🕒 0:00 Carmen Yolanda Tiupul Urquizo (52%)

palabra la asambleísta Nuria Butiñó. Gracias, presidente. Voy a comenzar haciendo una pregunta a la ponente de esta reforma, que es la asambleísta Lucía Pozo. La he atendido con preocupación, porque veo que ella hace una presentación y un análisis muy minuciosos de 45 artículos, y le pregunto directamente, ¿ustedes, antes de hacer este análisis, acaso leyeron el artículo 265 de la Constitución? No escuché en ningún lado hablar de la ley del Sistema Nacional de Registros Públicos, de tal suerte que el ente de gobernanza, de la interoperación de datos, ya existe en el Ecuador, señores, y no lo he dicho una sola vez, lo he dicho setenales de veces. Aquí legislan para crear leyes e incumplir otras normativas. Y eso acarrea confusión, desorden y especialmente algo importante, pretenden regresar al viejo modelo en la que la información era un privilegio. Y con esta objeción parcial del presidente, que mantiene una visión profundamente centralista, una visión que parece coaptar competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, y que pretenden gobernar desde el territorio, desde el poder central, desconociendo un modelo de descentralización que consagra nuestra Constitución, gusteles o no les guste, y que fue ratificada por el pueblo ecuatoriano. Entonces, señores, compañeros y legisladores, y a los ecuatorianos les digo, es cierto, es cierto que la Corte Constitucional corrigió algunos excesos de lo que ya la revolución ciudadana viene advirtiendo cuando tratan de limitar el ejercicio y la protección de los derechos. Y hay que decirlo con claridad. El problema no se trata de corregir artículos, es comprender cómo debía articularse un sistema institucional respetando las competencias constitucionales. Y ojo, señores asambleístas, no nos confundamos, aquí nadie está en contra de la vivienda, de la modernización. La modernización ya existe y la han dejado de lado tratando de duplicar competencias. Así como no ponen atención en la restauración, en las carreteras, en los mantenimientos, han dejado de lado los mantenimientos. Seguramente la asambleísta Pozo ni siquiera ha presentado una solicitud de información para ver qué controles o qué informes técnicos ha presentado esa dirección nacional de registros de datos públicos. Lo que rechazamos es que estos objetivos se utilizan, el de la vivienda, el de la necesidad de la gente como un argumento para debilitar las autonomías de los gobiernos autónomos descentralizados. La Corte Constitucional confirmó algunas de nuestras observaciones, ya lo dijeron mis compañeros de bancada. Sin embargo, el problema persiste. La Corte cerró algunas de las puertas que llevaban a esta inconstitucionalidad, pero el texto mantiene abiertas varias ventanas para que el gobierno central continúe interviniendo en competencias que la Constitución reserva a los municipios. Aquí sigue apareciendo la figura de proyectos nacionales estratégicos de vivienda. Y quiero ser muy clara, el derecho a las viviendas jamás, escúchase bien, jamás puede utilizárselo como excusa para desconocer la planificación territorial. Porque detrás de este proyecto habitacional existen servicios básicos, movilidad, infraestructura, riesgos, ambientes, planificación urbana, conocimiento de la tierra, conocimiento de las necesidades de las comunidades, conocimiento de la naturaleza, y para lo cual el organismo central, el organismo seccional, el que tiene que tener su catastro y unificarlo, ojalá algún día el 100% con el registro público inscrito, el catastro con el inscrito. No olvidemos, señor, que no podemos dejar de lado el derecho del registro de la propiedad, porque en el Ecuador tenemos un sistema constitutivo de derechos, y aquí nadie habla de esta necesidad de interacción para que catastro y registro tengan esa misma armonía en la identificación y en el asiento registral respectivo. La planificación territorial no puede reducirse a un trámite administrativo, que es como lo que pretende pasarlo con esta reforma. Cada cantón enfrenta, señores, una realidad distinta, y la Constitución reconoce esa diversidad. Uniformar esa diversidad no es coordinación, es imposición. En control del catastro, los avalúos, los registros, la planificación y el uso del suelo, concentra también un poder enorme administrativo, económico y político. Y cuidado por ahí, ustedes, hecha la ley, hecha la trampa, desvirtúan este legítimo derecho del acceso a la información. Nadie está en contra de la interoperabilidad, como ya lo he dicho, ya existe. Todo lo contrario, la interoperabilidad existe en nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley que mencioné. Entonces, surge una pregunta que es inevitable. ¿Por qué crear nuevos mecanismos de administración de información territorial sin explicar cómo se articulan con el registro nacional ya vigente? En la que mantiene la trazabilidad de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Que es lo que muchas veces pretenden ocultarlo. Y ojo con lo que estamos tratando en este punto del segundo orden del día, porque tiene muchísima relación con el punto que acaba de aprobar la bancada del gobierno. Con respecto a esto de interoperabilidad, yo escuché hablar de nubes de datos, no tienen ni idea ni siquiera de lo que ya existe, ni de cómo se ejecutan los controles. Cuando el control de las plataformas, los procedimientos de información, termina condicionando las decisiones locales, ya no estamos hablando justamente de una articulación. Estamos hablando de imposiciones. A ello se suma un régimen sancionatorio que puede terminar debilitando financieramente a los gobiernos autónomos, a los gobiernos locales. Porque cuando se castiga desproporcionadamente a un municipio, quien termina pagando, no, no es el alcalde, es el ciudadano que deja de recibir obras, servicios e inversión pública. Nuestro voto, señores, reconoce las correcciones introducidas por la Corte, pero advierte que el veto mantiene una lógica de recentralización incompatible con el modelo del Estado previsto en la Constitución. Muchas gracias.