🕒 0:00 José Luis Nango Cuji (100%)

asamblista José Nango. Las mafias que intentan convertir el sistema de tránsito en una herramienta más de la delincuencia organizada. En distintas ciudades del país se han denunciado irregularidades en agencias de tránsito municipales, matriculación ilegal de vehículos, emisión de placas sin cumplir los requisitos, uso de sistema para arreglar papeles de carros robados o de procedencia dudosa. No son rumores ni exageraciones, son indicios concretos de que grupos de delincuencia organizada han puesto la mirada en estas instituciones. Cuando se entrega una matrícula que no cumple la ley, no se hace un favor inocente. Se abre la puerta para que ese vehículo pueda usarse en un asalto, en un secuestro, en un asesinato. Cada trámite regular es una ventaja para el crimen. Y una desprotección para la gente. La ciudadanía lo percibe con claridad. Sabe que hay personas que, con dinero y contactos, obtienen inminutos lo que a los demás les toma meses. Esa sensación de injusticia rompe el Estado. Y si el Estado pierde credibilidad, también pierde autoridad para exigir que se cumpla la ley. Frente a esto, nuestra responsabilidad es directa. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Judicial nos mandan a fiscalizar el uso de las competencias públicas y la actuación de las instituciones, sin importar si dependen del nivel central o de los gobiernos autónomos. Y hoy está en juego algo que, más que trámites, está en juego la seguridad del país. Los grupos de delincuencia organizada han entendido que controlar una institución puede ser más efectivo que ganar una balacera. Por eso buscan influir en puertos, cárceles, gobiernos locales y ahora también en las entidades encargadas de tránsito. Porque quien manipula el sistema de matrículas controla la identidad de los vehículos que se usan para mover droga, lavar dinero, movilizar sicarios o esconder autos robados. Si dejamos que los grupos de delincuencia organizada se tomen esas instituciones, no solo perdemos el control del tránsito, cedemos espacios claves de la seguridad nacional. Cada matrícula ilegal es herramienta más para el crimen. Cada funcionario cooptado es una puerta abierta para la impunidad. Cada institución capturada es un pedazo del Estado que deja de servir al pueblo y empieza a servir al miedo. Por eso este tema no es administrativo ni local, es un asunto de seguridad del Estado y de defensa de las instituciones públicas. Quiero ser enfático en algo. Este pedido de fiscalización no es una acusación automática contra todos los municipios ni contra todos los funcionarios. En muchas agencias de tránsito hay servidores y servidoras que trabajan con honestidad y que incluso han resistido a presiones para no ceder ante las mafias. Precisamente por ellos y por la ciudadanía necesitamos un proceso transparente que separe responsabilidades. Lo que proponemos es abrir un proceso de fiscalización integral, serio y técnico con respeto al individuo proceso que permita revisar cómo se están otorgando las matrículas y placas en las entidades municipales de tránsito, detectar patrones inusuales, vehículos que aparecen registrados en cantones donde nunca han circulado, volúmenes de trámites que no corresponden con la capacidad real de atención, gestiones aceleradas por fuera de los canales formales. Articularnos con las entidades de control y seguridad para conocer investigaciones relacionadas con matriculación ilegal, lavado de activos y delincuencia organizada. Llamar a comparecer a alcaldes, directores de tránsito y responsables de sistemas para que se dieran cuenta sobre los controles que aplican y las medidas que han tomado y a partir de esa información plantear reformas normativas que blinden a estas instituciones frente a la captura de los grupos de delincuencia organizada. No estamos hablando de perseguir personas por consignas políticas, estamos hablando de fortalecer al Estado frente a organizaciones que hoy amenazan la vida cotidiana de la gente. Mientras nosotros debatimos, ellos avanzan. Mientras dudamos, se pueden estar emitiendo nuevas matrículas irregulares que mañana serán parte de un delito. Alguien podría preguntar, ¿por qué iniciar este proceso? ¿Por qué ahora? Porque la seguridad no puede esperar a que nos sintamos cómodos. La ciudadanía no entiende de procedimientos internos. Entiende si la Asamblea responde o no a un riesgo evidente. Y hoy ese riesgo es claro. Los grupos de delincuencia organizada están intentando usar a las instituciones públicas como parte de su estructura criminal. Nuestra obligación es detener ese intento. Este no es un tema de gobierno u oposición, de izquierda o de derecha. Es un tema de mínimos éticos y de defensa del Estado. De poder decirle a la ciudadanía, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para que las instituciones no caigan bajo el control de los GDOs. Si hoy negamos esta fiscalización, el mensaje que enviamos es de indiferencia. Sabemos que pasa algo grave, pero preferimos no tocarlo. Ese vacío lo llenan las mafias. Pero si aprobamos el inicio del proceso de fiscalización, el mensaje es otro. Que esta Asamblea no está dispuesta a permitir que las entidades municipales de tránsito se conviertan en una extensión de los grupos criminales que vamos a usar el control político para frenar la captura de las sanciones públicas. Colegas asambleístas, no se nos pide dictar sentencias ni reemplazar a la justicia. Se nos pide abrir la puerta a la verdad a través de la fiscalización. Quien haya actuado correctamente tendrá la oportunidad de demostrarlo. Quien haya entregado la institución a los intereses de las mafias deberá responder. Pensemos en las familias que han perdido un ser querido en manos de la delincuencia. Pensemos en los transportistas y conductores que sí cumplen la ley, mientras otros compran impunidad. Pensemos que los servidores honestos no piden respaldos para no quedar solo frente a las presiones de los GDOs. Por respeto a ellos, por respeto a la seguridad del país y a la confianza que aún deposita en este Parlamento, hoy les pido algo concreto. Que votemos a favor de iniciar un proceso de fiscalización integral a las entidades municipales encargadas del tránsito respecto de las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada. Y que quede claro que los GDOs no se van a tomar a las instituciones públicas mientras esta asamblea esté de pie. Que el mensaje sea firme. En el Ecuador, las placas de los vehículos no se consiguen al ritmo del dinero fácil, sino bajo la luz de la ley, del control democrático y de la defensa de la seguridad nacional. Compañeros y compañeras, hoy no votamos un trámite, votamos un mensaje político y ético al país y al crimen organizado. Y los invito a que ese mensaje sea claro, responsable y valiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.