Corte Constitucional? Primero.

Está Alfredo Serrano.

Señor Presidente, compañeros legisladores, me preocupó mucho en este juicio político, señor Presidente, y supongo que a usted también por la experiencia que usted la tiene, sobre el manejo que se dio al juicio político, sobre cómo tuvieron que enfrentarse donde prácticamente los interpelados parecían los abogados antes que la ministra. Y claro, para mí nació una profunda preocupación porque la institucionalidad que tenemos que defenderla todos nosotros, compañeros legisladores. La señora va a ser absuelta hoy día, pero ustedes quedan, nosotros quedamos aquí. Y hay algo que estamos obligados a defenderla por convicción, por coherencia, es la institución a la que representamos.

Y no podemos permitir que nadie, bajo ninguna naturaleza, obviamente venga a imponer reglas de cómo hacer un juicio político. Señor Presidente, en el juicio Camba-Campos, famoso juicio contra los vocales del Tribunal Constitucional que fueron destituidos, la Corte Interamericana dictó jurisprudencia sobre los juicios políticos para la región. Jurisprudencia que es obligatoria para nosotros también, porque somos signatarios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En la parte pertinente, hay varias partes en la sentencia que hablan de esto, señor Presidente, la sentencia del 28 de agosto del 2013.

Yo voy a mencionar una sola parte que dice, para que logremos diferenciar, compañeros legisladores, que es juicio político y que es un juicio de la justicia ordinaria común. Vean lo que dice la Corte Interamericana. Los segundos, se refiere al control político, porque luego al principio explica la Corte lo que es un juicio jurídico, ¿no es cierto? Los segundos, tienen un carácter subjetivo. Esta es la principal diferencia entre un juicio político y un juicio de la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria es objetivo el juicio. Pruebas contundentes, si no, no existió delito.

En la justicia, en el control político es subjetivo. En tanto, no existe un canon fijo y predeterminado de valoración. No tienen por qué hacer valoración de pruebas como la hacen en la Comisión. ¿Qué más dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No lo digo yo, por si acaso. Ya que en esta descansa la libre apreciación realizada por órgano controlante. Es decir, en nosotros, señor. En nosotros descansa la decisión de decir si es culpable o es inocente por nuestra mera apreciación. No se tiene que demostrar en un juicio político las pruebas.

Ese es un juicio ordinario. Dicho esto, señor presidente, La actual ley orgánica de la función legislativa nos dice claramente, en ninguna parte dice, perdón, que deben asistir los ministros o exministros con abogados. Y está por demás decirles, compañeros legisladores, que en derecho público solamente se puede hacer lo que está permitido. Y lo que no está permitido se entiende que está prohibido. Principio elemental, que incluso estudiando ciencias sociales en el colegio nos enseñaban. Fíjense ustedes que en el juicio a Gonzalo Albán le dijeron que se desestime las pruebas de Gonzalo Albán solicitadas por la defensa por no tratarse de un proceso jurisdiccional.

Eso le dijeron a Gonzalo Albán del Consejo de Participación Social. En las pruebas que él quería presentar. Y yo sí creo, yo sí comparto que no era un proceso jurisdiccional. Y también, obviamente se dijo en ese informe, señor presidente, la siguiente frase, la saqué del acta, por cierto. El control político no tiene como objeto determinar responsabilidad penal o civil, plenamente de acuerdo, sino analizar la pérdida de confianza política respecto del ejercicio de sus funciones. Vean ustedes esa maravilla. Y eso, con esa argumentación, se destituyó del cargo a Gonzalo Albán.

Cronología, dicho esto para defender la institucionalidad de la Asamblea, ahora sí, la cronología del caso, señor presidente. La Contraloría detectó 104 millones de dólares que se nos robaron. Señor presidente, voy a hacer lo más rápido posible. Si se hubiera hecho caso a la primera denuncia de periodistas que fue Álvaro Martín Espinosa, el 18 de noviembre del 2024, si le hubieran hecho caso, ahí se hubiera parado ese atraco que se iba a cometer al Estado. Escuchen, ahí se hubiera parado ya aquello. Pero no prestaron atención. A Fabián Calero le encargaron desde la SELEC, primero lo nombraron gerente para que se encargue de la contratación.

Y este hombre que ha sido cuestionado por todos, y estamos de acuerdo en eso, coincidimos todos, que fue el autor también de este lleve. ¡Gracias! ¡Gracias!

Luego lo...

Y la señora Inés Manzano lo nombró viceministro por el gran trabajo que hizo en Selec, provocando el atraco más grande para el país de llevarse 104 millones de dólares en plenos apagones. Y ustedes dicen que la ministra no tiene responsabilidad política. ¡Lo premiaron! Convirtiéndolo en viceministro, pues. Señor presidente, compañeros legisladores, la Asamblea Nacional pasada, el 23 de diciembre del 2024 aprobó una resolución para que comparezca la ministra Manzano al Congreso, a la Asamblea. Si hubiera comparecido ahí, si hubiera enterado de que los motores que ella decía eran nuevos, no eran nuevos.

La convocaron en cuatro ocasiones, compañeros legisladores. En las tres novinos y en la cuarta ya no dieron coro para que la comisión de fiscalización que tenía el mandato por resolución, 94 de 137 legisladores aprobaron esa resolución, señor presidente, que fue presentado por el asambleísta Lenin Barreto. Vea usted. En una entrevista, señor presidente, la ministra, no lo voy a hacer pasar el video por el tiempo, la señora ministra dijo que los, cuando el periodista le dijo, se dice que los motores son usados. Ella dijo, no, señor, están bien empacados, textualmente dijo, el mago que haya dicho que es usado es un mago.

Realmente es un mago, porque nosotros recibimos unos equipos totalmente nuevos. No sé si han visto que es como una película plástica, como que si fuera un regalo de Navidad. Es decir, como le entregaron los equipos bien empaquetados, no había que abrirlos, porque parecían regalos de Navidad. Y claro, no tiene responsabilidad política. El informe de la comisión de transparencia, ¿qué dijo la ministra sobre esto? Le dice a Fabián Calero, en el audio, vaya a la comisión y diga lo que usted quiere, que ya todo está hablado.

No diga lo que tenga que decir. ¿Puede eso una ministra decir y que no tenga responsabilidad política? Señor Presidente, termino con esto. El tiempo es corto. 104 millones de dólares, compañeros, se remoraron o permitieron que se los roben. No tengo pruebas de que la ministra se haya robado. Entonces, permitió que se los roben. Lo más grave del daño no solamente son los 104 millones, señor Presidente, sino el daño ocasionado al aparato productivo ecuatoriano por miles de millones de dólares. Pero lo más grave es el daño que ocasionaron a los artesanos, al sáster, al electricista, al gafitero, al mecánico, a la vulcanizadora, a la gente que no tiene cómo acceder a un seguro.

Después de esto, señor Presidente, concluir que no hay responsabilidad política, definitivamente habré manchado mi conciencia y no podría dormir en paz, señor Presidente, que luego de este atraco, la Asamblea Nacional, el Poder Fiscalizador del Estado, concluya que no hay responsabilidad política. Yo no, señor Presidente, no pienso manchar mi conciencia y por eso estoy en contra de que se archive el proyecto y quiero que continúe el juicio político. Señor Presidente, compañeros legisladores.

Es válido hacer referencia que, por su naturaleza, el juicio político no existe o no está diseñado para atribuir responsabilidad por extensión. Y si bien es cierto, comparto parte del criterio que lo refería Alfredo Serrano, lo que el legislador omite dentro del análisis de la sentencia del caso Canva Campos es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncia sobre los juicios políticos. En este caso, lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es determinar que el Estado ecuatoriano violentó los derechos de independencia y estabilidad de los magistrados que fueron cesados de las funciones en el año 2004.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que sí ha referido con respecto del juicio político, lo ha hecho también la misma Corte Constitucional, es hacer referencia que los juicios políticos tienen que estar basados en aplicación y sujeción estricta de lo que manda el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y es más, la Comisión Interamericana, que es un órgano independiente a la Corte Interamericana por su accionar cuasi jurisdiccional, le ha enviado una consulta desde el ámbito consultivo de la Corte Interamericana para que se pronuncie con respecto del juicio político.

