No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños. Nelson Mandela. Muy buenos días con todos. Bajo esta reflexión, es un honor dirigirme a ustedes en este espacio de reflexión y compromiso institucional para abordar una problemática que constituye una de las formas más graves de vulneración de derechos, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, tanto en los entornos físicos como en los entornos virtuales. Expreso un respetuoso reconocimiento al gobierno ecuatoriano, a la Asamblea Nacional, a ustedes distinguidos legisladores aquí presentes, al Ministerio del Interior y de manera muy especial a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social y al alto mano institucional de la Policía Nacional por el respaldo brindado al fortalecimiento de las capacidades operativas e investigativas para la investigación de estos delitos tan atroces. La lucha contra esta forma de violencia requiere voluntad institucional, articulación interinstitucional y una respuesta firme del Estado ecuatoriano. De manera particular, me corresponde destacar la labor de la Unidad Nacional de Ciberdelitos de la Policía Nacional del Ecuador, que durante 15 años de servicio a la sociedad ecuatoriana ha desarrollado investigaciones especializadas para combatir los delitos cometidos mediante el uso de las tecnologías de las comunicaciones y medios digitales. Detrás de cada caso existe un trabajo técnico, meticuloso y silencioso de nuestros agentes investigadores, quienes analizan evidencias digitales, ejecutan seguimientos en línea, coordinan diligencias con fiscalía y cuando la investigación así lo requiere, trasladan ese trabajo del entorno virtual al territorio físico, para identificar blancos, ubicar domicilios, ejecutar allanamientos y lograr la detención de los agresores sexuales. Se trata de investigaciones complejas, que no se limitan a la revisión de equipos o direcciones IPs, sino que exigen reconstruir conductas, vincular evidencias con personas y lugares concretos, y actuar con precisión jurídica y operativa para evitar la impunidad y proteger a la niñez y adolescencia. Como resultado de este trabajo, durante el año 2025 y el primer cuatrimestre del año 2026, se ejecutaron 22 acciones operativas orientadas a combatir los delitos relacionados con la producción, posesión, distribución, oferta y almacenamiento de material de abuso sexual infantil. Logrando oponer a las órdenes de la autoridad competente a 29 infractores de la ley y el rescate de 14 víctimas, así como también la incautación de gran contenido de imágenes y videos de material de abuso sexual infantil. Estos resultados no representan únicamente cifras operativas, representan vidas protegidas, derechos restituidos y nuevas oportunidades para niñas, niños y adolescentes que se encontraban en condiciones extremas de vulnerabilidad. Y es precisamente ahí donde se encuentra el sentido más profundo de nuestra labor. Más allá de la identificación y captura de los agresores sexuales, nuestro propósito principal es rescatar a las víctimas. En muchos casos, los niños afectados conviven con sus propios agresores o con personas cercanas a su entorno familiar o social, lo que agrava el daño y prolonga el silencio. Por ello, cuando una intervención policial permite romper este círculo de violencia, no sólo se ejecuta una acción investigativa, se brinda a una víctima la posibilidad real de recuperar su dignidad, su seguridad y su proyección de vida. Por eso, cada operativo exitoso tiene un valor humano incalculable. Para muchas víctimas, la llegada de los equipos policiales y de las instituciones de protección representa el primer momento en que alguien las escucha, las cree y las rescata. Esa intervención oportuna puede marcar la diferencia entre la continuidad del abuso y el inicio de una nueva etapa de protección, atención y restitución de derechos. Sin embargo, la respuesta del Estado no puede limitarse a la persecución penal. La prevención sigue siendo una tarea esencial. En esa línea también se han impulsado campañas de consentización ciudadana, capacitaciones de operadores de justicia a docentes y a nuestros propios niños. Proteger a la niñez y adolescencia exige no sólo investigar y sancionar, sino también educar, alertar y prevenir. A pesar de los avances alcanzados, el desafío persiste. Hoy enfrentamos a agresores que se valen del anonimato de plataformas digitales y de herramientas tecnológicas para captar, manipular y violentar a menores de edad. Frente a ello, la respuesta de la institución policial se mantiene firme, articulando esfuerzos con Fiscalía General del Estado y con todos los organismos especializados para luchar contra este grave crimen. Señora Presidenta, distinguidos legisladores y público presente, para concluir deseo reafirmar nuestro compromiso firme y permanente con la protección de nuestras niñas y adolescentes. Gracias a todos ustedes por impulsar acciones y leyes en favor de quienes más requieren la presencia del amparo del Estado. Cada niño, cada niña, cada adolescente que hoy está a salvo tiene un nombre, una historia y una oportunidad de un futuro distinto. No existe labor más noble que proteger su inocencia, resguardar sus derechos y devolverles la esperanza. Ratificamos desde la Policía Nacional del Ecuador y desde la Unidad Nacional de Ciberdelitos nuestro compromiso permanente de seguir trabajando con firmeza, profesionalismo y sensibilidad humana para enfrentar este delito, proteger a las víctimas y defender a quienes por su condición de vulnerabilidad más necesitan de la acción del Estado. Por ello, por su futuro, porque proteger a un niño, a una niña o a un adolescente no solo es una obligación legal, es un deber moral, institucional y humano. De ustedes, muy amable, muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias.