Martes 27 de octubre del 2026, ¿cómo están? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Asamblea en Pleno, la transmisión de los medios legislativos del desarrollo de la sesión plenaria 134 convocada para esta jornada. Soy Mariela Logroño y compartiré también este espacio, esta transmisión junto a mi compañera Melisa Machuca, quien se encuentra desde el hall plenario. ¿Cómo estás Melisa? Bienvenida.
Muy buenos días, Mariela. Un cordial saludo para ti y para quienes nos sintonizan a través de TVL y la radio de la Asamblea Nacional. En efecto, el día de hoy, martes 27 de octubre, nos convoca la sesión plenaria número 134 y la continuación de la 133. Yo me encuentro ya desde el hall plenario esperando la llegada de las y los legisladores que nos darán sus distintas reacciones. Continuamos contigo, Mariela.
Así es, Melissa, estaremos atentos a las primeras entrevistas sobre los temas que constan en el orden del día de las dos sesiones convocadas para esta jornada. Y saludamos también con nuestro compañero Javier Guerrero, quien se encuentra desde la cabina de Cristal. Qué gusto, Javier, buenos días.
Buenos días Mariela, un saludo para ti, para Melisa y para todas las personas que están conectadas en este momento a través de los medios legislativos y a través de nuestras plataformas digitales. Así es, estamos en la cabina de Cristal, en el Salón Nela Martínez, en donde en pocos minutos se desarrollarán estas dos sesiones plenarias. Podemos contarles que ya existen varios asambleístas ya dentro de sus curules y también les comentamos que en este momento hace su ingreso la presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno, para presidir las dos sesiones.
Continuamos contigo Mariela.
Así es, Javier, para el día de hoy han sido convocadas, en primer lugar, la sesión plenaria 134, que tiene en agenda tres puntos dentro del orden del día. Himno nacional de la República del Ecuador, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana unificado. Y un tercer punto, conocer el informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas, dictado en cumplimiento a la resolución que determinó el Pleno de la Asamblea Nacional.
2:30DEDoménica Carolina Escobar Galarzaidentificado por voz
un reportaje con el orden del día de esta jornada.
Producto de la fiscalización a los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas, la Comisión de Gobiernos Autónomos recomendó remitir los expedientes según su grado de complejidad a la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas y a la Unidad de Análisis Financiero para que realicen las revisiones correspondientes ante posibles irregularidades. Como antecedente, el análisis patrimonial abarcó a 245 autoridades del periodo 2023-2027, Para este proceso, la Mesa Legislativa habilitó una línea exclusiva para recibir denuncias ciudadanas respaldadas con pruebas. En total, recibió 137 denuncias, de las cuales 22 fueron verificadas documentalmente.
Además, la Comisión implementó un mecanismo de semaforización para identificar diferencias, inconsistencias y niveles de alerta. Como resultado de esta metodología, se identificaron los siguientes niveles de alerta. 41 expedientes en alerta roja, que representa el 16,36% del total. 54 expedientes en alerta naranja, equivalentes al 21,51%. 90 expedientes en alerta verde, correspondiente al 35,86%. 66 expedientes no registraron alertas, lo que representa el 26,29% del total. El informe de fiscalización aclara que las alertas identificadas no constituyen una declaratoria de culpabilidad ni determinan por sí solas responsabilidades penales, civiles o administrativas.
4:08CBCristian Benavides Fuentesidentificado por voz
Yo creo que no debe preocupar a ningún alcalde ni prefecto del país si han obrado de buena fe, si le están sirviendo a su comunidad. Acá no haremos una persecución dirigida a ninguna persona o a un grupo de personas, ni a un partido político, al menos desde nuestra parte. Creo que es claro que nosotros no nos prestaríamos por una situación así.
Una vez cumplido este proceso de fiscalización, este martes el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe en el marco de sus atribuciones de control político. En otro punto de la sesión plenaria 134 se llevará a cabo el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana Unificado, tratado en la Comisión de Relaciones Internacionales. La sesión iniciará a partir de las 10 de la mañana, informó Mariela Logroño. Y bien, estos son los puntos que constan dentro del orden del día de momento.
En la sesión plenaria 134 vamos a observar imágenes también cómo se desarrolla el ingreso de las y los asambleístas hasta el Salón Plenario Nela Martínez. La presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno, ya se encuentra dentro del Salón Plenario y en breves minutos más ya solicitará a la Secretaría General la constatación del cuórum reglamentario, es decir, el registro de las y los asambleístas para la instalación de la sesión plenaria 134. Más tarde, a partir de las 11 de la mañana, en cambio, se desarrollará la continuación de la sesión plenaria 133 que tiene en agenda, recabar, analizar y contrastar la información y documentación generada por el ente rector, esto en materia laboral, respecto de presuntos aportes económicos indebidos, realizados por servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado, del Distrito Metropolitano de Quito y las circunstancias laborales en las que se habrían producido estos hechos.
Recordar que esta propuesta de resolución fue presentada en la sesión plenaria 133 de la semana pasada por parte del legislador Andrés Castillo, esto con el propósito de la Comisión del Derecho al Trabajo pueda realizar esta investigación. Ya las disposiciones las da en estos momentos la presidenta de la Asamblea Nacional. Escuchamos.
6:19CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Presidenta, señores asambleístas, por favor, registrarse en sus currules electrónicas de existir alguna novedad, informar a esta secretaría y a cada uno de sus técnicos asignados.
Como ya escuchamos las disposiciones correspondientes, la presidenta de la Asamblea Nacional ya dispuso a la Secretaría General la constatación del cuórum reglamentario para el registro de las y los asambleístas. Y precisamente sobre este procedimiento legislativo, Javier Guerrero nos va a dar detalles de cómo avanza él mismo. Te escuchamos.
Así es, Mariela, hasta el momento ya se han registrado 93 legisladores para participar dentro de estas sesiones, muchos de ellos también ya cumplen con el registro, hasta el momento 100 presentes ya, con esto podíamos dar constatación de que ya existe el quórum necesario para poder instalar esta sesión número 134 del Pleno de la Asamblea Nacional, ya lo decías tú, tiene hasta el momento tres puntos dentro del orden del día, el Digno Nacional de la República del Ecuador, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana Unificado y conocer y resolver respecto del informe final de fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas dictado en cumplimiento de la resolución RL 2025-2029-095.
Continuamos contigo, Mariela.
Y precisamente Melisa Machuca ya tiene las primeras entrevistas. Adelante, te escuchamos.
Bueno, Mariela, me encuentro ya con el legislador Edwin Jarrín, él es vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Buenos días, legislador, bienvenido.
7:58EJEdwin Estuardo Jarrín Rivadeneiraidentificado por voz
Muchas gracias, un abrazo fraterno a los ecuatorianos.
Asambleísta, hoy se tratará el informe para primer debate de la Ley de Movilidad Humana. Estas son reformas orientadas a fortalecer la protección de los ecuatorianos que retornan al país después de una deportación.
8:13EJEdwin Estuardo Jarrín Rivadeneiraidentificado por voz
Sí, efectivamente, la Comisión de Asuntos Internacionales ha hecho un trabajo expedito, un trabajo profesional, en la cual se ha recibido el criterio de varios expertos en materia de tráfico ilícito de migrantes, de derecho internacional, y obviamente la idea es que aquellos ecuatorianos que buscando mejores días para sus familias emigraron fuera del país y de pronto tienen un problema de migración y son deportados, pues reciban del Estado ecuatoriano la protección, el apoyo, el respaldo y sobre todo puedan reinsertarse nuevamente a nuestro país a una tarea de trabajo honesto como estaban acostumbrados a hacerlo.
Por ello hoy se van a exponer varios criterios jurídicos, varias experiencias de quienes hemos tenido familiares, inclusive que han sido víctimas de personas que se dedican a supuestamente llevarles lo que anteriormente denominábamos como coyoterismo. Hay personas que aún siguen siendo engañados con el sueño americano, venden sus recursos, sus pocos recursos que tienen, entregan el dinero y ni siquiera llegan, son capturados, a veces detenidos en otros países y son deportados al nuestro. A esa gente hay que ayudarles sin duda alguna y todos esos aspectos vamos a tratar el día de hoy en este debate en el que se van a exponer muchos aspectos relacionados a este delicado aspecto y que sin duda alguna la comisión de la cual soy parte, como es la de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, tenía que asumir esta situación y poner obviamente en el pleno de la Asamblea Nacional como hoy se lo va a hacer.
Esa fue la explicación del asambleísta Edwin Jarrín, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Volvemos contigo Mariela.
Gracias a Melisa Machuca, quien también en breves minutos más tendrá una siguiente entrevista y precisamente para abordar otro de los temas que constan dentro de la agenda de la sesión plenaria 134. Ya nos indican también que Melisa Machuca dialogará con el legislador Milton Aguas, quien es integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Esto a propósito de este informe de fiscalización a patrimonios injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas. Te escuchamos, Melisa.
Así es, Mariela, me encuentro ya con el legislador por la provincia de Galápagos, Milton Aguas. Bienvenido, asambleísta. Buenos días.
11:07MAMilton Javier Aguas Floresidentificado por voz
Asambleísta, el informe que tratará el Pleno busca esclarecer posibles incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del periodo 2023 al 2027.
11:21MAMilton Javier Aguas Floresidentificado por voz
Efectivamente, el Pleno de la Asamblea Nacional en el mes de junio decidió hacer un proceso de fiscalización a los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del país. Y en ese contexto recayó en nuestra mesa legislativa la Comisión de Gobiernos Autónomos, una mesa especializada permanente de la Asamblea Nacional. Durante todo este lapso de tiempo hemos hecho la revisión pertinente con solicitudes de información y comparecencias en la mesa legislativa de varias instituciones del Estado. Agradecemos al gobierno del presidente Daniel Novoa que nos dieron todas las facilidades, la unidad de análisis financiero WAF, el Servicio Nacional de Rentas Internas, el Servicio de Contratación Pública, la Superintendencia de Compañías, el Registro de Datos Públicos, DINARP, y también otras instituciones del Estado como la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, además del Consejo de la Judicatura con los trámites judiciales pertinentes.
En ese contexto una alarma muy grande para todo el país. De las 24 provincias del país, 21 tienen autoridades con alerta roja. ¿Cómo lo hicimos esta categorización? Cada institución pública tiene unas alarmas que salen de fórmulas matemáticas. Estas fórmulas matemáticas dicen que si es que se incrementaron injustificadamente los patrimonios y en ese contexto, si es que incrementaron los patrimonios, tenemos 90 autoridades que están en categoría verde, porque per se no es un delito que crezca su patrimonio. Pueden justificarlo con los ingresos que tienen como funcionario público versus los negocios o empresas que tengan ahí.
Pero 41 de los alcaldes y prefectos del país definitivamente no podrían justificar porque hacen transacciones millonarias, estamos hablando de millones de dólares que tenemos que saber de dónde salen. Nosotros desde la función legislativa no somos juzgadores, lo que somos es fiscalizadores. Por eso nosotros desde la bancada ADN hemos puesto en consideración al Pleno de la Asamblea Nacional una observación para que este informe sea vinculante, es decir, que vaya a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que en el ámbito de sus competencias puedan determinar sanciones administrativas, civiles culposas e incluso indicios de responsabilidad penal, porque se podrían configurar varios delitos en este enriquecimiento ilícito, como es peculado, lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, cohecho, entre otros.
Pero eso solo lo podrá determinar la justicia. Nosotros estamos firmes en la lucha contra la corrupción.
Asambleísta, desde la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, ¿cuáles serían las conclusiones y recomendaciones de este informe?
14:12MAMilton Javier Aguas Floresidentificado por voz
Bueno, las conclusiones son 12 prefectos de los 23 prefectos con alertas, 41 con alertas rojas, 54 con alertas naranjas, que quiere decir que se recomienda a las instituciones del Estado hacer las auditorías pertinentes y los procesos judiciales pertinentes para que se esclarezca el origen de los patrimonios. Porque muchas ciudades, ahora estamos con el fenómeno del niño, muchas ciudades son desatendidas, el alcantarillado un desastre, recolección de basura también, vías urbanas y rurales, todo un caos ahora que estamos viviendo este fenómeno del niño que es también sin precedentes.
Pero ellos sí, con un incremento injustificado de dónde provienen esos recursos, cuáles son los nexos, hemos visto que el gobierno del presidente Admin Novoa hace pocas semanas detuvo a un exalcalde vinculado con la minería ilegal. Sí está la política involucrada lamentablemente con actividades ilícitas, que es narcotráfico, lavado de activos, el tráfico de combustibles, minería ilegal, pesquería ilegal, entre otras. Entonces eso es lo que tiene que investigar la justicia, y este informe debe ser conocido por ellos, y eso es lo que se va a votar el día de hoy.
De ser así el caso, se esclarecerá muchos de los hechos de cómo estas autoridades se han incrementado sus patrimonios por millones de dólares y el pueblo ecuatoriano sigue sin atención de sus servicios básicos.
Estas fueron las declaraciones del asambleísta por Galapagos, Milton Aguas, él es integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Continuamos contigo, Mariela.
Gracias a Melissa por esas entrevistas, con 143 asambleístas presentes se instala la sesión plenaria 134, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, esto es Asamblea en Pleno.
16:14CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas dictado en cumplimiento de la resolución 2025-2029-095. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señora Presidenta.
16:31MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Señor secretario, informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.
16:36CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Cumplo con informar, señora Presidenta, que no contamos con solicitudes de modificación del orden del día para la presente sesión.
16:43MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Por favor, demos inicio con el primer punto.
16:46CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Primero, himno nacional de la República de Ecuador.
Con 143 legisladores se instala esta sesión, no existen cambios dentro del orden del día y por orden de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno, que cumple con el primer punto, el himno nacional de la República del Ecuador.
¡Gracias por ver!
Se ha cumplido así el primer punto dentro del orden del día de esta sesión número 134 del Pleno de la Asamblea Nacional con la Internación del Instituto Nacional de la República de Ecuador.
19:48MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Lo establecido en el artículo 150 de la ley orgánica de la función legislativa, se suspende la sesión para declararnos en comisión general. Señor secretario, por favor, dé paso a la misma.
20:00CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Con su autorización, señora Presidenta, se suspende la sesión, nos declaramos en comisión general. Se invita a ingresar al Pleno de la Asamblea Nacional a la señorita Elizabeth Elisa Álvarez Miranda.
Se declara en Comisión General en ese momento en el Pleno, ya lo ha dicho el señor Secretario, la señorita Elizabeth Álvarez Miranda es quien va a participar en esta Comisión General en el Pleno número 134. Ya se cumplió con el primer punto, luego de la Comisión General cumpliremos también con el segundo punto, que es conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de movilidad humana unificado y luego conocer y resolver respecto del informe final de fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados.
20:51CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Isabela Elisa Álvarez Miranda, es una deportista ecuatoriana de la disciplina natación de aguas abiertas y de piscina, ha alcanzado resultados destacados en competencias nacionales e internacionales, representando al Ecuador y a la provincia de Tunguragua, en ejercicio de sus atribuciones de cuerda. Reconocer y condecorar a la señorita Isabela Elisa Álvarez Miranda al mérito deportivo, por su sobresaliente trayectoria y participación en competencias nacionales e internacionales de natación en aguas abiertas y piscina, destacando su disciplina, dedicación y excelencia deportiva, que contribuyen al prestigio de la natación ecuatoriana y enaltecen el nombre del país.
Se da el reconocimiento en este momento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional a la señorita Elizabeth Álvarez Miranda por ser una destacada deportista de aguas abiertas y de piscina que ha representado a nuestro país.
21:51CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
En este momento vamos a escuchar la intervención precisamente de la señorita Álvarez Miranda durante esta comisión general dentro del pleno número 134 de la Asamblea Nacional.
Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, señora Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, miembros del Consejo de Administración Legislativa, señora Anabela Asin, asambleísta nacional, señoras y señores asambleístas, damas y caballeros. Muy buenos días. Mi nombre es Isabela Elisa Álvarez Miranda. Tengo 14 años. Soy nadadora de aguas abiertas y represento con mucho orgullo a la provincia de Tunguragua y a mi país, el Ecuador. Hoy estoy aquí profundamente agradecida por este reconocimiento, pero también con una gran responsabilidad, demostrarles a otros niños y jóvenes que los sueños sí se pueden alcanzar, sin importar nuestra edad, el lugar donde nacimos o las dificultades que encontremos en el camino.
Hace un año tuve que enfrentar uno de los momentos más difíciles de mi vida. Una cirugía de rodilla me alejó de la piscina y por primera vez sentí miedo de no poder volver a nadar. Pensé que todos esos años de esfuerzo podían quedarse atrás. Pero con el apoyo de mis padres, familia, mis entrenadores y las personas que creyeron en mí, comprendí algo que hoy quiero compartir con ustedes. Las dificultades pueden detenernos por un momento, pero no tienen por qué detener nuestros sueños. Volví a entrenar, volví a creer en mí y tuve la oportunidad de representar al Ecuador en competencias internacionales con el campeonato mundial juvenil de aguas abiertas en Argentina.
Y la exigente prueba de diez kilómetros en México que decidí nadarla por primera vez. Pero hoy no quiero hablar solamente de mis competencias. Como mujer, quiero hablarles especialmente a las niñas y adolescentes de mi país. A esa niña que quisiera practicar un deporte, pero siente miedo de intentarlo. A esa joven que por temor social y falta de recursos, no se decide a practicar este. Quiero decirles que todas somos capaces de alcanzar grandes metas. No necesitamos ser perfectas, ni ganar siempre, ni tener todas las respuestas. Lo importante es atrevernos a comenzar, a prepararnos y nunca dejar de creer en nosotras mismas.
El deporte nos enseña mucho más que ganar medallas. Nos enseña disciplina, respeto, compañerismo, compañerismo, valentía y sobre todo a levantarnos después de cada caída. Por eso, me gustaría que cada vez más niñas ecuatorianas tengan la oportunidad de practicar el deporte que las apasiona. Que encuentren espacios seguros, entrenadoras que las motiven y familias que las acompañen. Porque cuando apoyamos a una niña en el deporte, no solamente estamos formando una deportista, estamos ayudando a formar a una mujer segura, fuerte y capaz de enfrentar los desafíos de la vida.
Hoy, quiero agradecer a mi papá y a mi mamá, que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. A la Federación Ecuatoriana de Natación, a la Federación Deportiva de Tunguragua, a mi entrenador, a mi club Educoach, a mi colegio Saint Dominic School y a todas las personas que me han acompañado en este camino. Sus esfuerzos, su cariño, su confianza han sido fundamentales para llegar hasta aquí. Agradezco también a la Asamblea Nacional por este reconocimiento. Y de manera muy especial, a la doctora Anabella Zin de Novoa, quien como persona y mujer, creyó en mi esfuerzo como joven deportista.
Quiero expresarle mi gratitud por valorar el talento de las nuevas generaciones. Y por demostrar que apoyar los sueños de una niña, también es contribuir a construir un Ecuador con más oportunidades. Recibo esta distinción con mucha emoción, pero también pensando en tantas niñas y jóvenes que cada mañana se levantan a entrenar, que estudian, que se esfuerzan y que sueñan con representar algún día a nuestro país. A ellas quiero dedicarles este momento. Hoy estoy aquí no porque nunca haya tenido miedo, sino porque aprendí que podía ser más fuerte que ellos.
Y si algo quisiera que recuerden de mis palabras, es esto. No esperen a ser grandes para comenzar a cumplir sus sueños. Empiecen hoy, crean en ustedes y nunca permitan que alguien les diga que no pueden lograrlo. Yo seguiré nadando por mis sueños, por mi club, por mi provincia Tunguragua y por mi país Ecuador. Pero también con la ilusión de que algún día muchas más niñas ecuatorianas encuentren en el deporte una oportunidad para descubrir de los que son incapaces. Para finalizar, deseo que a través de este reconocimiento, mi historia llegue a los oídos y corazón de todas las niñas y mujeres del Ecuador, para que se atrevan a dar un paso más cerca de sus sueños.
Muchísimas gracias.
Esa fue la intervención de la deportista Isabel Elisa Álvarez. Dijo representar a la provincia de Tunguragua. Hoy estoy profundamente agradecida por este reconocimiento y una responsabilidad de demostrar a todos que los sueños sí se cumplen. Como mujer dio voz a niñas y adolescentes que por temor no se deciden a practicar ese deporte. Llamó a no rendirse y atreverse a luchar por los sueños. Fue parte de la intervención de la deportista Isabel Elisa Álvarez.
27:40CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Hace su salida ya la deportista, quien recibió el reconocimiento del pleno...
27:51MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
de la Asamblea Nacional.
27:53CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Segundo, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana unificado.
28:05MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Señor secretario, por favor dé lectura del memorando respectivo y del informe en su parte resolutiva. El informe íntegro remitido por la comisión será parte del acta de la presente sesión.
28:18CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura del Memorando AN-CRM-2026-0438-M. Asunto, remisión del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana Unificado. De mi consideración, con atento saludo, me dirijo a su autoridad y mi calidad de Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana para poner en su conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Acción Legislativa, en concordancia con el artículo 137 de la Constitución de la República de Ecuador, fue aprobado en esta mesa legislativa el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana Unificado, mismo que adjunto en el presente Memorando.
El referido informe, así como su articulado, fue tratado, debatido y aprobado por el Pleno de esta Comisión el 13 de octubre de 2026, remitiendo el mismo con el objetivo de continuar con el trámite legislativo correspondiente, esto es, su conocimiento de liberación y resolución en primer debate por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, me suscribo, atentamente, Lucía Jaramillo, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. De acuerdo con su disposición, señora Presidenta, procedo a dar lectura al informe en su parte resolutiva.
Octavo, conclusiones y recomendaciones. 8.1. Conclusiones. La propuesta reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana es meritoria, oportuna y pertinente. El proyecto de ley posee mérito al transformar una respuesta administrativa y coyuntural en un régimen legal estable, previsible y exigible, el cual garantiza la protección de las personas ecuatorianas frente a procesos de deportación masiva dictados por otros estados. La iniciativa es oportuna porque responde a un contexto internacional actual y verificable, marcado por el incremento de retornos forzados y la aplicación de procedimientos de remoción acelerada, lo que exige al Estado ecuatoriano prepararse institucionalmente con anticipación.
La reforma es pertinente en razón de que la expedición de una ley orgánica es el único mecanismo jurídico idóneo para definir las condiciones de acceso a derechos de las personas retornadas y para asignar nuevas responsabilidades de coordinación a instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública. El articulado propuesto corrige de manera efectiva un vacío legal y una barrera de acceso excluyente al reducir requisito de permanencia en el exterior a seis meses para el reconocimiento de la condición de persona retornada en casos de retorno forzado.
La aplicación de esta reforma es fiscalmente neutra y no genera un incremento en el gasto público, puesto que su eficacia se sustenta en la optimización, priorización y articulación de los servicios y recursos institucionales ya existentes. 8.2. Recomendación. Recomendar que el presente informe de primer debate sea puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional de acuerdo con el procedimiento legislativo pertinente. 9.3. Sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional el análisis y debate del texto unificado propuesto en este informe, considerando la urgencia de dotar al Estado de una herramienta normativa que garantice una respuesta integral, digna y coordinada frente a las necesidades de las personas ecuatorianas en contextos de deportación masiva.
9. Asambleísta ponente. El asambleísta ponente será el asambleísta Johnny Lavallén. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.
31:57MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Gracias, señor secretario. Se abre el debate. Tiene la palabra el asambleísta Donnie Lavallén.
Se ha dado lectura a la parte resolutiva de este informe elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y a su vez se ha otorgado el uso de la palabra al legislador Johnny Lavallén en calidad de ponente.
32:13JLJohnny Alfredo Lavayen Tamayoidentificado por voz
señora presidenta, colegas asambleístas, medios de comunicación, a toda la ciudadanía y en especial a nuestros hermanos migrantes a quienes represento que sin duda alguna están pendientes de esta iniciativa, de este proyecto de ley unificado que trae beneficios para ellos y toda su familia. Comparezco ante este pleno en mi calidad de ponente del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana unificado con la responsabilidad de explicar por qué esta reforma es necesaria, cuál ha sido el trabajo legislativo desarrollado en la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y sobre todo qué respuesta concreta podemos ofrecer a los ecuatorianos que enfrentan un retorno forzado desde el exterior.
Quiero comenzar agradeciendo a la presidencia y a cada uno de los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales a la cual pertenezco por el trabajo realizado durante el tratamiento de esta iniciativa. ¿Cuál es el problema que buscamos resolver? Pensemos en un ecuatoriano que lleva años trabajando en los Estados Unidos, envía remesas a su familia y construye un futuro lejos de su tierra. De pronto enfrenta un proceso migratorio que termina con su retorno forzado al Ecuador. Ahora imaginemos que no es sólo una persona sino que son cientos o miles de compatriotas que regresan en un corto periodo, incluso mediante vuelos colectivos.
Las cifras nos permiten dimensionar la magnitud de este desafío. Según datos de Cancillería, entre el año 2019 y 2026, retornaron desde Estados Unidos 57,406 ecuatorianos. Sólo en el año 2025 fueron 9,351 y en los primeros 26 días del mes de enero del 2026 llegaron otros 742 compatriotas en vuelos colectivos. Detrás de cada cifra hay una persona, una familia, una historia. Muchos regresan con deudas, separados de sus seres queridos, sino documentos y sin recursos necesarios para reconstruir su vida. Señora presidenta, antes de continuar mi exposición, solicito respetuosamente se me autorice la presentación de un video que he preparado para esta ocasión, cuyo contenido contribuirá a complementar los argumentos que impondré ante este pleno.
arrestos masivos de migrantes en Estados Unidos, personas esposadas y encadenadas, aviones que llegan a Latinoamérica con cientos de deportados.
Y a Ecuador también llegó el tercer vuelo de deportados desde Estados Unidos. La aeronave procedente de Harlingen, Texas, aterrizó en Guayaquil con 80 ciudadanos que no contaban con estatus legal en la Unión Americana.
En Estados Unidos continúan las redadas para deportar a inmigrantes en situación irregular.
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, detalla que más de 31 mil migrantes ecuatorianos tienen órdenes de deportación en Estados Unidos.
Sí, en el país los vuelos de deportados llegan a Guayaquil hasta tres veces por semana.
138 ecuatorianos deportados de Estados Unidos aterrizaron la tarde de este miércoles en Guayaquil.
35:54APArisdely Paola Parrales Yagualidentificado por voz
Las deportaciones desde Estados Unidos no paran. Cristian Matute, director de la Fundación Alianza Ecuatoriana, revela una cifra alarmante.
Chile avanza en su política anti-inmigración. Este viernes las autoridades comunicaron las cifras de deportados en lo que va del 2026. Más de 2.000 extranjeros fueron expulsados del territorio. Incluso durante la mañana un vuelo charter con 75 migrantes indocumentados partió desde Santiago. Seguimos con otros temas. Hoy se informó de un nuevo vuelo de expulsión de...
36:40SCSamuel Elías Celleri Gómezidentificado por voz
Durante...
36:42EJEdwin Estuardo Jarrín Rivadeneiraidentificado por voz
Este año se han realizado 1.700 expulsiones, son más o menos que respecto al año pasado, claro, tomando en consideración Monse, que hay más de 300.000 migrantes irregulares en nuestro país.
36:52PJPablo Aníbal Jurado Morenoidentificado por voz
Estos 138 ecuatorianos se suman a los 5.067 que ya fueron deportados hasta mayo de este año.
37:01JLJohnny Alfredo Lavayen Tamayoidentificado por voz
Muchas gracias. Señora Presidenta, colegas asambleístas, este video habla por sí solo de por qué es importante este proyecto unificado de ley. Este proyecto tiene un antecedente legislativo importante. La Comisión unificó dos iniciativas relacionadas con la protección de los ecuatorianos en el exterior. La primera, proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana para la regulación y ejecución de los procesos de deportación masiva. Y el segundo, proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana para el fortalecimiento de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior.
¿Qué significa esto en términos legislativos? Que la Comisión buscó articular iniciativas que desde diferentes perspectivas comparten una finalidad, fortalecer la protección de nuestros compatriotas y mejorar la respuesta del Estado frente a sus necesidades. ¿Qué estamos reformando y cuáles son sus beneficios? Con esa visión, paso a explicar uno por uno los principales cambios que contempla el articulado. Articulado 1, definición de deportación masiva. El primer artículo agrega el numeral 24 al artículo 3 de la ley orgánica de movilidad humana e incorpora una definición de deportación masiva. ¿Por qué es necesario?
Para activar una respuesta estatal adecuada, es necesario establecer criterios jurídicos objetivos que permitan distinguir una deportación masiva de un retorno ordinario. Esta definición brinda seguridad jurídica, facilita la activación oportuna de los mecanismos de protección y permite coordinar la capacidad de respuesta institucional frente a las situaciones extraordinarias de retorno forzado. El artículo 2, acciones conjuntas para protección consular. El segundo artículo incorpora el artículo 12a y establece mecanismos de coordinación entre la Defensoría del Pueblo y la Autoridad de Movilidad Humana. Se plantea desarrollar mediante convenio mecanismo de atención virtual para proteger y tutelar los derechos de los ecuatorianos en el exterior, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, detención migratoria o retorno forzado.
El artículo 3, reconocimiento de situaciones de vulnerabilidad. El tercer artículo sustituye el numeral 11 del artículo 21. La reforma reconoce que los procesos de deportación masiva, colectiva o expulsión pueden generar situaciones de riesgo y falta de protección para los ecuatorianos. ¿Por qué es importante? Porque una persona puede regresar repentinamente sin empleo, vivienda o acceso inmediato a atención médica, afectando también a su familia. La reforma permite que estas circunstancias sean consideradas dentro de los mecanismos legales de protección del Estado. Artículo 4, dignidad, integridad personal y debido proceso.
El cuarto artículo sustituye el numeral 8 del artículo 24. Se fortalece la obligación de las misiones diplomáticas y oficinas consulares de actuar dentro de sus competencias y en coordinación con las entidades correspondientes para garantizar el respeto y la dignidad, la integridad personal y el debido proceso de los ecuatorianos sometidos a procesos individuales, colectivos o masivos de deportación, expulsión u otras formas de retorno forzado. Esta reforma busca articular la protección durante los procedimientos migratorios con la atención que un migrante pueda necesitar al ingresar. Artículo 5, nueva regulación de la condición de una persona retornada.
Señora Presidenta, colegas asambleístas, este es uno de los cambios más importantes del proyecto. El quinto artículo sustituye al artículo 25 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. La reforma mantiene los dos años de permanencia en el exterior para el retorno voluntario y establece seis meses ininterrumpidos para el retorno forzado, incluida la deportación masiva. También contempla los casos de vulnerabilidad calificada y mantiene las disposiciones para ecuatorianos nacidos en el exterior que vienen a vivir a nuestro país. ¿Por qué esta diferencia? Porque quien regresa voluntariamente puede planificar su retorno, mientras quien es deportado debe volver sin haberlo previsto.
Buscamos adaptar los requisitos a esa realidad sin eliminar las demás condiciones legales. El artículo 6, atención integral y registro y seguimiento. El sexto artículo se incorpora los artículos 26A y 26B. El artículo 26A garantiza atención prioritaria a las personas retornadas en una deportación masiva que hayan sido declaradas en situación de vulnerabilidad, facilitando la actualización de documentos y atención psicológica y asesoría legal. Y el artículo 26B se establece que un registro y seguimiento coordinado para identificar necesidades, documentar posibles vulneraciones de derechos y facilitar la atención. ¿Por qué es importante?
Porque no basta con recibir a nuestros compatriotas, debemos facilitarles el acceso a los servicios y la protección que necesitan para construir sus vidas. El artículo 7, derecho a recibir información sobre el retorno y la protección en el exterior. El séptimo artículo sustituye el artículo 30. La reforma garantiza que los ecuatorianos en el exterior recibirán información clara y oportuna para las políticas de retorno, los beneficios disponibles y sus derechos ante una deportación o expulsión. Además, establece que Cancillería y los consulados faciliten esta información y orienten a nuestros compatriotas sobre cómo acceder a la asistencia que necesiten.
El artículo 8, reconocimiento administrativo de las personas retornadas. El octavo artículo sustituye el primer inciso del artículo 38. Esta reforma armoniza el procedimiento con los requisitos de permanencia, dos años para el retorno voluntario y seis meses para el retorno forzado, acreditados mediante el certificado migratorio o una declaración juramentada según corresponda. El artículo 9, política exterior y cooperación internacional. Finalmente, el noveno artículo sustituye los numerales 14 y 15 del segundo inciso del artículo 163. La reforma dispone que Ecuador impulse acuerdos de cooperación con otros países para que el retorno forzado de nuestros compatriotas respete sus derechos y el debido proceso a la unidad familiar y permita coordinar su recepción y reintegración.
Compañeras y compañeros asambleístas, detrás de cada migrante retornado hay una persona, una familia, una historia. Muchos ecuatorianos regresan forzosamente sin haber podido cumplir sus objetivos ni preparar su llegada. Como ponente, considero que esta reforma responde a una necesidad concreta garantizar una respuesta institucional que evite que el retorno se convierta en una nueva situación vulnerable. Por eso, es muy importante, invito a este pleno a debatir y a perfeccionar esta propuesta con responsabilidad y visión de Estado, porque ningún ecuatoriano debe encontrar diferencia cuando regresa a su país.
Debe encontrar protección, orientación, oportunidades para reconstruir su vida. Señora presidenta, colegas asambleístas, cuando un migrante es escuchado, todo un país avanza. Muchas gracias.
Escuchamos al asambleísta Johnny Lavallén, ponente de este proyecto de ley, que dijo que el objetivo de la reforma es garantizar una respuesta institucional que evite que el retorno vuelva a poner al migrante en situación vulnerable. Eliana Correa, en este momento, en el uso de la palabra.
46:07ECEliana Katherine Correa Gonzálezidentificado por voz
Enviarle un saludo a la República Federativa de Brasil, felicitaciones y un aplauso por esta victoria para el progresismo de Latinoamérica. Hoy hablo como representante de los ecuatorianos en el exterior, como migrante y como médico. Desde las tres visiones coincido en algo, ante una urgencia la buena intención no basta, lo que salva es el protocolo, el responsable y los plazos. Esta reforma plantea una preocupación legítima. ¿Qué hace el Estado cuando nuestros compatriotas son obligados a regresar de forma abrupta, sin recursos y separados de sus familias? Esa pregunta merece una respuesta seria.
Por eso en este primer debate debemos preocuparnos del texto, que el texto protege, que si puede aplicarse, si se respeta o no la Constitución. Debemos partir de un principio que no admite cuestionamientos, porque emigrar es un derecho. El artículo 40 de nuestra Constitución reconoce el derecho a emigrar y prohíbe identificar o considerar que es una realidad social, económica, familiar, que atraviesa todos los derechos, necesidades y proyectos de vida. Y hoy sabemos que para el Ecuador nuestros hermanos migrantes son fundamentales para el desarrollo económico y el sostén de la economía del Ecuador.
Quien regresa al Ecuador de manera voluntaria y ecuatoriana o forzosamente no pierde su dignidad, no debe empezar de cero. Para demostrar que merece la dignidad estatal. El proyecto busca proteger a los ecuatorianos y ecuatorianas retornados en contextos de deportación masiva. Este propósito es legítimo. Sin embargo, el texto ajustado que ha sido socializado presenta problemas de definición, de acceso a derechos, de operatividad técnica y de técnica legislativa. No sostengo que toda la reforma sea inconstitucional, sostengo algo mucho más preciso. Algunas de las fórmulas generan riesgos constitucionales concretos y otras podrían convertirse en normas meramente simbólicas, sin la capacidad real de transformar la vida de las personas y mucho menos de proteger los derechos que se pretenden garantizar.
El primer problema está en la definición de deportación masiva. Se mezclan dos situaciones diferentes. Uno, la expulsión colectiva, sin examen individual y al retorno de numerosas personas que pueden haber seguido procedimientos individuales. No son equivalentes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22, numeral 9, prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros. Y la Corte Interamericana, en el caso Nayef Doserma, contra República Dominicana, ha resaltado la relevancia del examen individual y de las garantías. Lo que caracteriza la prohibición no es simplemente cuántas personas son expulsadas, sino la ausencia de la valoración individual de sus circunstancias.
Tampoco es suficiente, como ha sostenido el gobierno, que es una política de Estados Unidos. En el caso de dichas deportaciones, pues como vemos, cuando se trata de derechos existentes, existen estándares que deben respetarse para evitar los abusos y los excesos de los que hoy ya sabemos que son víctimas los ecuatorianos que han sido deportados. Por eso, hablar de un número significativo de retornados sin determinar parámetros genera incertidumbre. ¿Cuántas personas son significativas? Para nosotros, una persona debe activar todos los protocolos. En qué periodo se activa, quién activa la respuesta y en cuánto tiempo llega.
Una ley no puede dejar la protección de derechos sometida a una expresión imprecisa y ni a una declaratoria administrativa que puede llegar cuando la emergencia ya pasó. Propongo distinguir expresamente la expulsión colectiva como cuestión de derechos humanos, de los retornos de alta afluencia como supuesto para activar una respuesta humanitaria y de reintegración. El segundo problema es aún mucho más delicado. El proyecto condiciona la atención prioritaria e inmediata a que la persona haya sido declarada en situación de vulnerabilidad conforme lo establece el artículo 21 de la ley.
Pero ese numeral exige una afectación por políticas que vulneren derechos y una situación de indefensión. ¿Qué ocurre con quien fue deportado mediante un procedimiento individual formalmente regular que llega enfermo, que llega sin documentos, sin vivienda o con sus hijos separados? ¿Tendrá que él la responsabilidad de probar primero la vulneración cometida por otro Estado para acceder a la atención que necesita? Adicionalmente a esto, existe la posibilidad de que exista una declaratoria infraconstitucional de la vulnerabilidad. Sin criterios objetivos puede colisionar las disposiciones constitucionales y tergiversar los principios de proporcionalidad y necesidad, entre otros.
La vulnerabilidad debe evaluarse por las necesidades y riesgos concretos de cada persona, no únicamente por la calificación jurídica de la política migratoria extranjera. La atención urgente en salud, la orientación, la protección de niños, niñas y adolescentes, la asistencia documental no puede depender de un trámite previo. La igualdad material reconocida por nuestra Constitución exige identificar soluciones distintas y responder proporcionalmente a ellas. También exige evitar que una prioridad mal diseñada desplace injustificadamente a otras personas de condición de atención prioritaria. El tercer problema, la reforma vuelve a mencionar deberes de protección consular que la Ley Orgánica de Movilidad Humana ya contempla.
Que nuestros consulados velen por la dignidad e integridad, el debido proceso es correcto y es lo que se necesita. Pero repetir estas obligaciones no equivale a fortalecerlas. Lo que necesitamos son protocolos claros de alerta, de alerta temprana, de información comprensible, de acceso a la comunicación familiar, de coordinación, de recepción, de identificación de personas con necesidades especiales y de seguimiento de casos. Que eso es precisamente lo que hoy no se puede. Una norma que no precisa responsables, ni plazos, ni mecanismos de actuación puede sonar protectora, pero también puede resultar ineficaz.
Cuarto, se promete acceso prioritario a programas existentes de reintegración social, educativa y productiva. Actualización documental, expedita, atención psicosocial y patrocinio jurídico. ¿Ok? ¿Y dónde está la ruta concreta para la atención? ¿Qué institución recibe a la persona en el aeropuerto o en la frontera? ¿Quién realiza esa primera evaluación que se necesita? ¿En qué plazo se enviarán los documentos? ¿Cómo se coordina el apoyo de los territorios? Si la ley se limita solamente a ordenar la coordinación sin definir las responsabilidades y los actores que deben cumplirlas, entonces solamente estamos trasladando el problema de una ventanilla a otra.
Aquí surge un riesgo práctico que no podemos ignorar. La disposición de ejecutar solo todo con los presupuestos institucionales vigentes. No demuestra que la reforma carezca de costos. Existen costos de personal, tecnología, protección de información, acompañamiento psicológico y presencia territorial, porque se requieren las capacidades técnicas para cumplirlos. No basta con escribir que no habrá nuevas partidas para garantizar que la atención ocurra. Aquí la Asamblea debe exigir un análisis de impacto operativo y presupuestario, compatible con las reglas constitucionales sobre la iniciativa legislativa y el gasto público. Quinto, el registro de los procesos de deportación y las posibles vulneraciones de derechos puede ser útil, pero también es riesgoso.
Es información que podría incluir datos de niños, niñas y adolescentes, situaciones de violencia, situaciones familiares y antecedentes de procedimientos migratorios. No es suficiente con la remisión genérica a la Ley de Protección de Datos Personales. Debemos establecer finalidades precisas, acceso restringido, tiempos de conservación, mecanismos de rectificación y prohibiciones de usos ajenos a la protección. La persona retornada no puede encontrar en el Estado ecuatoriano un nuevo aparato de vigilancia, como ya sucede hoy en día. Sexto, la cooperación internacional debe servir para exigir garantías, no para facilitar mecánicamente las expulsiones.
Es pertinente que la propuesta ajustada haya evitado convertir la Real Administración expedita en un eje de la reforma. Los acuerdos y mecanismos bilaterales deben priorizar el análisis individual, el debido proceso, la unidad familiar y la dignidad. La Corte Interamericana, en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas, en su opinión consultiva 21 del 2014, ofrece parámetros relevantes para la protección de personas migrantes, y especialmente de niños, niñas y adolescentes. La experiencia europea, incluida en la sentencia Hirsch y Hama contra Italia, confirma la importancia de las garantías frente a las operaciones de expulsión y del principio de no devolución, atendiendo los respectivos contextos jurídicos.
Finalmente, una remisión equivocada puede volver inaplicable a una disposición. La unidad de materia, en principio, se mantiene si todas las reformas persiguen la protección de las personas retornadas. Pero se pondría en riesgo si el debate deriva hacia las reglas generales de readmisión o administración de flujos migratorios desconectadas del objetivo protector. Colegas legisladores, una ley eficaz no se mide por la cantidad de veces que se repite la palabra dignidad, protección o prioridad. Se mide por lo que ocurre cuando una madre retorna sin documentos, cuando un trabajador llega sin medios de subsistencia, cuando una persona requiere reunirse con su familia, cuando una persona requiere atención médica inmediata.
Ahí es cuando el Estado debe responder de manera expedita e inmediata, con procedimientos claros, con recursos identificados y con garantías exigibles. Por eso propongo que este primer debate sirva para una revisión sustancial del texto, separar la expulsión colectiva y el retorno numeroso, eliminar aquellas barreras administrativas para la asistencia urgente, establecer una evaluación individual de necesidad, definir rutas y responsables de atención, reforzar los datos de protección, corregir las remisiones normativas y sustentar la viabilidad presupuestaria. Que la Comisión escuche a organizaciones de migrantes retornados, que son muy numerosas en el Ecuador, especialistas en derechos humanos, defensoría del pueblo, defensoría pública y entidades responsables para ejecutar la política.
No se trata de negar la necesidad de proteger a nuestros compatriotas, se trata de impedir que en nombre de esa protección aprobemos una ley ambigua, redundante o que sea imposible de cumplir. La movilidad humana debe abordarse desde los derechos y no desde la sospecha, desde la reintegración y no desde el trámite, desde la dignidad y no desde las cifras. Mi posición es clara, respaldo el objetivo de protección, pero considero indispensable corregir sustancialmente el articulado antes del segundo debate. Porque una persona que vuelve al Ecuador no necesita otra promesa, no necesita una ley que no defienda sus derechos.
Jamás apoyaré nada que señale con el dedo a nuestros migrantes o haga una apología del delito por el hecho de estar en una situación de movilidad humana. Porque cualquier cosa distinta a proteger de manera integral sus derechos no es más que ejercicios de criminalización a la migración. Y recordemos que emigrar es un derecho. Gracias.
Esa fue la segunda intervención a cargo de la legisladora Eliana Correa. ¿Qué hace el Estado cuando los compatriotas son obligados a retornar sin recursos? El texto debe proteger y respetar la Constitución. Migrar es un derecho fundamentado en la Constitución. La movilidad no es una anomalía, destacó la legisladora. Siguiente intervención, la tercera, a cargo de la legisladora Carolina Escobar.
57:30DEDoménica Carolina Escobar Galarzaidentificado por voz
Yo no vengo a hablarles solo de artículos, de leyes, vengo a hablarles de nuestra gente. Vengo a hablarles del corazón de Tungurahua, una tierra trabajadora, de gente luchadora, que sabe muy bien lo que significa madrugar, esforzarse y muchas veces ver partir a un ser querido. En nuestra provincia, en Ambato, en Pelileo, en Píllaro, en cada rincón no hay una sola familia que no tenga un hermano, a un padre, a un hijo que no haya tenido que armarse de valentía, hacer sus maletas de irse a buscar afuera las oportunidades que lamentablemente aquí no encontró.
Por eso, la migración no es un número en una estadística. La migración tiene rostro, tiene lágrimas y tiene el sacrificio de miles de ecuatorianos y así como nos duele verlos partir, nos duele aún más cuando enfrentan momentos difíciles en el exterior, una detención, una deportación o un retorno forzado. Y ahí es cuando el Estado tiene que responder con firmeza y humanidad. La Constitución nos manda a proteger a nuestros migrantes y este proyecto de ley es una muestra clara de cómo en sintonía con el trabajo de nuestro Presidente Daniel Novoa y de nuestro gobierno, estamos pasando de las palabras a los hechos.
El Presidente está liderando un esfuerzo histórico por devolverle la dignidad a nuestro país, generando oportunidades internas y fortaleciendo la atención a quienes más lo necesitan.
59:10MVMaría Paula Villacreses Herreraidentificado por voz
Y desde esta asamblea, la bancada oficialista acompaña esa visión transformadora.
59:17DEDoménica Carolina Escobar Galarzaidentificado por voz
Y nosotros como asambleísta y personalmente como asambleísta de Tungurahua, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, impulsé la unificación de estas propuestas y logramos un apoyo unánime en la comisión. Porque cuando se trata de defender a nuestra gente, el gobierno y la asamblea, debemos remar hacia el mismo lado. ¿Y qué significa esta ley para la gente del día a día? Consulados activos y comprometidos, en alineación con las políticas del Ejecutivo, queremos consulados que verdaderamente acompañen, asesoren y defiendan legal y humanamente a nuestros compatriotas cuando estén vulnerables.
Trámites más rápidos para quienes son devueltos. Reducimos de forma justa a sólo seis meses del tiempo de permanencia afuera para que los compatriotas retornados, de manera forzada, puedan acceder de inmediato a los beneficios de ley sin trabas burocráticas. El respaldo real para el día después. Porque el desafío no termina cuando el avión aterriza. Como lo ha priorizado nuestro gobierno, el reto es garantizar que al día siguiente la persona tenga apoyo en salud mental, orientación social, facilidades en sus documentos y acceso a crédito y empleo para emprender y salir adelante conjunto a su familia.
Colegas legisladores, esta ley responde a la convicción de un gobierno y de una bancada que no abandona a los suyos. Nuestros migrantes sostienen al país con sus remesas, pero sobre todo con el amor por su patria. Cruzar una frontera no les quita ni sus derechos ni su dignidad. Y desde mi amada provincia de Tunguragua, ratifico mi compromiso de seguir respaldando este proyecto y la gestión del gobierno para que nuestros compatriotas sientan que no están solos. Porque salir del país es un derecho, pero volver a la patria jamás debe significar quedar en el olvido.
Conjunto con nuestro presidente y desde esta asamblea estamos demostrando que reconstruir una vida en el Ecuador sí es posible. Gracias señora presidenta.
Escuchamos la intervención de la asambleísta Carolina Escobar, quien dijo que necesitamos consulados activos que asesoren a los compatriotas cuando están vulnerables, trámites más ágiles y reducir los tiempos para evitar trabas burocráticas. Una nueva intervención, el legislador Gustavo Mateus.
1:01:50GMGustavo Enrique Mateus Acostaidentificado por voz
Presidenta, un saludo fraterno a las compañeras y compañeros asambleístas al pueblo ecuatoriano y de manera especial a nuestras hermanas y hermanos migrantes que desde cualquier rincón del mundo mantienen vivo su vínculo con nuestra patria. Señora Presidenta, antes de iniciar la intervención, quiero expresar mi solidaridad con las familias ecuatorianas afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones en distintas provincias del país. Mi abrazo fraterno a quienes han perdido sus seres queridos, sus viviendas y sus medios de subsistencia. Exigimos al Gobierno Nacional una respuesta inmediata con asistencia humanitaria y recursos suficientes para atender a las familias damnificadas.
Asimismo, extiendo un saludo al pueblo brasileño y mis felicitaciones al Presidente Lula da Silva que este acontecimiento recuerde la importancia de respetar la voluntad popular, el pluralismo político y el derecho de todos a elegir y ser elegidos, sin exclusiones ni discriminación por sus posiciones políticas. Colegas asambleístas, hoy debatimos una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que aborda una realidad profundamente sensible. La situación de miles de ecuatorianos que abandonaron nuestro país buscando mejores oportunidades y que hoy enfrentan procesos de deportación que amenazan su estabilidad, sus familias y sus proyectos de vida.
Como migrante por 22 años y ahora representante de los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía, conozco de cerca lo que significa dejar nuestra tierra, separarnos de nuestros seres queridos y comenzar nuevamente lejos de casa. Por eso, cuando hablamos de deportaciones, no estamos hablando solamente de estadísticas. Estamos hablando de familias separadas, de sueños interrumpidos y de compatriotas que necesitan la protección del Estado. Según cifras presentadas por la Cancillería, durante 2025 se registraron 104 vuelos de deportación desde Estados Unidos, mediante los cuales retornaron más de 9.500 ecuatorianos.
Pero existe otra realidad que merece especial preocupación. La propia Cancillería informó que hasta septiembre de este año, 48 ecuatorianos habían sido trasladados desde Estados Unidos hacia terceros países, entre ellos la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Estamos hablando de compatriotas enviados a territorios donde no cuentan con familiares, ni redes de apoyo, ni condiciones adecuadas de protección. Y aquí debemos preguntarnos, ¿quién protege a nuestros compatriotas cuando son trasladados a un tercer país, lejos de sus familias y lejos de su patria? Por ello, solicito que la Comisión incorpore para el segundo debate mecanismos específicos de asistencia consular, seguimiento individualizado y gestiones diplomáticas para proteger sus derechos, especialmente cuando están comprometidos su integridad, su seguridad y su unidad familiar.
Reconozco que esta reforma contiene avances importantes para fortalecer la protección consular y la atención de las personas retornadas. Sin embargo, considero indispensable corregir algunos aspectos para garantizar que estos derechos puedan ejercerse de forma efectiva. Primero, respecto a la atención inmediata a las personas deportadas. El artículo 26A contempla atención prioritaria en contextos de deportación masiva, pero condiciona su aplicación a determinadas declaratorias administrativas. Entonces, ¿qué ocurre con un compatriota que llega deportado sin recursos, sin documentos o separado de sus hijos, mientras espera que una autoridad determine su situación?
La atención humanitaria no puede quedar suspendida por un trámite administrativo. Solicito que se garantice la asistencia inmediata, desde el momento del retorno, sin perjuicio de las evaluaciones posteriores para acceder a programas especializados. Segundo, debemos armonizar los artículos 25 y 38. El proyecto permite que las personas que retornan forzosamente después de permanecer al menos seis meses en el exterior, accedan a los beneficios de la ley. Sin embargo, deben corregirse las inconsistencias en los requisitos para reconocer la condición de persona retornada, particularmente en casos de vulnerabilidad calificada y de ecuatorianos nacidos en el exterior.
No podemos ampliar derechos mediante una reforma y al mismo tiempo mantener procedimientos que dificulten su ejercicio y cumplimiento. Tercero, debemos fortalecer verdaderamente los servicios consulares. Desde el año 2017, nuestros compatriotas han denunciado un progresivo deterioro de la atención consular y el abandono estatal. Se enfrentan a dificultades para conseguir turnos, demoras en los trámites y falta de respuestas oportunas. Por eso, considero positivo que el artículo 12A proponga fortalecer la atención presencial virtual. Pero, debemos preguntarnos, ¿cómo vamos a mejorar estos servicios si nuestros consulados no cuentan con suficiente personal, tecnología, recursos y capacidad operativa?
Solicito que para el segundo debate, la Comisión requiera cancillería e información sobre las condiciones institucionales, tecnológicas y presupuestarias necesarias para implementar estas reformas. Cuarto, debemos hablar con responsabilidad sobre el financiamiento. En esta Asamblea estamos promoviendo leyes que buscan ampliar derechos y establecer nuevas obligaciones para el Estado, sin embargo, muchas presentan una misma contradicción. Pretendemos garantizar más servicios y atender a más personas, pero con los mismos recursos. El informe sostiene que esta reforma no generará gasto público adicional, pero no demuestra si las instituciones cuentan con capacidad suficiente para asumir estas nuevas responsabilidades.
Respetando los límites constitucionales de la iniciativa legislativa en materia de gasto público, solicito que la Comisión incorpore una evaluación técnica que permita determinar cuántas personas serán beneficiadas, qué servicios se necesitarán y cómo se garantizará su atención. Porque una ley que reconoce derechos, pero no establece condiciones reales para garantizarlos, corre el riesgo de convertirse en una nueva promesa incumplida del Estado. Finalmente, señora Presidenta, el artículo 40 de nuestra Constitución reconoce el derecho a migrar y establece obligaciones concretas del Estado frente a nuestros compatriotas en el exterior.
Estas responsabilidades no desaparecen cuando una persona enfrenta una deportación o es trasladada a un tercer país o retorna al Ecuador. Nuestros migrantes no pueden ser importantes únicamente cuando envían remesas. Deben ser tanto y más importantes cuando necesitan protección, cuando enfrentan una deportación y cuando requieren apoyo para reconstruir sus vidas. Por estas razones solicito que nuestras observaciones sean consideradas por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana para la elaboración del informe del segundo debate. Necesitamos una reforma con procedimientos claros, garantías efectivas y mecanismos de atención que respondan a las necesidades reales de nuestras familias migrantes.
Migrar es un derecho, no un delito, y retornar no debe significar quedar en el abandono. Ningún ecuatoriano, por lejos que se encuentre de nuestra patria, debe sentirse solo frente a la adversidad. Gracias, señora Presidenta.
Esta fue la cuarta intervención a cargo del legislador Gustavo Mateos. Dijo que la Comisión de Relaciones Internacionales debe incorporar mecanismos específicos de asistencia individualizada para proteger sus derechos cuando éstas estén comprometidas sobre su seguridad y unidad familiar. Siguiente intervención a cargo del legislador Edwin Jarrín.
