Sesión No. 129-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

registrar su participación en las currules electrónicas, de existir alguna novedad, informar a esta secretaría.

Estamos con 149 asambleistas registrados. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleista Josebed Jaramillo. Señores asambleistas, por favor consignar su voto.

Señor Operador, presente los resultados. Señora Presidenta, me permito informar que la moción presentada por la asambleista Josebed Jaramillo ha sido aprobada por unanimidad.

Tercero, juicio político en contra del señor David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha sido notificado con la convocatoria a la presente sesión e informe por qué medios y a qué correos electrónicos fue remitida dicha notificación.

Me permito informar, señora Presidenta, que el señor David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue notificado a través del Sistema de Gestión Documental DTS 2.0 mediante oficio número ANSG 2026-0686 de 10 de octubre de 2026 y a través de correo electrónico remitido el 10 de octubre de 2026 a las 10 horas con 25 minutos a las siguientes direcciones de correo electrónico. Alejandro Rosero W arroba gmail punto com Capoma 6036 arroba gmail punto com CPM Abogados 30 arroba hotmail punto com DR Rosero arroba CPCS punto go punto S y Máfer Poveda 28 arroba hotmail punto com

Señor Secretario, por favor dé lectura del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su parte pertinente e informe acerca del proceso de convocatoria para este juicio político.

Señora Presidenta, procedo a dar lectura del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 83. En todos los casos, la convocatoria para el juicio político será notificada a la funcionaria o funcionario cuestionado a través de los medios físicos o electrónicos disponibles con al menos 72 horas de anticipación a la fecha prevista para la acción del Pleno. La Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional requerirá a los dos asambleistas que iniciaron el proceso los nombres de dos asambleistas que realizarán la interpelación, lo que será comunicado al funcionario interpelado en la convocatoria respectiva.

En atención a su disposición, señora Presidenta, la Secretaría General certifica que conforme a lo establece el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se ha observado el debido proceso para la convocatoria a la sesión del Pleno cumpliendo con los plazos previstos en la ley. Asimismo, se notificó al funcionario enjuiciado dentro del plazo establecido y se remitió la totalidad del expediente del juicio político incluyendo la nómina del asambleista interpelante en escrito, cumpliendo así lo dispuesto en el citado artículo. Gracias. Gracias.

Y del informe de sustanciación de juicio político presentado por la Comisión de Fiscalización y Control Político.

Procedo a la lectura del memorando N-CFCP-2016-0380M. Asunto, remisión del informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del ingeniero David Alejandro Rosero Minda en su calidad de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De mi consideración, al tiempo de extender un cordial saludo por disposición de la asamblea María Paula Villacreses, vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político en mi calidad de secretaria relatora, me permito poner su conocimiento a lo siguiente. Dentro del trámite de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del ingeniero David Alejandro Rosero Minda en su calidad de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social contenida en el memorando AN-PBSJ-2026-0098-M de 24 de agosto de 2006 y sus anexos, presentada por el asambleísta Sergio Jesús Peña Veloz en virtud de la resolución CAL-MDMA 2025-2027-579 de 31 de agosto de 2006, notificada por Secretaría General, conmemorando de 3 de septiembre de 2006 de incumplimiento de lo resuelto por el Pleno de la Comisión en sesión 072, efectuada el día lunes 5 de octubre de 2006 y de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Acción Legislativa, por este medio remito el informe de sustanciación del juicio político del trámite antes referido aprobado por el Pleno de la Comisión para que sea sometido a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

El registro de la votación de las y los asambleitas para la aprobación del informe de sustanciación del juicio político es del siguiente, afirmativo 6, negativo 0, abstención 4, blanco 0, asambleísta ausente, ninguno. Como respaldo documental de manera adicional, el informe se adjunta al registro de votación correspondiente, se anexa también la moción presentada, así como el expediente íntegro del trámite para descargar bajo las siguientes credenciales lo que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes. Atentamente, Denise Zurita, secretaria relatora. De acuerdo a su disposición, señora presidenta, se procede a dar lectura al informe de sustanciación.

Informe de sustanciación del juicio político. Funcionario cuestionado. Ingeniero David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Asambleísta solicitante, Sergio Jesús Peña Veloz. Miembros de la comisión, María Paula Villacreses, vicepresidenta. Amable Antonio Chica Valencia, Jimmy Carlos Erazo Andy, Luigi García, Ana Cecilia Herrera, José Luis Nango, María Verónica Ortiz, Bruno Pino, Nanqui Lauro Sant, Fabiola Maribel San Martín.

Presentar el informe sobre procedimiento de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del ingeniero David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Segundo, antecedentes. Solicitud presentada por el asambleísta Sergio Jesús Peña Veloz. Conmemorando de 24 de agosto de los 1026, ingresado mediante el sistema de gestión documental y dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional, el asambleísta Sergio Peña presentó el memorando AN-PBSJ-2026-001-X de la misma fecha que contiene la solicitud de enjuiciamiento político en contra del magíster David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

2.2. Funcionario cuestionado. La solicitud de enjuiciamiento político se presenta en contra del ingeniero David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designado mediante resolución PLSNE 554-2023 de 5 de abril de 2023 del Pleno del Consejo Nacional Electoral y posesionado el 16 de abril de 2025 por la Asamblea Nacional en sesión 1019 del Pleno en cumplimiento de la resolución en referencia. 2.3. Causal del juicio político alegada. La solicitud de enjuiciamiento político se propone con fundamento en los artículos 120, numeral 9 y 131 de la Constitución de la República de Ecuador, 78 y 79, y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica de la Acción Legislativa, y 46 numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

De la referida solicitud se destaca los siguientes hechos. Sobre el desarrollo del concurso y competencia del Pleno, indica que con la resolución CPCS-PLESG-001E-2025-01-89, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aprobó el reglamento que regula el concurso de méritos de oposición para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado mediante concurso de méritos de oposición. También describe que de la razón sentada por Secretaría General, se desprende que la resolución fue aprobada con el voto favorable del consejero David Alejandro Rosero Minda.

Esto acreditaría no sólo su participación directa en la aprobación del marco normativo del concurso, sino también su conocimiento previo, pleno y directo de las reglas, principios y obligaciones y procedimientos aplicables. Menciona que, como parte del procedimiento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformó la Comisión Ciudadana de Selección previo a la convocatoria, dando cumplimiento al reglamento del concurso mediante resolución de 4 de febrero de 2026. Los consejeros designaron a sus representantes dentro del equipo técnico por parte del consejero David Alejandro Rosero Minda, se designó al servidor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Luis Antonio Cueva Ordóñez.

Indica que, con resolución PLSG 006E-2026-0050, de 12 de febrero de 2026, del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, convocó a la ciudadanía en general para que postulen al concurso de méritos de oposición para la selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, desde el miércoles 18 de febrero al martes 3 de marzo de 2026. Menciona que, de la razón sentada por la Secretaría General del Organismo, consta que la aprobación de dicha resolución se efectuó con el voto favorable del consejero David Alejandro Rosero Minda.