Es decir, no se puede aplicar mutas mutanti, lo referido por el legislador Serrano, a este caso en particular. Más bien, lo que sí se puede hacer en el caso concreto, es hacer su gestión con respecto de que los juicios políticos, a pesar de no ser juicios ordinarios, tienen que estar enmarcados en el debido proceso, como bien lo determina el artículo 8 y 25 de la Convención. Y parte del derecho al debido proceso es el derecho a la práctica de la prueba, a la defensa de las personas que se encuentran en un proceso de juicio político.

Solamente para generar claridad con respecto de la sentencia que trató de ser generada en el marco del debido proceso y sobre todo de los juicios políticos. Ahora bien, en el caso concreto que nos reúne a los legisladores en esta tarde, hay que ser directos en mencionar que no existe prueba alguna, entendiéndose la prueba como parte del derecho al debido proceso, enmarcado en los parámetros y estándares de la Corte Interamericana y de la misma Corte Constitucional. Frente a ello es que se presenta un informe de Contraloría, que como bien lo ha dicho el ponente de este informe de archivo emitido por la Comisión de Fiscalización, este informe de Contraloría en ninguna instancia menciona, nombra o determina responsabilidad en contra de la exfuncionaria que está siendo sujeta en este momento.

Más bien, este elemento probatorio podría ser utilizado por la misma defensa, o fue utilizado dentro del careo por la misma defensa como un argumento de descargo. En el mismo sentido, señor Presidente, hay que ser claros en reconocer un asunto particular que como bien lo ha dicho otro legislador en base al artículo 226 del texto constitucional, la ley manda, prohíbe o permite y la misma ley nos obliga a que en el ordenamiento ecuatoriano, en el ordenamiento jurídico, actuemos en base a los mandatos legales y constitucionales. En este sentido, ningún ministro de ninguna cartera de Estado es autorizador de gasto público, no firman los contratos ni tampoco firman adendas a los contratos.

A pesar de ello, existe una circunstancia que no ha sido mencionada en el pleno de esta Asamblea Nacional y que tiene que ser analizada por los legisladores. Se presentó en julio del 2025 un proceso de arbitraje emergente por parte de ATM. El árbitro de emergencia, en este caso el doctor Neira, quien fungió también como abogado de Guillermo Lazo en otras instancias del desarrollo político y jurídico de nuestro país, fue el árbitro de emergencia quien planteó dentro de este laudo arbitral medidas cautelares. Es decir, durante el ejercicio y mientras se resolvía el asunto de fondo de este caso en particular en materia arbitral, se prohibía la terminación unilateral del contrato, se prohibía la aplicación de multas y se prohibía también la aplicación de garantías mientras no existiese una resolución en el tema de fondo.

Hace un mes salió el áudio arbitral favorable al Estado ecuatoriano, por lo cual Selec presentó también no solamente sus argumentos de defensa, presentó también una reconvención con la finalidad de recuperar los 131 millones de dólares de los cuales el Estado ecuatoriano fue perjudicado. Y quiero también traer a memoria histórica, porque el Pleno nos obliga y los ciudadanos nos obligan a actuar con honestidad intelectual, que en el año 2009 el exlegislador Andrés Páez presentó un pedido de juicio político por un caso análogo en contra del exministro Albornoz.

En ese pedido de juicio político, quienes hoy pertenecen o forman parte de la Revolución Ciudadana, hacían referencia precisamente al argumento que esgrimía en primera instancia, el juicio político no existe para determinar o atribuir responsabilidades por extensión. Y permítame decirle, Presidente, y a los colegas legisladores, que estoy de acuerdo con ese argumento que lo esgrimió la Revolución Ciudadana en el año 2009, cuando el proceso de juicio político contra Albornoz no fue presentado en el Pleno de esta Asamblea Nacional. Y hago referencia a que la situación es análoga, porque en el 2009 mantuvimos una crisis energética sobre la cota, sobre el embalse del tema energético, que hacía referencia en ese tiempo, en el año 2009, a tres metros cúbicos por segundo.

Eso es lo que vivimos en la actualidad. En el año 2009, la cota era de 12 metros cúbicos por segundo, cuando para que el funcionamiento adecuado en materia energética sea beneficioso para el Estado ecuatoriano, es de 150 metros cúbicos por segundo. Es decir, la crisis energética que la pasamos en este gobierno, fue inmensamente superior a la crisis energética que la vivimos en el año 2009. Pero yo comparto con los argumentos que presentó la Revolución Ciudadana en el 2009, los comparto. No puede existir atribución de responsabilidad política por extensión.

Y me mantengo en ese criterio, respaldado en el informe que ha sido presentado por el ponente de la Comisión de Fiscalización. Mi palabra, Presidente.

Tiene la palabra la asambleísta Mónica Palacios.

Siga hasta eso, San Luis.

¿Ahí se me escuchó?

Señor presidente, ecuatorianos y señores asambleístas, durante este juicio político se ha demostrado y se ha evidenciado la negligencia, la inoperancia y la incapacidad del gobierno del señor Daniel Novoa. Y eso está reflejado aquí, en el informe mentiroso y falaz de la Comisión de Fiscalización, que lo único que trata de hacer es salvar a Inés Manzana, la responsable de que nos hayan robado a todos los ecuatorianos 71 millones de dólares, más de 2 mil millones de dólares que perdió el sector productivo ecuatoriano, 14 horas de oscuridad diarias que tuvimos y más de 250 mil empleos perdidos.

Ella, la señora Inés Manzano, es la responsable y por eso hemos demostrado en este juicio político que ella debe de ser censurada dentro de este pleno. Aquí, en la Asamblea Nacional. Y señor presidente, le quiero pedir un poquito más de 5 minutos, si fuera tan amable, porque quiero ser bastante técnica, para explicarle al pueblo ecuatoriano que ella entiende toda esta situación, pero principalmente a los asambleístas de ADN. Quiero evidenciar que todo lo que dice en este informe es mentira. Primero, comienzan hablando y diciendo que supuestamente dentro del juicio político no se ha demostrado que entre las funciones de la señora Inés Manzano estaba el de controlar, supervisar y revisar los contratos entre SELEC, EP, ATM y PROGE.

Que esto era competencia, supuestamente ellos, exclusiva del gerente general de CELGP y de Electroguarles. Y ahora, ¿qué ecuatorianos? Los asambleístas de ADN nos van a decir cuáles son las funciones de los ministros. Ministros, no asambleístas, no pueblo ecuatoriano. Las funciones de los ministros están estipuladas de forma clara en la Constitución y también en la ley. Voy a leer el artículo número 154 de nuestra Constitución, el cual dispone a los ministros que deben ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y deben expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.

Pero no solamente esto, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo número 11, dice de forma clara y tácita cuáles son las funciones de los asambleístas, perdón, de los ministros. Y dice claramente que las funciones de los ministros son supervisar, evaluar y controlar la ejecución de los proyectos dentro del sector eléctrico. Pero no solamente eso, también dice de forma clara que los ministros deben de establecer parámetros e indicadores para el seguimiento y evaluación de la gestión de las entidades y empresas del sector eléctrico.

Entonces, esto demuestra, queridos ecuatorianos, que la señora Inés Manzano tenía la potestad absoluta dada por la Constitución y las leyes para justamente controlar, supervisar y evaluar todos los contratos que se estaban dando dentro del sector eléctrico. Pero ella no hizo absolutamente nada y nosotros lo demostramos a través de este juicio político. Y pido otra vez que se muestre, por favor, si fuera tan amable la imagen que le envié. Porque quisiera mostrarles a todos los ecuatorianos este esquema de corrupción que se dio dentro del Ministerio de Energía.

Y les voy a explicar a todos bastante claro para que lo entiendan. Y entiendan de dónde vienen todos estos contratos. Para que no aculpemos a Selec o a Electro Guayas cuando los culpables del atraco al pueblo ecuatoriano de más de 2 mil millones de dólares han sido los ministros de Novoa. En este caso, el ministro Luque expidió el acuerdo ministerial número 5 y número 13 en el 2024. A través de estos acuerdos, el ministro declaró al sector eléctrico en emergencia y ordenó, y escuchen bien, compañeros y compañeras, ordenó a Selec-EP que haga las contrataciones necesarias.

