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y señores asambleístas, defensoras y defensores públicos, personal administrativo de la Defensoría Pública, querida ciudadanía, señora Presidenta, con su autorización solicito que se permita presentar diapositivas y un video institucional. Autorizado. Comparezco a este pleno conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para rendir cuentas sobre la gestión institucional de la Defensoría Pública del Ecuador correspondiente al año 2025 y, sobre todo, en cumplimiento del mandato constitucional y legal de transparencia, responsabilidad pública y control democrático. Comparecencia que la realizo como un acto de respeto profundo a la Asamblea Nacional, a la ciudadanía, al país y, en especial, a las personas que esperan justicia real, cercana y digna. La Defensoría Pública es una institución esencial del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Su razón de ser está consagrada en el artículo 191 de la Constitución, esto es, garantizar el pleno acceso a la justicia de quienes, por su condición económica, social, cultural o territorial, no pueden contratar una defensa privada. En un país marcado por profundas brechas estructurales, la defensa pública no es un servicio accesorio, es una garantía viva del debido proceso, un pilar del equilibrio democrático y una expresión concreta de la igualdad ante la ley. No existe justicia sin defensa técnica, no existe debido proceso cuando el acceso depende del ingreso económico. La Defensoría Pública representa la presencia activa del Estado allí donde históricamente la justicia no ha llegado, en comunidades rurales, en barrios periféricos, en centros de privación de libertad, en territorios donde la distancia geográfica se convierte en exclusión jurídica. El año 2025 se desarrolló en un contexto nacional complejo. Los indicadores de necesidades sociales como acceso a servicios, capacidad económica, violencia y de movilidad humana variaron debilitando la confianza de las instituciones, configurando un escenario desafiante para el ejercicio efectivo de los derechos. En ese entorno, el acceso a la justicia enfrenta barreras estructurales, limitaciones económicas, brechas territoriales, condiciones de vulnerabilidad asociadas al género, la edad, la capacidad especial, la pertenencia étnica o la condición migratoria. Estas barreras se reflejan en expresiones de desigualdad cuando la justicia no llega de manera oportuna. Las normas se vuelven abstractas y el Estado se percibe distante. Frente a esta realidad, la Defensoría Pública está llamada a cumplir un rol que trasciende la prestación de servicios legales, convertirse en un agente activo de cohesión social, gobernabilidad democrática y protección efectiva de derechos. La gestión 2025 se estructuró sobre un cambio de paradigma institucional. Se transitó de una lógica predominantemente reactiva. Antes esperábamos que la ciudadanía llegue a la institución. Hoy la institución va hacia el ciudadano. Y de esta forma transitamos hacia una política pública activa de defensa de derechos, salir al territorio, identificar brechas, construir presente estatal real. La cooperación internacional es fundamental en nuestra gestión. Forma parte de nuestra política de justicia abierta, en donde la colaboración de los organismos internacionales es indispensable. En esa virtud, resalto el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, el programa INL y a la OEA, para la implementación de la Oficina Defensorial Especializada en Delitos contra la Corrupción y Crimen Organizado. Igualmente, a la Embajada de Italia y su programa ITAJUS, para la construcción del Manual de Atención de Defensores Públicos en los Centros de Privación de Libertad. Y el primer estudio sobre la viabilidad del proyecto del Instituto de Altos Estudios Jurídicos Judiciales. A OIM y ACNUR, por su apoyo en el proyecto Ruta de los Derechos. Al Banco Mundial, por su apertura para trabajar durante todo este año 2025 en una hoja de ruta que nos permite concretar asistencia técnica y recursos no reembolsables por parte de este organismo multilateral. También el trabajo con las embajadas de varios países ha sido fundamental para hacer conocer nuestros servicios de justicia lejos de casa. Para ello, la disposición de la Cancillería del Ecuador ha sido muy valiosa. La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas ha reconocido la gestión de nuestra institución y ha decidido replicar nuestra política de justicia abierta en toda la región, así como adaptar nuestro manual de defensoría en los Centros de Privación de Libertad. Con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, estamos construyendo un código de ética de uso de inteligencia artificial para el servicio de justicia. Con ello, dotaremos de parámetros claros para un uso responsable de esta tecnología. Igualmente, resalto y agradezco el apoyo de instituciones y organismos como GIZ, PNUD, Fundación Ciudadana y Desarrollo, Fundación