Describe que estas actuaciones permiten establecer que la participación del consejero David Rosero en el concurso no se limita a una intervención meramente formal o protocolaria. Por el contrario, desde la aprobación de la normativa que rige el proceso y durante su implementación, he ejercido las competencias inherentes a su calidad integrante del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano al que le corresponde adoptar decisiones necesarias para el desarrollo y continuidad de las fases del concurso y finalmente resolver sobre la designación de la autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Destaca que el referido consejero no sólo conoce el marco normativo aplicable en cuya aprobación participó con su voto favorable, sino que además interviene institucionalmente en las decisiones que inciden en la conducción del concurso. Admisión y continuación de la fase Describe el 18 de abril de 2016 mediante memorando CPSS-CSS-FG-2026-0248-M el secretario de la Comisión Ciudadana de Selección remitió al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el informe final de admisibilidad y reconsideración acompañado de sus respectivos anexos para su conocimiento de aprobación. La documentación oficial confirmaría que este informe constituía el resultado de una etapa sustancial del concurso previo a la continuación de las fases posteriores.

Señala que este informe fue incorporado como primer punto del orden del día de la sesión extraordinaria número 13 convocada para el 20 de abril de 2016. La convocatoria contemplaba expresamente entre los consejeros a David Rosero evidenciando que para ese momento continuaba formando parte del órgano llamado a votar decisiones respecto del desarrollo del concurso. Explica que en dicha sesión el Pleno expidió la resolución CPCS-PLESG-03CE-2016-01-24 en su artículo 1 dio por conocido el informe final de admisibilidad y reconsideración y el artículo 2 autorizó expresamente a la Comisión Ciudadana de Selección a continuar con la siguiente fase conforme al artículo 34 de la codificación del reglamento para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Describe que de la razón sentada por Secretaría General consta que David Alejandro Rosero Minda participó en la sesión y registró su voto en abstención respecto de la decisión mediante la cual el Pleno conoció el informe final de admisibilidad y reconsideración y autorizó a la Comisión Ciudadana de Selección a continuar con la siguiente fase del concurso. Describe que la abstención registrada resulta relevante dentro de la secuencia de hechos pues confirma que el consejero se encontraba presente participó en la sesión y ejerció su facultad de voto respecto a una decisión directamente vinculada con la continuidad del concurso.

Señala que su actuación no puede ser considerada ajena al desarrollo de esta fase sino que debe analizarse conjuntamente con sus intervenciones anteriores y posteriores a efectos de determinar la consistencia de su conducta con los deberes de imparcialidad transparencia y objetividad exigibles a los integrantes del órgano encargado de adoptar decisiones dentro del proceso de selección es decir este hecho debe ser valorado objetivamente acredita su participación en la sesión y plantea la necesidad de determinar si explicó o no su voto si presentó una excusa formal y si se apartó de todas las actuaciones posteriores.

Detalla que con esta actuación el concurso de mérito de oposición inició la fase de calificación de los méritos conforme a las reglas establecidas en el reglamento en donde el expediente de la postulante Inés Maritza Romero Esteves fue sometido a la calificación establecida por los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección para su posterior conocimiento y autorización por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el expediente de la postulante se identifica con el número 18 reunión denunciada con la postulante Inés Romero el 27 de julio de 2026 el portal Altavoz EQ a las 21 horas con 35 minutos publica 5 de junio de 2026 desde las 19 horas 30 entre el consejero en funciones David Alejandro Rosero Minda y la postulante a Fiscal General del Estado Inés Maritza Romero Esteves actual jueza provincial de la sala penal de la Corte Provincial de Pichincha las publicaciones se mencionan se encuentran en varios links describe que la denuncia fue recogida posteriormente por el espacio informativo Mirada Nacional de la sala penal que identificó expresamente a Inés Romero y al consejero David Rosero y señaló que el supuesto encuentro se habría producido antes de una fase clave del concurso señala que por su parte la publicación de Altavoz de C individualiza preliminarmente el encuentro el 5 de junio en una vivienda de propiedad de la postulante ubicada en Cumbayá a partir de las 19 horas 30 esta presión temporal y espacial incrementa la posibilidad de verificación objetiva mediante registros testimonios cámaras comunicaciones y ubicación pero menciona que continúa siendo una alegación que debe corroborar indica que de la verificación de la información pública correspondiente al portal de servicios en línea del municipio del distrito metropolitano de Quito bajo la búsqueda con los nombres de la postulante Inés Marisa Romero Esteves aparecen tres predios con su nombre registrado sin embargo llamar atención en específico predio correspondiente a una casa ubicada en la parroquia Cumbayá describe la dirección cuya propietaria y la postulante concuerda con los datos en los cuales se habría dado la reunión en mención para lo cual se adjunta la cédula catastral obtenida señala que la proximidad temporal alegada entre el encuentro y una fase decisiva del concurso es jurídicamente relevante porque permite investigar un eventual nexo entre la reunión y las actuaciones posteriores de la comisión del equipo técnico o del pleno en específico del consejero David Alejandro Rosero Minda falta de transparencia y eventual conflicto de interés describe que la reunión mantenida con la postulante Inés Marisa Romero Esteves del 5 de junio de 2026 guarda relación directa con el concurso para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado para lo cual hay que analizar que acontecimientos se encontraban desarrollando de acuerdo a la temporalidad del concurso y la fecha de la reunión para lo cual de la revisión de la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se verifica que a la fecha mediante resolución número CCS-FG-SA-00122 de fecha 3 de junio de 2016 la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe final de la fase de méritos de los postulantes detalla que de conformidad a las reglas establecidas en el reglamento con esta actuación efectual del 3 de junio la Comisión Ciudadana dio por finalizada la fase de méritos en la que en el caso de la postulante Inés Marisa Romero Esteves se le asignó una calificación de 46.75 sobre 50 puntos según consta en el formulario de evaluación disponible calificación a la que la postulante solicitó su recalificación solicitando que se le asigne la calificación de 48 puntos debido a su fundamentación sin embargo la Comisión Ciudadana únicamente le incrementó 0.5 puntos y no el punto y 25 décimas solicitados con lo que su calificación final se estableció en 47.25 sobre 50 conforme consta en la resolución de 27 de mayo de 2016 emitida por la Comisión Ciudadana de Selección ante el trámite de recalificación describe describe que esta actuación en conjunto con las otras efectuadas sobre los otros postulantes que daba a conocimiento y disposición del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al fin de continuar con el avance de la siguiente fase del concurso de méritos de oposición es decir la impugnación ciudadana detalla que el 9 de junio de 2016 emite la convocatoria a la acción ordinaria 22 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se efectuará el 10 de junio de 2016 y como punto quinto del orden del día consta que el Pleno daría conocimiento al informe final de la fase de méritos del concurso público de merecimientos de oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado remitido mediante memorando de 8 de junio de 2026 señala que al verificar esta sesión se evidencian aspectos que llaman la atención ya que conforme conste en la grabación pública en dicha sesión participan los consejeros Yasmín Enríquez Piedad Cuarán Roberto Gilbert Tavir Rosero y Johanna Verde Soto estando ausentes los consejeros Andrés Fantoni y Nicole Bonifaz sin embargo previo a tratar el punto referente al informe del concurso la sesión fue declarada permanente y suspendida esperando su reinstalación indica que de la misma página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social consta que en la sesión se dispuso su reinstalación el 11 de junio de 2026 a las 18 horas conforme consta en el memorando CPSSS SG-2016-07-87-M describe que en la hora y fecha señalada consta de las grabaciones públicas la reinstalación de la sesión ordinaria 22 en esta sesión participan los consejeros Andrés Fantoni Yasmín Enríquez Piedad Cuarán Nicole Bonifaz Johanna Verde Soto Roberto Gilbert y la ausencia de David Rosero cuando el pleno traslaba el punto referente al informe final de méritos se evidencian varios hechos que le llaman la atención al momento que los consejeros emiten su votación específicamente en la intervención de la consejera Nicole Bonifaz existieron varias interrupciones por parte del ex consejero Roberto Gilbert y la aparición del expostulante José de la Gasca desde la cámara de dicho consejero sin embargo la consejera Nicole Bonifaz votó en contra la consejera Piedad Cuarán también votó en contra y se desconectó de la sesión los consejeros Andrés Santoni Yasmín Enríquez y Johanna Verde Soto votaron a favor y el consejero Roberto Gilbert votó en abstención siendo el gran ausente de la sesión el consejero David Rosero Minda con estas votaciones y esta ausencia provocaron que el concurso quede detenido por no haber emitido la autorización de continuación por parte del pleno ya que la actuación se limitó a no aprobar el informe sin embargo ninguno de los consejeros que tuvieron la actuación antagonista desde el cumplimiento de sus funciones propuso al pleno como es obligación una nueva resolución en la que se hubiera por lo menos devuelto el informe a la comisión a fin de que amplie revise o especifique los puntos que los consejeros se oponían por lo que se detonó el interés y la necesidad de que el proceso se detenga por razones aún desconocidas y el cálculo en la forma de votar para que este objetivo se cumpla señala que en el caso del consejero David Rosero su ausencia en esta sesión previo a la existencia de los hechos en materia de la presente solicitud resultaban irrelevantes o inclusive circunstanciales sin el vangro dado la existencia de la reunión con la postulante su ausencia se entendía también por parte de la necesidad de suspender el proceso más aún que dentro de la documentación que sirve de soporte que determina que los consejeros tienen la obligación de garantizar la conectividad a las sesiones del pleno que son virtuales desde las recomendaciones de Contraloría que hace mención en las convocatorias por lo que ningún tipo de justificación desvanece el hecho del cálculo político ante la ausencia en el tratamiento y votación de este informe sobre el concurso de la Fiscalía General del Estado indica que este proceso estuvo detenido por más de un mes sin rumbo cierto y bajo la justificación que el presidente estuvo de vacaciones sin embargo consta de la página web del Consejo de Participación Ciudad y Control Social que transcurrieron cuatro sesiones ordinarias una cada semana es decir alrededor de un mes y con una nueva conformación de pleno hasta que el presidente mediante convocatoria de 15 de julio de 2026 convoca a los consejeros de la sesión extraordinaria 17 a efectuarse el 16 de julio de 2026 en la que se vuelve a adoptar decisiones sobre el concurso de la Fiscalía General del Estado informa que en esta sesión conforme la grabación disponible sesión extraordinaria 017 del pleno del Consejo de Participación Ciudadán y Control Social se evidencia que nuevamente la votación del consejero David Rosero pretende incidentar y negar el avance del proceso efectuando su votación y abstención por su disconformidad con la forma que actúa la Comisión Ciudadana de Selección la resolución que adopta el pleno sobre la autorización de continuación es la CPSSS PLSG 017 guión E 2026 0207 de 16 de julio de 2026 por lo que correspondía al consejero ante los hechos evidentes transparentar oportunamente la existencia naturaleza y objeto de dicho encuentro así como adoptar medidas suficientes para preservar la imparcialidad independencia y confianza pública en el proceso ya que se generó un conflicto de intereses y no se abstuvo de intervenir en decisiones vinculadas con la postulante manifiesta que la falta de transparencia sumada a una eventual intervención posterior en actuaciones capaces de beneficiar mantener o modificar la situación jurídica de la postulante comprometen los principios de igualdad independencia transparencia y publicidad que origen la actuación del consejo de participación ciudadana y control social así como la prohibición legal de intervenir en asuntos en los que existan conflictos de interés por ello el análisis debe centrarse en determinar si existió un apartamiento real oportuno y efectivo del consejero respecto de todas aquellas decisiones o actuaciones relacionadas con la postulante en los fundamentos derechos expuestos en la solicitud de juicio político se enuncia la vulneración de las siguientes normas explica que la reunión adquiere relevancia en la medida en que el artículo 208 numeral 11 de la constitución atribuye al consejo de participación ciudadana la competencia de designar la primera autoridad de la fiscalía general del estado luego le corresponde el proceso de selección en consecuencia quienes integran el consejo se encuentran sometidos a un estándar reforzado de imparcialidad transparencia y curiosidad por su capacidad institucional para intervenir en un procedimiento destinado a seleccionar a una de las máximas autoridades de control y administración de justicia del estado detalla que el artículo 233 de la constitución establece que ninguna servidora y servidor público se encuentre exento responsabilidades por los actos u omisiones realizados en el desempeño de sus funciones señala que estas competencias deben ejercerse observando los principios previstos en el artículo 2 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social especialmente los de igualdad independencia transparencia publicidad y oportunidad manifiesta que el artículo 38 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social determina como atribución del pleno 4 organizar las comisiones ciudadanas de selección dictaminar las normas de cada proceso de selección y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de acuerdo con la constitución y la presente ley y quinto designar una vez efectuado el proceso de selección que corresponda a las autoridades estatales y representantes de la ciudadanía que prevé la constitución y la ley 16 ejercer las demás atribuciones que establezcan esta ley y los reglamentos pertinentes menciona que el artículo 45 de la misma ley establece que los consejeros y consejeras tienen prohibido mientras ejerce su cargo actuar en sus