🕒 0:00 Jorge Edmundo Cerda Tapuy (100%)

palabra el asambleísta Edmundo Cerda. Gracias señor presidente, compañeros y compañeras legisladores, pueblo ecuatoriano que nos ve y nos sigue por los diferentes medios digitales. Buenos días. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes siempre hemos repetido una y mil veces en esta asamblea nacional de que estamos hablando del presente y el futuro de nuestro país. De aquellos niños que algún día van a liderar este país buscando siempre el desarrollo de nuestro querido Ecuador. Por eso esta ley es muy importante para nosotros. Hoy estamos frente a una reforma legal que tiene la posibilidad de transformar la vida de miles de niños y niñas de nuestro país que permanecen en el sistema de acogimiento institucional a la espera de una familia y la situación de cientos de familias que desisten de adoptar por trámites engorrosos y falta de respuestas inmediatas. Entre estas dos realidades hay una brecha que no es natural ni inevitable, sino el resultado de un sistema de adopciones fragmentado, lento e ineficiente, como se ocurrirá en el contenido del informe que sustenta este proyecto. Los procesos de adopción pueden extenderse durante años debido a la duplicidad de trámites, la falta de articulación institucional y retrasos injustificados en fases judiciales y administrativas. Si consideramos que un proceso de adopción puede tardar más de cuatro años, estamos hablando de que un periodo importante de la infancia de una persona puede transcurrir en acogida institucional. Organismos internacionales como UNICEF advierten que la permanencia prolongada en instituciones de acogida afecta el desarrollo psicológico de los menores y limita sus oportunidades de integración social futura. Por eso es importante la aprobación de esta ley. En mi provincia de Napo, aunque no se dispone de cifras desagregadas, las limitaciones en cobertura institucional y capacidad operativa prolongan aún más los tiempos de respuesta del Estado, agravando problemas como la fragmentación de trámites, la duplicidad de procesos, la falta de articulaciones institucionales y los retrasos injustificados en las distintas fases judiciales y administrativas. Frente a esta realidad, la Constitución de la República es clara, ya lo dijo la compañera Presidenta de la Comisión, en los artículos 44 y 45 establecen que el interés superior de niñas y niños deben prevalecer sobre cualquier otra consideración y que el Estado tiene la obligación de garantizar su desarrollo integral y su desarrollo a vivir en familia. Este proyecto de ley orgánica para agilizar la adopción responde precisamente a esa obligación. Su objetivo es claro, facilitar el proceso de adopción, eliminando barreras estructurales y procesales que lo vuelven ineficientes y en muchos casos injustos, por lo cual introduce al menos cuatro reformas estructurales concretas. Incorpora la competencia concurrente en los procesos de adopción, permitiendo que no sólo el juez del domicilio de la niña o niño, sino también del domicilio de los adoptantes puedan conocer la causa. También permite que un mismo juez conozca tanto las medidas de protección como la declaratoria de adoptabilidad, eliminando cuello de botella territoriales y reduciendo los tiempos de demora. El proyecto define de manera clara y precisa el procedimiento para la declaración de adoptabilidad, establece criterios objetivos para su determinación y fija quiénes están legitimados para iniciarlo. Esto elimina la discrecionalidad y la incertidumbre que hoy afectan a estas decisiones judiciales. El proyecto corrige uno de los problemas más graves del sistema actual, la fragmentación de fases. Su unificación evita que un mismo caso pase por múltiples instancias, duplicando actuaciones y generando retrasos innecesarios. Además, incorpora medidas concretas de ejerciación en todas las etapas del proceso, establece plazos máximos para la emisión de informes técnicos, fija un límite temporal para el emparentamiento entre los menores y la familia adoptante y dispone de la inscripción inmediata de la sentencia de adopción en el registro civil. Finalmente, además de la reducción de plazos obligatorios y las sanciones para operadores judiciales que los incumplan, el proyecto garantiza el derecho de niños, niños y adolescentes a ser escuchados en función de su madurez, reafirmando la prevalencia de su interés superior en cada etapa del proceso. Con un enfoque profundamente humanista, desde la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, trabajamos en este proyecto en forma seria, técnica y participativa. Escuchamos autoridades del sistema de adopciones, operadores judiciales, representantes de la sociedad civil y de organizaciones especializadas recogiendo observaciones y aportes que han fortalecido el contenido de esta propuesta. Compañeras y compañeros legisladores, debemos comprender la dimensión real de la decisión que vamos a tomar. El Estado puede seguir siendo más lento que la necesidad de un niño de tener una familia. No podemos permitir que la burocracia pese más que el interés superior del niño, porque cada día de demora es un día menos de infancia y cada trámite innecesario es una oportunidad perdida. En consecuencia, corresponde a este Pleno actuar con responsabilidad y permitir que este proyecto avance, porque cuando el Estado actúa a tiempo, no solo resuelve procesos, sino que cumple su deber constitucional y restituye derechos prioritarios. Colegas legisladores, representantes del pueblo ecuatoriano, debe quedar claro para todos que este proyecto no es ideológico, es humano, es técnico y sobre todo es urgente. Señor Presidente, compañeros legisladores, pueblo valiente de Napo al que represento y del Ecuador entero, decirles nada más que hoy esos niños esperan de nosotros una respuesta positiva, respuesta es una luz en el horizonte. Muchas gracias, compañero Presidente, compañeros legisladores.