Muchísimas gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Un saludo cordial a todos mis compañeros legisladores que se encuentran en el Pleno y a la ciudadanía que nos mira a través de las redes sociales oficiales. Señor presidente, previo enumerar los cambios que desde la Comisión de Gobiernos Autónomos, Decentralización, Competencias y Organización del Territorio hemos incorporado al texto final para la votación de la reforma a la LOTUS conforme lo que determina el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa por respeto al país y por responsabilidad democrática me permito desmentir algunas de las falsedades que legisladores han intentado difundir ante la ciudadanía y ante autoridades de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados sobre el tratamiento de este importantísimo proyecto de ley que lo que prevé es brindar garantías para la construcción de las viviendas de miles de familias en el Ecuador para un uso y gestión transparente del suelo de todo el territorio ecuatoriano. En primera instancia, pues han intentado mentir diciendo que esta ley permitirá la destitución de alcaldes por parte de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Quiero decirle a la ciudadanía que esto es completamente falso y antitécnico. Estamos tratando, hemos trabajado en la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión del suelo. No existe una sola disposición que modifique el régimen de destitución de autoridades locales. No se están eliminando o se están incorporando causales que viabilicen la destitución de autoridades locales, principalmente en los señores alcaldes. Esto ha generado inestabilidad, ha generado cuestionamientos y total desinformación en una esfera de irresponsabilidad por parte de los asambleístas que han posicionado este discurso que es completamente falso, antitécnico, falto de conocimiento jurídico, porque señores asambleístas, una superintendencia, ni la de ordenamiento territorial, ni la de competencia económica, ni la de bancos, ni la de economía popular y solidaria, absolutamente ninguna superintendencia puede ordenar la destitución de un alcalde en nuestro país. La remoción de los alcaldes es una facultad exclusiva de los consejos municipales. Me preocupa que esta desinformación haya salido de un colega legislador, miembro de nuestra Comisión de Gobiernos Autónomos, un colega legislador que ingresó más de 10 hojas de observaciones a este proyecto de ley. Y ahí es cuando yo me realizo la pregunta. Compañeros asambleístas, ¿están leyendo lo que a ustedes les preparan su equipo de asesores o los despachos se están convirtiendo en simples mensajeros de terceros que lo que intentan es salvaguardar sus intereses partidistas, intereses políticos o intereses personales? O simplemente es oponerse sin leer los proyectos legislativos que estamos tratando en cada una de las comisiones. Además, han instaurado un discurso de preocupación, de suma preocupación, sobre las funciones de la superintendencia de ordenamiento territorial. Le recuerdo, compañeros legisladores, a ustedes y al pueblo ecuatoriano, que esta superintendencia fue creada en el 2016, cuando la Revolución Ciudadana controlaba la Asamblea Nacional. Y de hecho, el primer titular de esta superintendencia fue el señor Fernando Cordero, íntimo amigo del expresidente de la República que estaba en funciones en el 2016, y compañero de tertulias de muchos de los asambleístas que están ahí sentados en el pleno de la Asamblea Nacional. Y de hecho, la matriz de esta superintendencia fue instaurada en Cuenca, para que el señor superintendente de ese entonces ni siquiera se despeine, teniendo que viajar a otras ciudades o a la capital de los ecuatorianos. Esta superintendencia nos ha costado a los ecuatorianos entre 2.5 y 5 millones de dólares anuales por su gestión, una gestión que no ha cumplido con el objetivo para lo que fue creada. De hecho, dentro de los proyectos de ley unificados que recibimos en la Comisión de Gobiernos, autónomos, descentralización, competencias y organización del territorio, muchas de las propuestas incluían la desaparición de la superintendencia de ordenamiento territorial. Y como ya se volvió la práctica en nuestro país, nosotros, compañeros asambleístas, que sí queremos construir un Ecuador digno y justo para todos, tenemos que arreglar el desastre que nos dejaron y nos heredaron los compañeritos de la Revolución Ciudadana. Teníamos dos caminos, desaparecer a la superintendencia de ordenamiento territorial que ellos crearon en el 2016 o fortalecerla y realmente convertirla en una institución que tenga las herramientas jurídicas que les permita organizar y planificar el territorio para garantizar la construcción de viviendas, para que permitan edificar en orden, con dignidad, de acuerdo a las competencias, incluso de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué decidimos? Fortalecerla. Fortalecer a la superintendencia de ordenamiento territorial como un ente no únicamente de control, sino de prevención, capacitación y asistencia a los gobiernos autónomos descentralizados. Como comisión creemos firmemente en que fortalecer las capacidades es mucho mejor que sancionar. Pero como madre, como mujer, como carchense, también creo que cuando la educación no es suficiente, es necesario entrar a corregir. Y por eso hemos modificado el régimen sancionador. Y eso en el fondo creo que es lo que les preocupa realmente a muchos de los asambleístas que se oponen desde que nació este proyecto de ley. Lo hemos debatido, lo hemos tratado muchísimo en territorio, hemos recibido decenas de comisiones. Pero después de años de nula gestión, les preocupa que se expongan realmente los problemas de mala planificación, de falta de control y los errores de las autoridades que ustedes, señores asambleístas, auspiciaron por años en la esfera política. Muchos de los cuales incluso se encuentran siendo procesados judicialmente. Les preocupa que ahora sí exista una institución robusta con herramientas reales para evidenciar las fallas que destruyeron varias ciudades. Han dejado territorios completos en el abandono. Y el estado de las ciudades, ya lo hablaron anteriormente, el tema de Manaví, una refinería del Pacífico invisible. Y esto no es un secreto y no estoy atacando a nadie, pues a la que le caiga el guante que se lo echante. Una refinería del Pacífico sin planificación, con sobreprecios en la expropiación de los predios. Y en otros, pues les pagaron a ojo de buen cubero a 50 centavos en metro cuadrado, quedando en el abandono esos terrenos que todavía no terminan un litigio, con más de 30 exámenes especiales por parte de la Contraloría. Hoy sí, esta ley nos va a permitir que tengamos orden, que tengamos legalidad y nada de tratos oscuros debajo de la mesa para administrar los territorios, como si fuesen su hacienda, señores alcaldes. Y les hablo a quienes malversaron los fondos para construir también viviendas con materiales por poco reciclados que no garantizan dignidad a los ciudadanos ecuatorianos. Tercero, y muy importante este punto, han dicho que esta ley genera un crecimiento desmedido de las ciudades. Por favor, compañeros, ¿cómo nos oponemos a que nuestras ciudades se conviertan en territorios limpios, territorios ordenados, territorios con una verdadera planificación territorial? ¿Por qué le tienen miedo al control, a la regulación, a tener una planificación homologada para que tanto constructores como ciudadanos técnicos de los municipios tengamos la misma información que garantice transparencia en la administración del uso y gestión del suelo? Pero aquí el problema no es que el crecimiento desordenado lo va a garantizar nuestra ley, una ley que es del pueblo ecuatoriano. La falta de oferta de suelo edificable existe como un problema que data de hace más de una década, hace más de 20 años, y no porque no existan suelos óptimos para la edificación, sino porque tenemos sectores completos abandonados. Voy a poner un ejemplo, y no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Ahí está el centro de Quito, está la Mariscal, con densidades bajísimas. Tenemos estadísticas, sectores que han sido vaciados durante años y que hoy, a puertas de campaña, pues esperan realizar unas inversiones parche que les permita posicionar en la ciudadanía, mal posicionar en la ciudadanía, que ahora sí van a invertir en territorio y que necesitan el voto para reelegirse y continuar con los programas de rehabilitación y ordenamiento territorial. Pero lo importante es que ya nadie les cree. Y a mí me da vergüenza, y lo voy a decir con nombre y apellido lo que dijo el asambleísta Ricardo Patiño. No importa lo de la reconstrucción de Manaví, no importa la retórica, lo que importa es que la ciudadanía les sigue creyendo sus mentiras. Pero la ciudadanía ya abrió los ojos, señores. Para mala suerte de ustedes, abrió los ojos porque a las instituciones les vamos a brindar herramientas reales, jurídicas, técnicas que les permitan brindar calidad de vida y una construcción adecuada en los territorios a todas las instituciones involucradas en la ejecución de estas leyes. No más terrenos fantasmas, no más elefantes blancos abandonados y casas construidas en zonas de riesgo para nuestros ciudadanos y con materiales que ni siquiera ellos se atreverían a pisar. Peor a vivir el socialismo mal disfrazado. Muchos de estos predios, señores asambleístas, son propios de los municipios. No tienen inventarios actualizados de los bienes. Y también les preocupa eso, que ahora tendremos un sistema general interoperabilizado para tener un control adecuado de todos los predios que tienen ellos en sus ciudades, en las ruralidades mal administradas. Finalmente, han dicho que este proyecto no ha sido socializado y que hemos incorporado observaciones sin discusión. Y algunos asambleístas saben a quién me voy a referir. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados convocó a territorio, a nuestra comisión, con la presencia de autoridades locales y autoridades nacionales para recibir las comparecencias sobre este importante proyecto de ley. Algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana no fueron al Cantón Durán, a la provincia del Guayas, y siendo de la provincia del Guayas, miembros de esta comisión. Y luego reclaman que por qué no lo escucharon al señor viceministro de Vivienda, que participó con su ponencia, con sus aportes en esta comisión. Si no van a territorio, ¿por qué critican? Al menos deberían leer las actas. En esta importante comisión en territorio participó con sus aportes el viceministro de Vivienda, autoridades de AME, Congope, Conagopare, organizaciones de la sociedad civil. Participó incluso la señora prefecta de Pichincha brindando aportes para la construcción de la LOTUS. Si no fueron a territorio, pues no es nuestra responsabilidad. Y me sorprende porque algunos asambleístas, en lugar de tomar el territorio como una plataforma para construir leyes de la mano de los ciudadanos, la toman como una plataforma para su show político. Convoqué a la Comisión de Gobiernos Autónomos, también a la provincia del Carchi, en el mes de julio del 2025. Y algunos de los asambleístas del ERC, miembros de esta comisión, tampoco quisieron venir al Carchi, pero me sorprendió verlos en conjunto, más de una decena de asambleístas, haciendo turismo político en el Puente Internacional Rumichaca el día sábado. Y le informa a la ciudadanía que luego del show político que hicieron en la reunión binacional, rasgándose las vestiduras, diciendo que están preocupados por la economía de la provincia del Carchi, después los vieron, sobre todo a las mujercitas, saben a quién me refiero, haciendo compras, dejando sus dólares en el centro comercial Gran Plaza, en Ipiales, en los almacenes de Alcosto, comprando paquetes de papel higiénico, frascos de café, ojalá no les haya pesado mucho de sus autos. Tenemos los videos, ya les he de enviar a Chuchaki Legislativo para que puedan conocer la doble moral. ¿Por qué vienen a hacer un show político a la provincia? Entonces, no reclamen cuando se los invita, no vienen a territorio y luego dicen que el proyecto de ley no fue socializado. Señores asambleístas, sé que esta ley les genera muchas preocupaciones políticas por todo lo que ya se ha expuesto, pero no crean que nosotros, quienes estamos construyendo un nuevo Ecuador, ignoramos ese miedo profundo que les genera a sus intereses personales. Quiero que el Ecuador, que nuestro país tenga claro, lo que realmente hace que esta ley les quite el sueño son los nuevos sistemas de datos interoperables que estamos creando, que van a tener que crear las instituciones involucradas en la aplicación de esta ley, especialmente el Repositorio Nacional de Información del Registro de la Propiedad, que va a terminar con las redes de corrupción y los arreglos irregulares por debajo de la mesa con registradores cantonales de la propiedad. Por fin como país vamos a tener un sistema donde cualquier ciudadano podrá ingresar y revisar el historial de los propietarios de un predio de sus datos y su trazabilidad. Sé que esto genera terror en los reyes del tráfico de tierras y en algunos príncipes que todavía están sentados ahí en el pleno de la Asamblea Nacional que se sientan en el hemiciclo, como siempre, desinformando, descontextualizando proyectos de ley que van a garantizar un futuro digno para todos. Antes de olvidarme, señores alcaldes, se acabó la actualización de instrumentos de planificación a puerta cerrada. ¿Quién se acuerda a lo que vivimos en mayo del 2025 cuando el alcalde de Cuenca, el alcalde Zamora, realizó una modificación de su pedioté y del PUCS afectando a miles de familias cuencanas. En la comisión recibimos las denuncias en mi despacho y tuvimos que activar los mecanismos para que puedan incluso dar de baja a esas ordenanzas municipales que atropellaban los derechos de los ciudadanos cuencanos. Así que yo estoy segura que este proyecto de ley les genera terror porque estuvieron acostumbrados a administrar los suelos, a administrar su uso como si fuese su hacienda y abandonarlos cuando consideran que no es su responsabilidad, cuando no quieren construir infraestructuras municipales de servicios dignos, básicos, que garanticen calidad de vida a los ciudadanos que los eligieron para representarlos. Tampoco hemos olvidado el mecanismo de participación ciudadana, si es que eso era lo que les preocupaba a muchos de los asambleístas que generaron incertidumbre en la ciudadanía, en pueblos, en nacionalidades indígenas, en los sectores que ellos estaban entrando para desenfocar el objetivo, el corazón de este proyecto de ley. El mecanismo de participación ciudadana para que los suelos sean utilizados para infraestructura, para viviendas, para conjuntos habitacionales, van a tener la participación de la ciudadanía, la voz y el voto de quienes están habitando en estas localidades. Nadie va a trabajar al margen de la ley y al margen de los derechos que tenemos los ciudadanos de tener una vivienda digna, de tener ciudades organizadas, de tener ruralidades organizadas. Hemos garantizado un proyecto participativo, democrático, considerando todos los ámbitos de acción, pero sobre todo de participación ciudadana y de transparencia. Ahora sí vamos a tener ordenamiento, planificación, gestión de suelos transparentes. No se van a expropiar suelos con sobreprecios, porque ya ha pasado en algunos municipios. Suelos que tienen una base de impuesto predial de menos de medio millón de dólares, luego los expropia el municipio al amigo y les paga más de cinco millones de dólares. Entonces, ahora ya vamos a tener suelos y techos claros de los avalúos de los impuestos prediales de todo el territorio ecuatoriano. Señor presidente, para concluir mi intervención y en cumplimiento a lo que determina el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pongo en conocimiento de todo el pueblo ecuatoriano y de mis compañeros asambleístas cuáles son los cambios fundamentales que se realizaron al texto final propuesto para la votación de este proyecto de ley. Primero, sobre el derecho a edificar, se establece que se considerará concedido y vigente cuando exista aprobación del Consejo Municipal. Esto brinda seguridad jurídica para quien solicita estos permisos y también homologa la gestión de tanto técnicos como de las autoridades que están realizando la administración del uso y la gestión del suelo del territorio. Hemos tenido problemas con los técnicos que emiten los informes de viabilidad. Se va rompiendo esas brechas burocráticas y ahora juega un papel fundamental el Consejo Municipal para habilitar estos permisos. Se otorga al Ente Rector de la Planificación Nacional la atribución de identificar posibles infracciones y remitir informes a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial para iniciar los procesos que correspondan. Ahora todos vamos a poder tener una planificación, tener un ordenamiento territorial en igualdad de condiciones con lo que determina el Plan Nacional de Desarrollo. No porque seamos provincias pequeñas, cantones pequeños, no tenemos derecho a una regulación y a una organización digna. No porque sean metrópolis, provincias grandes con mayor densidad poblacional, tienen mayor derecho que las provincias pequeñas. Qué bueno que ahora tengamos un sistema y una regulación general, centralizada, homologada para todos. Tercero, se incorpora una nueva infracción relacionada con emitir o ejecutar planes que no guarden concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional Territorial. Tal cual, no porque sean zonas rurales, zonas donde existen asentamientos informales, van a quedar en el olvido. Todos estaremos enfocados en tener dignidad y estar alineados a la Estrategia Nacional Territorial. Esto nos brinda dignidad y seguridad jurídica para operar en los territorios. Se ajustan las infracciones leves que ahora parten desde un salario básico unificado corrigiendo problemas de proporcionalidad. Con esto también se blinda a quienes están siendo regulados porque todo va a tener una proporcionalidad en función de las infracciones o el cometimiento de errores administrativos a los que hayan incurrido. Evita las arbitrariedades del ente rector. Entonces, no existen arbitrariedades, no se vulnera la autonomía, pero la autonomía no quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana como autoridad en territorio, sino que voy a atender a una regulación que va a estar sujeta primero por una prevención, asistencia, control y asesoramiento. Entonces, aquí todos vamos a hablar el mismo idioma, desde las ruralidades hasta las grandes urbes de nuestro país. Y como punto final, se amplía de seis meses a un año el plazo para que los GAD actualicen sus ordenanzas y actos administrativos relacionados con el uso de suelo y actividades económicas. Esto les va a permitir en un año de gestión técnica, de planificación, recuerden que la planificación es la columna vertebral del éxito de toda gestión pública y gestión privada también les va a permitir tener claridad sobre las licencias, las licencias para cultivar la aplicación adecuada. Espero, compañeros asambleístas, que este proyecto de ley haya sido entendido por cada uno de sus desechos a todos quienes lo respaldan y consideren que es una herramienta fundamental para el futuro de todas las localidades de nuestro país. Señor presidente, he remitido la moción para que se apruebe el proyecto de ley informatorio a ley orgánica de organización territorial, uso y gestión de suelo a través de DPS para que usted lo pueda asombrar a votación cuando lo considere pertinente. Mi palabra, presidente. Muchas gracias.