asuntos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de funciones menciona que el artículo 46 numeral 4 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social contempla como causal de cesación la censura y destitución mediante juicio político cuando existe incumplimiento de las responsabilidades y funciones propias del cargo cuando la autoridad ha incurrido en alguna de las prohibiciones previstas en la constitución o en la ley describe que los artículos 12 y 14 de la codificación del reglamento para el concurso de méritos de oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado determina que el equipo técnico brinda apoyo administrativo logístico operacional y técnico jurídico durante las diferentes fases del concurso y que dicho equipo se integra por delegados de cada uno de los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designados posteriormente mediante resolución del pleno indica que de conformidad con el artículo 8 del reglamento del concurso corresponde al pleno entre otras facultades las siguientes cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales legales y reglamentarias del concurso vigilar la transparencia de los actos de la Comisión Ciudadana de Selección y del equipo técnico aprobar el cronograma y plan de trabajo y coordinar acciones con la comisión resolver consultas sobre la aplicación del reglamento y situaciones no previstas requerir y conocer informes de las distintas fases verificar información declaración o documentos de las y los postulantes resolver en última y definitiva instancia los recursos y adhesiones que el reglamento somete al pleno descalificar los postulantes cuando corresponda declarar nulidades y efectuar la designación final describe que la TIF artículo 3 del reglamento establece además que cada consejero delega miembros principales y suplentes para integrar el equipo técnico tipificación y el cumplimiento indica que la responsabilidad política atribuida no se formula por responsabilidad objetiva ni por actos de terceros describe que se atribuye al consejero la siguiente conducta propia y diferenciada mantener una reunión no registrada ni transparentada con una postulante sometida a decisiones de un concurso en el que ejerce competencias públicas omitir informar oportunamente al pleno y a la ciudadanía sobre la existencia objeto y alcance institucional del encuentro si este versó sobre el concurso omitir y declarar formalmente un conflicto de intereses y no acreditar un apartamiento integral de las actuaciones relativas a la postulante mantener la posibilidad de influir directa o indirectamente a través de su participación en el pleno y de sus delegados al equipo técnico comprometer con estas acciones o omisiones la confianza pública en la independencia transparencia probidad e integridad del concurso 2.4 contestación del funcionario cuestionado el 18 de septiembre de 2016 el consejero del consejo de participación ciudadana y control social david aleján rosera minda en conjunto con su abogado defensor carlos poveda moreno presentó su contestación y anunció las pruebas de descargo correspondientes al juicio político en su contra el oficio sin número fue ingresado mediante el sistema de gestión documental con el trámite 48 61 87 asimismo con oficio ingresado a través de la ventanilla de la unidad de gestión documental el día sábado 19 de septiembre de 2006 y signado con número de trámite 48 61 90 el consejero david aleján rosero minda presentó el alcance de anuncios probatorios y mediante oficio sin número remitido mediante correo electrónico el día domingo 20 de octubre de 2006 el consejero david rosero solicitó en lo pertinente que se autorice la participación en calidad de testigo del ingeniero edwin gabriel guibara maya como perito acreditado en informática forense judicial y la realización de una meta pericia sistematización de los argumentos de descargo a continuación se sistematizan los principales argumentos de defensa presentados el consejero del consejo de participación ciudadana y control social david aleján rosero minda niega de manera explícita todas las imputaciones sostenidas por el proponente señalando en particular que niega haber mantenido reuniones formales privadas o clandestinas con la postulante Inés Maritza Romero Esteves en la fecha hora y lugar señalados ni en ningún momento del concurso niega haber solicitado recibido transmitido o ejecutado cualquier gestión destinada a favorecer o perjudicar a la postulante niega haber ocultado deliberadamente una reunión institucional inexistente niega haber impartido instrucciones al equipo técnico ejercido influencia sobre la comisión ciudadana de selección o utilizado su cargo para generar tratos preferenciales ventajas o accesos privilegiados a favor de la postulante sostiene que no ha incurrido en un conflicto de interés real personal y jurídicamente acreditado niega haber incumplido una obligación legal de abstención derivada de un hecho que no ha sido demostrado sobre el cumplimiento de funciones relacionado con los principios de transparencia y conflicto de intereses en la selección del fiscal general respecto del incumplimiento de funciones constitucionales y legales y reglamentarias del consejero David Alejandro Rosero Minda en el marco del concurso público para selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado por mantener una reunión no transparente con la postulante Inés Marisa Romero Esteves fuera de la sede oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sin formar su objeto sin declaración previa de conflicto de intereses por parte de la postulante y sin que el consejero se apartara de las actuaciones institucionales que pudieran incidir en la situación jurídica de dicha aspirante el consejero David Rosero manifiesta en su contestación el rechazo categórico de las aseveraciones del asambleísta proponente por considerarse falacias basadas en fuentes no formales e indóneas que inducen a error señala que impugna todo elemento objetivo y subjetivo presentado sin fundamento legal argumentado la violación del debido proceso según el artículo 76.4 de la Constitución de la República del Ecuador sobre la ineficacia y falta de validez de pruebas obtenidas con violación de la Constitución a la ley invoca el artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal relativo a la cadena de custodia de elementos físicos o digitales para garantizar su autenticidad identidad y estado original desde su reclusión hasta la finalización por orden judicial sobre la invalidez probatoria y vulneración del debido proceso señala que las pruebas presentadas en la solicitud de juicio político fueron obtenidas de forma ineficaz ilícita e ilegal indica que se certificó mediante la Fiscalía General del Estado que el compareciente no ha sido sujeto de investigaciones ni ha tenido órdenes judiciales para la obtención de fotografías videovigilancia audio seguimientos u otros que puedan obtener elementos de convicción debidamente ordenados conforme la Constitución y la ley se sostiene que el control político debe ajustarse a la Constitución artículo 76 numerales 2 y 4 y respetarse las garantías mínimas procesales conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador sentencia 2137 guión 21 guión EP slash 21 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos las pruebas actuadas con violación de la ley carecen de validad y eficacia aprobatoria manifiesta que las imágenes que pretende vincular al compareciente con una postulante a fiscal general carecen de cadena de custodia peritaje de identidad humana y del cumplimiento de normativas técnicas aplicables como la guía técnica de análisis forense y evidencia digital o los manuales de evidencia digital y descartar manipulaciones o uso de inteligencia artificial se califica de falsa la supuesta reunión no transparentada con la postulante Inés Marisa Romero Esteves afirmando que el compareciente se encontraba en otra ciudad y lugar en la fecha y hora señalada lo cual se respalda con prueba documental adjunta se afirma que todas las actuaciones de la autoridad se han ejecutado en estricto apego a las competencias destinadas por artículo 208 número 11 de la constitución de la república del ecuador sobre las atribuciones del pleno del consejo de participación ciudadana y control social y prohibición de conflicto de intereses artículo 38 artículo 45 la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social alegando un presunto conflicto de intereses por un supuesto contacto con la postulante Inés Marisa Romero Esteves en ese sentido menciona que las acusaciones de conflicto de interés quedan totalmente desvirtuadas debido a que la postulante de forma tácita y mediante la creación pública negó categóricamente en la sesión 0068 CSS FG 2016 de 14 de septiembre de 2016 haberme tenido reunión alguna con el consejero David Rosero o cualquier otro consejero durante el concurso indica que adicionalmente la postulante presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia notariada por presunta suplantación de identidad noticia del delito número 17 01 01 82 60 83 62 detalla que no existe verdad procesal que determine responsabilidad política la cadena de fotografías presentadas como prueba carecen de autenticidad integridad origen contexto cadena de custodia fecha hora lugar motivo metadatos información exif fecha de creación fuente primaria ya que su sola presentación como prueba no acredita de manera objetiva la existencia de la supuesta reunión y conflicto de interés en el ejercicio de funciones sobre las actividades programadas y desplazamientos 4 y 5 de junio de 2026 señala que se adjunta documentación notariada que acredita el traslado de Guayaquil a Quito el 5 de junio de 2026 arribando aproximadamente a las 18 horas y posterior viaje hacia Ibarra con llegada a las 20 horas con 22 minutos indica la improcedencia de la supuesta reunión con la postulante Inés Marisa Romero Esteves del 5 de junio de 2026 a las 19 horas 30 conforme lo señalado por el asambleísta Sergio Peña manifiesta que conforme a la codificación del reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado el equipo técnico se conforma mediante la proesta de un delegado por cada consejero o consejera previo requerimiento del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con designación formal a cargo del pleno se sostiene que la selección del delegado no responde a un intento de beneficiar o perjudicar a ningún postulante corresponde correspondiendo al proponente del juicio político aportar la fundamentación tácita respecto a la delegación de un delegado al equipo técnico indica que la designación de un delegado al equipo técnico constituye una atribución expresa de cada consejero fundamentada en los artículos 13, 14, 15 y 16 de la codificación del reglamento para el concurso de selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado señala que la aseveración de que dicha designación se realizó con el fin de beneficiar o perjudicar a un postulante exige fundamentación tácita por parte del proponente del juicio político sobre la votación abstención y el carácter corporativo de las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se señala se señala su actuar conforme a la ley en todas las sesiones públicas del Pleno indicando que el voto individual no es decisorio ni dirbente y que una atribución no constituye por sí mismo prueba de conflicto de intereses con la postulante Inés Marisa Romero Esteves sostiene la ausencia de injerencia sobre la Comisión Ciudadana de Selección o el equipo técnico precisando que las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son corporativas o colectivas y que un consejero no posee dominio del acto ni incidencia individual para otorgar prerrogativas Especifica que conforme la normativa del concurso la ley y la constitución los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no verifican documentos no califican carpetas ni asignan notas siendo estas funciones de responsabilidad exclusiva de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía

Prueba documental. Primero, reglamento del concurso para selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Segundo, resolución de 4 de febrero de 2026, designación de equipo técnico. Tercero, resolución de 12 de febrero de 2026, convocatoria pública al concurso, reproduce la razón de la votación. Cuarto, convocatoria a la acción extraordinaria 013 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 19 de abril de 2026. Quinto, resolución de 20 de abril de 2026, informe final de admisibilidad. Sexto, cédula catastral del predio inmueble en Cumbayá.

Séptimo, resolución de 3 de junio de 2026, aprobación del informe final de méritos. Octavo, informe final de la fase de méritos y recalificación del concurso de la Fiscalía General del Estado. Noveno, formulario de valoración de méritos de la postulante número 18. Décimo, oficio 003-CCS-FGE-IMRE-2016, solicitud de recalificación. Once, resolución CCS-FGE-SA-00112-2016, de 27 de mayo de 2016. Resolución de recalificación, artículo 1. Doce, convocatoria del 9 de junio de 2026 a la sesión ordinaria 022 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, prevista para el 10 de junio de 2026.

Trece, memorando CPSC-SSG-2016-0787-M, reinstalación de la sesión 022. Trece, convocatoria del 15 de julio de 2026 a la sesión extraordinaria 017, prevista para el 16 de julio de 2026. Trece, resolución del 16 de julio de 2026, parte resolutiva y razón de votación. Trece, cuatro fotografías relacionadas con la reunión denunciada. Trece, respuestas remitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Prueba nueva, primero, informe pericial forense José Vicente Núñez, anunciada como prueba nueva pericial para acreditación, preversación digital de redes sociales y prensa. Segundo, informe pericial identidad humana de 17 de septiembre de 2016, Daniel Briones Porras, anunciado como prueba nueva pericial sobre los datos de identidad de los señores David Rosero e Inés Romero.

Tercero, certificado digital de datos de identidad del señor Rosero Minda David Alejandro. Cuarto, certificado digital de datos de identidad de la señora Romero Esteves Inés Maritza. Quinto, testimonio de los peritos José Vicente Núñez Dolz, informe pericial de informática forense, y Daniel Briones, informe pericial de identidad humana. De acuerdo a lo anunciado en su escrito de contestación, el funcionario cuestionado presentó la siguiente prueba. Primero, memorándum número CPSSS CDR 2016-0206M, de 2 de junio de 2026. Segundo, correo electrónico referente a los comités de usuarios de la salud del Guayas, suscrito por la abogada Rosa Vera Rambay.

Tercero, oficio, comité de usuarios de servicios públicos de salud, transporte del Guayas, de fecha 2 de junio de 2026. Cuarto, oficio de 1 de junio de 2026, asesores educativos SAS de la Revista Latinoamericana de Participación Ciudadana y Gobernanza. Invitación. Quinto, formulario de martes 2 de junio de 2026. Sexto, liquidación de viáticos para la ciudad de Guayaquil. Séptimo, tiques de aéreos de la aerolínea Avianca. Octavo, memorando CPSSS CGAF 2016-0974M, de fecha 15 de septiembre de 2026. Noveno, correo de 8 de septiembre de 2026, reporte de rastrero satelital privado, empresa Hunter.

Décimo, memorando de 4 de junio de 2026. Memorando de 18 de junio de 2026. Memorando de 5 de junio de 2026. Décimo tercero, orden de movilización número 6339. Décimo cuarto, resolución número CPSSS PLE SG005-2026-0039, de 4 de febrero de 2026. Décimo quinto, memorando de 11 de junio de 2026. Décimo sexto, acta de sesión 022-2026. Décimo séptimo, noticia de delito 170-10-18-26-08-3602, Fiscalía General del Estado. Décimo octavo, materialización de publicación periodística de diario expreso. Décimo noveno, memorando número CPSSS CGC 2026-0871M, de fecha 15 de septiembre de 2026.

Siguiente prueba. Número 20, memorando número CPSSSG 2006-1248M, de fecha 14 de septiembre de 2006. 21, impuesto predial del GAD Municipal de Ibarra. 22, factura electrónica de pago del servicio básico agua potable, empresa de mapa donde consta el contribuyente David Alejandro Rosero Minda, así como su dirección domiciliaria. Número 23, memorando número CPSSSG 2026-269M, de fecha 17 de septiembre de 2026. Número 24, meta pericia de informe pericial, informática forense y preservación digital de redes sociales y prensa, suscrito por José Vicente Núñez Dolz, perito acreditado en área de ingeniería, especialidades sistemáticas de informática, audio y video y afines.

Número 24, informe pericial, identidad humana, suscrito por Daniel Briones Porras, perito acreditado en criminalística, identidad humana. Y 25, prueba testimonial. A, señor Jaime Cañez Ortiz, funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. B, ingeniero Edwin Gabriel Guevara Maya, profesional en ingeniería en sistemas de informática, debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura. El asambleísta Sergio Jesús Peña Veloz, en su calidad de asambleísta solicitante durante su intervención ante el Pleno de la Comisión de Fiscalización y Control Político, expuso lo siguiente de forma detallada y sintetizada en relación a la prueba anunciada en su solicitud de enjuiciamiento político.

Enfoque general. La fase de actuación de prueba de cargo dentro del proceso de enjuiciamiento político en contra del consejero de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, se instaló con la intervención del asambleísta Sergio Peña, quien realizó la enunciación sistematizada de disposición de los elementos probatorios. Las pruebas presentadas para determinar las actuaciones del consejero en el desarrollo del concurso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y establecer si se efectúa la presunta reunión clandestina con la postulante del concurso, Inés Romero.