Selec-EP, por el pedido del ministro, le pide a Electro Guayas que haga las contrataciones necesarias según la resolución número CEL-RES-0108 del 2024. Electro Guayas, siguiendo las disposiciones de Selec-EP, hace pues el famoso contrato con Austral Technical Management y con Progen. Entonces, como vemos, aquí la culpa no la tiene Selec-EP ni sus funcionarios, ni tampoco los funcionarios de la unidad de negocios Electro Guayas, sino tienen los ministros que estuvieron envueltos. Pero aquí dirán ustedes, y bueno, ¿en dónde se le involucra a la señora Inés Manzano? En el 2024, de igual manera, el ministro emite una circular número 3.

Y les voy a decir exactamente lo que dice esta circular para que todos tengamos claro. Y para ser exactos.

Asambleísta, va a siete minutos con quince segundos, por favor, concluye.

Voy a tratar de concluir lo más rápido posible. ¿Qué es lo que dice esta circular del 23 de abril del 2024? Dispuso que todos los contratos que se den en el periodo de emergencia, todos sus cambios y todas las adendas dentro de estos contratos, deben de ser aprobadas, aprobadas por los ministros, por el Ministerio de Energía. Y esta circular, y estos acuerdos estaban vigentes cuando la señora ministra ingresó al ministerio. Así que aquí están las pruebas que demuestran que la ministra sabía exactamente lo que estaba pasando con los contratos de Austral Technical Management y de Proje.

Y la señora ministra no hizo absolutamente nada para evitar que nos roben más de 2 mil millones de dólares a todos los ecuatorianos. Y solo quiero terminar con esto. Señor presidente, por favor, si me lo permite. El asambleísta Kevin Gallardo estaba hablando y otros asambleístas más de que supuestamente en el informe de la Contraloría General del Estado no se le había incluido a la señora ministra. Y obvio, pues, que no se le ha nombrado a la señora ministra si no hizo nada, pues. No envió un memorando, no pidió una reunión, no envió una circular, pues, entonces, ¿cómo se le iba a nombrar si no hizo absolutamente nada desde todos los ecuatorianos?

Esa es la realidad, queridos ecuatorianos. Puedo continuar el presidente, capaz no me lo vaya a permitir, pero... No, no, no.

Tu asambleísta concluya, por favor.

Es importante, ecuatorianos, que sepan ustedes que nosotros desde la Revolución Ciudadana estamos peleando por sus derechos. Y no vamos a permitir que un gobierno incompetente, indolente, pero sobre todo corrupto, deje en la impunidad a Inés Manzano, la responsable de habernos dejado en la oscuridad más de 14 horas diarias. Eso nadie nos lo tiene que contar. Nosotros los ecuatorianos los vivimos. Y ustedes, asambleístas de ADN, van a ser juzgados en estas elecciones también por sus omisiones. Muchas gracias.

Pedido el asambleísta Kevin Gallardo, derecho a la réplica, perdón.

un anuncio directo de mi persona, pero cuando un ente de control emite un informe al momento de generar algún tipo de responsabilidad, pero por supuesto que tiene que enunciar a la persona responsable, pues. La Corte Constitucional ha mencionado que los juicios políticos tienen que actuar en un estándar de discrecionalidad, pero este estándar no puede sobrepasar la arbitrariedad. Y en este caso la colega legisladora está actuando desde la arbitrariedad y no desde la discrecionalidad. Gracias, presidente. Gracias.

La palabra la asambleísta María Paula Villacrés.

¿Qué manera más buena de iniciar esta intervención que diciendo a confesión de parte, relevo de prueba? Acaba de decir la asambleísta de la Revolución Ciudadana que la señora ministra no hizo nada. Y en efecto, la señora ministra quedó comprobado durante días de las sesiones de la Comisión de Fiscalización que la ministra Inés Manzano no tuvo absolutamente nada que ver con las decisiones que se tomaron dentro del contrato de ATM. Si bien ella fue parte del directorio de SELEC y también como parte del directorio de ese SELEC hizo las debidas diligencias para que la Contraloría pueda intervenir.

Y recordemos también que cualquier persona que ha trabajado dentro del servicio público es imposible terminar unilateralmente un contrato de un día para el otro. Porque el día de hoy no estaríamos hablando de un juicio político mal presentado sino estaríamos hablando de una multa millonaria que tendrían que pagar los ecuatorianos con sus impuestos. ¿Y saben por qué hablamos el día de hoy de las cifras de los 71 millones de dólares, de los 150 mil empleos, de los 2 mil millones de dólares perdidos en el sector productivo, de las 14 horas de apagones?

Por todas esas hidroeléctricas mal construidas en aquella década que todos los ecuatorianos recordamos. Porque este gobierno tuvo que afrontar todas esas malas decisiones, todas esas inversiones que lamentablemente hoy en día los ecuatorianos tenemos que pagar las consecuencias. Sin embargo, responsablemente se ha tratado de cubrir todas esas falencias que tuvieron los gobiernos pasados. El día de hoy venimos a discutir un juicio político que lamentablemente fue mal hecho, mal presentado, que durante días de sesiones dentro de la comisión de fiscalización escuchamos las pruebas de cargo, las pruebas de descargo y lamentablemente nunca se pudo aprobar nada, no le sigamos mintiendo al pueblo ecuatoriano.

El hecho de que una ministra tenga o no tenga el juicio político, sea censurada o no sea censurada, no le va a devolver la plata al país. Lo que se debe hacer es continuar el proceso dentro de las instancias pertinentes, eso es lo que se debe hacer, continuar el proceso dentro de las instancias pertinentes. Porque esta asamblea debe trabajar de una manera autónoma, debe trabajar de una manera independiente y sobre todo respondiendo a los ecuatorianos. Ecuatorianos no se dejen engañar más, no se dejen mentir que porque una persona, o un grupo de personas quieran presentar un juicio político que no tiene argumentos, que nunca se pudo demostrar de manera documental la responsabilidad y que sobre todo el testigo estrella que trajeron, lamentablemente no conocía ni de dónde sacó la información, ni de dónde compartía aquellas publicaciones que hacía en una red social, no pudo aprobar absolutamente nada, ni siquiera pudo responder las preguntas que se le hizo dentro de la comisión de fiscalización, ni siquiera pudo responder las mismas preguntas que le formulaban los proponentes del juicio político.

¿Cómo va a ser eso posible? Eso no se puede permitir y es por eso que la comisión de una manera responsable, técnica, amparándose en la ley orgánica de la función legislativa, en la Constitución de la República del Ecuador elaboró este informe y hemos votado a favor de una manera responsable y de una manera técnica, porque no se puede seguir mintiendo al pueblo ecuatoriano, consiguiendo publicaciones amarillistas, títulos amarillistas en periódicos, consiguiendo también trolls dentro de las redes sociales para que sigan insultando, para que sigan difamando, para que sigan difundiendo información que no está comprobada, que no está verificada y claro, acá vengan a rasgarse las vestiduras después de haber hecho y deshecho durante años, durante 10 años dentro de nuestro país y nosotros somos testigos porque hemos crecido y hemos vivido, lamentablemente, con ese rezago de toda esa mala administración.

El día de hoy actuamos de una manera responsable, de una manera técnica y no engañándole más al país, porque nosotros vamos a seguir trabajando por el Ecuador y seguir amparando a todos esos ecuatorianos que lamentablemente tuvieron que emigrar, tuvieron que dejar de trabajar a todas esas personas que lamentablemente fueron afectadas por aquella década robada. Hoy actuamos de una manera responsable, técnica y seria, transparentando todo aquello que ha sucedido y sobre todo respondiendo de una manera firme a todos los ecuatorianos. Por eso, siempre va a ser mi respaldo a todo aquel informe que se sustente en una constitución y en una ley.