1:12:36EJEdwin Estuardo Jarrín Rivadeneiraidentificado por voz
al pueblo ecuatoriano. La Comisión de Asuntos Internacionales y Movilidad Humana, de la cual soy parte en calidad de vicepresidente, ha asumido esta responsabilidad histórica para con nuestros hermanos migrantes. Por ello queremos mandarles un abrazo a todos los ecuatorianos que por A o B motivos han tenido que salir fuera del país. Para ellos se ha trabajado esta ley. Para ellos, en homenaje a ellos, y precisamente en la Comisión se han recogido los criterios profesionales, técnicos, de varios juristas, de varios especialistas en derecho internacional, en derecho constitucional, y se han venido recogiendo aquellos aportes que sin duda alguna servirán para proteger al migrante que de pronto ha sido retornado.
La mayoría de legisladores y de ecuatorianos tenemos o hemos tenido familiares que han emigrado a España, Europa, Estados Unidos. Muchos de ellos han llegado. Otros han sido víctimas víctimas de estafas, han sido víctimas del tráfico ilícito de migrantes, de sinvergüenzas que ofrecen el sueño americano de llevarles a Estados Unidos y en el camino hasta han sido víctimas con su vida. Lo que intenta esta reforma es que el Estado ecuatoriano asuma su rol protagónico cuando Dios no quiera que aquellos migrantes que han viajado a otro país y son deportados al nuestro, aquí ellos tengan acceso a la justicia, sean colaborados inmediatamente por parte de las autoridades y si es posible, obviamente se les ayude para que ellos se reinserten laboralmente en el Ecuador.
Nosotros, los ecuatorianos, somos testigos. Efectivamente, el derecho a migrar es un derecho que consagra la Carta Magna de la República, pero asimismo nosotros podemos decidir en nuestro Ecuador quiénes vienen, quiénes nos pueden acompañar, que tiene que ser gente honesta como somos los ecuatorianos, pero no así gente que venga de otros países hermanos también a visitarnos, a vivir en el nuestro, pero con buenas costumbres, no con pasados judiciales ni tampoco a crear el caos, a sumarse a bandas delincuenciales que no conviene para el Estado ecuatoriano. Igualmente, lo que ocurre en otros hermanos países, donde cada Estado promueve sus leyes, quiénes pueden estar, quiénes pueden regularizarse.
Bienvenido a aquellos ecuatorianos que han logrado legalizar su permanencia en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, han sacado una residencia o han sacado su nacionalidad. Pero no todos tienen esa suerte. Tuvimos el caso de un coterráneo amazónico, Froylan Tarquino Cárdenas, que recibió 35 años en Estados Unidos, nacieron sus hijos, hoy tienen sus nietos, pero que fue localizado y regresado a nuestro país. Ese hermano merece nuestra mano ayuda. Ese hermano que hoy ha dejado todo su trabajo en ese otro país y que no puede regresar, necesita el apoyo del Estado ecuatoriano, necesita un apoyo psicológico, necesita un apoyo para que él pueda reinsertarse y el dinero que él pudo haber hecho durante su estadía allá, puede invertirla correctamente.
Para ello es necesario que los GATs cantonales, los GATs parroquiales, el Estado como tal colabore con esos hermanos migrantes que por A o B motivos han tenido que regresar. Por ello, queridos ecuatorianos, este primer debate sin duda alguna puede ser mejorado con los criterios valiosos de todos los asambleístas, inclusive de la ciudadanía, que pueden aportar con criterios valiosos e importantes para mejorar este proyecto de ley. Muchísimas gracias compañera Presidenta, devuelvo la palabra.
Escuchamos la intervención de la asambleísta Edwin Jarrín, quien dijo que en la comisión se recogió los criterios de varios juristas de derecho internacional que servirán para proteger al migrante que ha sido retornado. Una nueva intervención, la número 5, dentro de este segundo punto dentro del orden del día, la asambleísta Lady Zúñiga.
Presidenta, compañeras y compañeros, buenos días. Un saludo sobre todo al pueblo soberano del Ecuador. Y un abrazo para Latinoamérica que con el triunfo de Lula ha devuelto la esperanza. Queridos compañeros que nos ven por los medios digitales, un saludo también. Comparezco hoy ante este pleno para hablar de una crisis que afecte, que lacera la dignidad de nuestra gente y de nuestra patria. Bueno, hoy discutimos una reforma a la ley orgánica de movilidad y ante eso nos hacemos una pregunta. No de forma, sino de fondo y de fondo moral.
¿Para quién está legislando este hemiciclo? ¿Por agendas políticas? ¿Por intereses partidistas? ¿O por los derechos de la gente? Eso es lo que nos tenemos que preguntar todos los días que venimos a esta asamblea. Y la respuesta debe ser clara, debe ser por los derechos de la gente. La movilidad humana no es un tema abstracto. La movilidad humana tiene rostro. Rostro de mujeres y madres que llevan en sus brazos a sus hijos aferrados mientras cruzan el Darién. Además, también, mientras cruzan el Darién, aferrando a sus hijos en brazos.
Es el padre que trabaja todos los días para poder llevar el pan a su casa y poder enviar las remesas que dinamizan la economía en nuestro país. Por eso, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, sin duda, hemos aportado en la Comisión de Relaciones Internacionales para que esta ley se vaya construyendo y se vaya fortaleciendo. Por eso, valoramos y respaldamos que se busque proteger a nuestros hermanos en el exterior. Es de estricta justicia reconocer el retorno forzado, reducir de dos a seis meses el tiempo de permanencia afuera para poder acceder a los beneficios de la ley.
Y fiscalizar la indefensión en que se encuentran frente a las deportaciones masivas y arbitrarias. Hasta ahí, un paso adelante y muy necesario. Sin embargo, debemos también anotar las observaciones que dentro de la Comisión las hemos presentado. Hay que hablar de un tema muy importante, el tema de los recursos. No se puede hablar de una ley solamente de membrete. Hablar de que los migrantes van a tener acceso a asistencia consular, a patrocinio legal, a atención de salud mental y programas de reinserción. Hoy es necesario, siempre y cuando se cuenten con los recursos suficientes.
Decir que se van a mantener los recursos que hoy ya se cuenta a través del Estado Nacional, es decir entonces que los consulados van a seguir manteniendo las mismas condiciones que hoy tienen. Filas interminables y falta de recursos para que nuestros migrantes sean bien atendidos en el exterior. Un derecho que no tiene presupuesto, muy bien garantizado, no es un derecho, es un engaño a juego. Si se van a consagrar obligaciones para atender deportaciones masivas, el Estado tiene que poder poner los recursos sobre la mesa. Sin financiamiento real no hay justicia posible.
Segundo, no podemos admitir que la burocracia se convierte en el verdugo de las víctimas. Exigir una doble declaratoria para que primero se declare la deportación masiva y luego se exija un trámite individual para calificar la vulnerabilidad para que un compatriota recién llegado pueda recibir auxilio, es una forma de re-optimizar al migrante. El que llega deportado, despojado, perseguido y necesita alimentación, vivienda, salud y protección inmediata, no debe peregrinar semanas enteras en ventanillas ministeriales. Y tercero, en esto quiero ser categórica, quiero ser frontal y sobre todo firme.
Lo he planteado dentro de la comisión. Hay un Ecuador que se desgarra y que se desplaza dentro de nuestras fronteras. ¿Hasta cuándo este hemiciclo va a dar la espalda a un tema que todos los días afecta a nuestros ecuatorianos? ¿Hasta cuándo nos vamos a tapar los ojos ante el desplazamiento forzado interno? Solo basta con recorrer nuestras calles, solo basta con escuchar el clamor de nuestro pueblo. Hay barrios enteros, en Guayaquil, en Durán, en Esmeraldas, en Manaví, en Los Ríos, donde las familias tienen que abandonar sus casas a medianoche porque una banda delictiva les puso aprecio a sus vidas.
Hay pequeños comerciantes que se quiebran y que huyen porque la extorsión los asfixia. Hay adolescentes que deben huir a otra provincia porque los narcos los amenazan para reclutarlos a la fuerza. El informe del ACNUR lo dice con cifras que desgarran más de 80 mil personas directamente desplazadas y cientos de miles de ecuatorianos desgarrados por la violencia interna de nuestro país. Yo le pregunto a este pleno, ¿acaso una familia que decidió quedarse en nuestro país, que no decidió emigrar, no tiene todavía los derechos consagrados en el artículo 335 y 392 de nuestra Constitución que ordenan la atención prioritaria y defensa irrestricta de la vida y de la movilidad humana?
Por eso, para este segundo debate, he pedido a la Comisión que ya pongamos de una vez por todas este proyecto de ley que hoy le he presentado y que tiene que ver con el desplazamiento forzado interno dentro de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Para que haya un reconocimiento expreso de los desplazados internos como sujetos de protección, para que haya una definición jurídica clara y vinculante, para que los mecanismos reales y articulados de auxilio puedan tener accesos inmediatos a vivienda de emergencia, salud, educación para los niños y protección social sin trabas burocráticas.
Para que haya una verdadera articulación interinstitucional entre el gobierno central y los GATS. Colegas asambleístas, la soberanía de una nación se mide por la capacidad de proteger a sus ciudadanos, a los más humildes, a los desamparados, a los perseguidos. Los derechos de nuestra gente no se negocian, no se regatean y no se condicionan a la mezquindad fiscal. Presentamos estas observaciones con apego a la Constitución y con el mandato popular en el corazón. A legislar con dignidad, a legislar por la patria y a devolverle la esperanza y la seguridad al pueblo ecuatoriano.
Porque una patria digna no abandona a sus hijos ni cuando estos cruzan sus fronteras, ni cuando la violencia los obliga a huir de sus lugares de vivienda. Los derechos no tienen fronteras y la dignidad de nuestro pueblo tampoco. Muchas gracias, Presidenta.
Esta fue la sexta intervención a cargo del asambleísta Ledy Zúñiga cuando se discute en primera instancia la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana Unificado.
1:24:42DEDoménica Carolina Escobar Galarzaidentificado por voz
Punto de información a cargo del legislador Kevin Gallardo.
1:24:47KGKeevin Fernando Gallardo Ruizidentificado por voz
Colegas legisladores, he solicitado este punto de información con referencia a los argumentos que fueron esgrimidos por parte de la colega legisladora que me antecedió en el uso de la palabra, con respecto de una problemática que sí preocupa a esta Asamblea Nacional referente al desplazamiento forzado interno. Según cifras de ACNUR, son 300 mil ecuatorianos quienes han sido ya víctimas de este nuevo fenómeno a causa del conflicto armado interno, a causa de los grupos de delincuencia organizada. Y creo que no solamente al Pleno de esta Asamblea Nacional le preocupa este nuevo fenómeno, sino más aún a la Presidenta, a Michelle Mancheno, quien ha presentado un proyecto de ley que se está trabajando en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado referente al post-conflicto.
No solamente la ley antimafias para combatir al músculo financiero del crimen organizado, no sólo la ley cero impunidad, que hace referencia también al comiso de bienes y a nuevos procedimientos jurisdiccionales, sino también a las víctimas del conflicto armado. Y es por eso que 300 mil, 300 mil ecuatorianos, según cifras de ACNUR, que se están desplazando de sus territorios, van a poder entrar a un régimen jurídico especial, donde no solamente se catalogue en el Código Orgánico Integral Penal el delito de desplazamiento forzado interno, sino que se garantiza también un nuevo procedimiento para las víctimas del conflicto armado interno.
Eso quiere decir que no solamente al Pleno de esta Asamblea Nacional le interesa lo que pasa con esos 300 mil ecuatorianos, sino también a la Presidenta de este Parlamento, quien ya ha presentado este proyecto, que lo estamos trabajando en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Nada más, Presidenta.
Ese fue el punto de información solicitado por el asambleísta Kevin Gallardo, quien dijo que sobre el desplazamiento forzado interno son 300.000 víctimas según ACNUR. Por eso la presidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno, presentó un proyecto de ley para el postconflicto que ya se está trabajando en la Comisión de Justicia, recalcó. Una nueva intervención en el asambleísta Marco Olmedo.
Ya está lista el legislador para su intervención en este primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley de movilidad humana unificado. Interviene la séptima intervención a cargo del legislador Marco Olmedo en este primer debate. Ya está lista el legislador, lo vamos a escuchar en estos precisos momentos al legislador representante de la provincia de Cotopaxi, Marco Olmedo.
1:27:33MOMarco Patricio Olmedo Ariasidentificado por voz
Gracias, señora Presidente, colegas asambleístas, ecuatorianas y ecuatorianos. Efectivamente, hablar de movilidad humana no es discutir cifras ni conceptos abstractos de derecho internacional. Para quienes venimos de provincias emisoras como Cotopaxi, hablar de migración y del retorno forzado es hablar de familias rotas, de compatriotas que regresan con las manos vacías, sin vivienda, sobreendeudados y golpeados por la desesperanza. Por eso, este informe para primer debate de la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana representa un acto de justicia histórica y de responsabilidad estatal. Celebro el respaldo del trabajo serio de la Comisión de Relaciones Internacionales y, de manera particular, la reducción a seis meses de requisito de permanencia en el exterior para reconocer la condición de persona retornada de manera forzada.
Con esta reforma, evitamos que nuestros compatriotas queden excluidos de la protección del Estado por vacíos legales o trabas burocráticas. Sin embargo, colegas, aprobar el reconocimiento no es suficiente. La verdadera reintegración debe venir acompañada de inclusión financiera real. En este contexto, es indispensable reconocer las acciones concretas impulsadas por el Gobierno Nacional del Presidente Daniel Novoazín a través del Decreto Ejecutivo 521 del 4 de febrero del 2025, instrumento que marca un hito en la atención integral al institucionalizar un desembolso económico temporal de 470 dólares mensuales durante tres meses, diseñado para aliviar el retorno de nuestros hermanos deportados y permitirles cubrir sus necesidades más urgentes en los primeros meses de su llegada acá a nuestro país.
Esta voluntad política demuestra que cuando el Ejecutivo y el Legislativo se sintonizan con las necesidades del pueblo, la protección estatal deja de ser un discurso y se traduce en un apoyo financiero real. En pero, no sólo debemos darles la bienvenida en el aeropuerto y brindarle un apoyo psicosocial. Si al regresar, por ejemplo, a Zumbagua, Tuacaso, Huangaje o Chuchilán, parroquias de mi provincia de Cotopaxi, nuestros hermanos encuentran las puertas cerradas del sistema financiero. Hoy, una persona retornada de manera forzada no tiene historial crediticio local, no tiene garantías y no tiene acceso a la banca tradicional.
Su situación no es la misma de quien retorna de forma voluntaria y planificada. Es completamente distinta, es urgente y exige un trato diferenciado. Por eso, de cara al segundo debate, solicito respetuosamente a la Comisión que se analice e incorpore un capítulo de inclusión financiera para el retorno forzado, que se articulen las instituciones del Estado con este gran avance normativo y se establezcan a través de la banca pública y del sistema de economía popular y solidaria líneas de crédito con tasas de interés preferenciales, periodos de gracia y mecanismos de acceso ágil y simplificado que cumplan su función de impulso productivo para familias que deben empezar nuevamente desde cero.
A nuestros migrantes deportados debemos recibirlos con las puertas abiertas y los brazos extendidos. Que este país, que algún día los obligó a salir por falta de oportunidades, allá en esta década perdida, hoy les dé la oportunidad digna de trabajar su propia tierra, de levantar un microemprendimiento, de producir y de sostener a sus hogares con el fruto de ese esfuerzo y, ¿por qué no decirlo?, también que apoyen contratando a mano de obra. Aprobar este proyecto es un paso fundamental. Es la oportunidad para que, desde lo público y lo privado, desde la Asamblea, desde el Ejecutivo y, sobre todo, desde la resiliencia de nuestro pueblo, reconstruyamos la vida de esas personas y de esa familia que le ha tocado regresar de manera forzada.
Porque juntos podemos construir un país de oportunidades, un país al que nadie tenga que abandonar y que todos quieran volver. Gracias, señora Presidenta. Hasta aquí mi palabra.
Esta fue la intervención del legislador Marco Olmedo, quien propuso de cara al segundo debate la inclusión de un capítulo específico sobre inclusión financiera para el migrante retornado, líneas de crédito con tasas de interés preferencial.
1:33:08MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Una siguiente intervención a cargo de la legisladora Arisdely Parrales, quien también es integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional y asalista para su intervención y realizar los aportes correspondientes.
1:33:23APArisdely Paola Parrales Yagualidentificado por voz
permitirme el uso de la palabra durante este debate. Quiero empezar esta intervención enviando un abrazo fraterno y mi solidaridad a todas las familias que en este momento están pasando por una situación muy compleja debido al fenómeno del niño que ya se siente con mucha fuerza en nuestro país y que ha negado varios sectores de la costa ecuatoriana y también de mi provincia santa elena colegas el día de hoy estamos debatiendo un un en primer debate las reformas a la ley de movilidad humana que considero importantes y considero un primer paso estamos hablando de personas de ciudadanos de compatriotas que durante estos últimos años lo que han perseguido es su bienestar frente a la falta de oportunidades que tenemos en el país frente a la violencia que acecha a muchas familias ecuatorianas y que para ellos la única opción que vieron viable para poder proteger a sus familias para poder sustentar a sus familias fue migrar y por eso los datos son importantes también tocarlos según la cancillería y lo recoge el informe entre dos mil diecinueve y enero del dos mil veintiséis los estados unidos deportó a cincuenta y siete mil cuatrocientos seis ecuatorianos sólo en el dos mil veintitrés fueron dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve ecuatorianos retornados en los primeros meses de este año del año en curso setecientos cuarenta y dos compatriotas regresaron en aviones militares sólo con una bolsita con sus pertenencias que tenían al momento y con los sueños rotos de tener una vida diferente tal vez lejos de su patria para ser exactos seiscientos quince hombres y veintisiete mujeres retornaron y aquí hay un dato que encontramos y que es alarmante no hay datos sobre niños y sobre niñas detrás y eso lo tocaré más adelante durante esta intervención por eso es importante este debate porque detrás de cada cifra hay alguien que se endeudó que muchas veces tuvo que dejar a sus hijos que vuelve al ecuador sin garantía de trabajo sin documentos y muchas veces sin nadie que lo espere como integrante de la comisión de relaciones internacionales y movilidad humana voté a favor del informe lo hice porque el proyecto va en la dirección correcta así lo considero por primera vez nuestra ley reconoce la deportación masiva la ley incluye entre las causas de vulnerabilidad esta condición refuerza la protección consular y corrige en parte la barrera de dos años que esta misma asamblea introdujo en el dos mil veinticinco precisamente voté a favor para reabrir este debate por eso hoy presento cinco observaciones para de cara al segundo informe la primera un derecho no puede depender de una declaratoria sin reglas el artículo 26 protege el 26 a protege solo a quien retorna en una deportación masiva que la autoridad haya declarado y solo a quien haya sido declarado vulnerable son dos decisiones administrativas sin criterios objetivos sin plazos sin recursos para acceder a una atención que la propia ley llama inmediata por eso propongo que la vulnerabilidad se presuma en todo retorno forzado y de la declaratoria tenga criterios y un plazo máximo como segunda observación la puerta de los seis meses sigue dejando afuera a muchas personas el informe reconoce que la remoción acelerada alcanza a quienes llevan menos de dos años y que muchos deportados ingresaron en ese mismo año quien es detenido en una frontera y deportado en semanas no cumple seis meses si el retorno es forzado no debería exigirse tiempo quien regresa voluntariamente a los 18 meses por enfermedad o por violencia tampoco debería quedar en el limbo además el artículo 21 habla de más de dos años y el 38 al menos dos años dos artículos y dos resultados para la misma persona y la misma situación como tercera observación proteger al migrante empieza desde antes de la deportación el artículo 12a depende de un convenio futuro de la disponibilidad de recursos y de que no haya gasto adicional la constitución en su artículo 40 nos manda a precautelar los derechos de quien está privado de libertad en el exterior un abogado que llega a tiempo vale más que un servicio mental que llega tarde y la información sobre derechos en el artículo 30 no puede reducirse solamente a canales digitales para quien está detenido ni omitir las causas los recursos y los plazos como cuarta observación y considero este en la más importante durante mi intervención el informe y en este en este articulado no existe ni una sola disposición específica para niños niñas y adolescentes retornados pese a los artículos 44 y 45 de nuestra constitución en este preciso momento no hay un reporte claro en cancillería sobre cuántos niños que viajaron con sus padres que estuvieron en el exterior con sus padres y cuyos padres han sido retornados forzosamente a nuestro país cuántos de ellos están todavía en territorio extranjero ese reporte no existe al momento por eso propongo que en la cancillería exista una unidad de alerta consular para la reunificación familiar inmediata que se active en nuestro país un cruce obligatorio de información entre el ministerio de educación el ministerio de salud pública para que ningún niño quede por fuera de registros y ningún niño al retornar tampoco quede por fuera de el sistema educativo cuando nuestros compatriotas son detenidos de forma imprevista y expulsados de inmediato se produce una crisis silenciosa en las guarderías y en las escuelas del extranjero donde niñas y niños y adolescentes quedan en absoluto desamparo expuestos a ser absorbidos tal vez por el sistema de adopción internacional debido a que el estado ecuatoriano no cuenta con un protocolo activo y automatizado de reacción de sus consulados actualmente el department of children and families en eeuu asume la custodia temporal de los niños los si los padres ya fueron expulsados recuperar a los niños a sus hijos en este momento en el ecuador lleva mucho tiempo y se convierte para las familias en un calvario legal que puede tardar meses o años y nuestro propio código de la niñez y adolescencia en su artículo 22 prohíbe de forma taxativa la separación de los hijos de sus progenitores y ese es el estándar de protección constitucional e internacional que estamos obligados a trasladar también a esta ley para defender el interior el el interés superior de los menores donde quiera que se encuentren por esta razón y con la firme convicción de que el retorno seguro debe garantizar la integridad de todo el núcleo familiar propongo formalmente a este pleno y a la comisión la inclusión del artículo 12 b que se denominará tutela consular urgente para la prevención de la separación de niños niñas y adolescentes misma modificación que haré llegar por escrito a la presidencia de nuestra comisión para su para su consideración para el segundo debate porque colegas actualmente los consulados actúan de forma reactiva es decir sólo si los padres la guardería logran avisar a tiempo sobre esta situación y quinto y último observación durante mi intervención un informe también debe ser coherente consigo mismo su análisis describe un artículo 24 con acompañamiento y atención adecuada que no están en el texto que estamos votando que estamos el día de hoy debatiendo anuncia secciones una respuesta a las observaciones objeciones y un numeral 7.13 de técnica legislativa que no existen y los ajustes que prometió tampoco constan por eso trabajaremos también en que esto se corrija para el segundo debate entiendo la preocupación que también han esgrimido durante este debate sobre el artículo 135 de la constitución que este es bastante claro pero la mayoría de estas correcciones no cuestan ni un solo dólar presumir la vulnerabilidad quitar el umbral de tiempo fijar un plazo criterios proteger datos e incluir a los niños también en esta en este informe y para lo que sí requiere de recursos entonces pidamos al ejecutivo un informe de viabilidad en lugar de escribir derechos sin presupuesto somos un país que en su última década ha expulsado a sus hijos por falta de oportunidades y hoy los recibe de vueltas con las manos vacías una ley que los reciba con dignidad es un primer paso importante pero la dignidad no puede quedar sujeta a una declaratoria ni a la disponibilidad efímera de recursos gracias presidenta colegas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas asambleístas
Esta fue la octava intervención. La asambleisa Aris de Liparrales dijo que el proyecto va en dirección correcta al haber incluido como causa de vulnerabilidad la deportación masiva. También sostuvo que detrás de cada cifra hay alguien que se endeudó, que dejó a sus hijos y que vuelve sin una garantía de trabajo. Una nueva intervención en la asambleisa Javier Ordóñez.
1:44:26MOMauricio Javier Ordóñez Fuentesidentificado por voz
humana en un tema tan importante. Les quiero agradecer por eso, por el trabajo que he visto en la comisión de los equipos técnicos. Debo reconocer que quienes conforman la comisión, incluso de la otra bancada, han estado muy pendientes, han estado trabajando y votaron a favor de la aprobación de este informe. Escucho hoy que retomamos temas que ya se trataron, como por ejemplo el requisito de los seis meses y técnicamente con las personas que hicieron los aportes se entendió que era necesario establecer este parámetro de tiempo.
Así es que sí les pido que no tratemos de imponer la voluntad porque técnicamente está explicado por qué se llegó a estos parámetros. Quiero pedirles también a quienes hoy intervinieron que ojalá no sea solamente porque les toca, porque pues obviamente habla de migración y representan a los migrantes, porque cuando tratamos este tipo de leyes no han llegado los aportes. Entonces espero y me comprometo a hacerles saber al Ecuador entero si estos aportes llegaron. Pero también les pido que si estos aportes llegan, lleguen de una manera técnica y aplicable, porque de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno.
Así es que lo que tenemos que hacer es legislar de una manera técnica, de una manera sólida, porque inclusive en la ley que hoy estamos tratando había una propuesta original que decía que quiere que le metamos recursos para propaganda y publicidad. Nuevamente, hablan de recursos y recursos y recursos y recursos y está claro que nos guste o no nos guste, no podemos hacer erogaciones o generar nuevas erogaciones más bien para el Estado ecuatoriano. Ya nos tocó salvar una ley como la de trata de personas, que estaba mal hecha, hacerla nuevamente nosotros y aprobarla de una manera eficiente y técnica.
Así es que nada más quería decir eso, quiero agradecer a quienes aportaron. Qué gusto escuchar a mis compañeros que no necesariamente representan a migrantes o no necesariamente son de la Comisión de Relaciones Internacionales, preocupados por el bienestar de los ecuatorianos migrantes y en este caso también en condición de vulnerabilidad. Por respeto al tiempo, señora Presidenta, eso es todo lo que quería decir, los aportes estoy seguro que van a estar bienvenidos en nuestra comisión y vamos a sacar el proyecto que los ecuatorianos necesitan. Gracias, señora Presidenta.
Esta fue la novena intervención a cargo del legislador Javier Ordóñez, quien reconoció el trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales y también de los asambleístas de las distintas fuerzas políticas.
1:47:17MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Una vez que se ha finalizado con el presente debate, se dispone que el proyecto de ley retorne a la comisión para la elaboración del informe para segundo debate. Señor secretario, por favor, el tercer punto. El siguiente punto del orden del día, el tercer punto.
1:47:33CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Tercero, conocer y resolver respecto del informe final de fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas, dictado en cumplimiento de la resolución 2025-2029-095.
1:47:53MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Señor secretario, por favor dé lectura del memorando respectivo y del informe en su parte correspondiente.
1:48:00CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Procedo a dar lectura al Memorando ANCGAD 2016-0332M. Asunto, remisión del informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de servidores públicos. De mi consideración, por disposición del Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, Cristian Benavides, me permito poner en su conocimiento que en la sesión 113 de la Comisión llevada a cabo el miércoles 14 de octubre de 2026, se aprobó la reconsideración del informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de servidores públicos.
En tal virtud y en cumplimiento de la moción aprobada por esta Mesa Legislativa, me dirijo usted a fin de remitir adjunto el informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de servidores públicos y la documentación de soporte en atención a la resolución 2025-2029-095 de fecha 23 de junio de 2026. El informe que hoy se remite sustituye de forma integral al que se envió mediante memorando de 9 de octubre de 2026 incorporado el trabajo técnico sobre la base de la documentación de cargo y descargo que sirvió de sustento para la elaboración del mencionado informe en el que consta la nomenclatura exacta que corresponde a cada una de las alertas que constan en el mismo para el correspondiente conocimiento, debate y tratamiento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional.
