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Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros asambleístas, buenas tardes ya. Voy a empezar mi intervención con algo que no es una opinión mía, sino es parte de una información publicada en un medio de comunicación que lo que menos se le podría acusar es de ser aliado al Gobierno Nacional. Y el titular dice, desalojan militares en los ríos por construcción de obras. Novoa rechaza la medida. Y en su contenido, esta publicación es aún más clara y dice textualmente, se desalojó a militares de instalaciones en Quevedo a pedido el ingeniero Marco Franco Cortés, Presidente de la Cámara de Comercio, debido a que la institución iniciará trabajos de infraestructura en dichas instalaciones. Es decir, compañeros legisladores, que en medio de una crisis de seguridad, en medio de un estado de excepción, en medio de operativos en contra del crimen organizado, se decidió retirar a las Fuerzas Armadas de un punto estratégico, a su pretexto de que se iban a iniciar trabajos de infraestructura en ese lugar. Claro, colegas, cuando la inseguridad está en su punto más álgido, cuando la inseguridad no nos permite vivir, ¿es justificable desalojar a quienes están arriesgando su vida por proteger la nuestra? Claro que la respuesta es no. Esto es una indiferencia frente a la seguridad de nuestra gente riosense. Y es que nuestro país no está enfrentando una crisis cualquiera. Nuestro país está viviendo la peor ola de violencia de su historia. Y sí, se ha incrementado en los últimos años. Pero quiero aclararle a la ciudadanía que he escuchado desde los lados de la voz de la oposición, decir que este incremento es porque el gobierno no hace nada. Y quiero decirles que esta ola de violencia que vivimos es un efecto rebote de las acciones que el gobierno del presidente Daniel Novoa está propinando a los grupos delincuenciales. Dicho de otra manera, la violencia no es que ha crecido por falta de acción del Estado, sino porque el Estado ha entrado en una confrontación directa con los grupos criminales. Y cuando estas estructuras criminales son golpeadas, quiero aclararle al pueblo ecuatoriano para que lo entienda, no desaparecen de inmediato. Se fraccionan, pero se vuelven a reorganizar o reagrupar. Nacen nuevas facciones. Y obviamente en toda esta reestructuración de estos grupos empiezan las peleas por dominar los territorios. Y en toda esta lucha se incrementa, obviamente, la violencia y con ello los números de muertos. Y eso es lo que estamos viendo y viviendo en la actualidad en el Ecuador. No es una percepción, son cifras. Lamentablemente, debo decir, de mi provincia, Los Ríos, que hoy se podría decir es una de las más peligrosas del país. Alcanzando una cifra de 130 muertos por cada 100.000 habitantes, dejando atrás a provincias como Guayas y El Oro. Y por supuesto que me duele como Riosense. Pero frente a este escenario, el Presidente de la República ha reaccionado. Y ha reaccionado con medidas importantes como los diferentes estados de excepción. Y hoy, con la suspensión provisional del derecho a libre tránsito. En los horarios de 11 de la noche a 5 de la mañana y por un tiempo corto, del 15 al 31 de marzo. Esto en nuestra provincia de Los Ríos y en otras tres provincias más. Pero son medidas que se las ha tomado de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución de la República del Ecuador. Estos decretos ejecutivos que han sido emitidos a partir de la Declaratoria de Estado de Excepción forman parte de una estrategia sostenida para poder lograr recuperar el control del territorio. Permitiendo así la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo al trabajo que está realizando también nuestra Policía Nacional. Y con esto he dejado claro que para el Gobierno Nacional el Estado de Excepción no es una medida política, es una herramienta constitucional. Y los resultados, quiero decirlo con claridad y transparencia, la que siempre me ha caracterizado, están a la vista. Porque sí, se ha logrado reducir un 33% de la criminalidad. Y sí, es verdad, hay que reconocer, no hemos llegado al 100%. Por eso todavía podemos ver que hay muertos, secuestros, extorsión. Pero un 33% es un número importante. Y es ahí donde debemos unirnos a esta lucha contra la delincuencia. Para llegar a ese anhelado 100% que todos los ecuatorianos, y en este caso los riosenses, deseamos volver a vivir en paz. A paz con hechos como los ocurridos en mi provincia, a los ríos. Algo inaceptable, que al contrario de parecer un hecho menor, realmente es un...
