🕒 0:11 Rebeca Viviana Veloz Ramírez (100%)

Gracias, presidente. Buenas tardes con todas y con todos. Creo que todos vamos a coincidir en que se necesita con urgencia hacer una depuración dentro del sistema de justicia de nuestro país, y una depuración profunda, porque el país, los ecuatorianos, todos estamos cansados de jueces y fiscales corruptos, jueces que se han convertido en fusibles, en funcionales al narcotráfico, al crimen transnacional, y que también tienen responsabilidad de la crisis de seguridad, de violencia, de criminalidad que hoy atraviesan las familias de este país. Y así como, colegas legisladores, se debe depurar el sistema judicial y expulsar a los jueces, fiscales, secretarios, y todos los funcionarios judiciales corruptos, también el Estado tiene una obligación, que es la de proteger a los funcionarios judiciales probos, a ellos, a los que cada día van a las dependencias del Consejo de la Judicatura, y exponen incluso su vida, su integridad física, y muchas veces el Estado les termina dando la espalda, como sucedió con el doctor Carlos Serrano. Y vamos a coincidir en algunas cosas, como las que mencionaba el colega legislador Alfredo Serrano, en que, claro que queremos que haya modernización, transformación, tecnificación, dentro del Consejo de la Judicatura, claro que estamos de acuerdo en que se realicen las evaluaciones, también que se realicen las pruebas de confianza, el polígrafo, y sobre todo el control patrimonial, y no solamente a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, estamos de acuerdo que se haga el control patrimonial a los jueces de la Corte Constitucional, a los jueces de las Cortes Provinciales, de las Unidades Judiciales, también a los secretarios, a todos aquellos. De hecho, hace dos años solicité personalmente al Contralor General del Estado que realice la auditoría patrimonial a los jueces fiscales y secretarios de mi provincia de Santo Domingo de Los Áchilas por la corrupción, que no voy a generalizar porque también hay funcionarios, pero que existe y que fue escandalosa. Entonces, en eso, claro que vamos a estar de acuerdo. Pero este proyecto de ley, colegas legisladores, y eso también me preocupa, y algunos colegas ya han señalado ello aquí, es que cruza una línea roja muy peligrosa. Y esa línea roja es precisamente que existe la pretensión en el artículo que se pretende incorporar, crear, 57.1, que la función ejecutiva tenga intromisión dentro del comité académico que va a seleccionar y designar a los jueces o a quienes estén dentro de la carrera judicial. Y eso es muy grosero para la independencia que tan vulnerada está en este momento en nuestro país. Porque quien va a valorar los perfiles es nada más y nada menos que el viceministerio de Educación. Por ello, también es necesario señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en varias ocasiones la necesidad que los procesos de concurso, selección, designación, estén libres de cualquier presión política y de interferencia política, como está señalado en el caso Reverón Trujillo, en el que se habla sobre estos mecanismos de selección y también en casos de los que ha involucrado al Estado ecuatoriano, como Quintana Cuello, Camba Campos, que también habla sobre lo peligroso de la intromisión dentro del sistema de justicia. Queridas compañeras y queridos compañeros asambleístas, y los estándares también internacionales sobre la carrera judicial, habla que se debe blindar y proteger que no exista presión política sobre los funcionarios del sistema. Por eso, aquí no estamos debatiendo una simple reforma administrativa que debe pasar ligeramente, sino que estamos debatiendo cuán alto es el nivel de la independencia judicial que anhelamos exista en nuestro país. Y como les decía, el artículo 57.1 abre esta preocupación para todos y todas porque rompe el principio básico de la independencia judicial, porque un viceministro no es un actor neutral, responde nada más y nada menos que a su jerárquico superior. ¿Y quién es el jerárquico superior? El ministro o ministra de Educación. ¿Y a quién responde esta persona? Es a quien presida la República. Y la independencia judicial no solamente comienza, colegas legisladores, cuando se presionan a los jueces para que emitan fallos o sentencias de acuerdo a los caprichos de quien preside la República o preside el Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué menciono estos dos hechos, estos dos elementos? Porque hay que trasladarnos a hechos concretos y reales. En el periodo cuando Guadalupe Iori fue presidenta de la Asamblea Nacional, sucedió que el expresidente de la República, Guillermo Lazo, a través de los vocales del Consejo de la Judicatura, Murillo, Morillo y Barreno, intentaban presionar a los jueces para que emitan una acción de protección y la señora siga sentada en la presidencia de la Asamblea, pese al constante incumplimiento de funciones. Eso fue causal de enjuiciarlos políticamente, y lo hicimos como bancada de la Revolución Ciudadana, y luego le presentamos con mi colega Pamela Aguirre, y quién les habla, nosotras presentamos las dos, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, porque no podíamos permitir esa grosera intromisión. Y Esteban Torres, que hoy es coordinador de la bancada de ADN, pues recordará que así se procedió y se hizo, porque hay que actuar con toda la fuerza