Se adjunta al Presidente Instrumento el expediente del informe final con su correspondiente anexo y matriz de respaldo para los fines pertinentes. Atentamente, Milena Narváez, Secretaria Relatora. De acuerdo con su disposición, señora Presidenta, procedo a dar lectura al informe en su parte resolutiva. Séptimo, recomendaciones. Con base en las conclusiones determinadas en el presente informe y ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República de Ecuador y la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencias y Organización del Territorio recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional.
Primera, aprobar en su totalidad el presente informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de servidores públicos, asumiendo sus conclusiones, observaciones y recomendaciones como un mandato institucional de la función legislativa para el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública descentralizada. Segunda, remitir copia certificada del informe y del expediente de fiscalización a la Fiscalía General del Estado para que en el marco de sus competencias constitucionales privatorias efectivas, evalúe el inicio o impulso de las investigaciones que correspondan respecto de presuntos delitos contra la deficiencia a la administración pública y de defraudación tributaria, circunscribiendo la derivación penal exclusivamente a los servidores públicos clasificados en las categorías de alerta roja y alerta naranja.
Tercera, poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado en calidad de noticia criminal, noticia criminal, las denuncias y alertas receptadas a través del Canal Ciudadano que cuentan con soporte documental primario, así como los antecedentes y denuncias remitidos por asambleístas y los expedientes que registran presuntas irregularidades en procesos de contratación pública e incremento patrimonial no justificados que carecen aún de examen especial concluido a fin de que la representación fiscal evalúe el inicio inmediato de las investigaciones previas correspondientes. Cuarta, solicitar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico la emisión e implementación inmediata de una orden de trabajo de investigación de inteligencia financiera y restreo de activos sobre los servidores públicos clasificados en las categorías de alerta roja y alerta naranja a fin de detectar movimientos transforterizos inusuales, flujos de capital hacia paraísos fiscales o jurisdicciones de baja o nula imposición, perfiles de consumo atípicos, posibles casos de testaferismo y el uso de estructuras societarias o personas interpuestas.
Quinta, remitir el informe a la Contraloría General del Estado solicitando la ejecución prioritaria de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas sobre los expedientes en alerta roja y alerta naranja, incluyendo la revisión de posibles casos de testaferismo y de exigir graves indicios la solicitud de declaraciones patrimoniales a terceras personas vinculadas conforme el artículo 231 de la Constitución de la República, así como la emisión de una orden de trabajo de planificación ordinaria para que programe los exámenes preventivos correspondientes a los servidores públicos clasificados en alerta verde dentro de sus planes anuales de control.
De igual manera, se solicita la verificación de la legalidad de los nombramientos, contratos y renovaciones de personal observados en las denuncias ciudadanas sobre presunto nepotismo conforme al artículo 230, numeral 2 de la Constitución y al artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Sexta, solicitar al Servicio de Rentas Internas la aplicación de la metodología de determinación presuntiva del incremento patrimonial no justificado, normado bajo la resolución número 33-2023, la ejecución de auditorías a los servidores públicos omisos identificados en el anexo del informe con verificación de activos, cuentas o sociedades mantenidos en paradisos fiscales o jurisdicciones de baja o nula imposición, conforme a la Ley Orgánica de la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017, el requerimiento de información a otros países mediante los convenios de asistencia administrativa mutua cuando corresponda, la remisión a la Asamblea Nacional de los resultados de los procesos de control en curso dentro de los plazos del artículo 94 del Código Tributario y la formalización de las denuncias penales correspondientes en caso de presumirse la existencia de delitos tributarios conexos.
Séptima, exhortar a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado a tramitar con carácter prioritario las reformas legislativas al Código Orgánico Integral Penal orientadas a tipificar la corrupción urbanística como delito contra la administración pública, incluir los activos digitales y criptoactivos como objeto material de delitos de corrupción y perfeccionar el comiso sin condena sobre bienes de origen ilícito. Octava, disponer a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico que en el plazo de 15 días informen a la Asamblea Nacional sobre el inicio y avance de las investigaciones o procedimientos administrativos o judiciales adoptados respecto a los servidores públicos incluidos en el informe.
Novena, que el Pleno de la Asamblea Nacional disponga que se envíe a la Fiscalía General del Estado, Unidad de Análisis Financiero, Contraloría General del Estado, el archivo del informe de fiscalización sobre presuntos incrementos patrimoniales no justificados de servidor a los servidores públicos, resolución del Pleno 2025-2029-095, así como la información del presente proceso de fiscalización declarada al amparo del artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incluidas las comparecencias recibidas en las sesiones 102, 103 y 115 de la Comisión con estricta observancia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y del criterio de publicidad y protección del buen nombre desarrollado en la sección 5.3 del presente informe.
En consecuencia, a. Serán públicos el informe, su metodología, las cifras agregadas, los hallazgos estructurales, las conclusiones y recomendaciones. b. El histórico y vigente de las declaraciones patrimoniales juradas y de la remuneración de las autoridades seccionales conservará el carácter público que le reconoce el último inciso del artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. c. Se mantendrán protegidos por tratarse de datos sensibles o de información reservada por mandato legal, los datos relativos al pasado judicial y a las investigaciones penales. c. La información tributaria, los exámenes especiales de la Contraloría General del Estado que se encuentren en ejecución y los datos de cónyuges, convivientes, hijos, terceros vinculados y denunciantes.
d. El anexo reservado número 1 se comunicará únicamente a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, conforme al artículo 36, n. 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y conservará su reserva hasta que cesen las causas que la motivaron, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública o hasta que exista pronunciamiento firme de autoridad competente. Noveno, asambleísta ponente. El asambleísta Cristian Benavides, presidente y miembro de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, será quien realice la ponencia del presente informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
Hasta aquí la lectura de los solicitados, señora Presidenta.
Se ha dado lectura a la parte resolutiva, conclusiones y recomendaciones de este informe de fiscalización que llevó a cabo la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. También se ha comentado que el ponente será el legislador Cristian Benavides, quien es presidente de esta mesa legislativa.
1:57:30MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
La disposición de la presidenta es otorgar el uso de la palabra al legislador Cristian Benavides en calidad de ponente de este informe de fiscalización.
1:57:40CBCristian Benavides Fuentesidentificado por voz
Presidenta de la Asamblea, un saludo especial a todas y todos los legisladores presentes, pero sobre todo el día de hoy quiero remitir un abrazo y un saludo especial a mi país. Las y los ecuatorianos están vigilantes de este informe. Creo que ha existido muchísima preocupación de todos los sectores y es normal. No es algo sencillo lo que hemos tenido que asumir sobre nuestros hombros, una responsabilidad enorme que la hemos tratado de manejar con pulcritud, tratando de estabilizar una línea que lastimosamente entre el debate ideológico-político hoy tiene al país dividido o partido en dos.
Yo vengo aquí como un ciudadano más, como un asambleísta de frontera, y de hecho aprovecho a saludar a mi provincia del Carchi, porque el mandato de ellos ha sido buscar ser una voz que permita trabajar por un ecuador que busca respuestas en todo nivel. El informe no salió de absolutamente ninguno de los legisladores. Y quiero iniciar desde allí. Este informe nace del periodismo, nace de una plataforma que hizo público el supuesto incremento no justificado patrimonial de alcaldes y prefectos, ellos hablaban de 79 casos, que los hicieron públicos con nombres y apellidos.
Nosotros, de una manera responsable, luego de que el Pleno, mediante resolución número 095 de la sesión número 102, emitida el 23 de junio, asumimos como Comisión de Gobiernos Autónomos esta responsabilidad y hemos arrancado tratando de ser objetivos y, sobre todo, anclados al amparo de la ley. Nuestra Constitución, en el artículo número 120, numeral 9, otorga a la Asamblea Nacional el fiscalizar a los órganos del poder público, incluye explícitamente a todos los servidores públicos. Voy a pedir, por medio de su intermedio, señora Presidenta, se autorice la lectura a través de Secretaría General del artículo 225, numeral 2 de la Constitución, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 229 de la Constitución del Ecuador.
El legislador Cristian Benavides, en el marco del análisis de este informe final de fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados, ha solicitado la lectura de dos artículos de la Constitución de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
2:00:38CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Artículo 225 de la Constitución de la República. El sector público comprende, numeral 2, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. Procedo a dar lectura asimismo al artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 77. Investigación sobre la actuación de los servidores públicos. Sin perjuicio a lo previsto en esta sección, el Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa podrá requerir a una de las comisiones especializadas o a la Comisión de Fiscalización y Control Político la investigación sobre la actuación de cualquier funcionario o funcionario público de las distintas funciones del Estado o sobre actos de interés ciudadano que hayan generado conmoción social o crisis política.
Continúo con la lectura del artículo 229 de la Constitución de la República. Artículo 229. Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejercen un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo, rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos de régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores.
Hasta aquí la lectura de los artículos solicitados por el asambleísta Benavides.
2:02:15CBCristian Benavides Fuentesidentificado por voz
Muchas gracias. Y cierro con el artículo 233 de la Constitución que establece que ningún servidor público está exento de responsabilidad por el manejo de los recursos públicos. Es decir, hemos actuado al amparo de la ley, al amparo de nuestra Constitución. El 19 de agosto fui elegido como presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Ya existió por parte de la expresidenta de la Comisión algunos pedidos de información, algunas solicitudes y sobre todo la metodología que se había arrancado en ese momento. Varios pedidos de información a los cuales nosotros requerimos ampliaciones, de igual manera un sistema de semaforización, que lo voy a explicar posteriormente, y un correo de denuncias de carácter público abierto para que la ciudadanía pueda remitir con documentación lo que considere pertinente en base del tema de incrementos de patrimonios.
Esta metodología, como lo manifiesto, ya fue establecida por la anterior presidenta y una vez que asumimos con toda la honorabilidad del caso, pues dimos continuidad a la misma. ¿A qué instituciones se hizo el pedido? Primero, relatar, fueron 46 pedidos de información al amparo del artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿A quiénes se pidió información? Al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría General del Estado, a la UAFE, al Servicio de Rentas Internas, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Trabajo, a la Dirección de Registros Públicos, entre otras.
¿Cómo se establece un semáforo y cuáles han sido las alertas? Entre lo que fue remitido esencialmente por Fiscalía, Contraloría General del Estado, SREI y Consejo de la Judicatura, la sumatoria de todas estas alertas nos dan una alerta de color rojo. Si existieran menos ítems, iría hacia un color naranja y el verde es únicamente una alerta que puede ser subsanable. Por ejemplo, un alcalde, un prefecto que olvidó o que por algún error hizo mal una declaración en el Servicio de Rentas Internas, puede subsanar y obviamente no puede tener un tratamiento como el que se da en este caso a los colores naranja y rojo, que son 95 casos.
Quiero manifestar clara y enérgicamente, esta semáforización, esta metodología, no constituye un prejuzgamiento ni declaración de responsabilidad. La Asamblea, nosotros no somos jueces para determinar quién o no es responsable de alguna de las conductas tipificadas en el COIP. La recopilación de alertas, lo único que nos da es una trazabilidad de información que nos ha permitido llegar a las conclusiones que están en el informe y que deben haberlas leído todos los asambleístas. El artículo 66, numeral 18 de la Constitución, garantiza a todas las personas, a todos los ecuatorianos, el derecho al honor, el buen nombre y el artículo 76, numeral 2 de la misma, habla de la presunción de inocencia.
Por eso el tratamiento que hemos dado a este proceso de fiscalización ha sido riguroso. La información que fue tratada como reservada nace del origen de quienes nos enviaron la información. En sobre-reserrado, por ejemplo, la Contraloría pone en la parte de arriba, esta es información reservada. Igual la Fiscalía cuando se trata de investigaciones previas. Por eso el tratamiento ha sido sigiloso y hemos manejado la sesión número 102, 103, 105 y 107 con el carácter de reservada. Y de igual manera, los miembros de la Comisión de Gobiernos Autónomos hemos suscrito un acuerdo de confidencialidad para proteger, para precautelar, para cuidar el derecho de los alcaldes y prefectos que son parte de esta investigación.
En la sesión número 113 de la Comisión, del 14 de octubre del 2026, que ya fue la sesión final, asambleístas, tanto de la Revolución Ciudadana, el asambleísta, también el asambleísta Jurado, el asambleísta Lazo, manifestaron al final de la sesión que era importante no exponer los nombres y apellidos de las autoridades, justamente precautelando esto que he manifestado, que es el derecho al buen nombre y el principio de inocencia. Dentro de las conclusiones del informe se establecen que en colores rojo y naranja, como noticia crímenes, estos 95 expedientes deberán ser remitidos hacia la Fiscalía y hacia la Contraloría General del Estado, de igual manera la UAFE, para que se realicen las investigaciones y sea esa la instancia, como lo es, de carácter legal, para que permitan la defensa y que permitan que se remitan los descargos necesarios que seguramente deben existir en algunos de los casos.
Que se abran investigaciones por posibles delitos de testaferrismo, sociedades de pantalla, paraísos fiscales, posiblemente casos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, entre varios otros que existen como probabilidad. ¿Qué hemos encontrado? 95 casos que están en color rojo y naranja, que representan el 37% de las autoridades seccionales, llámense alcaldes y prefectos, 90 en semaforización verde, que representa el 35% y otras 66 que no constituyen alerta, porque las instituciones de las que pedimos información no tenían absolutamente ninguna documentación o alguna alerta que revisar. Creo que una de las cosas importantes que hay que señalar y una de las carencias que tiene nuestro país, y es labor de esta asamblea, es crear un sistema único, porque cada institución hace un buen trabajo, pero lo hace desde su lado.
No existe dentro del Estado ecuatoriano un sistema que nos permita organizar la información, cada cual trabaja de manera independiente y autónoma, y eso creo que es un error, porque hemos visto que en algunos casos el Servicio de Rentas Internas no coordina su información con lo que tiene la Contraloría General del Estado y con la Fiscalía. Por eso creo que vale la pena señalar que dentro de las recomendaciones está esta solicitud, este requerimiento. Importante señalar que hemos intentado salvaguardar no solamente los nombres, los apellidos, porque estamos en un momento electoral y el informe se puede prestar para todo.
Lo que sí quiero manifestar es que al menos desde acá, desde la Presidencia de la Comisión, hemos intentado ser lo más sobrios en el manejo de la información, tratándola con carácter de reservada. Hemos cuidado esta información sigilosamente y hemos ingresado a todas las autoridades. Hablo de 245 autoridades y 6 más por temas de ser subrogantes o por tener algún encargo que haya sido remitido por algún alcalde. Ese ha sido nuestro proceder. Entiendo que hay posiciones políticas preelectorales. Entiendo que es difícil al momento tratar de manejar una independencia discursiva sobre estos temas, porque evidentemente se vienen seccionales y el informe se podría prestar para muchas cosas.
Pero lo que sí quiero decirle a mi país, al Ecuador, es que necesitamos reformas profundas, porque nuestra clase política, al igual que varios segmentos institucionales del Estado, tiene varios vacíos y el Ecuador sufre una podredumbre de corrupción en todos los niveles. Pienso que debemos trabajar efectivamente para que el Ecuador recobre esa institucionalidad y no al amparo del supuesto garantismo se permita hacer lo que le da la gana a nadie. La autonomía no es un blindaje para hacer lo que da la gana. La autonomía sirve para administrar los recursos públicos de acuerdo a las competencias establecidas en el COTAD.
Pero no puede ser que esto, y lo hemos visto en varios medios de comunicación, sirva como escudo, como excusa para decir que estamos persiguiendo, que estamos buscando la manera de hacer daño a nadie. Yo soy un padre de familia y al igual que ustedes, protegemos nuestros hogares, nuestras casas. A nadie nos gustaría que nos hagan, que nos vigilen, que nos sigan, que nos persigan. Gandhi decía, ojo por ojo y el mundo quedará ciego. No hagamos que nuestro Ecuador genere una ceguera colectiva. Busquemos la manera de llegar a consensos, de trabajar.
Desde el inicio hemos tenido oposición, pero hemos escuchado y darán fe los miembros de la comisión. Cuando pedimos que se elabore la hoja de ruta, no nació del equipo de la presidencia, ni de los aliados, ni de ADN. Nació de la RC. Cuando dijimos que se dé 10 días adicionales para la investigación, porque no nos llegaba información del SRI, también tuvimos el voto favorable de la RC. Lastimosamente acá cambiaron de opinión. Y la última observación de que no se den nombres vino también de los asambleístas.
Hemos escuchado, hemos abierto no solamente nuestros oídos, sino nuestro corazón. Yo odio la rivalidad política sin argumentos y sin ideas. Mi trabajo lo defiendo porque creo que el derecho, que la justicia merece ese tratamiento adecuado ante los ojos de la ciudadanía que busca con anhelo días mejores. Nuestro país necesita llegar a consensos. Yo sé que es difícil y hoy posiblemente tengamos el voto en contra de quienes de alguna manera lo han venido así expresando en los medios de comunicación. Lo único que quiero que tengan como seguridad es que nuestro trabajo ha sido transparente y abierto.
Hemos dado la oportunidad para que se revise la información, pero claro, siempre tendremos esos temores de que se persiga a ciertos ciudadanos, personajes. Yo para eso no me presto. Quiero agradecer a la Comisión de Gobiernos Autónomos porque mucho se ha trabajado, casa adentro. No ha sido sencillo. Sobre nuestros hombros es una responsabilidad enorme, pero sí vale la pena anunciar a las y los ciudadanos. Esto es un problema sistemático. La corrupción nace desde el origen de las campañas políticas. Cuando se exhiben billeteras, cuando se mueven recursos legales o ilegales, tarde o temprano esos alcaldes o prefectos tendrán que responder a los dueños de esas billeteras, de esas chequeras.
Desde ahí el origen de la corrupción. Por eso me opuse férreamente a la fórmula de Dejón. Creo que fui uno de los pocos, dos creo que votamos en contra de esa fórmula. Y de igual manera que se elimine el financiamiento a los partidos políticos. Clave o origen de estos problemas. Que no son nuevos, son de años. Mi palabra, señora Presidenta.
Escuchamos al legislador ponente, el asambleísta Cristian Benavides, representante de la provincia del Cachi, quien dijo que fueron 46 pedidos de información realizados, entre ellos a la Contraloría, UAFE, SREI, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Ministerio del Trabajo, entre otras. La semoforización no construye un prejuzgamiento o una declaración de responsabilidad. La asamblea no es jueza, lo que se ha hecho es una trazabilidad, recalcó el asambleísta. Una nueva intervención, el legislador Samuel Celery.
2:14:43SCSamuel Elías Celleri Gómezidentificado por voz
en esta importante sesión plenaria y en especial a mi provincia, saludarla y también solidarizarme en estos hechos donde este proceso cíclico del fenómeno del niño está llegando con fuerza en todos los cantones y las parroquias urbanas y rurales. Este informe, quiero primero empezar felicitando la postura del ponente, nuestro compañero y colega asambleísta, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados Cristian, muy bien sustentado como de manera que este informe que va más allá de las diferencias políticas, estamos hablando de transparencia, responsabilidad pública y del derecho de los ecuatorianos a conocer cómo actúan quienes ejercen funciones de representación y administran los recursos públicos.
Como integrante de esta Asamblea Nacional y representante de la provincia de Meraldi y parte también de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización y Competencia y Organización del Territorio, lo que hemos trabajado. Y este informe no debe primeramente analizarse desde la conveniencia política de unos ni desde la defensa partidista de otros, sino desde la responsabilidad que tenemos como país. Quiero ser absolutamente claro, este informe no es una sentencia, no declara culpables ni reemplaza las competencias de la Fiscalía General del Estado o de la Contraloría General del Estado.
Nosotros en la Comisión, colegas asambleístas, asumimos una responsabilidad, la cual en sesión plenaria del 23 de junio del presente año, días después fue llegada a la comisión. Hemos dado de la seriedad, tal como yo lo he dicho personalmente, no me voy a prestar ni para dañar la imagen ni el nombre de cualquier autoridad en cuanto goce también de la presunción de su inocencia. Y es que la resolución es de conocer los incrementos patrimoniales no justificados de alcaldes, alcaldesas, prefectas y prefectos del país. La metodología aplicada.
Parte del cruce de la información de distintas instituciones públicas. Nosotros no nos hemos inventado ni para que se diga en los medios, como muchos colegas asambleístas dicen de persecución política. No ni sé quiénes son los nombres o las autoridades que estén, pero lo que hemos trabajado es de manera de acuerdo a la información que ha remitido, en este caso, Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Servicio de Rentas Internas. Incluso en los días que se pidió la prorrogación al Pleno para poder seguir tratando, es de la manera para continuar y que fue en la comisión aprobado por todos los colegas asambleístas, es para continuar de manera seria y transparente para poder brindar a este Pleno todo lo que era el informe detallado.
También desmentir que se ha mandado solo para ciertas autoridades a pedir lo que es el informe patrimonial. Eso es totalmente falso. Se envió a cada una de estas instituciones públicas para las 245 autoridades seccionales electas. De esas estamos hablando de 222 alcaldías y 23 prefecturas del periodo 2023 al 2027. Esta información permite construir indicadores y clasificar alertas para orientar el análisis y priorizar posibles verificaciones. Por eso debemos entender correctamente el alcance de los resultados. Ahora bien, se dice de que lo que no tenemos que era inconstitucional, ilegal y legítimo.
Vamos hablando de manera responsable. Lo que dice el artículo 120, numeral 9 de la Constitución, que faculta a la Asamblea Nacional a fiscalizar determinados actos del poder público y a requerir información a los servidores públicos. Además, el artículo 9, numeral 10 y 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa contemplan facultades de requerimiento de información e investigación sobre actuaciones de funcionarios públicos. Aquí en ningún momento, señora presidenta, colegas legisladores, estamos hablando del actuar o la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos hablado de los servidores públicos que lamentablemente o afortunadamente lideran lo que son estos gobiernos autónomos descentralizados.
Una alerta roja o naranja no equivale a una declaración de responsabilidad penal, administrativa o civil. Tampoco significa que una autoridad haya cometido un delito. Significa que existen elementos que de acuerdo con la metodología del informe podría requerir revisión por parte de los organismos competentes. Será cada institución dentro de sus facultades y con el respeto del debido proceso la que determine si existen irregularidades y las responsabilidades que correspondan. Y de aquí debemos actuar con la misma firmeza en dos sentidos. No podemos condenar anticipadamente a nadie, pero tampoco podemos descalificar una labor de fiscalización simplemente porque sus resultados incomoden a determinados sectores políticos.
La fiscalización no puede depender del partido al que pertenece una autoridad, de la provincia que la represente, ni de la cercanía que tenga una organización política. Si defendemos la transparencia, debemos defenderla para todos. Si se exige una rendición de cuentas, debemos exigirla sin selectividad. Por eso se envió la información para que sea acto de manera integral a las 245 autoridades seccionales. Ninguna autoridad está por encima de la ley. Así como ninguna autoridad debe de ser señalada como culpable a 100 pruebas ni un procedimiento que garantice sus derechos.
Y quiero manifestar, de acuerdo a todo lo que ya de manera técnica y objetiva ha dicho el colega presidente Benavides, quiero yo manifestar que no particularmente, que no me interesan los alcaldes o prefectos ni qué nombres o qué provincias son o cuáles constan en el listado o en qué nivel de alerta se encuentran. La comisión ha manejado total reserva en todas las sesiones. Hemos manejado el principio de inocencia para cada uno de los funcionarios públicos porque hemos hablado de funcionarios públicos más que lo que son autoridades.
Solo lo que estamos haciendo, y sin dañar ni siquiera la imagen de nadie, no hemos dicho, por lo menos yo responsablemente he manejado, siempre como me gusta tratar en el marco de la política y en la altura del debate, siempre con el respeto, no dar ni nombres ni detalles para no entorpecer el proceso de fiscalización. Proceso de fiscalización que se aprobó en una sesión plenaria y lo que se derivó fue a la comisión y lo que hoy estamos devolviendo este informe a la comisión. Pero sí, presidenta y colegas, me quisiera invitar públicamente a aquellos asambleístas que acusan a alcaldes y prefectos que no constan a lo mejor en el informe a que respalden sus afirmaciones con pruebas y que presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado o los organismos de control.
No basta con lanzar nombres por lanzar. Hay declaraciones ante las cámaras o convertir una sospecha en una condena pública que no se puede hacer deliberadamente. Si se está tan seguro de sus acusaciones que se tenga el valor político o despojarse de la inmunidad parlamentaria para responder ante la justicia en igualdad de condiciones y no pretender escudarse para ella para lanzar señalamientos sin sustento. Que se investiguen lo que se deba de investigar y que si se demuestra que han formulado acusaciones falsas también se configuren responsabilidades conforme a la ley y también que se respondan por sus actos.
La inmunidad parlamentaria tiene una finalidad constitucional que es proteger el ejercicio de la función legislativa y no debe de convertirse en un escudo para la irresponsabilidad de quien acusa debe estar dispuesto a sustentar sus palabras y asumir las consecuencias legales que correspondan. Por eso respaldo este informe que la comisión hemos hecho de manera seria, responsable, objetiva y técnica y que se archive aquello que no tenga fundamento y que se investigue lo que debe investigarse y se determine responsabilidades únicamente cuando existan pruebas y se hayan respetado las garantías del debido proceso.
A los alcaldes y prefectos les corresponde ejercer sus funciones con transparencia justificar la evolución de su patrimonio cuando la ley lo exige y colaborar con los organismos de control a las instituciones fiscalizadoras les corresponde investigar con independencia y a quienes ejercemos la función legislativa nos corresponde actuar con responsabilidad sin manipular la información ni utilizar la fiscalización para obtener réditos políticos. Yo me reitero en el informe solo sin antes, señora Presidenta y colegas legisladores decir que el proceso de fiscalización la comisión no ha hecho nada de inventos ni inventarse el agua tibia, ni fría, ni caliente.
Aquí lo que hemos hecho de manera responsable es de acuerdo a la información remitida por estas instituciones y ustedes verán, dado el informe cuáles en todas salen en lo que es presunción de incrementos en las instituciones que se piden informaciones y así mismo el grado en las cuales no se ha querido semoforizar por querer señalar o querer dañar alguna autoridad que lideren estos GACs. Mi posición es clara respaldo una fiscalización seria o dejetiva y sin privilegios. La ciudadanía no espera de nosotros espectáculos ni acusaciones cruzadas, señora Presidenta.
Espere respuesta y resultado. Le devuelvo la palabra, Presidenta.
