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Franklin Omar Samaniego Maigua (100%)
Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero iniciar saludando al pueblo ecuatoriano, quien en la actualidad se encuentra en una situación compleja, difícil, no sólo en el tema de seguridad, mi solidaridad con los trabajadores de la salud, que el día de ayer les tocó, pese a amenazas, paralizar su servicio de limpieza en el hospital Eugenio Espejo. Ojalá tengamos a las autoridades gritando en el Ministerio de Finanzas, gritando en los espacios que se paguen y se acrediten los valores pertinentes, porque esa gente vive al día y es cabeza de familia. El día de hoy nos han planteado un debate muy interesante. Yo creo que hay que enfocarlo desde tres aristas. La primera, la que tiene que ver con el sistema penitenciario ecuatoriano en el Nuevo Ecuador. Y ahí quiero decirles que de la revisión que hemos realizado, en el año 2025 se está utilizando un término que me llamó muchísimo la atención, que es la hipercrisis del sistema de rehabilitación social. Una hipercrisis que se plasma o se hace realidad con el hacinamiento extremo, violencia intracarcelaria, infraestructura deficiente, falta de políticas efectivas de rehabilitación y reinserción social, hasta una crisis sanitaria que este gobierno ha tenido la incapacidad de enfrentar. Y estoy convencido de que las premisas que el día de hoy se plantean para el debate son sumamente importantes. Y nadie se va a oponer en mejorar el sistema de rehabilitación social, pero partamos de la realidad. Y ahí quiero decirles que en el 2025 yo escuchaba a la ponente que nos decía que se había hecho un cambio y que se veían algunos avances en el sistema de rehabilitación social. Quiero decirles que me da pena en desmentir esta afirmación. Y quiero darles un dato no más. Dice que en el año 2025 el repunte de masacres y motines se circunscribe y se plasma en 11 amotinamientos y decenas de muertes violentas. Miren qué grave la situación. Luego de esto tenemos muchísimos datos adicionales. Por ejemplo, al 26 de diciembre del año 2025 la población total de personas privadas de la libertad asciende a 36 mil 908 individuos, una cifra que desborda ampliamente la infraestructura disponible, pues el sistema sólo cuenta con 27 mil 458 plazas reglamentarias, lo que arroja un déficit de 9 mil 450 espacios físicos, siendo la brecha porcentual el 34.42 por ciento a nivel nacional. Y así puedo seguir dando datos sobre esta hipercrisis. El hipercentro del hacenamiento, por ejemplo, se lleva en el centro de privación de libertad de Guayas número 5, en el centro masculino de Manaví, en Los Ríos, en Chimborazo, en Morona, Santiago, con un 98.45 de sobrepoblación. Miren qué grave que es el asunto. Yo quiero decirles que sí me gustaría el día de hoy que también se plantee qué es lo que pasa con la rehabilitación efectiva, qué es lo que pasa con el enfrentamiento y no permitir que se lleve a una crisis mayor, el que tiene que ver con las enfermedades y las tensiones. En segundo lugar, también quiero plantear algunos elementos en relación al objetivo constitucional de rehabilitación y la realidad de los centros penitenciarios que a menudo plantean una situación muy complicada, diferente al tema de la rehabilitación. Y ahí nuevamente vuelvo a señalar situaciones de violencia extrema y masacres, militarización aislada, falta de recursos para cubrir necesidades básicas, siendo la alimentación uno de los graves problemas. Y ahí quiero comentarles que estaba revisando unos datos y realmente, realmente es grave. Y sí me hubiera gustado que el día de hoy se hable, por ejemplo, de la inversión que realizó el Estado en el sistema de rehabilitación el año anterior. Y ahí quiero decirles, y no podemos tapar el sol con un dedo, el SNAI ejecutó un porcentaje mínimo de su presupuesto de inversión, similar al 11 por ciento del año 2024, limitando proyectos de las cárceles, las tan cacareadas y popularizadas y llevadas a los medios de comunicación, como la de Santa Elena del encuentro, que fue inaugurada sólo con el 35 por ciento de avance. En todo caso, podría seguir señalando un sinnúmero de temas que son graves y que creo que también es importante que se los vaya señalando. Una de las situaciones que también nos llama la atención, por ejemplo, es la escasa tensión en salud mental y seguimiento pospenitenciario. Parecería que todo termina dentro de las cárceles y no es así. Una infraestructura frágil, escasez de personal especializado y una pobre articulación interinstitucional. Y así podemos hablar, por ejemplo, del Grupo Especial de Acciones Penitenciarias, que está enfocado en establecer el orden para enfrentar la crisis y los amotinamientos, etcétera, etcétera. Pero quiero, en el poco tiempo que me queda, referirme al proyecto de ley y trasladar mis observaciones. Quiero decirles, compañeros, que al revisar el proyecto de ley, cuando nos referimos a las reformas del Código Orgánico de Entidad de Seguridad Ciudadana de Orden Público, pensé encontrar una propuesta que revolucione todo este elemento. En el artículo 266b, habla de los centros de máxima seguridad y establece que estos centros regirán estándares reforzados de control de ingreso y salida, registros, requisas y supervisiones de pabellones, uso legítimo de la fuerza, monitoreo y vigilancia tecnológica, coordinación operativa interinstitucional, protección integral del personal penitenciario. ¿Cuál es la diferencia de lo que hoy existe o debería existir en el sistema de rehabilitación social? No veo ningún cambio que aporte en el cumplimiento del objetivo. Segundo, creo yo que en el 266e se debería incluir algo sumamente importante. Cuando habla de las prohibiciones para el ingreso del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, no podrán ingresar al Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria personas que hayan sido dado de baja o separadas de la Policía Nacional. Está bien, pero ¿qué pasa con los que tuvieron procesos disciplinarios y que no llegaron a la baja? ¿No es cierto? Hay procesos graves que llegan a tener sanciones graves, que no necesariamente son el tema de la separación o de la baja. Yo creo que es importante también analizar este tema porque concuerdo con quien me anteló en la palabra que tenemos que tratar de que esta disposición por lo menos nos permita que las personas que vayan al sistema sean personas íntegras, incorrompibles y que realmente cumplan con el objetivo. El tercer, la tercera observación en el 675. Yo creo, aquí se habla mucho de los gobiernos autónomos descentralizados. Ojalá que cuando se hable de la entrega de presupuestos, ojalá que cuando se habla de la ejecución de las competencias y de la limitación por la entrega de presupuestos, ojalá cuando se hable de las UPCs que están rehabilitadas y que no pone el gobierno nacional el número necesario de policías para que los ocupen y están abandonadas, etcétera, etcétera. Yo plantearía que en el inciso, luego de los numerales, cuando habla de la participación como invitados con voz y voto a las máximas autoridades, varias instituciones, se incluya, por ejemplo, al representante del Conajopare, al representante del AME, para que también puedan participar en el debate. Yo sé que al final sí se está planteando en mesas de trabajo la incorporación de los gobiernos autónomos descentralizados, pero podría ser un aporte. Recuerden que las cárceles están en ciertos territorios en donde sí se necesita también el aporte de los gobiernos autónomos. El número cinco, que tiene que ver con la infraestructura y seguridad. Y aquí se habla que los centros de privación de libertad contarán con infraestructura, espacios de seguridad necesarios para el cumplimiento y finalidades del sistema de rehabilitación social. Ojalá esto sea real y no pase lo que les acabo de señalar, que tan sólo un 11 por ciento en el año 2024 y 2025 se haya ejecutado en inversión y que esté la plata ahí y no se le ejecute. Y en el...