de la ley cuando se pretende realizar estas acciones que son impúdicas. Eso sucedió en el gobierno del señor Lazo. Y luego lo que hemos visto en la presidencia del Consejo de la Judicatura, con Mario Godoy, que a través de Henry Gaibor, presionaba al juez Carlos Serrano y al juez Fierro también, para obtener una sentencia a favor del narcotraficante, Yedimir Cerdán. Entonces, en estos casos concretos, no se puede permitir la interferencia dentro del sistema de justicia, la vulneración a la independencia judicial, pero no solo empieza ahí, como les señalaba en este momento, sino cuando se quiere abrir la puerta para que el Ejecutivo pueda tener margen de acción, que pueda maniobrar y también decidir e incidir, porque finalmente lo que van a hacer es colocar por dedocracia, no por meritocracia, a quienes estén dentro de este comité académico. Luego, cuando tenemos antecedentes en este país, también que existe manipulación institucional, concursos cuestionados, y una profunda desconfianza de los ciudadanos hacia la función judicial, mal haríamos en que ese artículo se apruebe tal y como está. Por lo tanto, estas observaciones enviaré a la comisión, tal como he realizado en otros proyectos de ley, que también hemos presentado estas observaciones de acuerdo. Luego, parece que bajo el discurso de la meritocracia, la tecnificación y la modernización, quieren sofisticadamente o hacer maniobras, malabares con el lenguaje y hacerle creer a los ciudadanos que existirá este cambio. Pero lo que de verdad se esconde es que vamos a dejar de existir o vamos a dejar de tener independencia judicial para empezar a estar o a coexistir con la dependencia judicial. Y eso no es sano para la democracia. Las democracias sólidas, colegas y colegas legisladores, buscan siempre blindar a la función judicial que esté libre de presiones, que esté libre de sometimientos. Y no podemos intentar crear o construir jueces independientes cuando se está en este momento proponiendo una reforma que lo que busca es que haya una dependencia directa desde la función ejecutiva. Y también pretenden institucionalizar la presión a jueces y fiscales. ¿Por qué digo esto? Y quizás algunos no coincidan, otros sí vamos a coincidir, porque cuando se le entrega la llave a la función ejecutiva para que a través del comité académico, a través del viceministro o viceministra de Educación, designen a quienes van a estar en el comité académico, le estamos entregando el poder de colocar los jueces y fiscales sumisos, sin escrúpulos, sin principios, adeptos, y que no van a obedecer a la Constitución, sino que van a obedecer a quien los colocó allí o a quienes los están protegiendo. Y claro que no queremos más jueces curipayos, ni lindaos a los que hemos combatido de primera mano, y claro que no queremos más jueces como Ítalo Bravo de San Borondón, y claro que no queremos más jueces como Jairo García, que debería estar procesado y que debería estar también en este momento destituido de su cargo de juez, pero como es funcional y en este momento sigue el patrón, el guión, en el caso Goliada, en contra del alcalde de Guayaquil, las Giles Álvarez, pese a tener estos problemas judiciales, siguen el cargo. Esos jueces no queremos, lo que sí queremos es más jueces como el doctor Carlos Serrano, y por eso también nosotros estamos de acuerdo en que exista una depuración, pero sin la captura y sin la toma de la justicia, como se pretende en este proyecto de ley. Y para ir culminando, porque sé que ya se acaban mis minutos, presidente, y le voy a solicitar que me dé un minuto más, como no queremos sicarios judiciales, enviaremos de estos aportes, pero también aquí abre otra preocupación, porque el artículo 109.1, en el que habla de la prohibición de participación en estudios a bufetes jurídicos, estamos de acuerdo, porque si hubiese existido esa prohibición, no solamente a los jueces de Corte Nacional, sino que esa prohibición debe constar para todos, incluso para quienes están al frente del Consejo de la Judicatura, porque si eso hubiese existido o se hubiese también reglamentado, no hubiésemos tenido que tolerar al representante del narcotráfico en el corazón de la Judicatura, como el señor Mario Godoy, que era parte de un bufete jurídico invictus que defiende a narcotraficantes. Pero dentro de este artículo que existe la prohibición, aquí también surge una duda, porque nos habla que podrán dar paso a la destitución de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, fiscal general del Estado, defensor público, a la Contraloría General del Estado y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, olvidando que esa facultad disciplinaria es del Consejo de la Judicatura constitucionalmente, no del, ni tampoco del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al que no le tenemos confianza, porque es un Consejo de Participación que se ha vuelto alfombra también del poder de turno, es gente que no tiene probidad, que no tiene legitimidad, que están allí en el cargo porque obedecen una orden, pero no porque estén actuando de forma imparcial. Y coincido también con los otros colegas asambleístas que sobre el tema de notarias y notarios, se debe proceder de acuerdo a los estándares que están establecidos en el dictamen de la Corte Constitucional. Gracias, Presidente. Enviaré mis observaciones a la Comisión por Escrita.