Esa fue la segunda intervención a cargo del legislador Samuel Celere. Dijo que es un informe que no debe ser tratado desde la conveniencia, sino de la responsabilidad como país. El informe no declara culpables ni reemplaza competencias de las instancias de control. Se trata de una responsabilidad de los asambleístas de fiscalizar y el control político debido. Avanza entonces el análisis de este informe de fiscalización, alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas. Interviene el asambleísta Jennifer Guillén.
ecuatorianos que nos ven y escuchan a través de los medios legislativos a lo largo de mi vida he conocido a familias que se levantan de madrugada cumpliendo sus largas jornadas de trabajo y que administran con mucho esfuerzo cada ingreso para salir adelante las he visto en las comunidades cultivando sus tierras cuidando los animales y también pues por supuesto en las ciudades abriendo cada negocio y creando sus puestos en los mercados o cumpliendo diariamente con sus labores esta realidad me ha permitido comprender que detrás de cada patrimonio trabajado honestamente existe una historia de esfuerzo sacrificio y constancia esta es la historia del agricultor que trabaja su tierra de la comerciante que abre su negocio cada mañana y del profesional que se prepara durante años y de la familia que ahorra día a día para conseguir su primera vivienda por eso debemos ser muy claros tener una casa o un vehículo o alcanzar estabilidad económica es el resultado de un trabajo honesto no puede ser motivo de cuestionamiento el problema surge cuando existen indicios de que determinados bienes o incrementos patrimoniales no guardan relación con los ingresos declarados y no cuentan con una explicación debidamente sustentada una evaluación responsable no puede partir de suposiciones es necesario observar revisar la información y contrastar esos datos y actuar con base en evidencia ese fue el inicio que orientó como vicepresidenta en mi comisión para este proceso de desarrollo de fiscalización desarrollado en la comisión de gobiernos autónomos la comisión realizó un trabajo exhaustivo técnico responsable honesto y también pues durante varios meses recibimos comparecencias de diferentes instituciones del estado revisamos declaraciones patrimoniales también registros tributarios antecedentes judiciales y documentos presentados por las autoridades fiscalizadas también recibimos aportes ciudadanos y documentos de descargo pues todo este proceso se desarrolló bajo criterios de reserva y confidencialidad que es muy importante aclarar con respeto al debido proceso de presunción de inocencia y al derecho de un buen nombre este trabajo se realizó en ejercicio de una atribución constitucional y legal el numeral nueve del artículo ciento veinte de la constitución faculta a la asamblea nacional a fiscalizar los actos de los órganos del poder público y a requerir que los servidores de públicos pues constantes de la información que consideren necesaria también nos dispone que en concordancia con esta disposición los artículos veintiséis setenta y cuatro y setenta y cinco de la ley orgánica de la función legislativa faculten a las comisiones especializadas recibir analizar y tramitar los procesos de fiscalización también solicitar comparecencias y requerir la información necesaria para ejercer el control político la comisión de gobiernos autónomos actuó dentro de estas competencias cada una de estas actuaciones pues estuvo orientada a construir un informe técnico responsable y también con honestidad y transparencia respetando los derechos de las autoridades fiscalizadas y protegiendo la información de reserva este informe no anticipa responsabilidad ni pretende afectar el buen nombre del servidor público pues presenta lo que es resultados del análisis realizado identifica alertas y pone la documentación en conocimiento de las instituciones competentes para que dentro de sus atribuciones y con independencia pues efectúen las verificaciones correspondientes y determinen si existen o no responsabilidades señores legisladores cuando hablamos de presuntos incrementos injustificados no buscamos castigar a quienes han progresado legítimamente si no buscamos garantizar la transparencia la rendición de cuentas y mecanismos eficaces para investigar posibles irregularidades respetando siempre el debido respeto y la presunción de la inocencia pues la ciudadanía deposita la confianza en nosotros en quienes ejercemos una función pública y espera que actuemos con ética responsabilidad y honestidad esta confianza debe ser respaldada por hechos por una rendición de cuentas claras y por instituciones capaces de investigar sin presiones de intereses políticos no podemos pedirle al ciudadano que cumpla con sus obligaciones mientras las autoridades guardamos silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos el esfuerzo de quienes trabajan honestamente merecen respeto y transparencia de quienes ejercemos el poder debe ser una obligación hoy desde esta asamblea nacional sostengo que investigar los presuntos incrementos patrimoniales injustificados no significa pues perseguir la riqueza obtenida legítimamente sino significa obtener este esfuerzo honesto fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que nadie esté por encima de la ley nuestro deber como legisladores es actuar con responsabilidad permitir que las instituciones competentes cumplan su trabajo y aseguren y ellas verán si tienen la responsabilidad por estas razones respaldo este informe y sus remisiones a las instituciones competentes para que sea investigada y observada y pongan en conocimiento a la ciudadanía esa ha sido mi palabra señora presidenta muchas gracias
Escuchamos la intervención del asambleísta Jennifer Guillén, representante de la provincia del Carchi, quien dijo que investigar los presuntos incrementos patrimoniales no es perseguir la riqueza obtenida legítimamente, sino fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que nadie esté por encima de la ley. Una nueva intervención, la asambleísta Patricia Núñez.
2:34:16SNSilvia Patricia Nuñez Ramosidentificado por voz
Voy a comenzar mi discurso saludándole al pueblo ecuatoriano y también a nuestros colegas asambleístas. Quisiera responderle al asambleísta Benavides, al asambleísta Celery, cuando nos dicen que no han querido hacer daño a nadie o que están haciendo las cosas muy transparentemente. Yo le voy a demostrar, asambleísta Benavides, que aquí existen varias incoherencias. Primero, hay una contradicción que este pleno va a tener que explicar. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados llama a conocer la realidad de los territorios, porque esa es la competencia que tiene la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Pero realmente no cumple con su objetivo, porque se aparta de esa defensa de la realidad de los territorios, es decir, de la defensa de los gobiernos autónomos descentralizados. Las instrucciones del Estado no pueden utilizarse para perseguir adversarios políticos, ni tampoco para que esto se convierta en un tema electorero. Nosotros sí fiscalizamos, pero no perseguimos a asambleísta Benavides. Y decimos muchas veces, y lo hemos dicho en la Comisión, quien se haya enriquecido ilícitamente debe responder ante la justicia, ya sea un alcalde, ya sea un prefecto, ya sea el presidente o quien sea, pero sí debemos decir que tiene que cumplirse el debido proceso y quien tiene que hacerlo son las instituciones competentes para hacer esta fiscalización.
A nosotros sí nos corresponde fiscalizar, pero no nos corresponde fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados. El informe involucra a 245 autoridades locales y además contiene a 251 expedientes individuales. Sin embargo, y entérense señores asambleístas, hubieron asambleístas de la Comisión que reconocieron no haber leído íntegramente el informe y aún así votaron a favor. Imagínense ustedes. Con esa ligereza se pone en juego la reputación de las autoridades elegidas por el pueblo. Ahora hablemos del famoso semáforo. Se plantea puntajes en base a qué? A declaraciones patrimoniales, antecedentes, investigaciones, auditorías, datos tributarios, denuncias ciudadanos y en función de eso se clasifica el verde, el anaranjado, el rojo.
Pero ¿saben de dónde está tan esa información? De la UAFE, del Servicio de Rentas Internas, de la Fiscalía. Información que incluso está en proceso. Información que en algunos casos se planteó que era información reservada. Y una comisión técnica, entre comillas, es quien se encarga de definir quién va a ir al grupo de los verdes, al grupo de los rojos o al grupo de los anaranjados. Nosotros ya advertimos riesgos y no nos escucharon. Porque lo dijimos una y otra vez en la comisión asambleísta de Navides. Pero no nos escucharon.
Y el 9 de octubre se aprueba el informe. Pero inmediatamente, el 14 convocan para una reconsideración. Y para plantear, retirar los nombres del anexo. Pero no solamente retiraron los nombres del anexo, los nombres, nada más porque pusieron ya códigos. No solamente retiraron los nombres. No solamente retiraron los nombres, sino que, les comento, dos autoridades pasaron del verde al naranja. Y otras dos autoridades pasaron del naranja al verde. ¿Con qué documentos? ¿En base a qué? En base, tal vez, al criterio solamente de esta comisión técnica que se dedicó a definir quién va al verde, quién va o a quién le conviene ir al verde, a quién le conviene ir al anaranjado o al color rojo.
Y en otro expediente, el texto señala alerta roja y la matriz marca verde. Un mismo informe, dos clasificaciones. Además, señores asambleístas, comparan el patrimonio con una referencia salarial, olvidando que una persona puede heredar, vender bienes, recibir un crédito o emprender legítimamente. Tener un patrimonio no equivale a cometer un delito. Combatir la corrupción, eso sí exige pruebas y hacer las cosas bien. Y quien tiene que hacer es la autoridad competente, no la Asamblea Nacional. Hay otra contradicción. 41 expedientes rojos y 54 naranjas desembocan, en buena parte, en actuaciones similares de los organismos de control.
Entonces, nos preguntamos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué justifica clasificarlos de manera distinta con el daño que están haciendo a las autoridades? Si queremos fiscalizar, compañeros asambleístas, fiscalicemos Projín, que da luz los contratos millonarios de los Hogwarts, la crisis carcelaria, las redes de narcotráfico, las denuncias sobre parcaciones y pescadores, las agresiones denunciadas contra manifestantes y periodistas, y las denuncias de persecución política. El país necesita investigaciones rigurosas, no silencios selectivos. Por eso, señora Presidenta, presento formalmente una moción previa, que el Pleno pueda acudir a la Corte Constitucional para solicitar una interpretación del alcance y los límites de fiscalización parlamentaria prevista en el artículo 120, numeral 9, frente al principio de competencia y la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y las atribuciones de los gobiernos especializados de control.
Solicito también diferir el pronunciamiento definitivo sobre este informe hasta contar con esa interpretación, sin impedir las investigaciones que legalmente correspondan. He remitido por escrito la moción y su proyecto de acuerdo. Pido su tratamiento conforme a la ley orgánica de la función legislativa. Finalmente, compañeros asambleístas, expreso con contundencia mi solidaridad con Luisa González y exigimos el respeto irrestricto de sus garantías constitucionales y de la persecución de inocencia. Muchas gracias, señora Sánchez.
Escuchamos la intervención de la asambleísta Patricia Núñez, la cuarta, durante este punto. Dijo que quien se haya enriquecido ilícitamente debe responder a la justicia, pero debe cumplir el debido proceso por las instituciones competentes. Una nueva intervención, el legislador Jorge Chamba.
2:43:03JCJorge Enrique Chamba Cabanillaidentificado por voz
Buenos días, colega presidenta. Buenos días, colegas asambleístas. Buenos días al país que nos está observando. Hoy será un día histórico. Jamás en la vida, desde que tengo uso de razón, he seguido temas políticos porque me ha gustado siempre. Pero nunca he visto que se ha hecho la fiscalización de vida que le corresponde a un asambleísta o a un diputado. A tantos alcaldes y prefectos, felicito por sobre todas las cosas al presidente de la Comisión, al amigo Cristian Benavides, por ese trabajo excelente. Dice el adagio popular que el que nada debe, nada teme.
La fiscalización no debe ni tiene que tener tintes políticos. Peor hacerse víctima de perseguidos políticos. El que ha cometido un error tiene que pagar las consecuencias de sus errores. Si le han metido la mano al erario nacional, le han metido la mano al pueblo, se le han llevado la plata, tienen que pagar las consecuencias de los errores cometidos. Y el que no ha cometido un error, pues allá es la justicia la que determina el grado de culpabilidad. Pero aquí no se trata que hay que escudarse después que se han llevado el salto de la limosna.
Me están siguiendo políticamente. Soy perseguido político para no darle respuesta a la gente. Al país hay que decirle la verdad. Por eso no hay las obras, pues. Por eso no existen en el país. Obras totalmente abandonadas, una. Como en Guayaquil, por ejemplo. Bueno, Guayaquil maneja mil millones de dólares, pues. Mil millones de dólares, que es una fortuna. ¿Y sabe cuál es la obra visible, colegas asambleístas, amigos ecuatorianos? Un solo puente a desnivel, a la altura de los ceibos. Que para comenzar, hasta falsificaron el documento que le permitía elaborar esa obra de impacto ambiental.
Cuando se detecte ese gran problema, lógico que se va a suspender la obra. Bueno, entonces el gobierno tuvo que tirarle una boya y otorgarle el certificado para que esa obra continúe, porque ya se hubiera sido un problema. Pero vean lo que pasó en Guayaquil. La primera lluvia. Inundados los sectores pauperizados. Reinaldo Quiñones, Fundetru, Fundos de Dios, La Carolina, Los Tubos, Los Quemados, Las Pirámides. Chongón, Chongoncito, Limón y Lomoncito. Ya por ahí, están segando unos memes que el arca de Noé está sacando a los animales y a la gente de las casas.
Por Dios santo, porque no hay alcaldes, señores, en Guayaquil no hay alcaldes. No hay responsabilidad, nadie se hace cargo de mi ciudad abandonada a su suerte. ¿Cuánto añoramos al viejo Fuebre Cordero? Después de León, Nevó, Cintia, pero ¿en qué manos cayó la alcaldía de Guayaquil? Y hoy se rehúsan a ser fiscalizados. Por Dios santo, al país que decirles la verdad. Yo no ofendo, señores, digo la verdad. Si decir la verdad les duele, es problema de aquel que me recibe. Yo no ofendo. Pero mi ciudad no puede pagar las consecuencias de malos administradores.
Y siempre lo he dicho, no es lo mismo manejar Barcelona Sporting Club y hacer con el club los que les dio la gana, que hoy lo tienen fracasando, que manejar los destinos de la ciudad más importante del Ecuador. No es lo mismo, señores, manejar la taquilla de Barcelona y hacer lo que les da la gana, que manejar mil millones de dólares que le corresponde al municipio de Guayaquil y no existe obra. Y se enojan porque lo fiscaliza. Apoyo y respaldo a la fiscalización porque es nuestro deber como asambleístas.
Apoyo y respaldo a este informe final. Y que sea la justicia en la que determine el grado de culpabilidad de cada uno de los que han cometido los errores. Gracias, Presidenta. Gracias, colegas asambleístas.
Esta es la quinta intervención en la asambleísta Jorge Chamba. Dijo que la fiscalización no debe tener tintes políticos. El que ha cometido un error debe hacerse cargo de los errores cometidos. Dijo que aquí no se puede escudar como perseguido político a quien ha robado del erario nacional. Una nueva intervención, la sexta ya en este punto, el asambleísta Adrián Castro.
2:47:32ACAdrián Ernesto Castro Piedraidentificado por voz
Gracias Presidenta, colegas asambleístas. Primero quiero felicitar a la comisión que tuvo a bien tocar este tema tan importante, no solamente para nuestras provincias, nuestros cantones, sino para el país entero.
2:47:44MAMilton Javier Aguas Floresidentificado por voz
Hoy en la mañana venía...
2:47:46ACAdrián Ernesto Castro Piedraidentificado por voz
escuchando una radio local y anteayer le escuchaba a un concejal y a una concejal de Cuenca que decían en los medios, nosotros sí hemos fiscalizado, pero lo hemos hecho en las sombras, lo hemos hecho sin hacer el show. Yo me pregunto hasta cuándo se iban a quedar callados, a quién le estaban ayudando, a quién le estaban apoyando, porque que yo sepa y que sepamos todos los colegas asambleístas en este pleno, cuando se hace un ejercicio de fiscalización, lo correcto después de hacer ese ejercicio es entregar resultados y transparentarlos a la ciudadanía, pero aquí resulta que los concejales de Cuenca, dos que les escuché, han dicho que lo han hecho en las sombras y sin hacer el show.
No se trata de hacer el show, el ciudadano de a pie no necesita un show, el ciudadano de a pie lo que necesita es que le informen lo que está ocurriendo y que no se esperan hasta el último, precisamente a vísperas de un proceso electoral, para seguramente quedarse callados y a upar y ayudar a ciertos políticos que vienen del mismo tronco y son las mismas ramas podridas de una administración corrupta y nefasta como la de la alcaldía de Cuenca, algo que nunca se ha visto. Es que en este informe aparecen algunos alcaldes y el caso de Cuenca es muy particular.
Este alcalde aparece en su última declaración jurada con un patrimonio de 500 mil dólares, un medio millón de dólares, dicho de paso cuando entró a la alcaldía, entró con 300, hace dos años, pero bueno, aparece con 500 mil dólares, pero se le duerme el diablo y hace una transmisión en vivo y dice que le están investigando por transacciones de 7,5 millones de dólares. Ahí hay una inconsistencia medio chiquita, algo corta. Si hay una diferencia, pues entre medio millón de dólares y 7,5 millones de dólares. Pero lo curioso del caso es que los concejales a los que me refiero, y no todos, porque algunos hicieron el esfuerzo al menos de fiscalizar, pero decían, no me han dado información, yo he pedido información.
A los señores concejales hay que darles un curso de fiscalización, porque resulta ser que nosotros tampoco hemos pedido información. Lo único que hemos tenido que hacer ha sido consultar páginas que son, además de nuestro país, públicas y transparentes, como la página de la Superintendencia de Compañías, la página del SRI y la página del Servicio Nacional de Contratación Pública. Y decía, asimismo, un concejal, ¿de dónde es que el asambleísta saca los datos de los proveedores, de los adjudicados, de los contratistas? ¿De dónde saca unos estados de cuenta que los está poniendo al público?
Casi me caigo de la silla de la risa. Si el propio municipio, asimismo, se les duerme el diablo y suben los restados de cuenta y los hacen públicos, pues de ahí me saco que en los procesos de los conciertos y de las pautas han sabido darle a una señora Flores la plata, pero por miles y miles de dólares, y la señora se ha sabido ir a Disney, se ha sabido ir a comer a Club Country y más, han sabido comprar ropa cara, lencerías y cosas por el estilo, le han sabido depositar de ahí mismo plata a la directora de comunicación, todo está ahí mismo, pero el concejal reclamaba, decía, ¿por qué el asambleísta tiene ese privilegio de tener toda esa información?
Qué pena, qué pena de los concejales que no han sabido consultar un portal y descargar esa información. Toma tiempo, por supuesto que nos ha tomado tiempo, pero los resultados están ahí. En el caso particular de este alcalde, hoy prófugo en México, como no puede ser de otra manera, que a ella les encanta irse a algunas personas cuando evidentemente amasan un montón de plata y se van, ladrón del celular, no puede irse a México a vivir después de robar bien. Pero resulta ser que en ese incremento patrimonial de medio millón de dólares, según él es lo que tiene, hay cosas muy extrañas, ¿no?
Y así mismo le invitaba a los concejales, revisen las declaraciones patrimoniales que también son públicas. Si yo declaro que tengo 300 mil y luego aparezco con 200 mil dólares ganando un sueldo de 5 mil dólares, suponiendo que su esposa también gane otros 5 mil dólares y suponiendo que su empresa que aparece en el año 2025 le da una utilidad caja al bolsillo de 10 mil dólares, ¿cómo hace esta persona para sacar un crédito, escuchen esto, colegas, de 450 mil dólares en una cooperativa de este país a 15 meses plazo?
Eso significa que debería pagar cuotas de 30 mil dólares, dejando de gastar en bienes, dejando de gastar en educación, guarderías, servicios, arriendos y todo lo que quiera, no puede sacar esa plata, pues. Es más que lógico, es un tema de sumas y restas, no más. Pero hay gente que se confunde, ¿no? Y no sabe hacer esa fiscalización. ¿Cómo es que apareces en el año 2023 con un carro de 20 mil dólares y a los 3 meses, 4 meses de llegado a la alcaldía te compras un carro de 60 mil dólares?
Sin ningún préstamo ni nada. Entonces, esa es una minucia, ¿no? Pero de todas maneras, el propio alcalde dijo que le están revisando unas transacciones de casi 7,5 millones de dólares. Pobres los amigos concejales, al menos a este par de concejales que han tenido que verse en la obligación hasta de pedir refuerzos, asambleístas de aquí, asambleístas de aquí y de otras provincias para que vayan a ayudarles, dado que ni siquiera pueden transmitir el mensaje a la ciudadanía. Nosotros hablamos con papeles y con documentos. Como decía Cristian hace un rato, aquí no queremos calumniar ni apuntar a nadie con el dedo.
Cuidado. Aquí no se trata de persecución política. Cuidado. Sino que tampoco podemos entender, pues, colegas, que el día de mañana los políticos tengamos patente de corso para hacer lo que nos dé la gana y por cada acto de corrupción que se cometa vayan y digan esto es persecución política. Ya no más saldrá un sketch con un ladrón el rato llevándose un borrego del campo y dirá al ladrón, oiga, está preso, sí, pero es persecución política. Perdóneme. Y hacer una analogía con cosas y delitos mucho más pequeños al lado de un latrocinio que ha ocurrido.
Por eso yo le venía a felicitar a la comisión por el trabajo que ha hecho. No existe un gran consejo municipal o metropolitano nacional que haga este ejercicio. Tenía que hacerlo la Asamblea Nacional y lo ha hecho de buena forma, consultando a los entes de control. SRI le ha consultado al CERCOP, ha consultado a los propios involucrados y les ha dado la oportunidad, además de presentar sus descargos. Yo espero, el día de hoy fue vergonzoso en la ciudad de Cuenca, 14 allanamientos al equipazo del exalcalde, que dicho sea de paso también tiene unos patrimonios elevados y extraños de la noche a la mañana, pero le han humillado a Cuenca, le han humillado a mi ciudad.
Y algo que hoy día decía un exalcalde o exalcaldes estos días en Cuenca, algo que nunca se ha visto en mi ciudad. Por eso, en buena hora, que aprovechemos este momento político en donde existe la voluntad del país y del gobierno para que la corrupción se acabe de raíz. Desde aquellos financiistas de los grupos narcodelictivos en este país, hasta aquellos políticos que llegan al poder de la mano de la mafia y lo único que hacen es servirse y no servirle a la gente. Por eso, Presidenta, mi voto será a favor de este informe que entren los órganos de control y que, por supuesto, la Fiscalía General del Estado, la Policía Judicial y los otros órganos hagan su tarea y les pongan a estos sujetos en donde deben estar, que no es otro sitio que en la cárcel.
Muchísimas gracias, Presidenta y colegas asambleístas.
Esta fue la intervención del legislador Adrián Castro. Dijo que no se trata de una persecución política. Reconoció las funciones de la Asamblea Nacional en cuanto a la fiscalización, que contó además con información de las instancias de control. Séptima intervención a cargo del legislador Milton Aguas.
2:55:28MAMilton Javier Aguas Floresidentificado por voz
aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y la bancada de ADN en la lucha contra la corrupción del país. Lamentablemente el país se ha visto en temas de corrupción a todo nivel. Y no es menester el tema de que en los municipios y prefecturas del país ciertas autoridades tienen presunto enriquecimiento ilícito. Para mí es muy lamentable escuchar una moción para bloquear el proceso de fiscalización para que vaya la Corte Constitucional y bloquear la fiscalización que hacemos aquí en la Asamblea Nacional. Bloquearnos a nosotros mismos, eso es muy lamentable.
¿Saben lo que están haciendo? Bloquear la transparencia, la honestidad y la lucha contra la corrupción. Se ha hecho la fiscalización de 245 autoridades en el país, 185 con alertas. De estas 90, alertas verdes, 95 categoría naranja y 41 en categoría roja. De las 24 provincias del país, 21 provincias tienen alcaldes o prefectos que tienen alerta roja. Estamos sumidos en la corrupción. Sin embargo, no existe obra pública, servicios básicos de calidad, agua potable, alcantarillado, servicio de recolección de basura, vías urbanas y rurales, un desastre. Pero ellos sí, llenándose el bolsillo a costa del pueblo ecuatoriano, según investigaciones periodísticas de lo que nació este proceso de fiscalización.
La Constitución de la República del Ecuador, que se creó, no en este periodo, se creó en el año 2008, pusieron textualmente que podemos fiscalizar a los funcionarios públicos. Y ahí hay una aclaración, no estamos fiscalizando a los municipios ni prefecturas, no estamos fiscalizando a ningún GAT, estamos fiscalizando a los funcionarios públicos, que sí es la labor de nosotros los asambleístas. Y nosotros como bancada ADN hemos puesto por escrito la recomendación en este informe para que el Pleno de la Asamblea Nacional, el día de hoy, decida que este informe sea vinculante, porque existen indicios de presuntos temas de responsabilidades que determinaría la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado.
Por eso es lo que pusimos que este informe vaya a los entes pertinentes, para que en el ámbito de sus competencias puedan determinar sanciones administrativas, civiles, culposas o incluso indicios de responsabilidad penal. Porque aquí no sólo se trata de un presunto enriquecimiento ilícito, también puede estar relacionado con otras situaciones ilegítimas que ya hemos visto, cómo se ha actuado hace semanas atrás un exalcalde de la provincia de la ZOEI, detenido relacionado con la minería ilegal. ¿Está relacionada la política con los actos delictivos? Por supuesto que sí.
Y eso es lo que se debe esclarecer en los entes pertinentes. Entonces, oponerse a este proceso de fiscalización es oponerse al desarrollo del país, es oponerse a la justicia y a la transparencia. Por eso nosotros desde la bancada ADN seguimos firmes con el liderazgo del presidente Daniel Norboa en la lucha contra la corrupción. Se ha establecido con los indicios de varias instituciones del Estado, sea la Unidad de Análisis Financiero, WAFES, Servicio Nacional de Rentas Internas, Servicio Nacional de Contratación Pública, Superintendencia de Compañía, Superintendencia de Banco, entre otras.
Y además de otras funciones del Estado, como es la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, esta comparación de información. Con esta comparación de información, los que tienen una alerta están en categoría verde, los que tienen dos o más, hasta tres alertas, en categoría naranja. Pero los que casi todas las instituciones, o en algunos casos, todas las instituciones antes mencionadas, tienen algún tipo de alerta con esta autoridad, están en categoría roja. Y esta alerta no la pusimos nosotros, son fórmulas matemáticas que vienen desde las propias instituciones públicas.
Estas fórmulas matemáticas remiten estas alertas y esa información ha sido compartida con la Comisión y ahí se ha efectuado este análisis de información. No es que están a dedo, no es que están siendo perseguidos los que son candidatos. Hay autoridades que están para reelección y hay otras autoridades que no están para la reelección. Y hay algunas autoridades que incluso ya tienen órdenes de prisión preventiva. El pueblo ecuatoriano nos ha exigido que el gobierno del presidente Daniel Novoa está luchando contra la delincuencia. Pero ¿para cuándo los ladrones del cuello blanco?
Es ahora, es ahora que la Asamblea Nacional dé esa luz que necesita el pueblo para que sea atendida a sus necesidades básicas y no sea ocultado la corrupción que por largos años en el país nos ha asumido en el subdesarrollo. Para eso invito a todos los colegas asambleístas que votemos a favor de este proceso de fiscalización para que vayan las autoridades pertinentes y en el ámbito de sus competencias puedan establecer las sanciones ejemplares que necesita el país. Hasta ahí mi palabra, presidenta. La voz del pueblo de Galápagos ha hablado.
Séptima intervención en la asambleísta Mildon Aguas, dijo que el pleno debe decidir hoy que el informe sea vinculante y vaya a los entes pertinentes y pueda determinar sanciones. Sostuvo que es lamentable escuchar una moción para bloquear el proceso de fiscalización. Una nueva intervención en el legislador Carlos Cuesta.
Cuando nosotros como asambleístas y quienes ejercen las funciones públicas como autoridades de turno, llámese prefecto, alcalde, concejal, es un honor que reciben en función de lo que la ciudadanía ha confiado, ya que propusieron una campaña política, presentaron un proyecto de trabajo y le dijeron a la ciudadanía lo que querían hacer por ellos. Entregaron todo para que ese voto de la ciudadanía sea entregado. Y es así que han tenido el honor tan representante de hoy sentarse en un sillón en el cual son los administradores de los recursos públicos, ya sean alcaldes o prefectos.
Santo Domingo Los Áchidas es el corazón del transporte del Ecuador. Pasan diariamente 150 mil vehículos. Y tenemos que entender que Santo Domingo requiere de una administración clara, precisa y buena. Y en el día de hoy que estamos justamente tratando este incremento de las autoridades, porque estamos justamente hablando de este incremento que surge de algo que es netamente visible. Y aquí quiero hacer un paréntesis a mi compañera Patricia Núñez, a quien la respeto. Y tenemos diferencias de criterios. Pero aquí hay un principio básico. Y es sencillo.
Cuando usted como ciudadano hace una declaración juramentada, usted firma un documento diciendo que usted tiene 4 millones de dólares en el año 2024. Y si usted en el año 2025 dice que tiene 8 millones de dólares y lo vuelve a firmar, existe una responsabilidad de la persona quien lo firma. Aquí no es cuestión de decir que no sabía lo que hacía. Una autoridad de turno sabe la responsabilidad de su firma. ¿Y cómo va a decir que en su declaración juramentada de un año para el otro hay un incremento de 4 millones de dólares?
¿A cuenta de qué voy a firmar un documento en el cual yo soy responsable de decir que mi patrimonio como autoridad ha crecido? Ese es el principio básico que hay que entender. Que justamente la comisión y justamente este pleno y esta asamblea está tratando, está hablando del incremento que una autoridad ha tomado la decisión de firmar de manera responsable y coherente. Y es así como lo dijo el compañero Adrián. Las declaraciones son públicas, tanto la mía como la de todos los compañeros. Y aquí no hay nada que ocultar.
Hay que reconocer también, compañeros legisladores y compañera Presidenta, que dentro de este proceso se ha repetido una y otra vez una acción que cae en el Código de la Democracia. Que hoy las autoridades, que han estado algunas inmensas en este incremento de patrimonios, han tomado esa opción en el cual se blindan y se cubren por el Código de la Democracia a ser partísimas como autoridades. Situación que ya se ha hecho costumbre. No es la primera vez, compañeros legisladores, que vemos un accionar de una autoridad que se encuentra en un conflicto judicial y que toma la opción de inscribirse como candidato.
Y lo peor que lo hacen, lo hacen como concejales o como candidatos de aquella circunstancia, incluso ajena a la que nos corresponden. Pero, queridos compañeros legisladores, hoy también tenemos una acción que representa un 38% de este accionar de incremento de las autoridades. Y no podemos esperar para que el próximo año o en los años venideros también este incremento sea de un 45% o un 60%. Estamos nosotros dejando que esto se normalice, que sea el modus operandi de vía de los políticos. Y no puede ser posible esta acción.
Las autoridades que han sido elegidas para administrar una provincia o un cantón deben cumplir su función y deben dedicarse a trabajar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que una autoridad, en vez de estar preocupado por trabajar, por ejecutar los planes de trabajo de la ciudadanía, se dedica a hacer otra cosa. Y esta otra cosa cae justamente en este incremento. Porque, oh sorpresa, como digo, oh coincidencia, que usted trabaja como alcalde o como prefecto o como prefecta y en un año ejerciendo funciones, su incremento salarial, su incremento de bienes, también representa una alza.
Entonces, no hay justificativo alguno en este tema. Se habla también, compañeros, aquí, una y otra vez hemos escuchado a compañeros legisladores de que nosotros no tenemos el accionar de legislar a los gobiernos seccionales. Yo les pregunto a ustedes, pueblo ecuatoriano, y a ustedes, compañeros, como le dijo alguien, es la primera vez que vemos este accionar. ¿Cuántos años han pasado para llegar a esta actualidad y reconocer que ha habido gobiernos, ha habido alcaldes tras alcaldes, prefecto tras prefecto, y jamás se ha topado justamente este incremento de los funcionarios públicos?
¿Hasta cuándo esperamos? Hoy porque topamos justamente ese incremento que usted, prefecta, que usted, prefecto, usted, señor alcalde y usted, señora alcaldesa, lo firmó. A usted nadie le obligó a firmar cuatro millones de dólares de un año para el otro. ¿Quién le va a creer, pues, esa mentira? ¿Quién le va a creer a usted que usted coge un papel y lo firma su incremento de patrimonio? No, señores, ahí estamos equivocados. Y aquí no se venga a decir que es un tema de persecución. Estamos simplemente hablando de la responsabilidad que una autoridad de turno hizo, que firmó claramente su responsabilidad ante los patrimonios que son públicos.
Y el día de hoy se está cuestionando, porque ¿qué ha pasado? Durante muchos años simplemente han administrado las prefecturas, han administrado las alcaldías, pero nadie les ha topado. Y se ha normalizado que una autoridad de turno simplemente incremente su patrimonio a cuenta de que, pero como no había nadie que les fiscalice, como no había nadie que vigile y como se creían intocables, porque gritaban a nosotros, nadie nos toca. No, señores, aquí hay que respetar la voluntad y la decisión ciudadana de los ecuatorianos y de mi provincia Santo Domingo de Los Áchilas.
Y quiero, Presidente y compañeros, terminar. Hay un escenario que se dijo y se nombró en la comisión, que se hablaba justamente de precautelar el buen nombre de los ciudadanos. Y estamos en lo correcto porque se está hablando incluso de una inocencia, de una presunción y que tiene todo el respeto del mundo cualquier ciudadano a declararse inocente. Pero como vuelvo a repetir, tú firmaste un documento de un año al otro y había un incremento, pero tú eres responsable de lo que tú estás firmando. Pero en la comisión se trató un tema que me llamó la atención, que justamente fue el que se hablaba de precautelar el buen nombre de los ciudadanos.
Clarito, precautelar el buen nombre de las autoridades que hoy están siendo investigadas. Yo le pregunto a la ciudadanía, a mi pueblo de Santo Domingo, ¿quién precautela el nombre de Fanny Gende? Una mujer que vive en la parroquia Puerto Limón, que perdió a su hijo por una sencilla razón. Cuando ella quiso dar a luz a su hijo, ¿saben qué fue lo que le pasó? No pudo salir porque el problema de las vías, tenían muchos problemas y no pudo salir. Se detuvo y ella perdió a su hijo.
Yo pregunto, ¿quién precautela la vida de la gente? Pero sí tenemos que precautelar el buen nombre, la inocencia. Y a mis compañeros legisladores, yo les digo, que son conocedores de la verdad. A mi compañera Viviana Veloz, a mi compañero Campos y a mi compañero Christopher Jaramillo, yo les pregunto a ellos, ¿quién precautela el honor de la familia Fiallos? Cuando en el camino cayó una roca y se murió una madre, se murió una mujer. ¿Y saben por qué? Porque cayó una roca de la vía. Ahí está el trabajo que tiene que hacer una autoridad de turno, dedicarse a trabajar, a cuidar a la gente.
Esa es la responsabilidad, pero ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a otra cosa que no es administrar los recursos públicos. Porque en vez de estar precautelándose una roca se va a caer porque ya tenemos un muerto. En vez de estar preocupándonos por arreglar las vías, tenemos ya niños que no han podido nacer en mi provincia. ¿Y quién precautela, yo digo, el accionar de esa familia? Hablamos aquí de precautelar que hay que cuidar el buen nombre. Hablamos aquí que hay que precautelar la inocencia. Yo pregunto, ¿quién precautela la vida de mi gente que se está muriendo por la administración de turno que se ha dado?
Tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Y no podemos, compañeros legisladores, de que esto continúe. Vuelvo a repetir, y soy enfático, aquí no hay otra cosa que reconocer que alguien con conciencia de uso tuvo la responsabilidad de firmar un documento de su declaración juramentada, diciendo, tengo esto y al próximo año tengo otra cosa. Es necesario ponerle un alto a esta situación. Y desde ya le digo al pueblo de Santo Domingo, hoy como Carlos Cuesta yo me comprometo para que esto no puede volver a suceder.
No puede ser posible que una administración, llámese alcaldía o prefectura, pueda tener incrementos a cuenta de qué. A cuenta de qué tu vida cambia de noche a la mañana. Si tú tienes que trabajar, tienes que dedicarte a luchar por tu gente que te dio el voto. Eso se llama tener incoherencia, falta de trabajo, falta de sensibilidad humana ante la gente que te ha dado la confianza. Y por eso es que los ciudadanos reclaman, porque ven en ti que no eres honesto, que no eres responsable de lo que estamos haciendo.
Los políticos hemos venido aquí a trabajar y a responder a la ciudadanía. Y por eso hoy la ciudadanía cuestiona cada momento. Porque estamos hablando de un 38% de crecimiento patrimoniales en las autoridades de turno. Por eso es que la política para alguna gente la ve simplemente cuestionada. Porque las autoridades no cumplen. Nosotros tenemos que comprometernos a ser legisladores y a ser autoridades que tenemos que responderle a la gente. Porque un Ecuador que fiscaliza alcaldes y prefectos es un Ecuador que cuida el futuro. Muchas gracias señora Presidenta y compañeros.
Esa fue la intervención del legislador Carlos Cuesta, quien hizo referencia a la declaración juramentada que es detrás de la firma de responsabilidad. Una autoridad debe tener claro cuál es esta responsabilidad. Las autoridades que han estado involucradas se han cubierto con el Código de la Democracia sostuvo, inclusive para candidatizarse. Una siguiente intervención.
autoridades presentes y quiero partir
Vamos a escuchar a Gabriel Aguilar.
Sabemos por qué todavía estamos viviendo en las sombras, por los apagones de este gobierno. Por eso estamos viviendo en sombras. Y mencionando también este tema, por Dios santo, estar aquí es un espacio de privilegio. Y en ese espacio de privilegio estamos perdiendo el tiempo cuando nuestra competencia ni siquiera es fiscalizar a los gobiernos centrales, a las prefecturas. Estamos conscientes de que nuestro deber es fiscalizar cómo una clínica de Quevedo se quedó sin energía el 13 de octubre. Ese es nuestro deber. Y no conforme con eso, si es que existieron funcionarios que hicieron eso, obviamente se les debe investigar.
Pero más allá de eso, este es un espacio que merece el debido respeto. Y ahorita lo que está ocurriendo a la ciudadanía de afuera, a los ciudadanos de a pie como lo vengo a representar el día de hoy, es que hay apagones. Vengo de una mujer artesana, que nosotros nos mantenemos haciendo también peluchas de aguas de pan, que lo hice hasta el día de ayer. Y ¿saben cómo lo hice estos dos días? En apagones, con velas. Y eso se debe a la ausencia de este gobierno.
Dicho eso, también me gustaría aprovechar este espacio para mostrar mi completa solidaridad con la periodista Alondra Santiago. ¡Qué vergüenza que alguien que proviene de esta legislatura, que está sentado a ese lado, es más, ni siquiera está, se atrevió a atacar de esa manera a una mujer! Y en este punto también, la indignación es tanta, que permítanme decirle en mi idioma, Fernando Peña, defiéndete con hombres, pero déjales a las mujeres. Huarmi Kunawa Saki, Harikunawa Macanajuy. Pero más allá de eso, ese hombre, ese legislador, sigue aquí y forma parte del Comité de Ética.
Eso es vergonzoso. Y aquí solamente estoy de paso, pero al menos me tomo la palabra para denunciarlo, porque si atacan a una, también respondemos todas. Sean indígenas, sean afros, pero aquí respondemos y nos falta el respeto a todas, sin bandera política. Cedo mi palabra, Presidenta. Gracias. Excelente.
Una nueva intervención, la novena durante este pleno, la asambleísta Gabriela Aguilar ha hablado sobre el tema de la fiscalización. Ahora en el uso de la palabra, el legislador independiente Edwin Jarrín, la décima intervención durante esta sesión plenaria.
3:16:06EJEdwin Estuardo Jarrín Rivadeneiraidentificado por voz
Compañera presidenta, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano, caen los más chunchos, hay un término vulgar que decimos los ecuatorianos, caen los más chunchos, así. ¿Por qué razón? Porque los más vivos y políticos mañosos generalmente ponen los bienes en nombre de testaferros, en nombre de terceras personas, precisamente para evadir luego a la justicia. Quiero que me escuchen, compañeros, que estamos obligados, quienes transitoriamente merecemos el respaldo popular de nuestro territorio, estamos obligados a inicio de nuestra gestión, a declarar nuestros patrimonios. ¿Qué activos tenemos? ¿Qué bienes tenemos? ¿Qué casas tenemos?
Si tenemos un carro viejo, aunque sea, hay que ponerlo. ¿No les parece? ¿Pero qué sucede luego? Que ciertos alcaldes, ciertos funcionarios públicos, luego de pocos meses, incrementan injustificadamente su patrimonio y cometen el error, cometen el error, cometen el error de hacerse depositar en sus cuentas bancarias personales sumas cuantiosas de dinero que el mañana más tarde, cuando existe un proceso de fiscalización o una denuncia en la fiscalía, no puedan justificar la licicitud de los mismos. El hecho de que 245 alcaldes y prefectos del Ecuador, dentro de este informe, alcaldes y prefectos bajo la lupa, que todos sabemos sale de periodistas valientes, como es el Spondiluz, Infolab, que es un periodismo de investigación, el 17 de junio del 2026, pero esto tiene el apoyo de Policet Center y de Alianza con Fundamedios.
Ellos alertan de que hay alcaldes, de que estarían incrementados sus patrimonios. La Contraloría General del Estado debe hacer su trabajo y hoy por hoy la Asamblea Nacional ha hecho su trabajo. Yo quiero discrepar con todo el respeto al asambleísta que dijo que los asambleístas del Ecuador no podemos fiscalizar a los alcaldes, a los prefectos. Es verdad que el COOTAD obliga a que se fiscalice y legisle a los concejales. En el caso de los prefectos, quienes deben fiscalizar son los alcaldes de esa jurisdicción. Como son parte siempre de la troncha, jamás lo hacen.
Y es por eso que a veces nos toca meter mano a hombres y mujeres valientes que tiene el Ecuador. Y no se diga, y no se diga, si es que tenemos la responsabilidad histórica y transitoria de estar como legisladores en el Ecuador. Tenemos la obligación moral, política y ética de desenmascarar a los corruptos. En mi caso, tengo vergüenza de que mi provincia de Morona, Santiago, dentro de este informe, esté en tercer lugar. Yo quisiera que esté en tercer lugar en la excelencia académica, turísticamente o deportivamente.
Pero aquí estamos en tercer lugar después de la provincia del Oro y de la SUAE. Por supuesto, actos de corrupción. Hay como 20 alertas, hablo de Morona, Santiago, obviamente. 20 alertas de alcaldes, de prefectos, de juntas parroquiales que estarían incrementados desmedidamente sus patrimonios. Para los ecuatorianos, ¿cuánto gana un alcalde, un prefecto, señores? 4 mil dólares. Al año, 50 mil dólares. Si es que no comieran, si es que no tuvieran hijos estudiando, si no tuvieran gastos, si no tuvieran deudas. Pero, ¿qué pasa si en las cuentas de un alcalde, de un prefecto, asoma 300 mil dólares al año que ha recibido depósitos y que la UAFE lo determina?
No nosotros. Que la fiscalía lo investiga. Y mucho peor, como hoy alguien dijo, que tienen varios decenas de millones de dólares en sus cuentas personales. ¿Creen ustedes que está bien que esos sinvergüenzas se enriquezcan ante la vista y paciencia de los ecuatorianos? ¿Creen ustedes, ecuatorianos, que aquí debemos taparles la cara? Es por eso que, como legislador, he presentado una enmienda al 529.1 del Código Orgánico Integral Penal para que se indique el rostro de aquellos delincuentes que asaltan, que matan, que violan, pero también a los de cuello blanco.
A estos infelices que, abusando del respaldo popular, transitoriamente utilizan el espacio, el poder, para enriquecerse desmedidamente ante la vista y la paciencia de los ciudadanos. Mientras la gente tiene hambre, en mi provincia a veces no hay agua potable. Los infelices que llegan al poder se enriquecen ante la vista y paciencia de todos. Por eso estoy de acuerdo que se fiscalice. Ojalá la fiscalía haga un trabajo independiente, un trabajo expedito, con celeridad, que no quede eternas memorias, como ha pasado con los expresidentes Bucarán y Moreno, que a los 7, 8 años les juzgan con penas irrisorias.
Ojalá haga un trabajo, sí, garantizando el legítimo derecho a la defensa también, a la presunción de inocencia, que es un principio constitucional que garantiza nuestra Carta Magna del Estado. Pero no está bien que con el cuento del sigilio, que con el cuento de que hay que garantizar su inocencia, aquí tengamos que callarnos, tengamos que ser cómplices. Eso no podemos y no lo debemos permitir. Y como asambleísta amazónico, eso no lo vamos a permitir. Yo he recibido denuncias que los alcaldes deberían hacerlo en mi provincia contra un prefecto que se le está investigando, pero que no han tenido la capacidad, no han tenido la valentía de hacerlo.
Lo estoy haciendo yo y lo estoy haciendo con solvencia. Espero que la Fiscalía esté en la altura de las circunstancias para que estos sinvergüenzas, que a tres meses de haberse posesionado como prefectos, se hayan incrementado desmedidamente sus cuentas, sus bienes, inmuebles, cuando antes no tenían ni un carro viejo para movilizarse. Hoy tienen carros Toyotas, Fortuner, tienen hasta avionetas y pretenden burlarse del pueblo ecuatoriano. Por ello, compañera Presidenta, considero que nosotros hemos hecho un trabajo. Aquí vamos a ver quiénes estamos en contra de la corrupción. Y la Fiscalía haga un trabajo expedito.
Ellos tienen la obligación de hacerlo con la Administración de Justicia. Y sí, exhorto y apelo de que se lo haga correctamente bien, pero que no nos vengan después de siete, ocho años a decir sí, este prefectillo, este alcaldecillo, sinvergüenza, ladrón, ha merecido una condena a una prisión o una reclusión mayor o menor extraordinaria. Que se lo haga con prontitud, porque el pueblo ecuatoriano lo merece saber y desenmascarar a los sinvergüenzas de siempre. Muchas gracias. Devuelvo mi palabra, compañera Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.
Esa fue la intervención del legislador Edwin Jarrín. Dijo que ciertos funcionarios luego de pocos meses incrementan injustificadamente su patrimonio. Contó que en la provincia de Morona, Santiago, se identificaron 20 alertas de incrementos injustificados de autoridades. Una siguiente intervención a cargo del legislador Pablo Jurado.
3:25:33PJPablo Aníbal Jurado Morenoidentificado por voz
asambleístas ecuatorianas y ecuatorianos, estamos en este momento gracias a un grupo de periodistas dedicados a la investigación. No estamos porque algún consejo municipal haya cumplido su papel y haya presentado una denuncia o haya hecho público el resultado de una fiscalización al interior del consejo municipal o al interior del consejo provincial. No estamos en este momento sancionando al órgano principal de un municipio que es del consejo municipal, que es el que ostenta la autonomía correspondiente. No estamos aquí para sancionar a un consejo provincial que está integrado por alcaldes y representantes de las juntas parroquiales.
Estamos aquí en este momento porque la información y la publicación dada a la que hizo referencia Edwin Jarrín de un grupo de periodistas de investigación, obviamente que alertó al país y fue traído acá al Pleno de la Asamblea Nacional. Y el Pleno de la Asamblea Nacional, haciendo uso de su facultad que le otorgue el artículo 77 de la ley orgánica de la ley orgánica de la función legislativa, no remitió a la comisión de fiscalización, como pudo haber sucedido. Pero ese artículo obviamente faculta para que pueda enviar a cualquiera de las comisiones especializadas permanentes y se decidió que fuese a la comisión de gobiernos autónomos descentralizados porque se trataba de problemas relacionados con alcaldes, alcaldesas, con prefectas y prefectos.
He de insistir, y así lo hice al interior de la comisión, que en su momento, cuando se construía la Constitución de la República, en su momento no se pensó en que un texto podría conducirnos o dejar abierta esta posibilidad a la Asamblea Nacional. Cierto es, y creo que muchos hemos vivido al interior de la Asamblea como profesionales, otros como funcionarios y otros durante varios años como diputados y ahora como asambleístas, no era común que la Asamblea Nacional o que el Poder Legislativo se inmiscuya dentro de una tarea fiscalizadora al interior ni del Consejo Municipal o del municipio, ni del Consejo Provincial o de una prefectura.
Pero todo nace, queridas ecuatorianas y queridos ecuatorianos, porque desgraciadamente se sigue insistiendo como que nosotros arbitrariamente estaríamos inmiscuyéndonos en una tarea que no es nuestra. Pero si retrocedemos la mirada a Montecristi, ahí es donde le fregaron todo. Ahí se dieron el lujo de desconocer que el alcalde y la alcaldesa eran dignatarios, que el prefecto y la prefecta eran dignatarios, que los concejales y las concejalas eran dignatarios. Antes, obviamente, se elegían consejeras y consejeros también. Y se puso, obviamente, el artículo 2.29, que con su veña señora Presidenta, solicito que por Secretaría se vuelva a leer el texto del artículo 2.29, con su veña señora Presidenta.
Se ha solicitado la lectura del artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador como parte de la intervención del legislador Pablo Jurado.
3:30:22CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
La República del Ecuador, serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Hasta aquí la lectura de lo solicitado.
3:30:40PJPablo Aníbal Jurado Morenoidentificado por voz
Muchas gracias, señora Presidenta. Ese es el texto, obviamente, que abre la puerta para que esta Asamblea, mañana otros asambleístas y los que vendrán, obviamente, se van a apoyar en este artículo, entendiendo que, obviamente, la ley nos manda, nos prohíbe y nos permite. Y aquí, textualmente, como hemos escuchado, se le da la facultad a los servidores públicos, con su veña, señora Presidenta, solicito, se insiste en la lectura del 225 de la Constitución de la República.
3:31:22MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Autorizado.
3:31:26CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Procedo con el artículo 225. El sector público comprende, numeral 2, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
3:31:39PJPablo Aníbal Jurado Morenoidentificado por voz
Ahí se le pone, señora Presidenta, colegas asambleístas ecuatorianas y ecuatorianos, ahí se le incluye a un sector que históricamente no era parte del sector público común y corriente, porque ahí se respetaba obviamente el sistema de autonomía y descentralización, incluso habían sanciones para aquel poder o para aquella instancia pública que vaya a inmiscuirse en tareas de los municipios y en tareas de las prefecturas. Pero como podemos observar, es la propia Constitución la que deja abierta esta posibilidad y ahora se insiste en decir que la Asamblea Nacional no tiene por qué inmiscuirse en los municipios.
Insisto, no estamos observando ni violando la autonomía del Consejo Municipal ni del Consejo Provincial. Acá se enviaron nombres de funcionarios y de servidores públicos que están aquí considerados alcaldes, alcaldesas, prefectas y prefectos. Yo quiero felicitar el trabajo realizado en esta segunda etapa por el actual presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Y obviamente ha tenido el respaldo, estimado Cristian, porque sabemos, obviamente que estamos trabajando de mano de la Constitución, no es invento. Queridas ecuatorianas y queridos ecuatorianos, como se quiere hacer ver, que como aquí hay mayoría, entonces hay que lanzarnos en contra de quienes no tienen mayoría.
Yo creo que acá no estamos armados ni desarmados. Yo creo que aquí habemos un grupo de hombres y mujeres que hemos merecido el respaldo en cada una de nuestras provincias y los nacionales a nivel nacional, obviamente para cumplir lo que dice la Constitución. ¿En qué parte, si la ley manda, prohíbe y permite, en qué parte la ley nos prohíbe? ¿En qué parte la Constitución nos prohíbe? La Constitución nos manda y también nos permite, que son estos dos valores, obviamente, que nosotros estamos haciendo uso al momento.
Las señoras prefectas, los señores prefectos, los alcaldes y alcaldesas, tendrán toda la oportunidad, así como en su momento se pidió, que si obviamente se pueden presentar documentos de descargo, se lo haga oportunamente a la Comisión, para poder conocer también y evaluar esa información. Ahora, las recomendaciones, como ustedes pueden observar, lo que están pidiendo es que el Pleno tome la decisión de que el contenido de esa información vaya a los organismos de control. La Comisión, ninguno de los asambleístas, tenemos la facultad de emitir sentencias ni de declarar culpables.
Aquí nosotros no estamos diciendo quiénes son los culpables, lo que estamos diciendo es quiénes, obviamente, presuntamente habrán infringido ese incremento injustificado o hayan caído en el incremento injustificado del patrimonio, pero será, obviamente, la Fiscalía y serán los otros organismos de control los que sigan el debido proceso. En reiteradas ocasiones, he escuchado desde el otro lado, que siempre se grita, se habla en voz alta y se dice fiscalicen PROGEN, fiscalicen ATM. Si a nosotros nos preguntan dónde deben estar los delincuentes, tienen que estar en la cárcel, sean ministros, sean ministras, sean funcionarios, sea quien sea, si la Fiscalía, y yo creo que es importante que desde esta Asamblea incluso se emita una resolución para que con toda la fuerza de la ley y la Fiscalía y los jueces competentes a los delincuentes que resulten culpables en PROGEN y en ATM que se vayan a la cárcel del encuentro y que se vayan, obviamente, a donde deben estar y esa tiene que ser la posición no solamente de los asambleístas de ese lado y de este lado, sino eso es lo que pide el pueblo ecuatoriano.
Yo quiero sumarme también a lo que se ha aplaudido en el otro lado cuando hace 48 horas más o menos se conoció del resultado de las elecciones de la hermana República de Brasil donde Lula da Silva ha resultado ser el ganador. Yo también me uno a ese aplauso porque considero que es uno de los pocos políticos progresistas en América Latina que no es fanático. Yo recuerdo en algún momento cuando el difunto Chávez le dijo que se alinee con el socialismo del siglo XXI que se estaba saliendo de la regla Lula fue claro en responderle y le dijo a mí me mandaron a gobernar Brasil no me mandaron a vender ideología y yo creo que es eso lo que debe hacer el verdadero gobernante responsable y además yo creo que en nombre de los adultos mayores también debo felicitar a un adulto mayor que a los 81 años está demostrando que sí se puede que no hay cadáveres políticos por lo tanto nos seguiremos viendo todavía por muchos años para servir al Ecuador.
Escuchamos la intervención del asambleísta Pablo Jurado, quien dijo que no estamos fiscalizando municipios o prefecturas, sino funcionarios públicos que son dignatarios, como se especificó en la Constitución de Monte Cristi. Esta es la intervención número 11 dentro de este tercer punto dentro del orden del día.
Gracias por ver el video.
Un punto de información en este momento solicitado por la legisladora Paula Cabezas.
3:37:58JCJaneth Paola Cabezas Castilloidentificado por voz
Presidente, la verdad no pretendía intervenir en este punto, pero creo que lo interesante de esta resolución es que muchas de las personas que han intervenido, es más, quien preside esta comisión fue alcalde. No sé qué pensaría él si él estuviera en este momento fungiendo como alcalde y tuviera una posición al respecto sobre lo que norma la actividad de los gobiernos locales. Entonces, acá es merengue o no es merengue, no puede decir, no, aquí no estamos persiguiendo, no, aquí no nos estamos saltando en la ley, no.
Y creo que la moción previa que esperemos se vote por parte de nuestra coordinadora y también miembro de la comisión es pertinente. ¿Y saben por qué es pertinente? Porque a veces ustedes, bueno, es evidente, ustedes tienen control de la justicia y en ocasiones se olvidan que si cualquier persona de las que tienen en esa lista, que son verdes, rojos, porque así los tienen clasificados, se sienten perjudicados por esta fiscalización, que dicho sea de paso, creo que todos estamos de acuerdo, que aquí no hay facultades para eso, pueden venir acciones de repetición.