Muchas gracias, señor presidente.

a todos nuestros hermanos de este Ecuador amazónico, a nuestros hermanos migrantes, a los medios que nos acompañan, por supuesto a los colegas de este hemiciclo. Marcelo Pinchupá, una persona de escasos recursos, en algunas ocasiones vio modificado su horario y en otros momentos no pudo ni siquiera realizarse su diálisis. Entonces, pese a que él tenía que cubrir inclusive con todos los gastos de sus insumos. Rosita Tenezaca, tenía un local de verduras, durante algún tiempo pagó por generadores, pero finalmente por las bajas ventas tuvo que cerrar su negocio.

José Cárdenas, un propietario de un bar-restaurante, después de resistir algunas semanas, finalmente quebró, tuvo que vender sus equipos y todo su mobiliario para recuperar de alguna manera la inversión que había hecho. Así como estas historias, hay una infinidad de ciudadanos ecuatorianos trabajadores que no piden nada regalado, que solo quieren oportunidades para con el sudor de su frente llevar el pan a la mesa de sus hogares. Los fallidos contratos de ATM, durante la peor crisis energética que ha vivido el país, representaron poco más de 71 millones de dólares de desfalco al erario ecuatoriano, empleos perdidos por más de 200 mil, y más de 2 mil millones de dólares en pérdidas para el sector productivo, según estimaciones.

Por tanto, votar hoy a favor del archivo del juicio político en contra de la ex ministra Inés Manzano es ser cómplice de la impunidad y la corrupción en el Ecuador. Mientras estos contratos fallidos con ATM significaban no tener la suficiente generación eléctrica para el sistema unificado nacional, se sobrecargaba de demanda a las hidroeléctricas como la Coca-Cola Sinclair y algunas otras que fundamentalmente se encuentran en la Amazonía. Esto de alguna manera generó una paradoja, porque los amazónicos fuimos los que tuvimos que pagar con los cortes más extensos de energía eléctrica de la República, siendo que estas hidroeléctricas están en la Amazonía y con las nefastas consecuencias que ya hemos expuesto.

Si bien existen indicios de responsabilidad penal determinadas por pericias, por exámenes especiales de la Contraloría y agregadas también por investigaciones periodísticas que algunos han desmerecido, esto no excluye de la responsabilidad política a la ex ministra Inés Manzano, porque no estamos juzgando únicamente la malversación de fondos o ese oprobioso atraco al erario público, sino la inacción, la omisión o la poca o nulo interés por defender los intereses no de la ministra ni del gobierno, sino los intereses de todos los ecuatorianos. Nosotros no podemos ser, por tanto, cómplices, repito, de la impunidad ni de la corrupción.

Durante la sustanciación que se llevó a cabo en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la que su servidor es miembro, los proponentes entregaron ampliamente pruebas documentales, pruebas audiovisuales y testimoniales, mismas que la defensa de la ex ministra Inés Manzano intentaron demeritar, desacreditar, cual si fuera este un juicio jurisdiccional. Porque, repito, no estamos juzgando únicamente la pérdida de estos recursos, sino estamos juzgando la pérdida de confianza que tiene la ex ministra Inés Manzano con el pueblo ecuatoriano. Hoy dirán seguramente, no hay suficientes pruebas, no se presentó adecuadamente el juicio político, no hay nexo causal, los testigos no son peritos ni expertos, las investigaciones periodísticas no son pruebas, pero de algo estamos seguros, pueblo ecuatoriano, porque esto es de conocimiento público, el atraco de los 71 millones de dólares, los 250 mil empleos perdidos, los más de 2 mil millones de dólares de pérdida del sector productivo, eso es algo que no pueden tapar.

Atento, pueblo ecuatoriano, porque hoy vamos a ver cómo votan cada uno de los asambleístas de este hemiciclo. Y veremos si están del lado del pueblo, del lado de Marcelo, de Rosita, de José, o están del lado de ser cómplices de la impunidad y la corrupción en el Ecuador. Finalmente, para todos los colegas de este hemiciclo, hay un adagio popular que reza, se puede engañar a parte del pueblo durante algún tiempo, lo difícil es engañar a todo el pueblo durante todo el tiempo. Yo le agregaría, más triste es engañarse a uno mismo, creyendo que el pueblo es ciego y no ve la realidad que está pasando en el Ecuador.

Presidente, anticipo que mi voto será en contra del archivo de este proceso de juicio político, en contra del exministro Inés Manzano. Yuminsa Rumi, y que viva este Ecuador amazónico.

Tiene la palabra la asambleísta Fabiola San Martín.

Asamblea Nacional, hemos actuado conforme lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hemos dado la apertura para que tanto los proponentes como la parte acusada expongan sus argumentos de cargo y descargo. La acusación del presente juicio político es imprecisa, especulativa y carente de sustento probatorio. Según la información certificada que fue remitida por parte de las instituciones relacionadas y a la que tuvimos acceso todos los asambleístas de la Comisión y los proponentes, la etapa precontractual con Austral Technical Management y la certificación presupuestaria ocurrieron antes de que la funcionaria cuestionada asuma el Ministerio de Energía.

Según la Ley Orgánica de Empresas Públicas y según el Decreto Ejecutivo 220, se lee que tiene autonomía administrativa, financiera y de gestión. Por lo tanto, la responsabilidad de la contratación recae exclusivamente en el gerente general de la empresa pública. Como parte de las pruebas de los proponentes estaba un informe de Contraloría General del Estado en que ninguna parte menciona o responsabiliza a la exministra y un informe de minoría elaborado por uno de los proponentes. Además, sus pruebas también estaban basadas en notas de prensa, posteos de redes sociales y transcripciones de audio sin peritaje ni ninguna cadena de custodia.

Incluso el testigo que llevaron a la Comisión no supo explicar a profundidad los hechos de los cuales se los acusaba a la exministra, sino se basó únicamente en opiniones y especulaciones, pero claro, al día siguiente el periodista salió en una entrevista con los proponentes hablando todo lo que no pudieron decir en la Comisión de Fiscalización. Tan mala estuvo la sustanciación por parte de los proponentes que incluso sus compañeros de bancada que salían de las sesiones de la Comisión decían estamos jugando sin director técnico. La orden de pago del 60% del contrato fue procesada por la unidad de negocio Electro Guayas a las 16 horas 39 del 9 de octubre de 2024, horas antes de que su encargo ministerial fuera registrado oficialmente a las 18 horas 42 en el sistema MINCA.

Como parte de sus competencias solicitó auditorías a la Contraloría General del Estado, la remoción de los gerentes e incluso algunas acciones penales luego de conocer el caso. A los proponentes que dicen que se quiere obstaculizar la fiscalización, solo recordemos que un hecho similar se produjo en el año 2010 con su ex ministro Esteban Albornoz. Ustedes insistieron que no había suscrito directamente los contratos cuestionados y no se puede atribuir responsabilidad política directa a la máxima autoridad de una cartera de Estado por irregularidades operativas, vicios precontractuales o deficiencias en la recepción de bienes cometidos por los órganos de gestión de las empresas públicas.

Esto es lo que pasó en el año 2010 y como ustedes siempre dicen y recalcan prohibido olvidar. Gracias, Presidenta.

Gabriela Molina

Bueno, cálmese asambleístas, sí. Me vuelven a faltar respeto, hago que le saque la escolta legislativa, sí. Aquí se respeta el asambleísta. Ustedes hacen ruido, ustedes molestan, les he dejado hablar. Y si no, salgan, señor asambleísta.

Gracias, compañero presidente. El pueblo ecuatoriano es intuitivo e inteligente.

Señor asambleísta, por favor.

al pueblo ecuatoriano, que está pendiente de esta sesión del Pleno. Decía que el pueblo ecuatoriano es inteligente e intuitivo. Y en este momento estará escuchando todas las exposiciones de cargo y de descargo que se vienen dando por parte de los compañeros legisladores. En mi caso, voy a tratar de hacer un análisis objetivo para que el pueblo ecuatoriano entienda el punto de vista imparcial de quien habla, Edwin Jarrín Rivadeneira, como asambleísta de mi querida provincia de Morrón a Santiago, a la quien represento. La Constitución de la República, en el artículo 288, en correlación con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Contratación Pública y en concordancia con el artículo 1466 del Código Civil, definen lo que es un contrato.