La prueba documental abarca en lo principal el marco normativo y reglamentario, las resoluciones de designación del equipo técnico convocatoria, las actas de informes de admisibilidad y de la fase de méritos, las convocatorias de acciones del Pleno, documentación sobre un bien inmueble, registros fotográficos y las respuestas institucionales del propio consejo. La prueba nueva introduce elementos de carácter técnico y pericial orientados a verificar hechos, destacando el informe pericial de informática forense para la preservación digital, el informe de identidad humana sobre dos ciudadanos específicos, respaldados por sus respectivos certificados digitales de identidad y los testimonios de los peritos propuestos para su respectiva sustentación técnica.

Durante el desarrollo de esta etapa, el asambleísta proponente intervino para sustentar la responsabilidad política y el incumplimiento de funciones específicamente por vulnerar los principios de independencia, transparencia e imparcialidad, probabilidad e igualdad en el marco del consumo público de méritos de oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. El eje central es una presunta reunión no transparentada entre el consejero David Rosero y la postulante a dicho concurso Inés Marisa Romero Esteves, celebrada presuntamente el 5 de junio de 2026 en Cumbaya, configurando un presunto conflicto de intereses no declarado y una vulneración de las prohibiciones expresas estipuladas en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

La metodología empleada por el proponente se centró en la lectura de extractos considerados como principales de las pruebas documentales anunciadas, buscando establecer una línea cronológica entre las acciones del consejero David Rosero y los hechos denunciados en el nivel acusatorio. La actuación de la prueba se realizó de forma presencial, permitiendo la interacción del proponente con la documentación proyectada en la sala de sesiones. Argumento central. El argumento central sostenido por el asambleísta proponente de una presentación de la prueba documental, versó sobre el presunto incumplimiento de funciones del consejero David Rosero respecto de los siguientes ejes.

Mantener una reunión no registrada ni transparente con una postulante sometida a decisiones de un concurso en el que ejerce competencias públicas. Omitir informar oportunamente al Pleno y a la ciudadanía sobre la existencia, objeto y alcance institucional del encuentro, si éste versó sobre el concurso. Omitir declarar formalmente un conflicto de intereses y no acreditar un apartamento integral de las actuaciones relativas a la postulante. Mantener la posibilidad de influir directa o indirectamente a través de su participación en el Pleno y de sus delegados al equipo técnico. Comprometer con esas acciones o omisiones la confianza pública en la independencia, transparencia, probidad e integridad del concurso.

Según la acusación, este encuentro habría generado un conflicto de intereses no declarado comprometiendo los principios de independencia e imparcialidad, transparencia y probidad que exige el cargo al continuar interviniendo institucionalmente en las fases del concurso. Prueba de descargo presentadas. Sistematización de lo relevante. Prueba documental. Reglamento del concurso para selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Señala que conforme consta por secretaría del organismo de dicha resolución, fue aprobada por el voto favorable del consejero David Rosero. Explica que este elemento permite establecer que el funcionario cuestionado participó directamente en la aprobación del marco normativo que regiera el concurso y por tanto conocía las reglas, principios y procedimientos aplicables dentro de su desarrollo.

El artículo 3 del reglamento establece, entre otros, los principios de independencia, transparencia, meritocracia, probidad e integridad, publicidad, juricidad y motivación pertinencia. Segundo, resolución, designación de equipo técnico. El asambleísta solicitante expuso que los integrantes del pleno designaron a sus representantes dentro del equipo técnico. En el caso del consejero David Rosero, fue designado Luis Antonio Cueva Ordóñez como su representante. Describe que este documento permite establecer que la participación institucional del consejero dentro del concurso no se circunscribía únicamente a su actuación como integrante del pleno, sino que existía además un servidor designado por él dentro del equipo técnico.

Tercero, resolución convocatoria pública al concurso reproduce la razón de la votación. Explica que el pleno realizó la convocatoria pública para participar en el concurso de méritos de oposición para la selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Conforme consta en la razón sentada por Secretaría General, esta resolución fue aprobada con el voto favorable del consejero David Rosero. Cuarto, convocatoria a sesión extraordinaria número 13 del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 19 de abril de 2026. El asambrista Sergio Peña detalla que la convocatoria contempla expresamente al consejero David Alejandro Rosero Minda entre los integrantes del pleno.

Primer punto del orden del día, informe de admisibilidad. Quinto, resolución de 20 de abril de 2026, informe final de admisibilidad. Describe que en su artículo 1 se dio por conocido el informe final de admisibilidad y reconsideración. Artículo 2, se autorizó a la Comisión Ciudadana de Selección a continuar con la siguiente fase del proceso de la razón sentada por Secretaría. Consta que David Alejandro Rosero Minda participó en esta sesión y registró su votación en abstención. Texto, cédula catastral del predio inmueble en Cumbayá. Menciona que el documento corresponde a una casa ubicada en la parroquia Cumbayá con el detalle de la dirección en la cual consta como propietaria la postulante Inés Marisa Romero Esteves.

Este documento fue incorporado porque la información relativa al encuentro denunciado situada preliminarmente su relación en una vivienda ubicada en Cumbayá vinculada con la postulante. Séptimo, resolución de 3 de junio de 2026, aprobación del informe final de méritos. El asambleísta proponente describe que la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe final de la fase de méritos. La fecha resulta relevante para reconstruir la cronología de los hechos. Esta actuación ocurrió el 3 de junio, mientras que el encuentro denunciado fue situado en la solicitud inicial el 5 de junio de 2026.

Octavo, informe final de la fase de méritos y recalificación del concurso de la Fiscalía General del Estado. Señala que permite establecer la situación específica de Inés Marisa Romero Esteves dentro del presente concurso. Determina que para las fechas, materia de análisis, la postulante continuaba vinculada a un procedimiento que se encontraba en desarrollo. Noveno, formulario de valoración de méritos de la postulante número 18. Menciona que, según este documento, correspondiente a Inés Marisa Romero Esteves, la postulante obtuvo inicialmente una calificación de 46.75 sobre 50. Décimo, oficio número 003, CCS, SFG, IMRE, 2026, solicitud de recalificación.

Oficio mediante el cual Inés Marisa Romero Esteves solicitó la recalificación de sus méritos, planteando que su puntuación fuera elevada a 48 puntos. Este documento debe ser analizado conjuntamente con los anexos 9 y 11. El primero contiene la calificación inicial, este documento acredita la petición de recalificación y el siguiente contiene la decisión adoptada. 11. Resolución, CCS, FG, SA, 00112, 2026, de 27 de mayo de 2006, resolución de recalificación, artículo 1. El asambleísta detalla que la postulante tenía inicialmente 46.75 y solicitó que la puntuación fuera elevada a 48.

