🕒 0:00 Silvia Patricia Nuñez Ramos (100%)

Ahora la asambleísta Patricia Núñez. Señor Presidente, señores asambleístas. Bueno, ahora nos ha tocado hablar acerca de la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Pero nos encontramos aquí no solamente para discutir una reforma, sino que esta reforma nos obliga a preguntarnos quién decide la política. Si son los pueblos, si son los cantones, si son los municipios o son las autoridades electas. ¿O está decidiendo el gobierno central y decidiendo a través de sus disposiciones en un escritorio sin preocuparse la lógica de los territorios? Eso nos preguntamos. Porque también hay que recordar que cuando nosotros revisamos este proyecto, dijimos claramente que era un proyecto inconstitucional. Y lo que nos dijeron era que estábamos exagerando, que realmente lo que decíamos no era cierto. Pero ahora la Corte Constitucional nos da la razón. La Corte Constitucional, a través del dictamen 1260P26, declara parcialmente procedente la objeción por inconstitucionalidad. Señores, ya lo dijimos, y no solamente sobre esta ley. Hemos venido diciendo varias leyes que están en contra del pueblo ecuatoriano, en contra de la norma, en contra de la Constitución y que deben ser revisadas. Pero ahí tenemos un ejemplo sobre lo que ha dicho la Corte Constitucional por una de sus leyes. La Corte, sí es cierto, corrigió piezas graves. Corrigió la pretensión de que la superintendencia de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, pudiera emitir informes vinculantes previos en decisiones propias del territorio. Corrigió la posibilidad de que esta superintendencia sustituyera en los hechos decisiones habilitantes que corresponden a los municipios, no al gobierno. Corrigió la peligrosa mezcla del control, asistencia técnica y coordinación en una misma entidad. Eso corrigió y está bien. Pero hay que decirlo sin miedo, señores asambleístas. Cuando el árbitro quiere controlar, asesorar, coordinar y condicionar al mismo tiempo, deja de ser árbitro y se empieza a convertir en un jefe político de territorio. Y eso, y eso es lo que queremos frenar. Porque el problema no termina ahí, colegas. El problema no se ha cortado, porque sí, en realidad, se han suspendido algunas cosas. Pero, en realidad, el tronco sigue ahí. Porque sigue viva la figura del Proyecto Estratégico Nacional de Vivienda. Sigue vivo el plazo especial de 30 días para que los gobiernos autónomos descentralizados emitan permisos. Sigue vivo el artículo 96.1 que permite a la superintendencia establecer procedimientos abreviados para resolver retrasos o controversias. Siguen vivos artículos sobre el catastro nacional integrado georreferenciado. Sistemas de información geográfica, repositorio nacional de registro de propiedad y sistema de autorizaciones. Y cuando hablamos de catastros, no estamos hablando de una base de datos fría. Estamos hablando del poder que tienen los gobiernos autónomos en territorio. El catastro define cómo se conoce el suelo, cómo se planifica una ciudad, cómo se recauda, cómo se ordena el crecimiento urbano, cómo se protege el suelo rural. Y cómo un municipio puede financiar también obras para su gente. Por eso, lo digo con claridad, quien controla la información de territorio, controla buena parte de la capacidad que tiene para gobernar el territorio. Y si el municipio conserva la competencia en papel, pero pierde el control real de esa información, entonces le estamos quitando autonomía. Y esa autonomía solamente se convierte en una palabra bonita, pero no real, no en la práctica. No nos vengan a decir que esto es únicamente interoperabilidad. No nos vengan a decir que esto es solamente modernización tecnológica. La coordinación es necesaria, la información pública es necesaria, pero también es necesario que los gobiernos autónomos descentralizados utilicen esa información para gobernar en territorio y que no sea un ente central el que disponga y haga lo que le dé la gana. Por eso, nuestro mensaje debe quedar claro dentro y fuera de este pleno. No vamos a avalar una reforma que, aunque haya sido corregida parcialmente, mantiene una lógica de tutela sobre los gobiernos locales. No vamos a aceptar un maquillaje al centralismo con lenguaje técnico. No vamos a aceptar que se hable de coordinación mientras el gobierno acumula poder. Tenemos que hablar con coherencia, porque la autonomía no se negocia, el territorio no se tutela y la democracia no se administra desde un escritorio. Muchas gracias.