🕒 0:07 Gustavo Enrique Mateus Acosta (75%)

Gracias, señora Presidenta. Un saludo fraterno a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria que siguen el desarrollo de esta sesión. Señora Presidenta, colegas, legisladores, el debate que hoy nos convoca es importante hoy en día. Las redes sociales han transformado la manera en que nos comunicamos, nos informamos y participamos de la vida pública. Deben ser espacios donde se forman opiniones, se denuncian injusticias, se construyen ciudadanas y se fortalecen la participación democrática. Pero también es cierto que han abierto la puerta a desafíos que no podemos ignorar. Todos hemos sido testigos de cómo la desinformación puede distorsionar el debate público, de cómo los discursos de odio encuentran canales de difusión, cada vez más amplios y de cómo la violencia digital afecta a miles de personas, especialmente a niñas, niños y adolescentes. También hemos visto cómo la difusión irresponsable de contenidos vulnera derechos, afecta reputaciones e incluso pone en riesgo la integridad de las personas. Por ello, resulta legítima la preocupación que motivó la presentación de este proyecto y es legítimo que esta Asamblea reflexione sobre la necesidad de promover una ciudadanía digital más responsable. Sin embargo, reconocer la existencia de un problema también nos exige analizar con responsabilidad las herramientas que proponemos para enfrentarlo. Nuestra obligación como legislador es asegurar que las soluciones que construyamos sean compatibles con la Constitución, con los instrumentos internacionales de derechos humanos y con los principios democráticos que sostienen nuestro ordenamiento jurídico. La utilización de conceptos ambiguos, la falta de precisión sobre los mecanismos de aplicación y los riesgos identificados en materia de libertad de expresión, protección de datos personales y seguridad jurídica hacen que esta propuesta no alcance los estándares necesarios para convertirse en una herramienta eficaz de protección de derechos. El proyecto parte de una confusión de origen, ya que pretende convertir principios éticos y valoraciones morales en obligaciones legales sancionables. El Estado no puede convertirse en un árbitro moral de lo que los ciudadanos piensan, opinan o publican en sus cuentas personales. Confundir la ética con la ley sancionable es el primer paso para restringir libertades, silenciar voces críticas y abrir espacios para la persecución política. La libertad de expresión no es únicamente un derecho individual, sino una condición indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Por eso, tanto nuestra Constitución como los instrumentos internacionales reconocen el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información e ideas sin consideración de fronteras. Este principio adquiere una dimensión especial para quienes representamos a los ecuatorianos que viven fuera de nuestro país. Porque para nuestros hermanos migrantes, las redes sociales son mucho más que plataformas digitales. Son el espacio donde una madre pueda acompañar a la distancia el crecimiento de sus hijos. Donde un joven puede mantenerse conectado con sus raíces. Donde una familia puede reducir los kilómetros que las separan mediante una videollamada. Donde miles de compatriotas participan participan de la vida política, social y cultural del Ecuador, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. Son una herramienta de información, de organización comunitaria, de denuncia ciudadana y de ejercicio democrático. Por eso, cualquier regulación que discutamos debe tener presente que estamos hablando también de los derechos de una comunidad que ejerce su ciudadanía más allá de nuestras fronteras. A ello se suma otro problema del fondo. Muchas de las conductas que este proyecto pretende sancionar ya se encuentran reguladas por nuestro ordenamiento jurídico. Los delitos informáticos, las afectaciones a la honra, las vulneraciones a datos personales y otras conductas ilícitas, cuentan ya con mecanismos legales específicos para su investigación y sanción. Además, debemos ser sinceros respecto a la viabilidad de esta propuesta. El mundo digital funciona en un entorno global, con plataformas cuyos servidores se encuentran fuera de nuestras fronteras y con mecanismos tecnológicos que vuelven impracticable la lógica de control planteada por este proyecto. Pretender regular Internet persiguiendo perfiles individuales, mientras ignoran aspectos fundamentales, como la transparencia de las plataformas y los desafíos tecnológicos reales, evidencia una falta de rigurosidad técnica que esta Asamblea no puede pasar por alto. Colegas legisladores, una democracia fuerte no se construye limitando voces y vigilando opiniones, sino garantizando derechos, promoviendo ciudadanos críticos, informados y responsables. La libertad de expresión, la seguridad jurídica y la democracia nunca deben ser las víctimas de una regulación mal concebida. En tal virtud, y considerando que el proyecto no reúne las condiciones constitucionales, jurídicas y técnicas necesarias para alcanzar los objetivos que persigue, respaldamos el archivo de la misma. Muchas gracias. Gracias.