Un contrato es un convenio entre las partes donde debe haber un objeto lícito, competencia y capacidad para contratar plazos, precios y que las partes están obligadas a cumplir. En el caso concreto que me he permitido revisar de este expediente, veo que la ex ministra Manzano ingresa en calidad de ministra el 9 de octubre del año 2024. El contrato que se suscribe con esta empresa incumplida es el 2 de agosto del 2024, es decir, aproximadamente dos meses antes de su posesión. Sabemos que quien está al frente de un ministerio o de una institución tiene la obligación moral, ética y política de controlar que se cumpla lo que se ha suscrito ese contrato entre las partes.

Veo también en el expediente que la misma ex ministra Manzano, con fecha marzo del año 2025, presenta un oficio a la Contraloría General del Estado para que se haga una auditoría ante el incumplimiento de esta empresa corrupta, que obviamente es corresponsable de lo que sucedió con el pueblo ecuatoriano. Y es la Contraloría General del Estado la que, en base a la investigación, emite indicios de responsabilidad penal contra 21 exfuncionarios. Eso sirve para que la Fiscalía General del Estado empiece una indagación y por ende dicte una instrucción fiscal y formule cargos a 21 exfuncionarios, entre ellos Antonio Concalve, que era el ministro que suscribió este contrato que ha afectado al Estado.

Yo soy de aquellos asambleístas que estoy a favor de la lucha en contra de la corrupción. Estoy a favor de que se sancione a quienes cometen delitos de corrupción. Pero siempre apegado a la verdad, jamás prestándonos para hacer shows mediáticos o para utilizar esto políticamente. Será la Fiscalía General del Estado, será la Administración de Justicia, la que mediante un juicio, pruebas de cargo y de descargo, que no se quita la posibilidad de que se encauce inclusive a esta exministra que hoy se está pidiendo su censura y a otros funcionarios más que pueda darse tranquilamente dentro de ese expediente.

Pero compañeros legisladores, yo voy a hacer para el pueblo ecuatoriano una comparación de un ejemplo práctico para que entendamos. ¿Creen ustedes que sea justo que ese famoso y sonado caso de los trolebuces de la ciudad de Quito, donde la Contraloría mismo emitió un informe con sobreprecio de más de dos millones y medio de dólares, que el próximo alcalde de Quito, que será electo en noviembre del 2026, tenga que posteriormente hacerse cargo los cargos de omisión o de corrupción que cometió supuestamente el alcalde de Quito y sus concejales?

Les pregunto. ¿Creen que sea justo en mi provincia y hay un caso patético? Un asfaltado de 12.700.000 dólares de la Macú Mateixa con una empresa contratista incumplida. ¿Creen que la próxima prefecta que va a ser de Morón a Santiago tenga que asimismo asumir los errores que el anterior prefecto lo hizo? Por eso considero, compañeros, que el pueblo ecuatoriano está viendo y por justicia esto tiene que dilucidarse. Para mí no existen los elementos de cargo como para llamar a juicio a la ex ministra Manzano. Le vuelvo la palabra.

Muchísimas gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Sergio Peña.

Buenas tardes, queridos colegas legisladores ecuatorianos a los que les han vendido humo, yo no me voy a referir hoy al tema de la ex ministra, voy a referirme a este expediente. Alguien dijo por ahí, es un chiste esto, estoy de acuerdo, esto es un chiste. Y les voy a decir por qué. Me parece válido también el talento que tienen algunos para hacer del desconocimiento una postura firme y sostenerla, hasta traer en este caso, aquí en el Pleno, elementos inexactos. Voy a referirme a uno antes de entrar al expediente.

Decía la asambleísta que la circular del 23 de abril, donde se firma una adenda, donde se firma, perdón, una circular que indica que las adendas de aquí en adelante las va a conocer el ministerio. Y lo dice claramente, circular del 23 de abril. Si vamos al expediente, la segunda adenda de ese contrato de ATM se firma el 11 de febrero. Estoy mal yo, tal vez, el calendario se me viró. Febrero es antes. Entonces, ¿cómo puedo decir que es responsable políticamente una persona o un ministerio cuando en la misma circular es posterior a cuando se firmó la segunda adenda?

¿Quieren más imprecisiones? Perfecto, vamos al expediente. Que, como digo, es la parte vergonzosa de esto. Vamos a ver qué se presentó dentro del expediente. Porque para llevar un juicio político o jurisdiccional, lo primero que tengo que tener claro son las pruebas. Las pruebas pueden ser documentales, testimoniales o periciales. Documentales, periciales y testimoniales. Se las doy de gratis a lo que hicieron en el juicio político. ¿Por qué no presentaron un perito experto en contratación pública? ¿Por qué no lo presentaron? Porque les hubiera dicho cómo se maneja el proceso de contratación pública.

Les hubiera dicho que las unidades de negocio son las que contratan, administran y dicen que tienen que pagar o no, no los ministerios. Ahora entiendo por qué dentro de la prueba no anunciaron una prueba pericial que lógicamente, repito, de gratis se la doy, un perito experto en contratación pública nos hubiera servido para entender cómo funciona la contratación pública porque el desconocimiento que se ve dentro del juicio político es lo que molesta, al igual que el robo. Porque tuvimos la oportunidad de demostrar quiénes son los responsables, de probar cómo se maneja el proceso de contratación y de presentar realmente un juicio político que a los ecuatorianos los represente, porque todos estamos asqueados con este robo.

Y ya vamos a ver por qué no les conviene, porque van a salir nombres aquí. Porque han hablado de un arbitraje y me llama la atención que ninguno de ellos, a pesar de que ese árbitro tiene que ver con vinculaciones de un partido político al que combatieron, lo hayan mencionado a este árbitro. ¿Abogado de quién será? Ya vamos a ver. Por eso no les conviene saber cómo funcionó el proceso. Porque ese árbitro fue el que dijo, no, tienen que pagarle a ATM cuando pusieron un arbitraje de emergencia.

Y en ese arbitraje de emergencia, este árbitro, que para mí es un delincuente, ¿saben lo que hizo? Puso una medida cautelar que obligó a que se pague el contrato y se termine de pagar. Entonces, ¿la ministra pudo hacer algo? No, porque había una orden del árbitro que decía, continúe con el pago y suspendo esto por un año y se tiene que pagar. Pero a ese árbitro no les conviene que se conozca. Pero ya les voy a decir quién es. Ahora vamos realmente a lo que dice el expediente.

Que eso es, como digo, realmente lo que deberíamos estar analizando. Bueno, porque para presentar un juicio político lo primero que tengo que tener es pruebas. Se presentan tres testigos dentro del juicio. Se anuncian tres. ¿Saben cuántos fueron a declarar? Y es responsabilidad de quien los anuncia llevarlo. Ninguno. Como prueba documental se anuncian 23 videos de TikTok. Una prueba documental puede ser una hoja del contrato. Una prueba documental tiene que ser algo que nos lleve a la certeza. No una publicación de alguien que está dando su consideración de lo que ha pasado sin conocimiento de la causa.

Porque no estuvo involucrado y no fue testigo de los hechos. Y finalmente, la pericial. ¿Saben cuántas pruebas periciales presentaron? Ninguna. Es decir, presentaron un juicio político sin pruebas. Y el único testigo que lo pidió la comisión, que fue un periodista, fue a decir que no sabía, que no le constaba, que lo escuchó en publicaciones dentro de una investigación que hizo en redes sociales. Entonces, si presentamos un juicio político sin pruebas, ¿con quién tenemos que enojarnos? ¿Con quién lo presentó? Porque parece que lo presentó Agapito Regalado Contento.

Cobró 20 dólares por el escrito. Eso es lo que tenemos aquí. Y eso es lo que enoja, porque no podemos fiscalizar presentando un juicio político sin una sola prueba. Ahora vamos a la narrativa. El 9 de octubre, lo escuché claramente, se dice que la ministra era responsable porque fue posesionada el 9 de octubre. Les comento algo para que entendamos. Selec genera la orden de pago de 53 millones. Quien firma esa orden es la tesorería de Selec, a las 16 y 50. 17 horas con 54, firma el gerente de la unidad.

El gerente de la unidad. A las 18 horas con 42 minutos, recién ahí la ministra es encargada. Es decir, con posterioridad. Y quienes firmaron los documentos, porque lamentablemente, y eso tenemos que revisar los compañeros, resulta que los ministros no pueden, en este caso, decirles a las empresas públicas cómo contratar. No pueden. Un ministro, y ya lo leyeron los colegas legisladores de RCEP, según los artículos que leyeron, clarísimo, rectoría. Rectoría. En ningún momento dice contratar. Supervisión. La supervisión implica que yo supervise el sector, como bien lo dijeron dentro de la LOSEP, que también la mencionaron, para el cumplimiento de la gestión y demás.

Pero las empresas públicas tienen justamente esta facultad de contratar el gerente de negocio de firmar y el administrador del contrato de hacer la trazabilidad del mismo. Y los ministros no. Entonces, ¿tenemos que buscar a los verdaderos responsables? Claro que sí. Posteriormente a eso, lo que sí hizo la ministra fue decir que se revisen los contratos por contraloría. Tenemos el informe. En ningún momento en esa parte del informe se culpa a los ministros, porque la contraloría como tal, y bien lo dijeron acá los asambleístas de RCEP, ya determinó que no existen responsabilidades sobre los ministros, sino sobre quienes firmaron el contrato, quienes mantuvieron la adenda, quienes administraron el mismo.

Entonces, si la contraloría nos dice que existen responsabilidades, lo que tenían que hacer dentro de este proceso, los que pusieron el juicio político, era presentar pruebas de la responsabilidad del ministro, entendiendo que quien firma, quien paga y quien, en este caso, administra el contrato, es la unidad de negocio, con lo que no estoy de acuerdo, repito, y eso habría que cambiarlo. Ahora, otra de las cosas que dicen es que el acuerdo ministerial dice que se hagan las contrataciones de emergencia. Es correcto. Pero en ningún momento dice contrata a ATM, a Pepito y a Juanito.

Te dice cuáles son los límites de la emergencia y cómo contratar, en este caso, la emergencia, pero no te dice con quién. Entonces, en este caso, el ministerio tampoco puede tener una responsabilidad cuando no está diciendo contrata a Pepito, sino contrata por emergencia, y estos son básicamente los límites de esa emergencia. Otra de las cosas que se dice es que no se hizo absolutamente nada. Se puso la denuncia, se puso, obviamente, se requirió el arbitraje, y existe también una, para que nos entiendan los ecuatorianos, una reconvención, una contrademanda, para perseguir este dinero.

Pero ahora voy al arbitraje, porque se dice, ¿por qué no se terminó unilateralmente el contrato? Porque ahí entran los sábados. El contrato no se termina, porque, en este caso, ATM, el 25 de julio, al enterarse que ya estaban incumpliendo, acude a un arbitraje de emergencia. Entonces, quien tenía que determinar, según las cláusulas compromisorias del contrato, era el árbitro que estaba pasando. El 29 de agosto del 2025, el árbitro dicta medidas provisionales y cautelares, que obligaban a cumplir por un año con los pagos, por lo cual no se podía suspender los pagos, no es que la ministra podía hacerlo, o que la misma unidad de negocio podía hacerlo, ya que habían cometido el error que dentro del contrato, en estas cláusulas compromisorias, habían dicho que esto, antes de cualquier cosa, tenía que sustentarse ante un arbitraje.

Y se cumplió de esa manera. Entonces, el árbitro dicta medidas provisionales dentro del proceso de emergencia 005-2025. El árbitro decidió que Ecuador termine de pagar este contrato que se estaba incumpliendo. Ahora, ¿saben quién es el árbitro? Y por eso es que siguen con el tema de los ministros y no de los verdaderos responsables. Yo les pido a todos ustedes que busquen quién fue el árbitro. El árbitro fue Edgar Neira. ¿Saben quién es Edgar Neira? ¿Quién? Abogado de Lazo. Y ya sabemos por qué no dijeron nada.

Porque resulta que el expresidente Correa hace poco dijo, ¿con quién pactaban? Con Nebot y con Lazo. Sí. Entonces, ¿cómo van a buscar responsables? ¿Cómo van a buscar responsables en quien sí determinó que se siga pagando el dinero cuando es el abogado de su amiguito Lazo? Por eso no les interesa y quieren hablar de los ministros. Esa es la realidad. Pero no les interesó y tuvieron el expediente dentro. Dentro del expediente está el arbitraje. Claro, así como lo salvaron de los juicios políticos, dentro del expediente está el arbitraje y está Edgar Neira, el abogado de Lazo, dentro de ese arbitraje, que es el que dice que por un año más se siga pagando el contrato.

Eso pasó. Comienzan a aparecer los lazos. Y, lógicamente, también comienzan a aparecer ciertos funcionarios, como ya determinamos, mandos medios, que son los que firman los contratos. Y quedó sorpresa. Adivinen de qué época había. Sí, efectivamente. No, sí. Y eso es lo que no les interesa. Por eso quieren desviar la atención y presentan un juicio político que estoy de acuerdo que se presente, pero que se haga bien. No existe una sola prueba. ¿Quién hizo esto? Agapito, regalado, contento. Es una vergüenza decir que por narrativa hay prueba.

Se acaba de equivocar aquí en frente de todo el Pleno diciendo que en abril se firmó que los ministerios tienen que recibir las adendas para autorizarlas. En abril. Y la última adenda, la segunda, se firmó en febrero. Lo acaban de hacer aquí en el Pleno. Esto es una vergüenza. Ni siquiera conocen las fechas de lo que están diciendo. Entonces, seamos claros con eso. Y para terminar, señor presidente, porque con todas las contradicciones y la falta de prueba, aquí no estamos defendiendo a nadie. Aquí estamos viendo el proceso, que es vergonzoso, que no lo supieron hacer.

Eso es lo que estamos viendo. Yo les voy a dar un ejemplo, y no por comparar, sino porque estoy de acuerdo que así se haya hecho, de un legislador que está aquí sentado y que siempre se habla de su tema. Pero estoy de acuerdo en este caso con lo que pasó con el legislador, porque no se puede imputar responsabilidad a un legislador, a un ministro, por acciones de terceros. Y hoy dicen que sí. Pero les voy a recordar el caso. Bueno, el 17 de abril del 2012, comisión de archivo, porque así se le decía.

Obviamente la comisión solicitó el archivo de, básicamente, la defensa exprés del archivo sobre Ricardo Patiño por la valija diplomática. Y está bien, porque tú no tienes que pagar la responsabilidad de terceros. Te la doy. Pero ¿por qué ahora dicen que la ministra tiene que pagar esa responsabilidad? No, eso no. No se puede, señores. Ustedes ya lo hicieron, y no es por recordar el pasado, sino porque efectivamente la responsabilidad de un tercero no puede endiligársele a nadie. Las acciones de un tercero tienen que ser judicializadas. Y eso es lo que vamos a hacer.

Porque esto no termina aquí. Tenemos que buscar los responsables. Les acabo de dar un nombre de una persona que permitió que se siga pagando este contrato abusivo y lesivo para el Estado. Pero repito, como es amiguito, no dijeron nada. Eso es lo que tenemos que perseguir. Los nombres de los verdaderos responsables. La ruta del dinero ya se tiene. Sabemos quién participó y amiguito de quién era. Sabemos que siempre han estado pactando, señor presidente. Yo creo que hoy la vergüenza de los ecuatorianos es que hayan presentado un juicio político como acabamos de demostrar sin prueba, solo con narrativa.

Y así no se puede hacer derecho. Así no se puede fiscalizar. Y para terminar, nosotros tenemos la obligación, señor presidente y asambleístas, de determinar quiénes son los responsables. Hay que fiscalizar al árbitro, que en este caso permitió que se mantenga el contrato un año, de los amiguitos de Lazo, hay que fiscalizar los que recibieron, firmaron y estuvieron dentro del contrato. Justamente funcionarios de la época que ya sabemos. Ya sabemos que son amigos, pero hay una frase que siempre decía... Concluya, por favor, señor presidente. Sí, señor presidente, ya termino.

Y decía que los corruptos siempre fueron ellos, señor Lazo, Debot y Correa. Los mañosos siempre fueron ustedes. Mi palabra, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.

Tiene la palabra la asambleísta Ana Herrera.

Qué bonito es empezar diciendo a confección de parte, relevo de prueba, para que luego esa legisladora diga que censurando a la ministra no vamos a recuperar el dinero. Y con eso lo que nos están diciendo es que sí nos robaron el dinero a los ecuatorianos. Gracias por reconocerlo. Pero con eso también lo que están diciendo es que están solapando esa corrupción y que le están cubriendo las espaldas a quien era la responsable política, que es lo que juzgamos aquí, de que hayan despalcado esos más de 70 millones de dólares solo en el caso de ATM y más de 100 millones de dólares en el caso PROGEN.

Quiero recordarles también que si no fuese por esas refinerías y si no fuese por esas hidroeléctricas que tanto critican, seguramente hoy estaríamos sesionando en este pleno con velas, seguramente. Quiero decir también que me da pena ver aquí a legisladores que llegaron respaldados por un proyecto político, un proyecto que ha sido histórico, defendiendo la corrupción. Y ver aquí cómo hay legisladores que se ponen la huipala sobre los hombros, esa huipala que es el signo de la resistencia, de la lucha de los pueblos y de las nacionalidades, utilizándola aquí para defender un gobierno en lugar de defender a la gente.

La huipala sirve para honrarla, para respetarla, no para utilizarla. Por eso mis respetos a los compañeros legisladores que sí la saben llevar con altura. Compañeros legisladores, hay votaciones en este pleno de la Asamblea Nacional que no resuelven únicamente un expediente, sino que son votaciones que retratan y retratan para siempre a quienes están aquí para defender únicamente la corrupción o para dar respuesta únicamente a las disposiciones que les dan desde Caron de Letra. Y esta es una votación de ellas, porque aquí, señores legisladores, no estamos para determinar o no estamos para discutir si la señora Manzano tomó o no un bolígrafo para con su propio puño y letra firmar los contratos.

Aquí no se está discutiendo si ella firmó cada uno de los contratos. Aquí, y porque esa es la trampa precisamente a la que la mayoría de ADN, tanto en la convicción como en este pleno de la Asamblea Nacional, nos quiere llevar para intentar vaciar de contenido el juicio político en contra de la señora Manzano. La responsabilidad política, legisladores, no exige demostrar la participación directa en la contratación ni el beneficio económico personal de la ministra. Basta acreditar que teniendo ella la responsabilidad y la obligación de dirigir, de supervisar, de controlar y de corregir la actuación de las instituciones bajo su rectoría, incumplió precisamente esas funciones que son las que a ella le corresponden.

Y entonces aquí nos preguntamos, y deberían preguntarse todos, ¿cumplió la ex ministra con su obligación de dirigir, supervisar, corregir y proteger el dinero de los ecuatorianos? Pues no, no lo hizo, para nada que lo hizo, porque una ministra no responde únicamente por su firma y ese es un error que aquí se está repitiendo y que se quiere instaurar, ella no responde únicamente por su firma, responde por lo que conoce, por lo que ordena, por lo que permite y también por lo que omite, es decir, por lo que deja de hacer.

Y es por la omisión en el cumplimiento de sus funciones que se juzga políticamente a un funcionario público. Si hoy, colegas legisladores, aceptamos que un ministro solo responde por aquello que firma, entonces a partir de ahora bastará con que los ministros deleguen todas sus funciones a cualquier otro funcionario para que ellos queden impunes de la responsabilidad que tienen. Y si eso, compañeros legisladores, pasa hoy, entonces cerremos la comisión de fiscalización, mandemos a eliminar de la constitución el artículo 131, porque ya no tendría ningún sentido y aceptemos entonces de una vez que los ministros únicamente sirven para aparecer en las fotos cuando todo está bien, pero para desaparecer cuando tienen que hacerse responsables de la omisión de sus responsabilidades.

Y eso es precisamente lo que este informe que fue presentado, no por la comisión de fiscalización, por la mayoría oficialista en la comisión de fiscalización, porque ni siquiera se recogieron las observaciones que los cuatro miembros de esa comisión, que formamos parte de la comisión de la bancada de la Revolución Ciudadana, enviamos por escrito. Ni siquiera eso se recogió. Ese informe dice textual, con las mismas palabras, lo mismo que repitieron los abogados defensores durante todo el proceso. Y lo mismo que han repetido aquí varios legisladores a los que parece que les dieron el guión escrito para repetirlo una y otra vez.

Tomaron las pruebas, las fragmentaron y fueron desechando una por una. Diciendo, por ejemplo, que si este documento no tiene la firma de la ministra, que si aquel testimonio no es un peritaje, que la contraloría todavía no ha determinado las responsabilidades directas, que no existe un supuesto nexo causal administrativo, decía. Pero esto, señores legisladores, les recuerdo, no es un juicio penal, es un juicio político. A ver si lo entendemos, es un juicio político. Y un juicio político es un mecanismo de control político que tiene la Asamblea Nacional y que sirve para evaluar si un funcionario cumplió o no con sus funciones.

Y es más que claro y evidente que la señora Manzano no cumplió con sus obligaciones y con sus funciones que le correspondían. Aquí no vamos a decidir si la señora Manzano tiene responsabilidad penal o no, o si tiene que ir a prisión o no. No, estamos determinando, insisto, la responsabilidad política por la conducción de un sector que dejó al país con hasta más de 14 horas de apagones, sin energía eléctrica, con más de 2 mil millones de dólares en pérdidas a los ecuatorianos. Y si eso ustedes no consideran que es público y notorio, si eso ustedes no consideran que es razón suficiente para determinar la responsabilidad política de la ministra, dentro del proceso de sustanciación también se pudo evidenciar, por ejemplo, que los pagos se realizaron, que la generación eléctrica no llegó nunca, que los generadores estaban dañados, y que la responsabilidad de garantizar que todo esto se maneje de manera adecuada evidentemente era de la ministra Manzano en su momento.

Por lo tanto, señores, ella es la responsable política por la omisión del cumplimiento de sus funciones. Porque mientras los ecuatorianos perdían ventas, perdían producción, perdían sus negocios, tenían que despedir a sus empleados, perdían alimentos, perdían medicinas. Bajo el paraguas de la emergencia energética, en este país se llevaron más de 200 millones de dólares, sin que nadie diga absolutamente nada. Solo en ATM se desembolsaron más de 71 millones de dólares, y en Progen más de 100 millones de dólares. Con esos 71 millones de dólares, compañeros legisladores, prácticamente el gobierno ecuatoriano podría haber cumplido la deuda que tiene pendiente con los pacientes de cáncer en este país, por ejemplo.

Pero mientras los pacientes con cáncer esperaban acción, esos recursos salieron en un contrato cuestionado y nunca recibimos generación eléctrica. ¿Y qué fue lo que hizo la Comisión de Fiscalización? Y esto es lo más vergonzoso y a mí me da pena, porque han convertido a la Comisión de Fiscalización en un circo, al que pueden venir los funcionarios y determinar si quieren asistir o no quieren asistir. Porque díganme ustedes, ¿en qué parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que un funcionario solo puede venir y mandar a sus abogados?

Y que sean los abogados a los que hay que interpelarles. ¿Dónde dice eso? ¿Y saben qué va a pasar a partir de ahora? Legisladores ya no presenten juicios políticos, porque a la Comisión de Fiscalización ya no va a volver a ir ningún funcionario público, porque lo que han hecho en esta Comisión es decirles, no tienen que venir a dar la cara, manden a sus abogados. No vengan a dar explicaciones de lo que no hicieron en el ejercicio de sus funciones. Manden a sus abogados, que aquí en la Comisión de Fiscalización les dejamos entrar a todos.

Ese silencio cómplice también les hace a ustedes parte de esa red de corrupción que le ha perjudicado tanto a este país.

Concluya, asambleísta, por favor, ocho minutos veintiséis.

Termino con esto, presidente. Aquí hay muchos legisladores que seguramente van a ir a las elecciones seccionales y a estos legisladores, a quienes llegaron al Pleno con esa orden de archivar este juicio político, porque esa fue una orden directa que les han dado desde Carondelet, a ellos les digo que ustedes hoy y a todos los legisladores de ese lado del hemiciclo, como suelen decir por allá, a ustedes les digo que podrán protegerle a una exministra por horas, por días, por años quizá, pero no podrán borrar jamás su voto que quedará en la conciencia y en la retina de todos los ecuatorianos.

Algunos de ustedes, decía yo, pronto van a dejar estas curules para pedir el respaldo de los ciudadanos en las elecciones y tendrán que volver a sus territorios y verles a la cara a los ciudadanos y a las ciudadanas en cada una de sus provincias, a esos ciudadanos que perdieron sus trabajos, que perdieron sus negocios, que perdieron su inversión de toda la vida. Tal vez... Concluyó su...

Tiene la palabra la asambleísta Inés Dalarcón.

Buenas tardes.

dirigir al pueblo ecuatoriano. Y me quiero dirigir al pueblo ecuatoriano para decirle por qué mi voto va a ser a favor del archivo de este juicio político. Porque es claro que la oposición ya tiene una postura, una postura de utilizar los juicios políticos como un cheque en blanco para golpear autoridades y así desestabilizar a gobiernos. Siempre ha sido así, así se han manejado y hoy más que nunca nos corresponde a nosotros, como primer poder del Estado, devolverle la institucionalidad y demostrar lo que en realidad significa llevar un proceso de fiscalización.

Y para esto hay cuatro aspectos fundamentales que no podemos obviar legisladores ni pueblo ecuatoriano. Primero, el pago. Tanto se habla de este desembolso, pues enterense ecuatorianos, que este pago se hace con fecha 9 de octubre a las 16 y 39 de la tarde. La ministra asume su cargo vía decreto a las 18 y 42 de la tarde. Les pregunto legisladores, ¿es ella responsable de este pago? No. Así de simple, por sentido común. Segundo, el sector eléctrico se encuentra en emergencia. La empresa pública SELEC en ese momento tiene autonomía administrativa, financiera y económica.

¿Qué desprende de ello? Que al hacer los contratos no depende de la firma del directorio. ¿Quién es la cabeza del directorio? La ministra Manzana. Si hablamos de que SELEC tiene autonomía administrativa, financiera y económica, quiere decir que si no necesita la firma del directorio, este contrato se realizó sin la firma de la ministra. ¿La ministra firmó el contrato? No. Y es ahí, señores legisladores, en donde la posición ha querido sentar lastimosamente una falsa narrativa acerca de las acciones de la ministra. Y aquí hay algo importante que hay que recalcar en el pleno de la Asamblea Nacional.

Es la ministra quien solicita, dos días después de estar en el cargo, que se haga un examen a la Contraloría, justamente por estos contratos. Entonces, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, ¿existe omisión? No, porque es de ella, es de ella quien pide los exámenes a la Contraloría. Ahora, si nosotros hablamos del artículo 131 de la Constitución, donde habla acerca de los enjuiciados políticamente, habla acerca de la responsabilidad política de los ministros derivados de sus funciones. Si hablamos aquí, que no hay incumplimiento de funciones probadas, no existe fundamento para continuar el juicio político.

Y más allá de eso, señores, existe ya un precedente legislativo. Un precedente legislativo puesto por ustedes, señores de la Revolución Ciudadana, en el juicio político del señor Albornoz. En donde fueron ustedes quienes determinaron en ese juicio político que no se puede culpar a un ministro por actos realizados por terceros. Estamos frente a un caso en donde no se ha podido comprobar que la ministra haya tenido incumplimiento de funciones. La Constitución no permite censurar a una ministra simplemente por percepciones o falsas narrativas, señores legisladores y pueblo ecuatoriano.

Las pruebas han sido claras. La cronología es absolutamente clara y no estamos hablando de falsos relatos como acostumbra la oposición. Estamos hablando de documentos que claramente nos enseñan cuáles han sido las acciones que llevó a cabo la ministra. Acciones como por ejemplo presentar en la Contraloría General del Estado estos contratos. Señor Presidente, no me quiero extender por respeto al tiempo, pero sí quiero dejar sentado en el Pleno de la Asamblea Nacional que esta función, que es la primera del Estado, no puede seguir utilizando la fiscalización como un cheque en blanco para golpear a gobiernos y para desestabilizar al pueblo ecuatoriano.

Gracias, señor Presidente.

Se cierra el debate, señores asambleístas. Señor secretario, certifique qué mociones han ingresado y tome votación de la moción en prelación.

Señor Presidente, me permito certificar que han ingresado las mociones del asambleísta José Luis Nango Cují y la moción del asambleísta Lenín Barreto. Por ser el orden cronológico, se someterá a votación la moción presentada por el asambleísta José Luis Nango Cují.

Asunto, moción respecto al informe de sustanciación del trámite de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta y ejercicio de las facultades que me confiera el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto de la convocatoria a la sesión 112 del Pleno de la Asamblea Nacional y en atención al punto del orden del día referente a Conocer y resolver respecto al informe de sustanciación correspondiente a la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, amparado en lo que dispone el artículo 83, numeral 1, literal A de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento la siguiente moción Acoger y ratificar el informe de sustanciación de la Comisión de Fiscalización y Control Político en el que se recomienda el altivo del trámite de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Presentada por los asambleistas Mónica Estefanía Palacio Zambrano, Lenin Daniel Barreto Zambrano y Blasco Remigio Luna Arévalo, por no haberse probado la existencia de un nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de fusiones, contemplada en el artículo 131 de la Constitución de la República y en el segundo inciso del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, existiendo una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente y insuficiencia aprobatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política. Consentimiento, distinguida consideración, atentamente José Luis Nango, asambleista.

Me permito dar lectura a la parte resolutiva. La Asamblea Nacional en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias resuelve. Artículo 1. Acoger y ratificar el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleistas Mónica Palacios, Lenin Barreto, Blasco Luna, por no haberse probado la existencia de un nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de fusiones, contemplada en el artículo 131 de la Constitución de la República y en el segundo inciso del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Fusión Legislativa, existiendo una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente y insuficiencia aprobatoria de cargo que permitan identificar la imputabilidad de responsabilidad política de 24 de julio de 2026, contenido en el memorando número AN-C-FSP-2026-0275-M-D25 de julio de 2026, suscrito por la secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Artículo 2. Archivar el trámite de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentada por los asambleístas Mónica Palacio, Lenin Barreto, Blasco Luna. Hasta aquí la lectura de los solicitados, señor presidente. Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría.

Me permito informar, señor presidente, que contamos con 140 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta José Luis Nango. Señores asambleístas, por favor, consignar su voto.

me permito informar que de un total de 140 asambristas presentes contamos con 81 votos afirmativos, 58 votos negativos, 0 blancos y 1 abstención. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambrista José Luis Nango.

Tiene la palabra el asambleísta José Luis Nango.

Gracias señor presidente, previo a solicitar la reconsideración, para hablar de la huipala, tienen que recordar cuando su presidente nos decía a par de emplumados, cuando nos persiguió. Yo vengo de un pueblo de luchas, de levantamientos indígenas como Antonio Vargas, hemos derrocado a los presidentes, pero cuando ustedes casi desaparecen a Pachacuti, y ahí se aplaudían, ahora sí se hacen los pepas aquí, respeten, ese es mi huipala, de esto vengo yo, siete nacionalidades, pueblo volcatoriano, pueblo botubio, pueblo puruá, pueblo vestizo, con una de siete nacionalidades vengo yo, pido la reconciliación señor presidente.

Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría.

Permite informar, señor presidente, que juntamos con 135 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la reconsideración planteada por el asambleísta José Luis Nango. Señores de asambleístas, por favor consignar su voto.

Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 135 asambleístas presentes contamos con 52 votos afirmativos, 79 votos negativos, 0 blancos y 4 atenciones. Por lo tanto, no ha sido aprobada la reconsideración planteada por el asambleísta José Luis Nango.

Se suspende la sesión.

TVL y la Radio de la Asamblea Nacional presentaron Asamblea en Pleno.