Por eso creo que la petición de la compañera Patricia Núñez, coordinadora de nuestra bancada y miembro de la comisión de GATS, es permanente para hacerlos aterrizar, porque sabemos que esta resolución es netamente política y coyuntural. Y que hay gente, ya que ustedes se están guardando la reserva, a mí me encantaría que mucha gente, porque de Esmeraldas deberían haber algunos, sin embargo, como son amigos de la bancada de gobierno, ya hay investigaciones que se estaban llevando menos desde ámbitos periodísticos, hasta por casualidad, yo digo, investiguese. Entonces no le vengan a mentir al país a decir que ustedes tienen en este momento interés de que se revise, que los patrimonios, y lo preocupante es que ustedes se olvidan que fueron terneros.
Eso es lo más peligroso de todo eso, porque ustedes fueron autoridades y saben perfectamente cuáles son las normas que rigen la actividad de los gobiernos locales y hoy se disparan en el P. Ojalá nunca vuelvan a intentar pedirle el voto a sus comunidades, a que los elijan de alcaldes o de prefectos, porque lo que hoy le están haciendo a los gobiernos autónomos descentralizados, lo que le están haciendo a la autonomía, es un suicidio. Por eso insisto, que se recuerde esta intervención para que en su momento no vayan otra vez a pedirle el voto a sus comunidades luego de lo que están haciendo en este ámbito.
Y coincido con esa felicitación a Lula, un aplauso a Lula, por supuesto, por así hemos escuchado al Presidente de la República que le encantaría poder emular las políticas de Lula. Miren, Lula es indudablemente uno de los líderes que viene del sector de los trabajadores y jamás iría en contra de los trabajadores. Por eso ha vuelto a ganar. Y sí, en Brasil también ganó la lucha contra el fascismo. Ojalá América Latina empiece a despertar contra gobiernos fascistas que criminalizan, que matan infancias, que persiguen. Esa es la lucha que ganó Brasil en las urnas con su pueblo y ojalá el Ecuador en su momento despierte.
Escuchamos el punto de información solicitado por la asambleísta Paola Cabezas.
Gracias.
y dijo que si alguna persona se siente perjudicada por esta fiscalización puede pedir un proceso de repetición Una nueva intervención, esta sería la número 12, por parte del asambleísta María Paula Villacrés, representante de la provincia de Tuburagua por ADN
3:41:37MVMaría Paula Villacreses Herreraidentificado por voz
Muy buenas tardes, señor Presidente encargado, a todos y cada uno de los asambleístas, así como un saludo muy especial también a toda la gente de la provincia de Tunguragua. El día de hoy nos convoca a tratar un tema que es sumamente importante, no solo para la provincia de Tunguragua, sino para todo el Ecuador, y sobre todo para cada uno de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque pagan sus impuestos, porque necesitan que cada dólar que invierten en el Estado sea bien redistribuido, y es por eso que también esta asamblea hace algunos meses aprobó la ley 70-30.
Y con ese mismo objetivo de que los recursos sean bien destinados y sobre todo transparentes, el día de hoy estamos discutiendo un informe que la comisión que la preside, la asambleísta Cristian Benavides, lo ha sabido hacer de la mejor manera. Y es por eso que tenemos estas alertas, y quiero ser bastante clara, son alertas prioritarias. 41 de estas son alerta roja, 54 alertas naranja. Y no leemos ni siquiera de las prefecturas que esto va a más de la mitad. Pero si cada 10 autoridades, 4 de estas presentan alertas, no podemos mirar a otro lado.
Esta asamblea no puede hacerse de la vista gorda, mientras los ecuatorianos no están viendo sus recursos bien distribuidos. Y además de eso, existen personas que están al frente de las instituciones públicas, haciendo qué, llenándose sus bolsillos y viendo por sus intereses personales. No podemos decir que la asamblea, es que no, no es nuestra facultad. Nosotros no podemos hacer eso. Lo que nosotros debemos hacer es que los recursos de los ecuatorianos sean bien redistribuidos, sean garantizados y sobre todo, que las personas que están al frente de cada una de las instituciones públicas respondan a los ecuatorianos.
Y además de eso, este informe que ha sido aprobado por la comisión, y que estoy segura que también va a ser aprobado por este Pleno de la Asamblea Nacional, sea remitido a las autoridades competentes, sea remitido a la Fiscalía General del Estado, a Contraloría, para que las instituciones competentes sean quienes tomen las medidas necesarias. ¿Para qué? Para garantizar que esas personas que están haciendo un mal uso de los recursos de los ecuatorianos también tengan su responsabilidad. Quiero ser clara, la corrupción venga de donde venga, está mal.
No podemos decir que porque somos la Asamblea y somos del ente fiscalizador del Ejecutivo no podemos meternos en lo que están haciendo los municipios. Si es que están haciendo mal, si es que están actuando de una manera incorrecta, nosotros también vamos a estar ahí alzando la voz por ustedes ecuatorianos. Y además de eso, la gente nos dio su voto de confianza. Nosotros somos autoridades populares, de votación popular. Los alcaldes, los prefectos, somos autoridades de elección popular. ¿Por qué? Por la confianza ciudadana. Si es que nosotros violamos a esa confianza ciudadana, ¿qué nos queda?
¿Qué esperamos? ¿Qué garantiza que las siguientes autoridades nos sigan haciendo lo mismo? Es por eso que debemos marcar una hoja de ruta, un hito. Y sí, esta Asamblea debe emitir y debe aprobar este informe. ¿Para qué? Para que los ecuatorianos confíen nuevamente en sus instituciones. Muchas gracias.
La legisladora Villacreses dijo que con el objetivo de que los recursos sean bien destinados, se está discutiendo ese tema dentro del pleno. También dijo que si de cada 10 autoridades, 4 presentan una alerta, la Asamblea Nacional no puede mirar a otro lado. Las personas señaladas que están al frente de una institución pública deben responder a los ecuatorianos, señaló la legisladora representante de la provincia de Tumuragua, una nueva intervención en el legislador Javier Lazo.
3:45:12JLJulio Vicente Patricio Xavier Lasso Mendozaidentificado por voz
poquito de aire, por eso hay que venir corriendo. Lo que mal empieza, mal acaba. Y esto se parece los borrones, las manchas de tinta, cuando un niño escribe con un canutero. Todo se borra y no se entiende el mensaje. Y más difícil entenderlo cuando tiene enormes dosis de perversidad. También aprendí relativamente temprano, ya lo muy temprano no lo recuerdo, que el abuso de adjetivos es un peligro porque no termina calificando a quien quiero calificar, sino que me califica a mí mismo. Y esta mañana ha habido abusos de adjetivos.
Yo le quiero decir a Cristian Benavides, que es el presidente de la comisión con quien nos hemos tratado con respeto dentro de esa comisión, que debe recordar, asambleísta Benavides, que en esa sesión del 9 de octubre, día feriado que fuimos convocados, usted expresó su preocupación porque este trabajo, este entuerto que le llegó a la comisión no debió haber llegado en ese momento. Usted expresó su preocupación porque coincide con los tiempos electorales. Lo dijo usted en la comisión. Y nosotros, los miembros de esa comisión de la Revolución Ciudadana, tuvimos plena coincidencia con usted.
Sería bueno aplazar este trabajo, fue una de sus conclusiones, pero no había cómo. Usted lo dijo. Lo dijo el asambleísta Carlos Vargas también. No estaba presente, estaba virtual. Y el asambleísta Carlos Vargas dijo, no he podido leer el informe y no se puede votar sobre cosas que uno no ha podido conocer. Y sin embargo, votó a favor del informe. Aquí está también el asambleísta Pablo Jurado. Con Pablo Jurado también se coincidió que como el informe vino encriptado porque solo se podía abrir aquí, en la Asamblea.
No se lo podía abrir en ningún otro lugar y creó eso muchas dificultades. Y Pablo Jurado dijo que lo había leído a medias, el informe. No había podido hacer una lectura completa. Eso dijo Pablo Jurado. ¿Qué dijo Samuel Celery? Miembro también de la comisión que hoy día ha participado de manera virtual. Le propusimos que no se desvele los contenidos, sobre todo de los anexos, que no sea suficiente la aprobación en la comisión, que se traiga al pleno para ver si se podía desvelar, desencriptar el informe y los anexos.
Nos dijeron, hagamos un cuarto intermedio, un receso, unos 10, 15 minutos, porque hay que cambiar la redacción de la propuesta. Se dijo eso y se lo dijo en la comisión. Regresaron a los 15, 20 minutos y nos dijeron, hemos decidido no cambiar nada y no cambiaron nada. Este ha sido el recorrido que ha tenido esta resolución y que se ha traído hoy día al pleno. No nos oponemos, como bien lo sabe todo el mundo, a la fiscalización. Se tienen que hacer bien las cosas. Y hoy, esta mañana, hemos hecho otra denuncia, Palantir, una compañía israelita que vigila a todos los ciudadanos, que perderemos nuestras privacidades y que es un proyecto, un contrato de alrededor de 1.900 millones de dólares y que nosotros queremos que vengan acá a explicarnos de qué se trata.
Como hemos querido que venga el Ministro de Salud a explicarnos lo de Dédalus, son más de 200 millones de dólares para que le explique al pleno, que es explicarle al país entero, de qué se trata ese contrato. ¿Dieron paso a eso? No dieron paso a nada de eso. Como no dieron paso a Progen, como no han dado paso a tantos hechos que sí merecen la fiscalización de esta Asamblea. Esto nació chueco también por la actitud y el trabajo que hizo la anterior Presidenta de la Comisión.
La anterior Presidenta de la Comisión llevó a caras que se prestaban para hacer denuncias y llegó a la Comisión un periodista, Lefebvre, creo que era su apellido, de origen lojano, a denunciar al prefecto de esa provincia. E hizo una denuncia contra este prefecto. La paradoja, señores asambleístas, señoras asambleístas, es que ese prefecto denunciado es candidato de ADN a prefecto en la provincia de Loja. Primero lo denuncian y luego lo ponen como candidato a prefecto en Loja. Luego la Presidenta de ese entonces abrió un canal para denuncias ciudadanas absolutamente peligroso para que todo el mundo descargue su ánima adversión, sus prejuicios, sus odios a través de esas redes.
No funcionó porque llegaron denuncias sin prueba alguna. Tenemos que trabajar con un mínimo de rigor técnico en estas cosas. No se puede levantar sospechas contra nadie si no hay información veraz, técnicamente comprobable y en este trabajo hemos fallado en todo eso. Por eso hemos dicho en la Comisión desde el principio los asambleístas de la Revolución Ciudadana que no vamos a apoyar la aprobación de este informe porque nos parece que ha carecido de rigor, que tiene mucho contenido político, que coincide en efecto con el recorrido de las campañas que se tienen que hacer para en noviembre cambiar a los distintos alcaldes y prefectos.
Coincide con eso y tenía ese problema este, esta propuesta que nos mandó el Pleno. En efecto, nos mandó el Pleno. ¿Y por qué nos mandó el Pleno esta propuesta? Porque un asambleísta también de ADN, Fernando Jaramillo, tomó el dato de un medio e hizo esta propuesta. El dato de un medio, sin contrastar. Nos metieron en este embrollo, le estalló a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y luego se inventaron que había que proteger la honra de las personas y vamos a encriptar los nombres. Y eso hicieron para poder hacer cualquier ejercicio que proteja a candidatos de ADN y dejar en absoluta indefensión a candidatos de otras tendencias.
No se quiere politizar estos informes, dicen. Y en este mismo Pleno, hace poquito, ya ha sido requetepolitizado lo que ha hecho esta Comisión. Hemos visto estallar a un asambleísta recordándonos el maravilloso trabajo de las administraciones social cristianas. Porque Guayaquil se inundó ayer. Se dice que cayó una tormenta brutal en Guayaquil. Se dice que cayó en una tarde lo que debe de caer en un mes. Y se acusa y se dice que en Guayaquil no hay alcalde. El alcalde de Guayaquil está injustamente secuestrado en la cárcel del encuentro y por eso no hay alcalde en Guayaquil.
Y lo dicen, y lo dicen, sin enrojecerse, sin que cambie la faz de esa cara. Luego se dice aquí, en esta asamblea, que debe de estar en la cárcel. Y usan esas expresiones. El alcalde de Cuenca debe de estar en la cárcel prácticamente porque nosotros queremos que esté en la cárcel. No ha sido utilizado políticamente esto para hablar a conveniencia del partido oficial o del movimiento oficial. Esto es lo que nos temíamos. Que se utilice de manera política miserable este trabajo que nunca debió empezar. Esto es lo que hemos venido reclamando en la comisión.
No se lo ha hecho seriamente este trabajo. Se ha especulado mucho. Se dice que han venido informes de distintas instituciones del Estado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo socializamos? ¿Cuándo lo discutimos en las comisiones? ¿Cuándo escuchamos a algún alcalde que podía caer en la alerta roja? En legítima defensa. ¿Cuándo nos dimos ese trabajo? Nunca, en la comisión, nunca nos planteamos esos temas. Por eso no puede ser paradigmático este trabajo. Por eso no lo podemos aprobar. Y no quiero dejar de sumarme a aquello que ha sucedido el domingo.
Sí, en Brasil, un país grandotote, un país continente, debe de ser la octava economía de este planeta sometido también a prejuicios, sometido a esta tecno-oligarquía con la cantidad enorme de granjas, de bots, con mentiras brutales. Pero ahí está Lula da Silva, fundador de la corriente del socialismo del siglo XXI y que está ahí para seguir defendiendo como nosotros, los postulados de una sociedad más justa, más libre, más democrática. Y nos envía el mensaje que no todo está perdido, que podemos hacer un trabajo para enfrentar a estos tecno-fascismos que arrasan con los pueblos de nuestra región y buena parte de este planeta.
Definitivamente será no nuestro voto frente a esta resolución. Gracias, Presidente.
Esta fue la intervención del legislador Javier Lazo, dijo que no van a apoyar la aprobación del informe porque carece de rigor y tiene contenido político. Siguiente intervención, la número 14, a cargo del legislador Isaac Solano, cuando nos encontramos en el tercer punto dentro del orden del día de la sesión 134.
hermano, solidarizarme con mi querida ciudad de Guayaquil que el día de ayer sufrió graves inundaciones por las intensas lluvias. Señor presidente, colegas asambleístas y sobre todo al pueblo ecuatoriano que nos está viendo y escuchando en estos momentos. El dinero de una familia, señores, no puede terminar financiando la fortuna de otra persona. Detrás de cada dólar público existe alguien que trabajó para producirlo. Está esa madre que abre su negocio antes del amanecer. Está ese padre responsable que paga sus impuestos correctamente aunque le falte comida en el lugar.
Está ese joven que aún espera una oportunidad. Y cuando ese dinero se administra mal, la pérdida se siente en la vida diaria. En la calle que se inunda, en el alcantarillado que no llega, en ese camino rural que impide sacar una cosecha. Por eso estamos aquí asambleístas, para proteger los recursos que tienen dueños. Y debemos entender que los dueños son los ciudadanos. Este informe examinó 251 expedientes de autoridades seccionales. 41 con alerta roja, 54 con alerta naranja. Es decir, 95 expedientes que necesitan revisión y atención prioritaria.
Y hay que ser responsables, porque debemos de comprender que una alerta no significa una condena. Pero eso tampoco puede convertirse en un papel que dure años hasta que pase la indignación del pueblo. La obligación aquí es investigar, contrastar y responder. La comisión cruzó declaraciones patrimoniales, auditorías, registros fiscales y judiciales, información tributaria y denuncias documentadas. Ese trabajo plantea preguntas que el Estado hoy debe de responder. ¿De dónde proviene ese crecimiento de patrimonios observados? ¿Quiénes recibieron los contratos? ¿Y qué vínculo existe entre quién decide y quién se beneficia?
En la comparecencia de un cantón se describió un caso de un funcionario que tenía altas facultades de contratación, cuyo patrimonio habría sido declarado pasado de menos de 16 mil dólares a más de 460 mil dólares entre el año 2023 y 2025. Esa variación, asambleística debe contrastarse con sus ingresos, sus documentos y sus actividades. En pocas palabras, la ciudadanía merece una explicación clara. También se expusieron posibles vínculos entre contratistas y familiares de las autoridades. Y diferencias también de las obras contratadas y aquellas obras ejecutadas. Pongamos otro ejemplo.
En otro cantón, una vicealcaldesa cuestionó un proyecto de alcantarillado cerca de 4 millones de dólares, donde hubieron contrataciones reiteradas con proveedores y gastos en diferentes eventos festivos. Yo me pregunto y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿dónde está esa famosa autonomía de los GAT cuando se cuestiona el uso de los recursos públicos? Son denuncias que deben esclarecerse, claro que sí, pero para eso necesitamos instituciones que se pongan la camisa de este país, que actúen, porque detrás de cada obra, de cada contrato, de cada presupuesto, existen familias que hoy merecen una solución.
Y hay necesidades que todos nosotros debemos de atender. Que la Contraloría audite, que Fiscalía actúe, que el SRI contraste toda la información necesaria y que la UAFE rastree aquellos flujos financieros que corresponda. Y que esta Asamblea, por supuesto, también tiene que dar los seguimientos correspondientes. Porque fiscalizar solo se tiene que traducir en darles respuestas claras a los ciudadanos. Y otra cosa, asambleístas, defendamos a aquellas personas que denuncias. Existe un caso de una concejal que manifestó su temor simplemente por ejercer su función. Que quede claro que ningún ciudadano y ninguna autoridad debe tener ese temor por preguntar qué se está haciendo con los recursos públicos.
Apliquemos el mismo rigor para todos. Que los descargos se revisen. Y que cada responsabilidad se determine con la prueba correspondiente. Y finalmente, Presidente, quiero dejar un mensaje de reflexión para que no se repitan los errores que estamos viendo ahora con las autoridades seccionales vigentes. Aquellos aspirantes, alcaldes, a prefectos, a concejales, demuestren cómo van a cuidar los recursos de las personas. Comprometanse a publicar su contrato, a responder pedidos de información y a permitir que se los pueda fiscalizar. Quien aspira a administrar una ciudad tiene que tener la completa disposición de rendirles cuenta a la ciudadanía por cada decisión que haga.
Quien aspira a una prefectura tiene que pensar que en las comunidades se necesitan caminos y oportunidades. Y a quien aspira a ser concejal tiene que entender que fiscalizar se trata de transparencia y de responsabilidad. El poder, señores, no es para beneficio personal. El poder tiene que servir para la gente, para proteger cada dólar, para esclarecer cada alerta y, por supuesto, para que los recursos públicos lleguen donde más se lo necesita. Mi palabra, señor Presidente. Muchas gracias.
Escuchamos la intervención
de la sombrista Isaac Solano.
quien dijo que hay que investigar, contrastar y responder, que la Contraloría audite, que el SREI contraste y que la BAFE rastree los flujos financieros. Un punto de información, la asambleísta Ana Belén Yela.
4:04:48AYAna Belén Yela Duarteidentificado por voz
no es electoral, no vayan a malinterpretar, a trasladarle a los ecuatorianos una realidad paralela en la que no vivimos. Asambleísta Chamba, Guayaquil no está abandonada, Guayaquil está sitiada por su gobierno. 60 millones de dólares en contratos del CERCOP le tienen paralizado al municipio de Guayaquil. Entre esos, 3,2 millones a Enmapac, que entre otras cosas se encarga de acantarillado, de desagües y de todos los sistemas que ayer hubieran servido si estuvieran mantenidos y se hubieran ejecutado esos contratos en su momento para la inundación. Asambleísta Solano, en vez de solidarizarse con la ciudad de Guayaquil, usted y yo compartimos distrito.
Fiscalice lo que sí es su competencia, las escuelas que se inundan y nadie dice nada, los hospitales de Guayaquil abandonados sin aire acondicionado, los UPCs que les crece maleza con los carros y las llantas hechas a nada. Guayaquil no está abandonada, está sitiada, está sitiada porque el alcalde de Guayaquil se atrevió a parársele firme a este gobierno y lo secuestraron y es un preso político del régimen. Y en ese sentido han hecho todo lo que ha estado al alcance del gobierno para hacerle la vida imposible a la autoridad municipal y a todas sus dependencias y en ese sentido a los guayaquileños.
Ayer, mientras los carros flotaban en la ciudad de Guayaquil, no dijo absolutamente nadie nada. Y recién hoy, 24 horas después, se instaló el COE Nacional. Y hablando de pedir información y de rendir cuentas, yo tengo cientos de pedidos de información que no están respondidos por las autoridades del Ejecutivo. Eso sí es nuestra competencia y eso sí es lo que hay que rendirle cuentas al país. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente.
Ese fue el punto de información a cargo de la asambleísta Ana Belén Giela. Escucharemos las disposiciones correspondientes. Se ha otorgado el uso de la palabra la asambleísta Mónica Salazar.
4:06:50MSMónica de Jesús Salazar Hidalgoidentificado por voz
Compañeras y compañeros legisladores, quiero empezar felicitando el trabajo de la Comisión que, sintonizado con lo que viene realizando el Gobierno Nacional, es decir, combatir la delincuencia, ha acatado una resolución que le emitió nada más y nada menos que el principal órgano de este cuerpo legislativo, que es el Pleno de esta Asamblea Nacional. La verdad que cuando escucho que tratan de confundir a la ciudadanía diciendo que nos estamos arrogando funciones, parece que se les olvida que esta fue una resolución emitida por el Pleno de la Asamblea Nacional.
Aquí lo único que quiero decir es que ni la Comisión ni quienes vamos a apoyar este informe, estamos utilizando esto como persecución política, porque nadie le ha cogido la mano a ninguna autoridad seccional para que firme lo que no debe firmar, para que presente inconsistencias en sus patrimonios. Pero vámonos un poquito más allá de lo que dicen los papeles. ¿Qué es lo que ve nuestro pueblo? Porque quienes sí hacemos territorio, conocemos cómo es que han crecido económicamente aquellos quienes han ido a ocupar un lugar en algún gobierno seccional.
Eran de economías medias, que yo me acuerdo cuando era niña, o eran muy pobres ciertos actores, que yo me acuerde incluso antes de ingresar a ejercer las funciones de alcaldes. Y hoy andan en carros blindados, tienen caballos de paso, hoy se dan la gran vida, tienen la oportunidad de invitar a todo su equipo de trabajo a los restaurantes más caros de las grandes ciudades. Y yo me pregunto, ¿de dónde salen esos recursos? No es de sus generosos bolsillos. Como ya lo dije en un debate anterior, no es de su patrimonio, porque nunca tuvieron un verdadero patrimonio que se les pueda permitirse estos lujos.
Lamentablemente, todos sabemos de dónde salen. Y como les decía, casi todos se han enfocado en diferentes temas, pero ¿qué pasa con lo que opinan nuestros conciudadanos? No sé si a ustedes no les pasa, pero a mi despacho han llegado denuncias con datos claves e interesantes sobre autoridades que se están enriqueciendo ilícitamente. Y qué ha hecho Mónica Salazar desde su despacho, ha procedido a hacer la evacuación y el requerimiento de información donde instituciones de control como la UAF, la Fiscalía, la Contraloría, nos han remitido respuestas que efectivamente se están empezando a ejercer acciones en contra de coincidentemente esas o esos gobiernos autónomos descentralizados.
Entonces, ¿qué significa? Que la sabiduría popular existe, que el pueblo no es ni tonto ni ciego y se da cuenta cómo de manera desorbitada están creciendo los patrimonios de esas autoridades. Aquí se ha hablado que no debemos fiscalizar, que no debemos etiquetar por colores. ¿Saben qué debía haber pasado después de esta fiscalización? ¿Qué era lo correcto que debía haber pasado de esta fiscalización? Es que después de que la Comisión haga el trabajo para el que se le encomendó, todos salgan en verdes. Eso era lo correcto.
Pero las autoridades de control, ojo, ahí quiero abrir un paréntesis, a quienes nosotros como legisladores tenemos la amplia potestad de pedirle información, han demostrado en el camino lo contrario. Es decir, hay muchas dudas y se está examinando y se está investigando a autoridades que lamentablemente hoy están sentados en algún sillón provincial o municipal. Quiero detenerme un minuto en los números de mi provincia, porque a mí me eligió el pueblo de los ríos para representarlos y para también verificar sus números. Y de acuerdo a este informe, dos alcaldías con las claves P12-C01, que es el primer cantón de la lista de mi provincia y el P12-02 están en alerta roja.
Eso lo dice el informe claramente. Y además que el P12-01 incluye una amplia gama de denuncias ciudadanas con soporte documental. Además, en alerta naranja tenemos a la P12 y tres alcaldías con códigos P12-04, P12-05 y P12-C12. Y sí, sí hay autoridades en alerta verde. Si vieron que sí se puede pasar las pruebas, pasar los procesos de fiscalización, cuando las cosas se hacen bien, pues sí, en mi provincia hay ocho alcaldías con colores.
4:12:49SNSilvia Patricia Nuñez Ramosidentificado por voz
Semáforo verde.
4:12:51MSMónica de Jesús Salazar Hidalgoidentificado por voz
Y por ahí escuchaba a un asambleísta decir, muchos han sido autoridades, ojalá y no vuelvan y ojalá pues no les pase factura estas decisiones. Pues les puedo hablar como una alcaldesa, exalcaldesa del Cantón Baba, que pasó por 12 exámenes de la Contraloría, la alcaldía más auditada del periodo de mi gestión. Y salí limpia, sin un índice de responsabilidad penal, durante 5 años tuve que administrar los recursos de mi Cantón. Eso pasa cuando se hacen las cosas bien. Yo no estuve llorando por persecución política. Y ustedes podrán revisar las fechas y se darán cuenta en qué gobierno fue.
Yo no me fui a llorar y a decir que me perseguían. ¿Saben lo que hice? Respondí con contundencia a la Contraloría y a la Fiscalía. Y salí inocente, como fueron mis actos transparentes durante toda mi gestión. Quiero finalizar diciendo que lo que más me preocupó de este informe es los graves cuellos de botella estructurales que se han encontrado. Las faltas de coincidencia en los registros. Es decir, la información está desconectada entre una entidad de control y otra. Y hoy se ha cogido tan de moda las empresas pantalla, los datos con errores y sí, también vacíos penales y vacíos legales que quienes aquí venimos a trabajar y a devengar un sueldo, si nos hemos preocupado también por este tema.
Y es así que el 17 de septiembre presenté el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transparencia social con el fin de fortalecer la verificación de la información de las organizaciones sociales sin fines de lucro y que fue calificado por el CAL y esto nació del resultado de las denuncias que llegan a mi despacho y que nosotros sí trabajamos y las evacuamos. Porque cuando los datos de una organización no coinciden, es importante que existan reglas claras, tiempos claros para que las autoridades se pongan de acuerdo y les pidan la información y se defina el rol de estas organizaciones.
Este en realidad no es la solución de todo el problema que hoy la comisión ha determinado en su informe, pero es un paso importante y significa que estamos no solo en lo rural, no solo en la educación, la cual es mi comisión, sino en todos los ámbitos pertinentes. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, quiero referirme a una frase que escuché por ahí, que baba, nunca olvide quiénes son los protagonistas de detener su desarrollo. Muchísimas gracias.
Escuchamos la intervención del asambleísta Mónica Salazar, quien dijo que esta fue una resolución emitida por el Pleno de la Asamblea Nacional. El informe no es una persecución política, porque son las propias autoridades las que firman lo que no deben firmar o incrementan su sustento, su patrimonio. Un punto de información del asambleísta Jorge Chamba.
4:16:32JCJorge Enrique Chamba Cabanillaidentificado por voz
felicitaciones del pueblo ecuatoriano por lo que estamos haciendo el día de hoy, fiscalizando alcaldes y prefectos por actos de corrupción. Más de 200 personas en el Ecuador felices porque este caso histórico no se ha dado jamás. Pero me parece correcto la presentación de la colega que creo que se salió a tomarse un café porque no quiso escucharme. Yo vengo transitando los sectores populares 40 años. A mí nadie me ha contado los problemas de la gente. Yo los conozco. ¿Cómo no voy a felicitar a Fébrez Cordero si fue el que transformó Guayaquil?
¿Y cómo no voy a criticar al alcalde actual si es el que destruyó Guayaquil? Y no es que está preso porque es un angelito. Al país le hace falta 50 millones de galones de diésel, que representa 70 millones de dólares, que le hace falta hoy a los ciudadanos. Al país le hace falta lo que el alcalde no ha podido cumplir, las obras que los guayaquileños vienen reclamando. Esperamos que llegue el fenómeno del niño para darnos cuenta que no hay alcantarillado en los sectores populares. Yo sí vengo en los sectores populares porque yo nací ahí.
Yo nací en el fango y la manigua. Y no me avergüenzo de decirlo porque el que no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Yo sí sé y conozco los problemas de mi gente. Porque los he vivido, los he palpado y los sigo viviendo. Al país no hay que mentirle. Como tampoco hay alcaldía en el Cantón Durán porque se le llevaron la plata del agua potable a mis hermanos duradeños. Por eso un alcalde correísta está preso. Y un social cristiano también está preso. Al país hay que decirle la verdad.
Claro que no les gusta que los fiscalicen porque el 80% que están en ese estado son de ustedes, son de la bancada del correísmo. Esa es la verdad. Al país no hay que mentirle. Esta tarea nos corresponde porque somos fiscalizadores. Si ya no fiscalizamos nada, cerremos la puerta y vayámonos a la casa y hagamos otra cosa. No, no equivoquemos los conceptos. Yo no los interrumpo, compañeros. Al país hay que decirle la verdad. Lo corresponde fiscalizar y estamos fiscalizando. Yo no los interrumpo, compañeros. Al país hay que decirle siempre la verdad.
Aunque les duela, hay que decirle la verdad. Ahí están los actos de corrupción. Ahí está.
Todos intervienen, señores asambleístas, mantengamos la calma, también van a intervenir acá.
4:19:08JCJorge Enrique Chamba Cabanillaidentificado por voz
Dos veces se le ha llevado la plata del agua potable a Durán. Dos veces. Y ahí está una alcaldesa del Banco del Correismo de Tenida. Por eso bien hace el presidente de la República optimizar los recursos y saber cómo entregarlos. Porque ya está cansado que se lleven la plata, pues. El pueblo está cansado que no le hagan obras, pues, presidente. El pueblo tiene razón. Por ello, de esta curul, que es la curul del pueblo, siempre levantaré mi voz de protesta. Cuando toque a la gente de los sectores populares.
Cuando no se haga la obra en los sectores populares. No hay alcaldía en Guayaquil, señores. No lo hay, esa es la verdad. Gracias, presidente. Gracias, colegas.
Esta fue la intervención del legislador Jorge Chamba, una siguiente intervención respecto a este informe de fiscalización a cargo del legislador Ricardo Patiño.
4:20:01RPRicardo Armando Patiño Arocaidentificado por voz
Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo en que se auditen el patrimonio de las autoridades de este país, por supuesto que sí, sin lugar a dudas, solamente que dejamos claro que esa función la cumplen otros organismos del Estado y no la Asamblea Nacional. A nosotros nos toca legislar y fiscalizar a las autoridades del gobierno, que se cumplan las leyes, que se cumplan los planes que se presentan en las candidaturas y que se haga el trabajo que corresponde, que lamentablemente la bancada de ADN no quiere fiscalizar, quiere fiscalizar a quien no le corresponde y no quiere fiscalizar a quien le corresponde.
Eso en primer lugar. Ahora, me veo en la obligación de hacer un comentario respetuoso al asambleísta Chamba, porque ha dicho hace un momento, y lo ha repetido ahora, que en Guayaquil parece no haber autoridad, que en Guayaquil no tenemos alcaldía, que todo eso es un desastre. Yo entiendo que usted, como asambleísta de ADN, intenta desacreditar a la autoridad municipal de Guayaquil, porque además el gobierno nacional se ha empeñado en boicotear las funciones que la alcaldía tiene. Sin embargo, yo no voy a hacer referencia a eso ahora, voy a hacer referencia a lo que la alcaldía de Guayaquil ha hecho y que tal vez usted, por alguna razón, no ha querido observar.
Y a pesar de que el CERCOP se ha dedicado meses enteros a boicotear el trabajo para que no pueda seguir haciendo más obras de todas las que ha hecho. Pero voy a decirle, más de 280 kilómetros de calles de tierra que han sido pavimentadas, pasos a desnivel, el quinto acueducto con 21 kilómetros de tuberías para las zonas más pobres de Guayaquil, redes de agua potable en Montesinaí, en total tendrá 109 kilómetros de tuberías. Se ha construido, reconstruido y repotenciado 42 parques en Floresta II, Los Pascuales, Sauces, Sergio Toral, Cooperativa Reinaldo Quiñones y muchas otras.
A pesar de que el municipio de Guayaquil ha querido colaborar y ha hecho, ha apoyado al país y a la ciudad en los temas de seguridad, le arrebatan la empresa municipal Segura EP, arrebatan a medias, por haber permitido a través de las cámaras que se descubran dos casos muy graves. Los cuatro niños de las Malvinas y el autoatentado en la bahía. 15 estaciones de ayuda segura ha construido el municipio de Guayaquil mientras el gobierno nacional cierra las unidades de policía comunitaria. Unidades que se llaman EAS, estaciones de ayuda segura, que tienen vigilancia 24 horas en Guayaquil.
170 camionetas, 120 motocicletas con patrullajes conjuntos. No sé si usted no lo ve, pero los guayaquileños, que vivimos en Guayaquil y que estamos ahí permanentemente, nos damos cuenta de que los patrullajes policiales que se hacen en Guayaquil son justamente en las camionetas y en las patrullas del municipio de Guayaquil. Señor Chamba, con todo respeto, no sé si no se ha dado cuenta que el Hospital Municipal del Bicentenario atiende a 800 personas diarias. Hay uno de los mejores hospitales ahora que tiene la ciudad de Guayaquil. 50 puntos de atención médica gratuita tiene el municipio, incluidos hospitales, centros de salud, consultorios generales, clínicas móviles.
Pero sí le cuento, con medicinas, con medicinas, no como los hospitales del Gobierno Nacional que están desprovistos de medicinas y que no tienen atención adecuada. Se construyó además el Centro Médico Sergiatoral en Samanes, el Dispensario Odontológico en el Barrio Cuba, la Unidad Médica en PUNA, en total más de 2.9 millones de atenciones solamente en este aspecto, en esta área que tiene que ver con salud. No sé si no ha visto usted, estimado asambleísta, los Átila, áreas territoriales inclusivas que hacen servicio terapéutico y entrega gratuita de ayudas técnicas a los ciudadanos en Guayaquil.
Los CAMIs, los Centros de Atención Municipal Integral que apoyan a las familias vulnerables. Los programas de adultos mayores, por montones, con terapias, talleres, adecuación de parques que benefician a más de 63.000 adultos mayores. El cuidado infantil y el apoyo familiar con los CDIs en el Guasmo, en las Orquídeas, en Bahía, nuevos, alimentación y desarrollo y resguardo para la primera infancia. Más de un millón de atenciones respaldan ese trabajo del municipio de Guayaquil. No está abandonado Guayaquil. Nosotros sabemos y conocemos en Guayaquil, los guayaquileños, que el municipio de Guayaquil, en la administración de Aquiles Álvarez, injusta y perversamente perseguido y encarcelado, y en Tatiana Coronel, la actual alcaldesa encargada, los guayaquileños, nos sentimos efectivamente atendidos como guayaquileños, a pesar de que usted parece no haber visto esto.
Usted ha ido a ver, ha hecho un trabajo de gestión para que el personal de un hospital de Guayaquil, del seguro social, atienda a las personas. Lamento mucho que la respuesta que le hayan dado no haya sido muy satisfactoria para usted, porque le dijeron que no había para qué informarle de los problemas que tenía un paciente, porque sabía que igual no lo iban a atender y lo que se estaba produciendo ahí era un escenario teatral. Por eso, y si pudiera extenderme, pero sé que no puedo pasarme los 10 minutos, podríamos estar aquí por lo menos un día entero, informándole a usted, informando a la ciudadanía, las obras, la atención, no solamente la obra física, sino la atención social que el municipio de Guayaquil tiene en favor de los guayaquileños y especialmente de los sectores populares que más lo necesitan.
Quiero, antes de finalizar, expresar, tengo la obligación, señor presidente, espero que usted así lo permita, expresar mi solidaridad absoluta, plena, con la compañera Luisa González, que ha sido ilegalmente secuestrada, metida en una prisión, sin que haya ningún fundamento legal para que esto sea así, estamos derivando en una dictadura realmente espantosa, que no hay derecho ni para elegir, ni para participar en la política. Nuestra compañera Luisa González debe ser liberada, porque ha sido absolutamente en forma ilegal, inconstitucional, puesta en prisión, en nuestra opinión, secuestrada. Quiero también expresar mi solidaridad con Alondra Santiago y con Jairén Noriega, por los insultos y las amenazas de una persona que nos deshonra en esta asamblea, que nos deshonra.
Yo no podía creer las palabras que usó esta persona, este individuo, que además es un traidor, contra ellas. No podía imaginarme siquiera que de una persona que es asambleísta, que se debería de esperar un mínimo de decencia en el trato a las personas en general, y en particular a las mujeres, esto haya podido salir de su boca. Realmente me da vergüenza de tener aquí como una persona que es parte de la Asamblea Nacional a una persona que nos deshonra como asambleístas. Señor Presidente, gracias por la palabra.
Esta fue la intervención del legislador Ricardo Patiño en el marco del análisis de este informe de fiscalización a patrimonios injustificados de alcaldes y prefectos. Una siguiente intervención lo realizará el legislador Marco Olmedo. Lo escuchamos.
4:28:57MOMarco Patricio Olmedo Ariasidentificado por voz
a la ciudadanía en general. Cuando hay alerta sobre el manejo de lo público, esta Asamblea Nacional no puede mirar hacia otro lado. Nuestro deber es conocer la verdad. Quiero empezar reconociendo el trabajo serio, técnico y responsable de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, presidida por ese gran líder, Cristian. Muy bien tu trabajo. Los ecuatorianos reconocemos esa tarea, porque el dinero de los ecuatorianos es fruto del esfuerzo y del pago de sus impuestos, del esfuerzo de sus familias. Ya lo dije, es nuestro deber conocer la verdad.
Quiero decirle que ese trabajo merece ser reconocido en este Pleno Presidente de la Comisión. Se ha dicho aquí que la fiscalización de alcaldes y prefectos corresponde a los consejos municipales y a los consejos provinciales. Es cierto. Y ese control local es fundamental y debe fortalecerse. Pero que exista esa competencia local no significa que esta Asamblea Nacional deba permanecer inmóvil. El poder local no es una patente de corso ni un espacio de impunidad. Los municipios y las prefecturas administran recursos de todos los ecuatorianos. Durante meses, la Comisión ha realizado un riguroso análisis técnico sobre incrementos patrimoniales no justificados de decenas de autoridades locales en los últimos años.
Y seamos claros, no estamos hablando de simples sospechas. Estamos hablando de alertas técnicas, de saltos patrimoniales que no guardan relación con las declaraciones juramentadas de ingreso a la función pública. Colegas legisladores, la transparencia no es un favor de la autoridad. Es un principio del Estado de Derecho. Quien ejerce un cargo por mandato popular debe estar dispuesto a explicar sus decisiones, su gestión y cuando corresponda el origen de su patrimonio. Cuando un funcionario entra con una declaración modesta y en dos o tres años de su gestión su patrimonio se multiplica de forma exponencial e inexplicable, no estamos frente a un milagro económico ni a un éxito empresarial repentino.
Estamos frente a un potencial traición a la confianza de los ciudadanos. Eso sí, seamos responsables. Una persona puede incrementar legalmente su patrimonio por herencias, por venta de bienes, por actividades privadas permitidas por la ley o por lo menos probable posible, si te ganas la lotería, también es posible hacerlo así legalmente. Por eso mismo, cada caso debe ser analizado de forma individual, con documentación, con el debido proceso y sin linchamiento mediático. Nuestro compromiso, por tanto, no termina con la aprobación de este informe. Ahí apenas empieza. Debemos dar seguimiento a sus recomendaciones, requerir con firmeza y con respeto a la reserva legal la información a los organismos de control como son la Contraloría, la UAF, el SRI, la Fiscalía, y exigir que cada autoridad señalada pueda justificar su situación patrimonial.
No se trata de generalizar. Sería injusto con los alcaldes y prefectos que trabajan honestamente, con pocos recursos y con mucho compromiso en sus territorios. Precisamente por respecto a ellos debemos separar la paja del trigo. No podemos permitir que mientras haya autoridades que se enriquecen de manera inadecuada sigan existiendo en sus cantones, calles destruidas, obras básicas abandonadas, planificación limitada y servicios deficientes. Los ciudadanos de nuestras provincias, compañeros asambleístas, nos piden cuentas claras. Respondámosles sin titubeos. Quien maneja fondos públicos debe rendir cuentas con transparencia absoluta. Hoy, mañana y siempre.
Trabajemos por la verdad y por recuperar la confianza de los ecuatorianos en lo público. Gracias, presidente, por el uso de la palabra.
Escuchamos la intervención del legislador Marco Olmedo, quien dijo que quien ejerce un cargo por mandato popular debe estar dispuesto a dar una respuesta por sus decisiones. También sostuvo que no estamos hablando de simples sospechas, sino de alertas técnicas que van de la mano con la función pública. Una nueva intervención, el asambleísta Cristian Benavides.
4:34:36CBCristian Benavides Fuentesidentificado por voz
Muchísimas gracias, señora Presidenta, por el uso de la palabra nuevamente. Quiero agradecer el debate. Creo que ha sido un debate de altura, un debate técnico, un debate que comúnmente, al estar entre sectores políticos, siempre tendrá sus altos y bajos. Y esa es a la democracia. Qué bueno que podamos compartir siempre. Para mí será motivo de alegría escuchar cómo lo he hecho en la comisión. Y ustedes pueden preguntar, creo que es en la comisión donde más se les escucha. Quiero responder brevemente dos observaciones que hacían justamente desde la bancada de la Revolución Ciudadana.
La Asambleísta Núñez decía que pasa con una persona que puede llegar a tener una herencia, una heredad. Y justamente ahí viene la respuesta a otra de las preguntas, porque se habrá realizado una modificación en alguno de los semáforos. Justamente por eso, porque hay personas que justo recibieron una herencia, aumentó su patrimonio, el SRI nos dio esa alerta y por eso el cambio de semáforización. Siempre fue un semáforo dinámico, creo que eso es importante y eso le da transparencia también a nuestro actuar. También hubo una intervención de la Asambleísta Cabezas, siempre le guardo mi respeto, mi consideración como una mujer.
Y hacía dos preguntas, ella decía cuál sería mi respuesta si yo hubiese sido alcalde justamente con estos temas de una fiscalización a mi patrimonio. Mi respuesta habría sido, venga, con todo gusto, revise mis cuentas, revise mis teneres, yo no tengo ningún inconveniente en ello. Esa habría sido mi respuesta y lo digo con humildad. Mi mejor acto de transformación, de revolución, fue haber donado la mitad de mi sueldo durante los cuatro años que tuve la oportunidad de ser alcalde. A personas que sufrían cáncer, que sufrían enfermedades, a gente que lo necesitaba.
Creo que con convicción y sobre todo con el honor que me repercute haber podido ser alcalde en su momento, creo que cumplí porque esa fue una de mis ofertas de campaña. Y hacía otra pregunta, decía, ¿usted estaría dispuesto a volver a pedir el voto o algo así? E insinuaba, yo nunca necesité de un partido grande, yo no sé lo que significa que a uno lo arrastren. Porque yo tengo mi propio partido, y he ganado todas las elecciones que he querido con mi partido, con mi propio liderazgo y mi autonomía.
En ese sentido, he sido alcalde por el movimiento Somos, la lista 104, movimiento cantonal. Y de igual manera, hemos respondido ante todo lo que signifiquen nuevas intenciones o nuevos momentos en la carrera política. No he pensado nuevamente en volver a pedir el voto, pero si lo pensase, estoy seguro que mi provincia, mi Carchi, respondería bien. Porque, les digo algo, y también sin ser o sin caer quizá en la autoalabanza, yo gané recién un premio honoris, un doctorado, perdón, honoris causa en México, porque todas mis campañas las gané reciclando.
Con basura reciclada hice mis artefactos, mis publicidades, y así gané, y les gané. A todos los que los partidos están aquí, les gané, porque he trabajado siempre desde mis convicciones. No he necesitado de partidos, ni de financiamiento de absolutamente nadie. Nunca le he permitido a nadie darme un dólar para ser candidato. Y por último, asambleísta, bueno, antes de presentar y debidamente mi moción, asambleísta Lazo, siempre le he guardado respeto, consideración. Y alguien decía que es importante también hablar de los errores, a manera de chascarrillo lo digo, algún momento, aquí en el Pleno dije que usted era uno de los mejores asambleístas que tiene este hemiciclo.
Permítame bajarle un poquito la categoría. Ya estamos en un nivel intermedio hablando de las semaforizaciones. Solo a manera de chascarrillo. Siempre tendrá mi corazón y siempre tendrá usted esa consideración por ser una persona mayor, por ser una persona de letras. Siempre le guardaré mi respeto. Y con ello, señora Presidenta, termino mi intervención pidiendo, por favor, que de acuerdo a la normativa que nos resguarda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, he remitido hacia Secretaría General para que se dé lectura a la moción y de igual manera se reciba la votación respectiva, que espero sea favorable en favor de nuestro país.
Yo creo que, más allá de las banderas políticas, lo que necesita este país es un poquitito más de sentido común, de respuestas al sentido común. Creo que la gente, el ecuatoriano común y corriente, el que se saca el aire atrás de un taxi, atrás de un camión, de un bus, el que está trabajando en una labor doméstica, en el campo, necesita respuestas siempre que le satisfagan. Hoy la respuesta es que todo aquel que entra a la función pública debe responder por sus actos, por sus patrimonios.
A la política no se entra a engordar los bolsillos, se entra a servir. Muchísimas gracias, señora Presidenta.
4:40:38MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Se cierra el debate. Señor secretario, certifique si la moción presentada por el asambleísta Christian Benavides ha sido ingresada por escrito.
4:40:47CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Sí, señora presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.
4:40:52MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Señores asambleístas, ¿tiene apoyo la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación.
4:41:01CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada. Memorando a NCGAD 2016-03-40M. Asunto, moción de aprobación de resolución correspondiente al punto 3 del orden del día. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos de Centralización y Competencias y Organización del Territorio en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en atención al punto 3 del orden del día, que tiene por objeto conocer el informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de servidores públicos dispuesto mediante resolución 2025-2029-095 del Pleno de la Asamblea Nacional, moción de aprobar el proyecto de resolución sobre el informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de servidores públicos, adjunto al presente memorando consentimiento de distinguida consideración.
Atentamente, Cristian Benavides, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencias y Organización del Territorio. Me permito dar lectura en la parte resolutiva. La Asamblea Nacional, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Acción Legislativa, resuelve, artículo 1, aprobar en su totalidad el informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de servidores públicos presentado por la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencias y Organización del Territorio. Artículo 2, remitir el expediente de fiscalización a la Fiscalía General del Estado para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, evalúe el inicio o impulso de las investigaciones que correspondan.
Artículo 3, remitir el informe a la Contraloría General del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, ejecute de forma prioritaria exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas y verifique la legalidad de las actuaciones señaladas en denuncias ciudadanas sobre presunto nepotismo en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Artículo 4, solicitar al Servicio de Rentas Internas que, en el marco de sus facultades de control tributario, ejecute auditorías correspondientes según la información adjunta. Artículo 5, solicitar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE que, en el ámbito de sus competencias de inteligencia financiera, evalúe la emisión e implementación de órdenes de trabajo para el rastreo de activos, movimientos, transforterizos inusuales, flujos de capital hacia paraísos fiscales y posibles esquemas de testaferismo respecto de la información adjunta.
Artículo 6, declarar el sigilo y la reserva legal del anexo reservado número 1 y el cual contiene la matriz oficial de correspondencia nominal disponiendo que se entrega a la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico, se realice bajo sobre, cerrado y estricta custodia. El anexo 1, conservará su carácter confidencial hasta que cesen las causas que motivaron su reserva o exista pronunciamiento firme de autoridad competente garantizando la publicidad del Cuerpo General del Informe sin vulnerar la presunción de inocencia ni la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
Artículo 7, exhortar a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para que tramite con carácter prioritario las reformas legislativas al Código Orgánico Integral Penal orientadas a la tipificación de la corrupción urbanística como delito contra la administración pública, la inclusión de los activos digitales y criptoactivos como objeto material de los delitos de corrupción, el perfeccionamiento del procedimiento de comiso sin condena sobre bienes de origen ilícito y la restricción de uso desviado de las sociedades por acciones simplificadas SAS para evaluar, para eludir inhabilidades contractuales en la gestión pública.
Artículo 8, establecer un plazo obligatorio de 15 días contados a partir de la notificación de la presente resolución para que la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico BAFE informen formalmente a la Asamblea Nacional sobre el inicio y avance de las investigaciones y procedimientos adoptados respecto a los servidores públicos incluidos en el informe. Artículo 9, disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional la notificación de la presente resolución a las entidades correspondientes. Hasta aquí la lectura, señora Presidenta.
Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curvas de electrónicas de existir alguna novedad e informar a esta Secretaría.
Se procede con, en este momento, con el registro de las y los asambleístas para someter a votación la moción que ha sido planteada por el legislador Cristian Benavidez. Está a propósito de este informe de fiscalización a los patrimonios injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas que llevó a cabo la mesa legislativa. En este documento de 55 páginas se destaca que para la totalidad de las 41 autoridades clasificadas en la categoría de alerta roja, el informe dispone la remisión inmediata e íntegra de sus expedientes a la Fiscalía General del Estado para que en el ámbito de sus competencias privativas evalúe la existencia de méritos para el inicio o impulso de las investigaciones que correspondan respecto al presunto delito contra la eficiencia de administración pública y a la Contraloría General del Estado para la ejecución de auditorías e investigaciones administrativas de campo.
Asimismo, se establece de manera imperativa requerir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico la emisión e implementación de un orden de trabajo o de investigación especializada sobre la totalidad de este grupo prioritario, con el objeto de ejecutar el rastreo de inteligencia financiera, identificar movimientos patrimoniales e inusuales y detectar flujos de capital.
4:47:08CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
...que contamos con 148 asambleístas registrados. Se pone a consideración la moción presentada por el asambleísta Cristian Benavides. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.
148 legisladores se han registrado para participar de esta votación, de lo que podemos ver existen hasta el momento dos tipos de votación, 43 votos positivos, 48 votos negativos, no existen votos en blanco, no existen votos en abstención, hasta el momento se tiene un total de 70 votos, 73 votos ya afirmativos, es lo que se puede ver a través de las pantallas del pleno. Ya existe un voto en abstención, no se ha utilizado la opción del voto en blanco, los aplausos que podemos escuchar dentro del pleno de legislativo es porque ya se tiene 80 votos afirmativos y con esto se entendería que queda aprobado el informe emitido por la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, que en su análisis y razonamiento dice, El estudio del control patrimonial en el ámbito seccional exige comprender la gravedad con la que la opacidad afecta la gestión pública descentralizada, Ecuador atraviesa un escenario complejo en los índices internacionales de transparencia ubicándose en el puesto 116 de 182 países según Transparencia Internacional.
Esta realidad hace imperativo fiscalizar el patrimonio de las 245 autoridades electas en los gobiernos de autónomos descentralizados, donde la contratación pública, el manejo de catástrofes y la administración de fondos públicos requieren de una verificación rigurosa para prevenir el desvío de recursos estatales. En el ámbito del derecho penal y el control político, el incremento patrimonial no justificado se encuentra estrechamente vinculado con conductas delictivas.
4:48:50CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Los resultados, señora presidenta, me permite informar que un total de 148 asambleístas presentes contamos con 83 votos afirmativos, 64 votos negativos, cero blancos y una abstención. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Cristian Benavides.
Con 83 votos afirmativos ha sido aprobado en su totalidad el informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de servidores públicos presentado por la Comisión de Gobiernos Autónomos. Este documento será remitido con el expediente de fiscalización a la Fiscalía General del Estado para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales evalúe el inicio o impulso de las investigaciones que correspondan.
4:49:33CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Asambleístas, por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría.
Se procede con el registro de las y los asambleístas para la reconsideración de la votación. Dábamos lectura a lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional con 83 votos afirmativos. Este informe también será remitido a la Contraloría General del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones ejecute de forma prioritaria exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas y verifique la legalidad de las actuaciones señaladas en denuncia ciudadana sobre presunto nepotismo en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Además, solicitar al Servicio de Rentas Internas que en el marco de sus facultades de control tributario ejecute auditorías correspondientes según información adjunta.
4:50:25CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Me permite informar, señora Presidenta, que contamos con 139 asambleístas registrados. Se pone a consideración la reconsideración presentada por el asambleísta Cristian Benavides.
por parte del legislador Cristian Benavides, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Hasta el momento se tiene 47 votos negativos, ya se suman 59, 60, de lo que se podría y a ver no pasaría la reconsideración y con eso quedaría en firme la votación del Pleno. Recordemos que ya se han cumplido con estos los tres puntos dentro del orden del día de la sesión número 134 del Pleno de la Asamblea Nacional. Se cumplió con el primer punto, que fue el himno nacional de la República del Ecuador.
También se conoció el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Babilidad Humana Unificado.
4:51:22CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Señor operador, presente los resultados. Señora presidenta, me permite informar que de un total de 139 asambleístas presentes contamos con 61 votos afirmativos, 77 votos negativos, 0 blancos y 1 abstención. Por lo tanto, no ha sido aprobada la reconsideración presentada por el asambleísta Cristian Benavides.
4:51:41MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Señor secretario, certifique si existen puntos adicionales en el orden del día.
4:51:45CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Señora Presidenta, cumplo con certificar que se ha agotado el orden del día.
4:51:49MMMishel Andrea Mancheno Dávilaidentificado por voz
Se clausura la presente sesión.
4:51:51CRdel Cisne Rogel Esperanzaidentificado por voz
Se toma nota, señora presidenta, se clausura la presente sesión siendo a las 15 horas con 6 minutos. Señores asambleístas, en este momento se procede a instalar la continuación de la sesión 133 debidamente convocada para el día de hoy.
Ya escuchamos las disposiciones de la presidenta de la Asamblea Nacional. Se han cumplido todos los puntos dentro de la sesión plenaria 134. Ya a la disposición también para que los asambleístas permanezcan en sus curules para la instalación de la continuación de la sesión plenaria 133. Esta tratará un único punto que será recabar, analizar y contrastar la información y documentación generada por el ente rector en materia laboral respecto de presuntos aportes económicos indebidos realizados por servidores públicos del gobierno.