🕒 0:05 Mariana Yumbay Yallico (75%)

Señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, representantes de los medios de comunicación y pueblo ecuatoriano que sigue esta sesión, reciban un afectuoso y respetuoso saludo. Desde la visión de nuestros pueblos, decimos que la Pachamama no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Si tan solo entendiéramos esto, dejaríamos de legislar mirando a la naturaleza como un recurso y la protegeríamos como la base de la vida. Hoy debatimos la reforma al Código Orgánico del Ambiente y es momento de actuar, pero no basta con una ley, sino enfrentamos las causas reales del problema. La Constitución nos obliga a garantizar un ambiente sano y los derechos de la naturaleza, pero eso requiere voluntad política, decisiones firmes y recursos. El cambio climático ya afecta al Ecuador. Gran parte del territorio es altamente vulnerable. Los glaciares han perdido cerca del 50% de la superficie y esto impacta el agua, la producción agrícola y la energía. Pero esta crisis también responde a un modelo extractivista, muchas veces ilegal o encubierto, que contamina ríos y destruye ecosistemas. Según datos oficiales, el sector energético, principalmente el petróleo, genera alrededor del 46% de las emisiones, mientras la deforestación ha eliminado más de 623 mil hectáreas de bosque y liberado millones de toneladas de carbono, debilitando nuestros sumideros naturales. La contaminación petrolera es estructural, más de 1.200 derrames en la última década y cerca de 2.000 en la Amazonía en dos décadas. Evidencian una crisis permanente con graves afectaciones a las comunidades y el acceso al agua. A esto se suma la minería, que desafortunadamente ha deforestado más de 1.600 hectáreas, incluso en áreas protegidas, afectando principalmente territorios indígenas y expandiéndose a gran escala. Esto demuestra que el extractivismo no sólo contamina, también agrava el cambio climático y reduce la capacidad de actuar del país. Por eso una ley ambigua no resolverá esta crisis. Si esta reforma no establece límites reales al extractivismo, no protege el agua, los páramos, los bosques, ni garantiza los derechos de la naturaleza y de los pueblos, será insuficiente. Hoy debemos decidir si seguimos profundizando un modelo que destruye la vida o si damos un paso hacia un paso hacia un país que proteja su naturaleza y el futuro de las próximas generaciones. El primer problema del proyecto es su falta de precisión normativa. Se construyen artículos amplios, abiertos, que habilitan a la autoridad ambiental a definir posteriormente competencias, mecanismos y regulaciones sin límites claros. Esto vulnera la seguridad jurídica prevista en el artículo 82 de la Constitución de la República. Una ley no puede dejar vacíos para decidir después. El país necesita reglas claras, no normas ambiguas que abran la puerta hacia la discrecionalidad y la arbitrariedad. El segundo problema es la débil incorporación del enfoque de derechos. Aunque hablamos de cambio climático, el proyecto no desarrolla de manera suficiente los derechos de la naturaleza, tampoco incorpora con claridad principios de prevención, precaución, no regresión ambiental establecidas en la Constitución y la jurisprudencia. Tampoco garantiza una protección reforzada a quienes más sufren la crisis climática, pueblos y nacionalidades, comunidades campesinas, mujeres y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Un tercer aspecto es el riesgo de mercantilización de la naturaleza. El proyecto abre la puerta a esquemas de compensación de emisiones y mecanismos de carbono sin establecer límites claros ni salvaguardas suficientes. Recordemos lo que dice el artículo 74 de la Constitución, que establece claramente que los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación privada, no podemos permitir que bajo el discurso de cambio climático se debiliten los derechos de la naturaleza o se conviertan los ecosistemas en mercancía y se entreguen a los sectores privados. Un cuarto aspecto y que también es preocupante es la falta de garantías reales de participación y derecho a la consulta previa. Se menciona las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pero no se establecen los mecanismos vinculantes ni se garantiza la consulta previa, libre e informada cuando las decisiones afectan sus territorios. Esto no solo es una omisión legal, es una vulneración flagrante a la Constitución de la República, el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos internacionales. También debo señalar que en el proyecto no se resuelve adecuadamente la articulación con los instrumentos ya existentes. Ecuador ya cuenta con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, con las NDC, con el Plan Nacional de Adaptación y otros mecanismos. Crear nuevas estructuras sin armonizarlas genera duplicidad, confusión e ineficiencia. No necesitamos más burocracia, necesitamos optimización de los recursos. Este proyecto por supuesto que debe ser mejorado, por ello quiero plantear algunas propuestas concretas. Uno, incorporar de manera expresa los derechos de la naturaleza, el principio de no regresión y la obligación de restauración ecológica en el objeto de la ley. Segundo, eliminar las cláusulas abiertas y definir con precisión las competencias de la autoridad ambiental, garantizando la seguridad jurídica. Tercero, establecer salvaguardas claras para que los mecanismos de carbono no impliquen privatización ni sustituyan las obligaciones de protección ambiental del Estado. Cuarto, garantizar la participación efectiva y la consulta previa libre informada a los pueblos indígenas cuando exista afectación a sus territorios. Quinto, priorizar la adaptación y la protección de las poblaciones vulnerables. Porque el Ecuador no es un gran emisor, pero sí uno de los países más afectados por el cambio climático. Finalmente, asegurar que el financiamiento climático sea transparente, controlado y orientado a quienes más lo necesitan. Estos y otros aportes me permitiré hacerles llegar por escrito y espero sean acogidos. Compañeros y compañeras, legislemos para proteger la vida y los territorios y en concordancia con lo que manda la Constitución de la República, así como los instrumentos internacionales. Actuemos con responsabilidad y una visión de futuro. Muchas gracias.