La palabra la asambleísta Cristina Jacomer. Gracias, Presidente. Buenos días con todo el pueblo ecuatoriano que sigue esta transmisión en vivo a través de las plataformas digitales. Y bueno, antes de hablar de eutanasia, debemos entender que este debate no empieza ni termina con la muerte, sino con preguntarnos, ¿qué ha hecho el Estado para atenuar el sufrimiento de pacientes con diagnósticos crónicos? ¿O qué ha hecho el Estado para garantizar un tratamiento, un medicamento a tiempo a aquellos pacientes? ¿Qué ha hecho para mantener hospitales abastecidos, equipados y con médicos especializados? ¿O qué ha hecho para brindar una atención en salud digna y de calidad? Este debate tiene un origen en la sentencia 67-23-IN-23. De la Corte Constitucional, misma sentencia que no despenaliza la eutanasia de forma general, sino que establece una excepción muy específica cuando concurren elementos específicos, tales como el consentimiento libre, informado, inequívoco del paciente y un sufrimiento derivado de una enfermedad grave o incurable. Es decir, la Corte no ha reconocido el derecho irrestricto a morir, sino que nos ha colocado frente a un conflicto profundamente humano entre la vida, la dignidad y la autonomía. Por eso es fundamental tener claridad conceptual. No es lo mismo la eutanasia activa que la eutanasia pasiva, como tampoco es lo mismo una inyección letal que la interrupción de tratamientos médicos. La eutanasia activa implica la aplicación directa de una inyección letal que provoca directamente la muerte, mientras que la eutanasia pasiva conlleva a permitir que la enfermedad siga su curso natural, pero interrumpiendo los tratamientos médicos o suspendiendo las intervenciones médicas. Pero más allá de lo jurídico, este debate nos obliga a hacernos una pregunta de fondo. ¿Una persona en realidad lo que busca es morir o lo que busca es dejar de sufrir antes de su muerte? Y frente a esta pregunta, la respuesta del Estado no puede ser la omisión. La respuesta debe ser garantizar aún más los cuidados paliativos, el acompañamiento integral, el alivio del dolor y la protección de la dignidad humana en todas sus etapas. Nuestra Constitución es clara al reconocer no solo el derecho a la vida, sino también el derecho a una vida digna y el acceso a una salud pública de calidad para todos. Y es precisamente ahí donde el debate se vuelve incómodo, pero necesario, porque no podemos discutir sobre muerte digna sin mirar de frente la realidad del sistema de salud pública. Hoy en Ecuador el sufrimiento no empieza solo con la decisión de la muerte, empieza mucho antes, porque sufrimiento es vivir en la ruralidad y no poder trasladarse a un centro de salud porque las carreteras se encuentran en un estado deplorable, cuando no se garantiza, por ejemplo, el acceso, inclusive, para poder llegar a ese centro de salud y no encontrar medicamentos básicos como amoxicilina, ibuprofeno, entre otros tantos. Sufrimiento también es esperar de tres a seis meses por una cita médica que llega tarde, cuando el diagnóstico ya no cambie el curso de la enfermedad. Sufrimiento es recibir un diagnóstico grave como el cáncer y no poder costearse una radioterapia o una quimio. Sufrimiento es tener que elegir entre el pasaje, el almuerzo y una pastilla. Y por eso debemos ser responsables y no podemos hablar de muerte digna en un país en el que no se garantiza una vida digna a sus ciudadanos. Todos aspiramos a transitar el final de nuestras vidas sin dolor ni padecimientos. En algunos casos ocurre de manera natural, en otros de forma repentina y en otros tras largos procesos marcados por enfermedades crónicas o incurables. Y es precisamente en esas circunstancias cuando interviene la labor médica, guiada por una vocación orientada a aliviar el sufrimiento, acompañar al paciente y resguardar la vida y la dignidad humana, incluso en sus etapas más difíciles. Cuando el dolor no es tratado, cuando el diagnóstico llega tarde o cuando los medicamentos no están disponibles, la autonomía se vuelve relativa. Y en ese contexto, la decisión de una persona podría estar profundamente influenciada por el sufrimiento evitable, por la falta de atención o por la falta, inclusive la carga económica que puede implicar una enfermedad crónica grave. Y por eso estamos hoy en obligación de preguntarnos, ¿en realidad el Estado está garantizando condiciones libres o está empujando indirectamente a las personas hacia una única salida? Finalmente, quiero cerrar con una reflexión. Si queremos hablar de muerte digna, empecemos por garantizar que los ecuatorianos no tengamos que pagar las consecuencias de un sistema de salud pública y una crisis hospitalaria que está, obviamente, perjudicando la vida de cientos de miles de ecuatorianos y que esto es provocado por la negligencia y falta de gestión. Muchas gracias.