Tierra de Hombres, Gobiernos, Amigos, Embajadas, Academia. Todo este trabajo mancomunado ha hecho posible que dotemos a nuestros defensores de herramientas para una mejor actuación en defensa de los derechos de las personas. La defensa pública dejó de concebirse únicamente como atención de casos y pasó a entenderse como conducción estratégica del Estado en materia de acceso a la justicia y política de ejercicio de derechos. Este cambio implicó repensar el modelo de servicio, fortalecer la presencia territorial, modernizar la gestión, profesionalizar el talento humano y posicionar a la Defensoría Pública como un actor estratégico del sistema de justicia y de la planificación nacional. La territorialización de la justicia, la territorialización del servicio se convirtió en un eje estructural. Territorializar no es sólo abrir oficinas, es llevar la justicia a yo donde históricamente no ha llegado, es comprender que el acceso a la justicia depende de la cercanía real, de la capacidad de llegar a cantones, parroquias, comunidades, donde las personas enfrentan barreras materiales para ejercer sus derechos. Durante el año 2025, la Defensoría Pública consolidó una red nacional de 192 puntos de atención en 145 cantones de las 24 provincias del país, complementados con unidades móviles y canales virtuales. Esta presencia no es sólo geográfica, es funcional. Significa que miles de personas encontraron por primera vez una puerta abierta del Estado para defender sus derechos. En 2025, inauguramos puntos de atención en Patate, provincia de Tumuragua, Bolívar, provincia del Carchi, Penipe y en la Corte Provincial de Río Bamba, en la provincia de Chimborazo, resaltando el punto de atención en Rumichaca, en la provincia del Carchi, que se consolidó a través de la ejecución del Convenio Binacional Ecuador-Colombia. Trasladamos un punto de atención en la ciudad de Quito a la plataforma social ubicada en Quito, lo que permitió incrementar de 700 a 2.100 atenciones en un mes. Pero territorializar no basta si no se mide adecuadamente. Por ello, como parte del proceso de modernización institucional, la Defensoría Pública inició la transición hacia un nuevo modelo de medición de desempeño. Se superó la lógica de indicadores meramente descriptivos, como la simple relación entre el número de defensores públicos y población. Para avanzar hacia métricas que reflejen la capacidad real del Estado para garantizar el acceso efectivo a la justicia, esto es, llegar al ciudadano. Se consolida una institución alineada con una planificación basada en evidencia, donde cada decisión organizacional, presupuestaria, tecnológica o territorial se traduce en derechos efectivamente garantizados, aún con limitaciones presupuestarias que no han variado en los tres últimos años y que limitan sí, pero no detienen el accionar de la Defensoría Pública. Este enfoque se proyecta más allá de las fronteras. El Estado ecuatoriano reconoce que la ciudadanía no termina en el territorio nacional. A través del canal virtual Justicia Lejos de Casa y de los convenios con las defensorías públicas de otros países, la institución inició la construcción de un modelo de atención para ecuatorianos en el exterior. Este servicio fue concebido para que la defensa pública no termine en las fronteras del Ecuador. Miles de compatriotas que viven en el exterior y mantienen procesos judiciales, trámites pendientes o conflictos legales en el país, enfrentan barreras materiales, geográficas y económicas que los dejan en los hechos, en indefensión y sin acceso a la justicia. Frente a esa realidad, la Defensoría Pública diseñó un modelo innovador y efectivo mediante el uso de un código QR disponible en la página web institucional, canales digitales y espacios consulares. Con esto, cualquier ecuatoriano en el exterior tiene acceso directo con la institución para ingresar su requerimiento, recibir asesoría legal especializada, realizar el seguimiento de sus causas y, de ser necesario, patrocinio defensorial. Este sistema, por tanto, no sólo conecta al ciudadano con un defensor público en el Ecuador, se articula además con una red de defensores públicos de otros países, mediante convenios de cooperación, como el suscrito en diciembre del 2025 con el Ministerio de la Defensa Pública de la Nación Argentina, permitiendo que nuestros compatriotas cuenten con asistencia legal en esta hermana República y de manera recíproca que ciudadanos argentinos en el Ecuador accedan a asistencia legal a través de nuestros defensores públicos. La justicia deja de estar anclada al territorio. El derecho a la defensa acompaña a la ciudadanía, incluso lejos de casa. Este es el sentido profundo de la transformación institucional emprendida en el año anterior. Una defensa pública que no espera pasivamente la demanda, que no se limita a administrar procesos, que no se concibe como una oficina pública más. Además, somos una defensoría que construye e implementa política pública, que