🕒 0:00 Pablo Aníbal Jurado Moreno (75%)

Señor presidente, colegas asambleístas, quienes me antecedieron en la palabra, fundamentaron, argumentaron jurídicamente para referirse a este proyecto de ley. Unos con más conocimiento que otros, otros más objetivos que otros, pero todo nos conduce a felicitar a la Comisión de Justicia, que con responsabilidad asumió para decirle, no a la Asamblea, sino al país, que estamos trabajando, pensando en el patrimonio del Estado. En sus intervenciones se dijo que a lo mejor el contenido de este proyecto de ley no beneficia en nada al país, que tiene muchos errores. Pero ayer y hoy hemos dicho que los proyectos de ley, cuando son puestos en conocimiento para primer debate, tienen esa posibilidad de que cada uno de los asambleístas pueda entregar su aporte, porque los proyectos de ley obviamente son perfectibles y es el afán, así pensamos, el afán de todos los asambleístas y las asambleístas, de que las normas sean construidas de la mejor manera, para que no duren un tiempo y mañana sean rápidamente motivos de reformas y de observaciones. Yo quisiera referirme a esos daños que las malas decisiones generan en contra del Estado ecuatoriano. Y quisiera referirme a esa categorización cuando aquí hablamos, y es obvio que nos sorprende, cuando se dice que 2 mil 800 millones de dólares ha pagado el Estado por equivocaciones, por negligencias, por dolo y por otras circunstancias en apenas 10 años. Y esos 2 mil 800 millones es obvio que todos coincidimos en pensar que pudieron haberse dirigido, se pudieron haber invertido en obra social, en obra física dentro del país, o estar al día en las transferencias, obviamente en su momento ayer y hoy, en las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero también hay ese otro tipo de impactos, colegas asambleístas. Esos que a lo mejor, de poco a poco, van sumando y se hacen cientos de millones de dólares igualmente. Cuando ayer se persiguió, cuando ayer se tomaron decisiones en contra de funcionarios que no eran obviamente identificados con las tiendas políticas. Y cuando hablo de ayer, yo no me quiero referir solamente de los 10 años para acá, porque desgraciadamente, históricamente en este país, así se ha procedido desde el poder. Si es que hay un servidor que no es parte de mi tendencia, pues hay que simplemente desvincularlo, a veces pagándole lo que corresponde y a veces violentando también sus derechos. Pero han pasado los años y nuestros servidores públicos siguen enfrentando esa misma realidad. Hace poco se acusó, obviamente, a la bancada y se dijo, ustedes fueron los que impulsaron la ley de integridad pública. Ustedes fueron los que están dando posibilidades para que a la gente le vote. Pero yo conozco que aquellas acusaciones, obviamente, no tenían el fundamento suficiente para decir, solamente es el Ejecutivo el que está atrás del servidor público para desvincularlo. Hay gobiernos locales de otras tiendas políticas que apoyados en ese argumento, están haciendo lo que siempre quisieron ser, es decir, sacando a unos, quitando el trabajo a unos para dar a otros que sí se identifican ideológicamente con quienes están en el poder local, que es lo que también a nosotros nos preocupa. Hay casos y ejemplos muy cercanos para nosotros, gerentes de empresas, alcaldes, alcaldesas, prefectos, efectos, que desvincularon porque simplemente políticamente no estaban respondiendo a sus intereses. Han pasado los años y ahora aquellos desvinculados, iniciando las acciones que les corresponde, están obviamente por disposición del juez competente, recibiendo 150 mil, 200 mil, 240 mil. Y no solamente esa reparación económica, sino también el ordenamiento para que se le reintegre al trabajo. Si eso sucede, la pregunta es, ¿y el otro ciudadano y la otra servidora que estaba haciendo uso de ese espacio, a dónde va? Esas, desgraciadamente, son las injusticias que se siguen dando. Y si nosotros pensamos que solamente desde este lado queremos hacerlo daño, decirles igualmente que ayer desde el otro lado también se generaron esas injusticias y que antes de ayer también se generaron esos errores, entendiéndole a la ley como una herramienta de persecución. Considero que han sido válidas las argumentaciones que desde la bancada de la Revolución Ciudadana se ha dado, válidas las orientaciones y las posturas que se ha dado desde nuestra bancada, en el sentido de que se trabaje con total responsabilidad para que, como se ha dicho, la ley no sea una herramienta de persecución, se construya de manera participativa. La compañera Mariana Yumbaya ha dicho, yo quiero ser parte también de los aportes. El colega, igualmente, Alvarado dijo, también podríamos mejorar, aunque inició diciendo no vale para nada esa ley. Yo creo que el trabajo de ayer hay que reconocerlo, el trabajo que estamos haciendo hoy hay que valorarlo y el trabajo de todos hay que concentrarlo pensando en el bienestar del país y pensando también en el patrimonio del Estado ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente.