🕒 0:00 Juan José Reyes Baquerizo (75%)

Tiene la palabra la asambleísta Juan José Reyes. Buenas tardes, gracias señor presidente. Buenas tardes a todos mis colegas, para no decirles compañeros porque se recibió. Una precisión importante, y aquí en calidad de presidente de la Comisión de Salud y Deportes, nada me gustaría más a mí de que se pueda usar fondos de una partida de un ministerio en otro ministerio. La asambleísta Paz Niño nos ha pedido que leamos la constitución y las normativas que se rigen en este país. Claramente, asambleísta Paz Niño, una partida de un ministerio no puede ser pasada a otro. Eso básico. Entonces hay que hablar con propiedad. Empecemos por ahí, por favor. Importante. La lucha contra la corrupción exige coherencia. No basta con condenarla con discursos o a punta de gritos y cacareos como lo hemos venido escuchando. Hoy día estamos hablando de Progen, aquí estamos, dando la cara. Deben ser investigados por las autoridades competentes, como bien lo mencionó la asambleísta Paz Niño. Por cierto, por ello hoy la bancada de Acción Democrática Nacional ha presentado ante la Fiscalía información y elementos que consideramos relevantes dentro de las investigaciones realizadas por el proceso denominado Progen. Durante la peor crisis eléctrica de la historia del Ecuador, la empresa estadounidense Progen Industries, LLC, firmó contratos de emergencia con CELECP por 149 millones de dólares. Y de esos 149 millones de dólares, la contraloría determinó un perjuicio superior a 104 millones de dólares. En mayo del 2026 la Fiscalía formuló cargos por peculado contra 21 personas ante la Corte Nacional de Justicia. Pero esos 21 no son todos. Y vamos a ver qué sorpresas nos llevamos y a quién más encontramos en la cola. El dinero de Progen entró al Ecuador y se distribuyó a través de empresas locales. La ruta está documentada en investigaciones de la Fiscalía, como bien ustedes lo estaban solicitando. Ahí está. En registros mercantiles, en versiones testimoniales y en una demanda que el propio CELECP presentó en diciembre del año pasado, ante la Corte Federal de Florida, bajo la ley RICO, la misma que se usa para perseguir estructuras criminales organizadas. Por favor, nadie se sienta aludido. Esta demanda identifica la empresa guayaquileña AstroBrixa S.A. como receptora principal, recibiendo aproximadamente 15.2 millones de dinero público. Su representante legal, José Walter Manrique Suárez, declaró ante la Fiscalía el 11 de febrero del 2026 que AstroBrixa recibió más de 12 millones de Progen. Pero recuerdan que les acabo de decir que son 15.2, ¿no? La Corte Federal de Florida identificó que de los 15.2 hay casi 3 millones que Manrique no mencionó. Esa diferencia es un indicio documentado de ocultamiento de fondos. Es una importante precisión. Cuando AstroBrixa S.A. no paga lo que debía a la subcontratista, Manrique instruyó crear un desvío a una segunda empresa, Light Blue SA, que transfirió un millón de dólares en lugar de AstroBrixa. Una empresa que firmó un contrato y otra distinta lo pagó. Esa manovia tiene un nombre, a lo mejor ya lo conocen, puede ser, Fragmentación Financiera Deliberada, para dificultar el seguimiento del dinero público. Entre octubre y noviembre del 2024, Manrique y Calero ya habían adquirido el 100% de Light Blue, en partes iguales, después de que ya corrían los contratos con Selec-EP. Y el 4 de junio del 2026, dos semanas después de la formulación de cargos, Calero vendió su 50%, pese a tener una prohibición de enajenar vigente. Eso configuró desacato a la medida cautelar y fraude procesal. El otro 50% sigue en manos de Manrique, quien además ejerce la gerencia general de ambas empresas y consta como contratista incumplido en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Aquí, la bancada ADN presenta esta denuncia en cumplimiento del artículo 422 del COIP, también le invito a leerlo, compañera, perdón, colega, que obliga a los servidores públicos a denunciar cuando existen elementos concretos de participación no investigada. Al fiscal se le ha pedido tres cosas puntuales. Primera, vincular a Manrique Suárez, Astrovirx S.A. y Light Blue S.A. al proceso judicial. Segundo, investigar la trazabilidad completa de los fondos. Y tercero, aplicar medidas cautelares sobre sus bienes y cuentas para preservar la reparación al Estado. Nuevamente, ADN no va a incurrir a nadie, pero tampoco cede a esos cacareos políticos. Nosotros aquí actuamos con responsabilidad. El dinero perdido en medio de la crisis eléctrica es plata de los ecuatorianos. Dame el favor, dame el favor. La justicia debe llegar hasta el final, sin excepción y sin importar quién quede señalado. Gracias, señor presidente. Aquí concluyo mi intervención.