sale al territorio, que cruza fronteras, que mide su impacto, que entiende que cada decisión institucional es en realidad una decisión sobre la dignidad humana. A continuación, expondré los resultados concretos de esta transformación, las cifras, los servicios, los territorios, las personas atendidas, porque detrás de cada número existe una historia y detrás de cada historia una vida que encontró en la defensoría pública del Ecuador una respuesta oportuna, técnica y humana. El cambio de paradigma institucional solo requiere sentido cuando se traducen resultados concretos para la ciudadanía. La transformación emprendida en 2025 no se mide únicamente en reformas internas, sino en el impacto real que tuvo en la vida de miles de personas que encontraron por primera vez una defensa técnica, gratuita y cercana. Durante el año 2025, la Defensoría Pública brindó 143.280 asesorías jurídicas a nivel nacional. De ellas, 91.955 correspondieron a materias no penales, principalmente en familia, niñez y adolescencia, laboral e inquilinato, inmovilidad humana, donde somos referentes regionales. Y 51.325 en materia penal. Estas cifras no representan solo orientación legal, representan prevención de conflictos, empoderamiento ciudadano y reducción de desigualdades informativas. Cada asesoría fue una oportunidad para que una persona comprenda sus derechos antes de que el conflicto escale, antes de que la vulnerabilidad se transforme en exclusión. A nivel territorial, las asesorías llegaron a las 24 provincias del país, desde Pichincha hasta Galápagos, desde Sucumbíos hasta Zamora, Chinchipe. La defensa pública se hizo presente en realidades diversas, demostrando que la justicia no puede concentrarse exclusivamente en los grandes centros urbanos si se pretende ser verdaderamente democrática. En materia de patrocinio legal, la defensa pública gestionó 221.884 causas durante el año 2025. De ellas, 123.972 correspondieron a materia penal y 97.912 a materias no penales. Estas cifras reflejan una carga procesal que se diversifica. Aumentaron de manera significativa los patrocinios, tanto en materias como inquilinato, garantías jurisdiccionales, movilidad humana, atención a víctimas, donde nosotros, como Defensoría Pública, nos hemos posesionado, así no sólo como garante del debido proceso penal, sino como un actor central en la protección integral de derechos en todas las materias y, sobre todo, en materias sociales. Cada patrocinio es una expresión concreta del mandato constitucional. Nadie debe enfrentar sólo al sistema de justicia por carecer de recursos. Detrás de cada expediente existe una persona que, sin esta intervención de la Defensoría Pública, habría quedado en silencio frente al poder. La cultura de paz también forma parte del acceso a la justicia. Durante el 2025, el Centro de Mediación de la Defensoría Pública atendió 2.443 causas, beneficiando a más de 5.000 ciudadanos en el Ecuador. La mediación no sólo descongestiona el sistema judicial, transforma la manera en que la sociedad resuelve sus conflictos, permite soluciones más rápidas, menos costosas, más humanas. En este periodo, se fortaleció la capacitación territorial para que defensores, coordinadores y directores provinciales promuevan activamente esta alternativa. La justicia deja de ser sólo litigio y se convierte en diálogo, en acuerdo y en reconstrucción del tejido social. El año 2025 también dejó un mensaje claro. Cuando una institución alinea su misión con la ética, la innovación y el servicio público, el reconocimiento llega como consecuencia natural. La Defensoría Pública recibió del Consejo de la Judicatura reconocimiento otorgado al Centro de Mediación por su labor en la implementación de buenas prácticas para la cultura de paz de las instituciones públicas. En esta misma línea de reconocer el trabajo de nuestros defensores, se instauró por primera vez el reconocimiento anual de casos relevantes y destacados, incorporando estándares de ética y transparencia en la valoración del trabajo defensorial. Impulsó el concurso de ensayos, integrando al personal administrativo en la reflexión sobre la misión institucional, reafirmando que la defensa pública es una obra colectiva. Y a nivel nacional, la Defensoría Pública fue galarnodada como ganadora del concurso de buenas prácticas de la función judicial, con el lineamiento de restitución y visitas internacionales, una herramienta que protege a niñas, niñas y adolescentes en contextos transfronterizos en cumplimiento del convenio de la AIA. Estos reconocimientos no celebran a una institución que administra trámites, reconocen a una Defensoría que innova, que se abre, que se somete al escrutinio público y que coloca la dignidad humana en el centro de su acción. Son, en esencia, la confirmación de que el camino emprendido es una defensa pública abierta, íntegra y cercana. La gestión misional tuvo un énfasis transversal en los sectores vulnerables, donde en 2025 se registraron más de 28 mil atenciones a personas de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montuvios, 27 mil 271 atenciones a víctimas de violencia de género, 25 mil 745 atenciones a personas privadas de libertad, 15 mil 562 atenciones a personas en situación de movilidad humana, 15 mil 333 atenciones a personas adultas mayores, miles de atenciones a niños, niñas, adolescentes y personas con capacidades especiales. Estas cifras, reitero, no son estadísticas aisladas, son la manifestación concreta del principio de igualdad. Reconocen que no todas las personas parten de las mismas condiciones y que el Estado ecuatoriano tiene la obligación reforzada con quienes enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos. La Defensoría Pública no sólo brindó defensa legal, técnica, brindó protección reforzada allí donde la vulnerabilidad es estructural. Para sostener esta cobertura, la institución diversificó sus canales de atención. En 2025 se registraron 367 mil 607 atenciones distribuidas en 361 mil 885 en puntos de atención fijos, 5 mil 10 mediante unidades móviles en zonas de difícil acceso, 712 a través de canales virtuales. La presencia física sigue siendo fundamental. La justicia necesita rostro humano. Pero las unidades móviles y los canales digitales permiten romper barreras geográficas y anticipar el futuro de la atención pública. La Defensoría Pública se convierte así en una institución multicanal capaz de adaptarse a las realidades territoriales y tecnológicas del país. Un componente estratégico de esta cobertura es la red complementaria de consultorios jurídicos gratuitos. En 2025 se acreditaron 84 consultorios en 21 provincias supervisados y evaluados por la Defensoría Pública que atendieron 104 mil 576 asesorías y 18 mil 387 patrocinios. Esta red amplía la capacidad del Estado para llegar donde la institucionalidad directa aún no alcanza. Universidades, gobiernos locales, organizaciones sociales se integran a una política pública de acceso a la justicia bajo estrictamente estándares de calidad definidos por la institución. La Defensa Pública deja de ser una estructura cerrada y se convierte en un sistema nacional que articula política pública y democratiza el acceso a la justicia. Todos estos resultados se encuentran en su expresión más visible en el proyecto Insignia la Ruta de los Derechos, el nuevo camino de la Defensoría Pública con un nuevo enfoque en el cual no solamente llevó la justicia a territorios donde nunca había llegado, no se trató solo de trasladar servicios, se trató de llevar Estado. Cantones, parroquias, comunidades recibieron asesoría, patrocinio, orientación, promoción de derechos y presencia institucional. La Defensa Pública salió de sus edificios para encontrarse con la ciudadanía. La Ruta demostró que la justicia puede moverse, que el Estado puede caminar al territorio, que la institucionalidad puede ser cercana. Se convirtió en símbolo de una forma nueva de ejercer la Defensa Pública, activa, itinerante, preventiva, pero sobre todo humana. Esta carga misional y esta nueva visión sostienen una institucionalidad moderna, alianzas estratégicas, gestión financiera responsable, talento humano profesionalizado, modernización tecnológica y una política decidida de transparencia y justicia abierta. Porque garantizar derechos no depende sólo de la voluntad, depende de construir una institución sólida, sostenible y preparada para el futuro. Como lo decía Santiago Ramón y Cajal, las grandes obras las sueñan los genios locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Los resultados alcanzados en 2025 no son producto de la improvisación, son consecuencia de una arquitectura institucional que se fortalece, se moderniza y se proyecta al futuro. Garantizar el acceso efectivo a la justicia exige algo más que vocación, requiere una institución sólida, sostenible, técnicamente robusta y estratégicamente articulada. Consolidamos un mapa nacional de alianzas estratégicas con entidades del sistema de justicia, gobiernos autómodos descentralizados, universidades, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Estas alianzas no sólo son formales, son operativas, permiten compartir infraestructura, articular servicios, ampliar cobertura, formar talento humano y optimizar recursos públicos. La cooperación con universidades fortaleció la red complementaria de los consultores jurídicos gratuitos, la articulación con gobiernos locales facilitó presencia territorial en prácticamente todo el país. La cooperación internacional aportó asistencia técnica, formación especializada y financiamiento para proyectos estratégicos. La defensa pública dejó de ser una institución aislada y se integró plenamente al ecosistema estatal y social de protección de derechos. El proyecto La Ruta de los Derechos sintetiza esa visión. No es una campaña, es una política pública en construcción. Su metodología territorial, su despliegue nacional, su articulación interinstitucional y su impacto ciudadano lo convierten