🕒 0:00 Marco Patricio Olmedo Arias (100%)

Marco Olmedo. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Habían hablado de elevar, y voy a hacer un comentario antes de mi intervención, señor presidente, habían hablado de elevar el debate y finalmente uno termina entendiendo que quieren empezar por el final y no por el principio. Y el principio realmente es la conducta, la conducta que viene del hogar y de la casa, porque desde pequeños nos enseñaron a que cuando una persona habla, la otra escucha. Yo voy a creer, yo voy a creer siempre que es importante escucharle a la persona que tiene la palabra, pero más importante son las acciones y son los hechos. Y estas acciones precisamente no le hacen bien ni a la democracia ni le hacen bien a la ciudadanía, porque finalmente ellos nos observan, nos miran y terminan cuestionándonos por esa conducta de irrespeto y de irresponsabilidad. Así es que si queremos elevar el debate, hagámoslo desde el inicio y no desde el final. Y el inicio es enseñando la cultura que tenemos, porque esa cultura es la que le enseñamos a la ciudadanía, al pueblo del Ecuador. Gracias, señor presidente, por permitirme este preámbulo, esta apertura de mi intervención. Debo iniciar señalando que la reforma de una ley orgánica de la función legislativa, norma que nos rige a todos quienes integramos este pleno, debe, por difícil que parezca, ser una disposición ecuánime que clarifique procedimientos y que facilite el ejercicio parlamentario mediante trámites ágiles y transparentes, no una norma que confunda, distorsione o entorpezca el funcionamiento de esta Asamblea. Lamentablemente, en la legislatura anterior y a puertas de un proceso electoral, se aprobó una reforma a la ley orgánica de la función legislativa que no parece haber sido concebida desde la técnica jurídica ni desde la responsabilidad institucional, sino desde el resentimiento y la persecución. Una reforma redactada con el estómago y no con la cabeza. Se crearon procedimientos que a todas luces resultan persecutorios y que lejos de fortalecer la rendición de cuentas, parecen responder a un ánimo revanchista de quienes impulsaron y aprobaron ese texto. Por ello, no sorprende que el Ejecutivo, en su calidad de colegislador, haya formulado una objeción total a esta ley. Objeción que hoy nos da la oportunidad y la responsabilidad de corregir el rumbo y con base en nuevas propuestas de reformas presentadas en este periodo legislativo, construir un texto objetivo, técnicamente sólido y constitucionalmente coherente, que subsane las falencias del proyecto observado desde el derecho y no desde la ideología. Estamos aquí legislando para todos los ecuatorianos, no para proteger intereses particulares ni ajustar cuentas políticas. Dicho esto, me permito referirme a algunos de los aspectos que motivaron la objeción total de la ley orgánica de la función legislativa. En primer lugar, el texto creaba la denominada Comisión Multipartista ADOC, concebida como un órgano temporal que podía activarse únicamente con un número determinado de firmas. A esta comisión se le atribuían facultades igualmente temporales, convirtiéndola en una instancia volátil, susceptible de responder a personalismos o intereses partidistas e incluso de obstruir la actuación regular del Comité de Ética, generando superposición de competencias y grave inseguridad jurídica. En segundo lugar, la reforma introducía modificaciones sustanciales al procedimiento de juicio político, en abierta contradicción con lo establecido en la Constitución. Se trataba de una regulación de carácter netamente persecutorio que limitaba el derecho a la defensa, eliminaba plazos razonables para ejercerla y en la práctica anulaba la posibilidad real de que la parte enjuiciada sea escuchada. Como señalé al inicio, esta reforma no partía de un análisis técnico ni jurídico, sino de una lógica de retalación política. Durante años, algunos estuvieron acostumbrados al silencio, a la sumisión y a la imposición y pretendieron trasladar ese mismo espíritu a la ley, intentando tipificar como falta muy grave el hecho de que un legislador sea parte de las decisiones de la bancada a la que pertenece. Cabe entonces preguntarse ¿dónde queda el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y al ejercicio independiente del mando legislativo? A diferencia de aquellas organizaciones políticas que funcionan bajo el yugo de un caudillo, existen espacios plurales como el que represento, donde la opinión de cada legislador importa, donde el disenso no se castiga y donde pensar distinto no constituye una falta, sino un valor democrático. Adicionalmente, la reforma imponía una serie de trabas a los proyectos de carácter económico urgente, desconociendo precisamente su naturaleza acuciante. Como si lo inmediato pudiera protegerse indefinidamente. Esta visión habría dificultado la aprobación oportuna de leyes necesarias para los ciudadanos, quienes no nos exigen confrontación, sino trabajo y resultados. Por estas razones, señor presidente, he presentado en secretaría la moción correspondiente conforme a la técnica legislativa, para que este pleno ratifique la objeción total al proyecto de ley orgánica de la función legislativa. Quiero dejar claro mi criterio de que las leyes deben construirse desde la objetividad, la técnica y el respeto a la constitución, no desde el resentimiento ni la persecución. Y en ese sentido, este proyecto cumple con todos esos principios. Gracias por la palabra, señor presidente.