peligrosa. Y mucho más cuando estos hechos fueron protagonizados o tienen como protagonista a una de las principales autoridades en nuestra provincia, el prefecto Johnny Terán Salcedo. Y quiero aprovechar mi intervención para recordarle al prefecto de Los Ríos que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 50, literal N, y lo quiero leer para que le quede claro y textualizado, dice lo siguiente, el prefecto tiene la obligación de coordinar el plan de seguridad ciudadana en su provincia, en armonía con el plan nacional, y escuchen esta parte que es súper interesante compañeros legisladores, acorde con la realidad de cada provincia. Y yo les pregunto, ¿cuál es la dura realidad que viven Los Ríos en este momento?
Y continúa el articulado diciendo, articulando.
al gobierno provincial, al gobierno central y a la ciudadanía y la Policía Nacional. Es decir, tiene una responsabilidad directa el prefecto en la articulación institucional en materia de seguridad. Entonces, el CONTAC deja claramente establecido que los prefectos de las provincias, a diferencia de pretender ser una figura decorativa o una autoridad incompetente para sumarse a esta lucha contra la inseguridad, está obligado por ley, por las competencias que la fuerza de la ley les impone. Esto totalmente contradictorio a las acciones que hemos visto del prefecto de nuestra provincia. Porque pretender interferir en operativos que estaban previstos para los tiempos en los que se ordenó o los que se tramitó este desalojo es realmente no apoyar y debilitar la respuesta del Estado frente al crimen organizado. He visto al prefecto de mi provincia quejándose de que el gobierno nacional no atiende la emergencia de inseguridad o de seguridad que vivimos en nuestra provincia. Y creo que he dejado claro con lo que establece la ley que es en este momento el menos indicado para exigir seguridad, ya que no ha asumido con responsabilidad las competencias establecidas que por ley él debía haber gestionado desde sus acciones. Y sería importante que así como sale a los medios de comunicación y en sus redes sociales a tratar de justificar los hechos acontecidos hace pocos días con respecto a este desalojo de los miembros de las Fuerzas Armadas, saliera a hacer una rendición de cuentas. ¿Cuáles son las acciones que ha hecho como prefecto para coayudar en esta lucha contra... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!
Quiero decirle que en este momento los riosenses deberíamos hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las acciones positivas que ha hecho en estos casi siete años el prefecto y su administración para tratar de unirse a esta lucha contra la delincuencia? La respuesta es clara, nada bueno. Y ahora que el gobierno nacional, usando las herramientas constitucionales legítimas, con valentía, decisión y la fuerza que el caso lo amerita, está aplicando estas acciones, no vamos a permitir que nadie pretenda detenerlas. Y es mucho más grave aún, compañeros legisladores, que esto se dé en el marco de intereses políticos. Porque en nuestra provincia es claro y es de conocimiento público quienes tienen en la actualidad aspiraciones políticas. Y no podemos permitir que por temas políticos se trate de bloquear el accionar de nuestras fuerzas del orden.
Asamblista, su tiempo está por terminar. Por favor, vaya terminando su intervención.
Yo, señor presidente, con decirle a los compañeros legisladores que este Parlamento tiene una oportunidad de sumarse y coadyuvar a esta lucha que está emprendiendo el Gobierno Nacional y nuestras gloriosas fuerzas del orden en contra de la delincuencia. La Corte Constitucional ya determinó que los toques de queda y estado de excepción son constitucionales. Hoy es nuestro deber político, moral y nuestra obligación ética de ayudar desde el apoyo a esta resolución. Finalizo con decir que mi apoyo es total a esta propuesta de resolución y, por supuesto, mi total respaldo al accionar del presidente Daniel Novoa y de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias.