Asambleísta Diego Salas - Sesión 047

Diego Salas.

Muchas gracias, presidente, por otorgarnos el uso de la palabra. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, queridos hermanos orenses, y a quienes nos ven, nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy hablo como un representante de mi querida provincia del OR. Hoy discutimos un importante proyecto que, con el rótulo de industria audiovisual, pretende presentarse como la solución para las industrias culturales del país. Pero voy a ser claro, sí, necesitamos una política fuerte para el audiovisual. No podemos aceptar una norma que, en la práctica, reduce la economía creativa ecuatoriana al cine y deja fuera a la música, al libro y a la lectura, las artes escénicas, el diseño, la moda, el patrimonio vivo, los festivales y tantas iniciativas que sostienen el tejido cultural y el empleo creativo en nuestras provincias.

Primero, reconozcamos lo que suma en este proyecto. Hay avances que vale la pena mantener, como la simplificación de trámites para filmaciones, permisos unificados con plazos claros, facilidades migratorias para equipos internacionales, una mirada moderna sobre derechos en la era de la inteligencia artificial, como la protección de la voz y un esfuerzo para ordenar datos del sector. Eso está bien, estamos de acuerdo. Pero una buena intención no convierte a una mala arquitectura legal en una buena ley. ¿Cuál es el problema de fondo? Me pregunto. Este proyecto se vende como la síntesis de dos grandes iniciativas, industrias culturales y creativas y la economía naranja.

Pero el articulado concentra casi todos sus músculos en cine y publicidad audiovisual. Es una ley sectorial disfrazada de política integral. Y cuando la política pública se diseña desde un embudo, salen excluidos los mismos de siempre. Los músicos que llenan las plazas sin contrato digno, las editorales independientes, los grupos de teatro y danza que hacen milagros con cero presupuesto. Los colectivos de diseño y los emprendedores digitales que en ciudades como, en mi querida provincia, como la ciudad de Machala, Pasaje o Santa Rosa, sostienen economías familiares con creatividad pura.

Segundo, hablemos de líneas rojas jurídicas. Se crea una tasa por certificación aplicada a la publicidad importada, pero su recaudación no se limita a cubrir el costo del servicio administrativo, como exige la naturaleza de una tasa, sino que finanza actividades amplias de fomento. Eso, colegas, es un tributo encubierto. Y los tributos, nos guste o no, tienen iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Si aprobamos así, abrimos la puerta a una inconstitucionalidad que terminará reventando, por supuesto, nuevamente en la Corte y dejándonos con una ley coja. Tercero, cuotas de contenidos.

Proteger la pantalla para la producción nacional es un objetivo legítimo, por supuesto, pero pasar a porcentajes altos en televisión y, peor aún, pretender fiscalizar plataformas globales con mecanismos que ni países con agencias poderosas han resuelto. Eso es vender humo. Sin un plan escalonado, incentivos reales, acuerdos con exhibidores y reglas específicas para plataformas que distribuyen contenido audiovisual por Internet, lo que tendremos es incumplimiento masivo, litigios y frustración. No confundamos el titular con la política pública. Cuarto, régimen sancionador. Multas altas, catálogos abiertos, remisiones a reglamentos. Compañeros, principio de legalidad.

Cuando la sanción depende del reglamento que mañana puede cambiar, la inseguridad jurídica espanta inversión y castiga, sobre todo, al pequeño, al productor de provincia, al gestor comunitario, al cineasta independiente que no tiene un abogado de plantilla. Quinto, silencio administrativo positivo para filmar en espacios públicos y áreas naturales en 15 días. Queremos ser un país, perfecto, pero el silencio positivo mal diseñado choca con competencias municipales, con orden público y con protección ambiental. Sin salvaguardas claras, lo que suena a eficiencia se convierte en riesgo y el primero en pagar es el territorio, no las grandes productoras.

Sexto, pasantías obligatorias. Formación, sí, por supuesto que sí. Precarización, no. Si exigimos pasantes en toda producción con incentivos, garanticemos financiamiento para tutores, cobertura de seguros y estándares. Si no, convertimos la formación en mano de obra barata y castigamos a las producciones pequeñas. Por eso propongo algunas correcciones concretas para convertir esta oportunidad en una política pública. En alcance integral, cambiemos el objeto de industria audiovisual a industrias culturales y creativas con capítulos transversales en financiamiento, formación, circulación, digital, propiedad intelectual y subcapítulos sectoriales audiovisuales incluidos, por supuesto. Financiamiento constitucional.

Otra iniciativa del Ejecutivo para cualquier tributo, o rediseñemos la tasa como precio público estrictamente vinculado al servicio para el fomento. Combinen fondos concursables, créditos blandos de la banca pública y incentivos tributarios existentes bien reglamentados. En el tema del régimen sancionador, garantista, tipos cerrados en la ley, multas proporcionales, debido proceso y prohibición de creatividad reglamentaria que vulnere la legalidad. Dentro del free friday, con guardas, mantengamos los plazos, pero incorporen cláusulas de seguridad, convivencia y ambiente, y mesas de ventanilla única con municipios, ministerios de ambiente, para evitar conflictos.

Dentro de datos y derechos, el sistema de información debe blindar confidencialidad y protección de datos. En la AI protejamos voz de imagen, pero con excepciones claras para archivo, parodia, documental y uso educativo. Queridos compañeros y compañeras, esto no es un capricho. En la provincia del Oro he visto músicos que sostienen familias con eventos cada fin de semana, realizadores que ruedan con lo justo, artesanos que exportan creatividad. La cultura no es un adorno, es trabajo, es identidad y futuro. Si legislamos mal, cerramos puertas. Si legislamos bien, abrimos mercados y dignificamos al creador.

Nuestra mano está extendida para incorporar estas correcciones o sugerencias en diálogo con todo el sector, no solo con el audiovisual. Lo que podemos hacer es aplaudir una etiqueta y condenar a la exclusión de la mayoría de la economía creativa. Termino con una idea sencilla. No confundamos pantalla con cultura. La pantalla es importante, sí, pero la cultura ecuatoriana es más grande que cualquier pantalla. Hagamos una ley a la altura de esa grandeza. Por el oro, por los trabajadores de la cultura, por el Ecuador. Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor presidente.