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Sara Noemi Cabrera Chacón (100%)
Gracias, presidente. Estaba esperando el micrófono. Quiero agradecerle el uso de la palabra, pero es muy importante que nosotros tengamos claro que este es un proyecto de ley importantísimo, ¿no? El día de hoy la Asamblea Nacional se encuentra en una encrucijada en honrar la constitución de Montecristi, nacida de la lucha popular, del dolor histórico de los excluidos o arrodillarse ante el poder del Ejecutivo, el cual gobierna exclusivamente para el capital extractivista. Y es importante eso porque el día de hoy estamos tratando el proyecto de ley orgánica para fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, que dicho de paso, no se trata de una ley técnica que beneficie a los ecuatorianos, sino más bien todo lo contrario. Es una ley regresiva en materia de derechos. Es una ley inconstitucional. Aunque la bancada oficialista ha intentado corregir y maquillar este proyecto de ley, no lo ha logrado. ¿Saben por qué no lo ha logrado? Porque rompe el pacto social, porque traiciona el mandato popular y porque además condena a los territorios, a la contaminación, a la pobreza, al abandono. Que sin duda este es el reflejo más crudo del gobierno de Daniel Novoa, en donde hay menos Estado para proteger los derechos y más protección para los negocios privados. Hay menos Constitución para el pueblo y más privilegios para las grandes corporaciones. Como se está tratando de establecer, invocando el artículo 140 de la Constitución como un proyecto de ley en materia económica urgente, que no justifica una crisis económica inmediata y tampoco es la recuperación fiscal como lo promete esta ley. ¿Por qué? Porque no vamos a recuperar estos efectos fiscales ni hoy ni mañana, sino más bien en escenarios inciertos de mediano y largo plazo. En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que usar la urgencia económica para rediseñar el modelo minero y ambiental del Estado desnaturaliza el procedimiento legislativo y vulnera la supremacía constitucional, por lo que este accionar constituye un vicio constitucional insubsanable que traería como consecuencia la inconstitucionalidad de este proyecto. Pero ahí hay más sorpresas, ya que este proyecto de ley desmonta de manera arbitraria la protección ambiental construido por la lucha social. Reemplazar la licencia ambiental por una ambigua autorización reduce controles mineros, debilita las auditorías y flexibiliza las evaluaciones. Y eso no es eficiencia ni modernización, eso es regresión, eso es regresión en materia de derechos ambientales prohibidos en la Constitución, en el artículo 14, 71, 72 y 395, que reconocen a la naturaleza como sujeta de derechos, no como una mercancía o como un obstáculo para el negocio. Y aquí pretende convertir esos derechos en un simple trámite administrativo, es una firma más que otorga para acelerar proyectos extractivistas, lo cual no solo es inconstitucional, sino inmoral frente a las generaciones futuras. Este proyecto omite de forma consciente la consulta previa, libre e informada de pueblos y nacionalidades, violando los artículos 57 y 398 de la Constitución. Y no pensemos que se trata de un error técnico, sino más bien de una decisión política irresponsable que permite avanzar sin escuchar, imponer sin dialogar y sin poner en riesgo los intereses de las grandes empresas mineras que buscan enriquecerse con nuestros recursos. Y como si eso fuera poco, el proyecto ataca frontalmente a las autonomías territoriales al condicionar las regalías mineras, que son derechos constitucionales de los gobiernos autónomos descentralizados, aplicando nuevamente desde el gobierno la receta del chantaje financiero que vimos en la reforma de los GATS, que recién acabamos de tratar, si obedeces, te doy recursos, si no te castigo, vulnerando los artículos 238, 270 y 274 de la Constitución, para así concentrar todo el poder en el Ejecutivo. Y esto también es complicado, yo creo que debe alarmarnos a todos los demócratas la militarización del extractivismo, porque se crean áreas de seguridad estratégica y se asignan a las Fuerzas Armadas a la protección de operaciones privadas. Desnaturalizando su rol constitucional y abriendo la puerta a la criminalización de la protesta social, porque cuando se militarizan los territorios, no se protege a la gente, se protege a los negocios. Y si alguien todavía cree en el cuento del desarrollo, les pido que miremos este megaproyecto a cielo abierto denominado Cangrejos, la ministra nos ha emitido la respuesta a nuestra solicitud de información y con claridad nos dice que hay la autorización para la fase de explotación, una situación que debería alarmarnos y que además, dentro de la misma respuesta, remite que no existe una consulta previa informada a las comunidades. Pero no solamente eso, nos emiten una copia del informe de prefactibilidad donde reconocen que este proyecto provocará drenaje ácido, afectación directa a los ríos, destrucción irreversible de los ecosistemas, erosión de los suelos. Su concesión está autorizada para 26 años, 26 años de presión ambiental, 26 años de miedo y 26 años de promesas incumplidas. Porque hoy preguntamos con el corazón en la mano a la señora ministra y al presidente de la República, ¿dónde está el desarrollo de nuestras comunidades? ¿Dónde está el agua limpia para nuestros hijos? ¿Dónde están los hospitales, las escuelas, el empleo, las vías? ¿Dónde están? ¿No están? Lo que hay es pobreza, ataques armados, esos militares que en lugar de estar en mi provincia, donde este feriado hubieron 24 asesinatos de muertes violentas, hoy pretenden con este proyecto de ley destinarlos a que vayan a resguardar las empresas mineras. El gobierno del presidente Novoa pretende convencernos de que más minería, menos controles y menos derechos son las salidas para esta crisis. Pero desde la revolución ciudadana lo decimos con voz firme y con la memoria de nuestro pueblo. No hay desarrollo sin derechos, no hay crecimiento legítimo sin justicia ambiental. Esta intervención no es un capricho ideológico, es un acto de defensa constitucional. Es un acto de dignidad política, porque la historia nos está mirando. Y aquí hay más legisladores de la provincia de Loro. Nos juzgará con una sola pregunta, si defendimos al pueblo o defendemos al poder. Y desde esta curul, desde la revolución ciudadana, elijo al pueblo, yo elijo la vida y la salud para toda la gente. Además, compañeros, existe una moción para archivos y se solicita, se tome votación de la moción presentada por el compañero Diego Sánchez.