en un modelo replicable y permanente. Con esa misma lógica de cercanía real con la ciudadanía, la defensa pública proyecta para el año 2026 el programa Puerta a Puerta como componente estratégico de la Ruta de los Derechos. Si en 2025 salimos al territorio, en 2026 la defensoría pública irá puerta a puerta en busca de los ciudadanos. Este proyecto llegará a los equipos defensoriales hasta los barrios, comunidades y asentamientos donde la exclusión jurídica es silenciosa y cotidiana. Llegar a hogares para hablar con los ciudadanos para que conozcan sus derechos y sepan cómo defenderse ante una injusticia. Puerta a puerta no esperará que el ciudadano llegue al sistema, será el sistema el que llegue a su realidad concreta. Defensores, mediadores, estudiantes, la red complementaria de consultorios jurídicos gratuitos y equipos técnicos recorrerán territorio con un enfoque preventivo pedagógico y humano. Identificando conflictos antes de que se transformen en litigios irreversibles, orientando a familias, adultos, mayores, mujeres, migrantes y trabajadores en situación de vulnerabilidad. Este proyecto convierte a la defensa pública en presencia viva del Estado en el espacio más íntimo del ciudadano, más íntimo del ciudadano, su casa, su hogar. El acceso a la justicia no comienza en un edificio o complejo judicial, comienza cuando alguien sabe que no está solo frente al problema y esa certeza en 2026 llegará puerta a puerta. La ruta demuestra que el acceso a la justicia puede planificarse territorialmente, que el Estado puede anticipar la demanda de servicios y que la defensa pública puede ser una herramienta de cohesión social clave para tener presencia territorial, que es percibida de forma directa por los ciudadanos y de esta forma convertirla en política pública permanente y eso significa asumir que la justicia no debe esperar a que la ciudadanía llegue, debemos salir a su encuentro. Sostener esta expansión exige responsabilidad financiera. En 2025 la Defensoría Pública administró su por expuesto en un contexto de restricción estructural. Durante tres años consecutivos la institución no ha contado con incrementos sustanciales a pesar del crecimiento sostenido de la demanda y de una asignación muy inferior frente a otros organismos del sistema de justicia. Aún así la institución cumplió con su misión, se optimizó el gasto, se incrementó la eficiencia en contratación pública alcanzando niveles óptimos de ejecución presupuestaria del 99.80%. Cada dólar asignado en el presupuesto fue orientado a sostener el servicio ampliar cobertura y dignificar el trabajo de quienes como funcionarios defienden derechos en condiciones complejas. Pero con un misticismo excepcional porque detrás de cada resultado exige y existe un defensor público. Mi saludo a todos los defensores públicos que hacen de esta institución una institución leal y noble. La gestión del talento fue estratégica. Se avanzó con la construcción de una escala salarial propia en meses de trabajo conjuntas con el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública. Avanzamos en la planificación de jubilaciones de funcionarios de nuestra institución y estamos al día con el pago de sus haberes. Durante el 2025 la Escuela Defensorial desarrolló 94 eventos de capacitación a nuestros defensores públicos considerando las diferentes líneas de servicio originando 6056 certificados de asistencia o aprobación. Dignificar al defensor público es un beneficio para la sociedad para los servicios que brindamos sean parte de una condición de calidad de vida. No puede existir defensa técnica efectiva si quien ejerce lo hace en condiciones precarias y nuestras necesidades están ahí y son urgentes. Con el apoyo del Gobierno Nacional en el año 2025 mantuvimos gestiones oficiales con el Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción del programa de inversión para el fortalecimiento de la Defensoría Pública ejecutando en el mes de diciembre a la misión de identificación o diagnóstico y el intercambio de conocimientos llevado a cabo en Argentina bajo esta cooperación el vida financiado con recursos no reembolsables la contratación de estudios necesarios para el desarrollo del proyecto los cuales están en marcha. Todo este esfuerzo se enmarca en una política decidida de transparencia rendición de cuentas y justicia abierta. La Defensoría Pública dio cumplimiento integral de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública consolidó mecanismos de publicidad institucional promovió mesas técnicas interinstitucionales y abrió sus procesos a la participación ciudadana. Asumimos a la justicia abierta no como un eslogan sino como un modelo estructural de gestión pública. Este modelo se sostiene en tres principios transparencia participación ciudadana y colaboración interinstitucional. La transparencia convierte a la institución en un espacio visible y controlable por la ciudadanía. La participación abre canales reales para que comunidades académica y sociedad civil incidan en la construcción de soluciones y la colaboración rompe el aislamiento institucional integrante o a la defensoría en un ecosistema de justicia viva y corresponsable nacional e internacionalmente. Pero estos principios no se agotan en la forma definen también el fondo ético de la gestión. Por ello la justicia abierta se convierte en el marco natural de una política de integridad institucional la defensoría pública dio una señal inequívoca al país frente a una denuncia de un presunto acto de corrupción que involucraba a un servidor institucional por la solicitud de dinero a cambio de gestionar una libertad la institución no miró a otro lado asumió el caso acompañó a la víctima y compareció como acusador particular no perseguimos pero cero tolerancia a la corrupción este acto no sólo protegió a una persona vulnerable protegió la dignidad del servicio público la lucha contra la corrupción no es un discurso es una práctica coherente con los principios de transparencia participación y colaboración que estructuran la justicia abierta defender derechos es inseparable de gobernar con probidad en este contexto es importante esta reflexión sobre una reforma eventual al código orgánico de la función judicial que abre la oportunidad de fortalecer el modelo de acceso a la carrera judicial esto es no estancarnos en lo que hoy tenemos con el buen trabajo que hace la escuela defensorial o la dirección de capacitación de fiscalía o la escuela de la función judicial sino construir y consolidar la creación de un instituto de altos estudios jurídicos judiciales como espacio especializado de formación selección y fortalecimiento de capacidades y de los futuros concursos para el ingreso a la función judicial este instituto permitiría articular de manera más robusta los procesos de formación inicial y continua promoviendo criterios de mérito excelencia académica preparación práctica orientados a garantizar que el ingreso a dichas carreras se realice sobre la base de los mejores perfiles profesionales con altos estándares de idoneidad compromiso ético a mediano y largo plazo para lo cual hemos sostenido acercamientos con el consejo de educación superior la función judicial el esnai la cooperación italiana la red interamericana de defensivas públicas y hoy la proponemos a la asamblea cabe señalar que el instituto incluye otro de los ejes fundamentales que es la seguridad penitenciaria promoviendo la formación de los futuros directores de los centros de privación de libertad guías penitenciarios y funcionarios administrativos a fin de que no sean designados a dedo la defensoría pública dio inicio a desarrollar el protocolo acceso a una plaza de trabajo en la defensoría pública dirigido a jóvenes con culminación de medidas socioeducativas en el CAI Virgilio Guerrero con el objetivo de incorporar a un adolescente que ha cometido una infracción y que se encuentra cumpliendo medidas socioeducativas a fin de que luego de un proceso se brinde una oportunidad laboral al mejor perfil a fin de que venga a ser funcionario de la defensoría pública con el propósito de dar una segunda oportunidad a un joven que, conociendo la realidad de nuestro país volvería a su entorno de un hogar disfuncional que ocasione posiblemente que vuelva a reincidir en el cometimiento de un delito este es un ejemplo de resocialización en una institución pública pensando en que si se pueden tener públicas políticas públicas de tipo social que contribuyan a programas serios de reinserción es imperativo la transformación tanto de la administración de justicia como del sistema penitenciario a través de la educación es un deber y es una responsabilidad señoras y señores asambleístas este informe no presenta únicamente cifras presenta una visión institucional una defensoría pública que no administra pobreza jurídica sino que construye igualdad una institución que no se limita a reaccionar sino que planifica anticipa y transforma la defensa pública no es un gasto es una inversión democrática cada asesoría evita un conflicto mayor cada patrocinio protege una vida cada presencia territorial fortalece al estado cada defensor público es una barrera contra la exclusión el ecuador necesita de instituciones públicas sólidas cercanas y confiables la defensoría pública del ecuador avanza en esa dirección con recursos limitados sí pero con una convicción inquebrantable que nadie quiere solo frente a la justicia la democracia no se mide únicamente por sus elecciones se mide por la capacidad real de una persona vulnerable para defender sus derechos allí en ese punto exacto donde una ciudadana encuentra al estado la defensoría pública cumple su razón de ser este es el horizonte que guía la gestión un estado que no abandona una justicia que no excluye una defensa que camina en territorio una institución que honra la dignidad humana este es el compromiso que hoy se rinde ante la asamblea nacional señoras y señores asambleistas muchas gracias