La Comisión Ciudadana incrementó su calificación en 0.5 puntos, quedando finalmente establecida en 47.25 sobre 50. 12. Convocatoria de 9 de junio de 2026 a la sesión ordinaria 022 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, prevista para el 10 de junio de 2026, punto quinto del orden del día. Indica que dentro del punto quinto del orden del día, constaba el conocimiento del informe final de la fase de méritos del concurso. La sesión comenzó con la participación, entre otros, del consejero David Rosero, posteriormente fue declarada permanente y suspendida antes de tratarse aquel punto.

13. Memorándum, CCS, SG, 2016, 0787M, reinstalación de la sesión 022. El asambleísta Sergio Peña describe que el memorándum, mediante el cual se dispuso la reinstalación de la sesión ordinaria 022 para el 11 de junio de 2026 a las 18 horas, según la secuencia documental incorporada en la solicitud inicial, al reinstalarse la sesión, David Alejandro Rosero Minda consta como ausente. En aquella sesión debió tratarse el informe final de méritos del concurso. 14. Convocatoria de 15 de junio de 2026 a la sesión extraordinaria 017, prevista para el 16 de junio de 2026.

15. Detalla que este documento permite ubicar el momento en el cual el Pleno volvió a conocer asuntos relacionados con la continuidad del proceso. 15. Resolución, CPCS, PLSG 017E, 2026, 0207, 16 de julio de 2016, parte resolutiva y razón de votación. Informa que el documento es la resolución relacionada con el caso con la continuación del concurso. Según consta en la solicitud inicial, el consejero David Alcán Rosero Minda registró nuevamente un auto en abstención, expresando su disconformidad con la forma de la actuación de la Comisión Ciudadana. 16.

Cuadro fotográfico relacionado con la reunión denunciada. El asambleísta proponente menciona que la solicitud inicial recoge que el 27 de julio de 2026 fueron difundidas públicamente fotografías atribuidas al encuentro entre el consejero David Rosero y la postulante Inés Romero. La información incorporada situó preliminarmente ese encuentro el 5 de junio de los 2026, aproximadamente de las 19 a 19 horas 30, una vivienda ubicada en Cumbaya, vinculada con la postulante. Primera foto, podemos apreciar la supuesta participación del hoy funcionario público mencionado dentro de esta posible reunión, lo mismo que tendremos que determinar dentro de la fase procesal correspondiente.

Segunda foto, podemos identificar al hombre que en este caso ingresó desde el inicio en la foto anterior y ha sentado en la reunión que en este caso se puede revisar, posteriormente se determinará con la prueba pericial pertinente quiénes eran en este caso para tener certeza las personas que estaban dentro de la reunión. Tercera fotografía, dentro del mismo inmueble continúan sentado las personas conversando, los mismos miembros de la segunda foto y en este caso de espaldas el señor de la primera fotografía. Cuarta foto, se identifica a una mujer que está dentro de la reunión en la segunda y tercera foto pertinente ya de manera clara, de manera frontal, sigue sentado el sujeto de la primera foto y segunda foto que está de espaldas pero en la primera foto estaba de frente dentro de la misma reunión, es del mismo domicilio.

17. Respuestas emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Oficios CPCS-CGA-AF-2016-01-97-OFF y CPCS-SE-2016-07-55-OFF, ambos de fecha 21 de septiembre de 2026. Dichos requerimientos responden a lo solicitado oportunamente en el numeral 13.1 del nivel inicial del enjuiciamiento político mediante el cual se requirió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la siguiente documentación e información. Expediente íntegro y certificación de la postulante número 18 Inés Maritza Romero Estevez dentro del concurso de méritos de oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, así como todas las actuaciones realizadas respecto a su postulación.

Copia certificada de las actas de las acciones celebradas por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social relacionadas con dicho concurso con sus respectivas constancias de asistencia. Agenda oficial del consejero David Rosero correspondiente al viernes 5 de junio de 2016 con sus documentos de respaldo y el detalle de sus desplazamientos dentro y fuera de la ciudad en caso de existir. Listado de personal que elabora en el equipo de trabajo del consejero David Rosero Identificación del vehículo institucional asignado al mencionado consejero Detalle de las funciones desempeñadas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el funcionario Luis Cueva Ordóñez, delegado del consejero Rosero Minda como miembro del equipo técnico Certificación sobre si los hechos, materia y la solicitud fueron puestos en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y si se adoptaron decisiones administrativas, investigaciones, derivaciones u otras actuaciones.

La documentación e información remitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social forman parte del acervo probatorio solicitado oportunamente por parte proponente. ¡Gracias! ¡Gracias!

6.6. Valoración de la prueba. A criterio de esta comisión, no existe dentro del expediente configurado por las partes ninguna prueba ilegalmente obtenida, que vice el procedimiento. La totalidad de los elementos probatorios, documentales, visuales e informáticos incorporados al análisis, incluyendo las imágenes extraídas en redes sociales, fueron sometidas al escrutinio de peritajes técnicos y forenses para determinar su correspondencia. Además, la documentación de respaldo fue remitida por instituciones públicas competentes, registro civil, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de los canales institucionales regulares, en estricta respuesta a los requerimientos emitidos formalmente por esta mesija legislativa, en ejercicio de su facultad constitucional de fiscalización.

Ipertinencia del informe de sustanciación de la ex ministra Manzano. Se destima por impertinente el informe de sustanciación del juicio político de la ex ministra Inés Manzano, emitido por esta comisión aportado como prueba de descargo. En lo principal, bajo el criterio ya configurado en relación al valor probatorio, en este caso de procedimientos de los informes que en general emiten las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional, de manera adicional, dicho instrumento recae sobre una autoridad perteneciente a otra función del Estado, en el cual se analizaron alegaciones de incumplimiento de funciones por omisión sustentadas de una base normativa y casualidades fácticas sustancialmente distintas.

Por último, la valoración de los elementos probatorios en el presente procedimiento de sustanciación se realiza de forma constitualizada y bajo criterios libre de apreciación parlamentaria, desmarcándose del marco rígido de la justicia ordinaria y de precedentes que no guardan analogía jurídica con el régimen de prohibiciones propio de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Rechazo a la excusa de la jueza Inés Mariza Romero Esteves. La comisión rechaza a su vez tanto la negativa, así como los fundamentos presentados por la jueza Inés Mariza Romero Esteves para excusarse de comparecer su alegación respecto al reserva y vulneración de sus datos personales a la ampara de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales resulta improcedente.

Esto por cuanto, en su calidad de concursante para la elección de la máxima vulnerabilidad de la Fiscalía General del Estado, la ciudadana en mención autorizó de manera expresa, voluntaria y irrevocable la publicidad de sus datos e información personal al postularse en estricto cumplimiento del artículo 5 del reglamento del concurso y a través del formulario oficial por ella misma suscrita y que consta en el expediente de sustanciación. Por consiguiente, dicha información reviste carácter público en el marco del concurso y fue remitida lícitamente por las vías institucionales formales por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cumplimiento de la resolución 014-CEP-FYSP-2015-2017, aprobado por la Comisión en cumplimiento del trámite de sustanciación dispuesta por la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa.

6.7. Conclusiones específicas del apartado de análisis. En virtud del expuesto, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político concluye en relación con el apartado de análisis que, al funcionario cuestionado, consejero David Rosero, se le es aplicable el régimen especial de fiscalización, fuero y responsabilidades dispuestas en el título 4º sobre la estructura orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, específicamente en el artículo 44 del área orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al haber incurrido en la prohibición prevista en el artículo 45, numeral 2, en el ejercicio de sus funciones.

Siendo el incumplimiento verificado y, a su vez, la causal de cesación de funciones prevista como parte del régimen propio de fuero y responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la prohibición de actuar en asuntos en los que exista conflicto de intereses, con el ejercicio de sus funciones por existir a criterio de la Comisión como órgano sustanciador, conflicto de intereses verificable en el desarrollo del concurso de méritos de oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, configurándose así el elemento fáctico del incumplimiento de funciones, en el sentido de lo establecido en el artículo 131 de la Constitución y Concordacia, particularmente, y armonía con los artículos 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa y 45, numeral 2 y 46, numeral 4, de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Correspondiendo en dicha línea de ideas, emitir la correspondiente recomendación al Pleno de la Asamblea Nacional respecto a la continuación del trámite con respectivo juicio político al funcionario cuestionado David Rosero y de considerar el Pleno acreditados los hechos en el debate producto del procedimiento de interpelación y de las pruebas de cargo y descargo practicadas en el seno de esta Comisión de Fiscalización y Control Político, proceda a la eventual censura y destitución del funcionario cuestionado, salvo mejor criterio o consideración en contrario. Séptimo, conclusiones. Como en pronunciamientos fundamentales emitidos en anteriores procedimientos de sustanciación, la Comisión ve oportuno citar nuevamente la sentencia 2137-21-EP21 de la Corte Constitucional sobre la figura del enjuiciamiento político y dejar sentado que el presente informe no vinculante que contiene las respectivas razones, conclusiones y recomendaciones motivadas, constituye un acto preparatorio y de trámite dentro del procedimiento general de enjuiciamiento político que comienza ante el Presidente de la Asamblea Nacional, inicia su trámite del Consejo de Administración Legislativa, se califica y se sustancia ante esta Comisión Especializada, resolviéndose previa interpelación ante el Pleno de la Asamblea Nacional, mismo por tanto que por su carácter y naturaleza no vinculante, en virtud de lo establecido en los artículos 25, numerales 15, 81 y 81.1 de la Ley Orgánica de la Asusión Legislativa, en concordancia con el artículo 8, numeral 11 del Reglamento de las Comisiones Especializadas, permanentes y ocasionales, no genera ni pretende, así como no puede generar defectos directos o fuerza obligatoria, pues su único objeto es dotar de elementos de juicio al Pleno a través de sus criterios motivados y recomendaciones, para que este, en calidad de órgano resolutor del trámite propio del procedimiento, cuente con un insumo respecto, ya sea de la procedencia del juicio político o en su defecto, del archivo de la solicitud de enjuiciamiento político.

De manera concordante, la Corte Constitucional, en sentencia de revisión 122-22-JC, la 23 de 25 de octubre de 2023, dictada dentro del caso 122-22-JC, desarrolló el alcance de las medidas cautelares autónomas en el marco del proceso de enjuiciamiento político iniciado sobre la base del artículo 131 de la Constitución de la República, determinando en la parte pertinente en relación con el tratamiento propio del procedimiento del enjuiciamiento político, que por la naturaleza de los actos impugnados al no poder configurar por sí solos una vulneración de derechos ni a las partes que ellos intervienen, ni a sus testigos, los jueces no están habilitados para transformar la garantía de medidas cautelares en una acción de protección, así como tampoco procede la interposición de medidas cautelares autónomas ante un enjuiciamiento político o en particular respecto de cualquiera de sus fases o instrumentos de tramitación, como lo es el presente informe, dotando a dicho precedente de efectos vinculantes para casos análogos.

Siendo oportuno adicionar en relación con la figura de enjuiciamiento político que este mecanismo de control y fiscalización política tiene como único órgano autorizado para tramitarlo a la Asamblea Nacional, interpelante y decisor, y aun cuando es de carácter subjetivo, por cuanto se fundamenten criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política, aquello no implica que debe ser un proceso reglado. En tal virtud y producto del cabal procedimiento reglado de sustanciación llevado a cabo dentro y por el cual se ha caracterizado la comisión en cumplimiento del artículo 80, 81, 81.1 y 82 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa, así como del mérito del expediente configurado por las partes, tanto asambleísta, proponente, contrafuncionario y gestionado, y su defensa técnica, se desprenden las siguientes conclusiones del criterio configurado y sustentado en los apartados precedentes.

Uno, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional es plenamente competente para conocer y sustanciar y emitir el informe correspondiente respecto de la solicitud de enjuiciamiento político presentada en contra del Magister David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Constitución de la República y los artículos 78, 80, 81 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa, habiéndose respetado el debido proceso y las demás garantías y derechos constitucionales en todas las etapas del trámite de sustanciación del enjuiciamiento político.

Dos, en el desarrollo del trámite propio del procedimiento de sustanciación se han respetado de manera estricta todas y cada una de las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica contempla en el artículo 76 de la Constitución de la República, habiendo contado el funcionario cuestionado y su defensa técnica formalmente designada como tal con los plazos, garantías e iguales oportunidades procedimentales para presentar pruebas de descargo, así como rebatir, contradecir y alegar en el modo y forma que ha visto pertinente hacerlo respecto a las pruebas de cargo anunciadas, incorporadas y actuadas.

Tercero, el informe fundamentado no vinculante que emite esta comisión, que en cumplimiento al artículo 82 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa, detalla motivadamente las respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del juicio o el juicio político. Es un instrumento de control político parlamentario que no persigue la determinación de verdad procesal o responsabilidad penal o civil reservada a los jueces de distancia que ejercen jurisdicción como parte de la función judicial, sino la evaluación de inordinad, probidad e incumplimiento de deberes legales, proporcionando al Pleno de la Asamblea Nacional los insumos técnicos y políticos para su mejor resolver de conformidad con los artículos 83, 84 y 85 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa.

Cuarto, del análisis individual y concatenado del acervo probatorio actuado, se concluye que el consejero David Rosero se les imputable el incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales de acuerdo al régimen propio, defuero y responsabilidades previsto y prescrito en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadán y Contra Social, al haber incurrido criterio y libre apreciación configurados en el apartado de análisis y racionamiento por esta comisión, en su calidad de órgano sustanciador, en la prohibición expresa establecida en el artículo 45 numeral 2 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadán y Contra Social, referente a actuar en asuntos en lo que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones.

Quinto, la actuación del consejero Rosero Minda vulneró de forma directa la función general contemplada en el artículo 43, numeral 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadán y Contra Social, en concordancia con los principios rectores de independencia y transparencia determinados en el artículo 3 de la codificación del reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, afectando de manera sustantiva la independencia, imparcialidad y confianza pública que la Constitución y la ley exige para el ejercicio del cargo de consejero del Consejo de Participación Ciudadán y Contra Social.

Octavo, recomendaciones. Con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente instrumento, motivado, no vinculante, una vez analizada, que ha sido la normativa constitucional y legal aplicable al expediente configurado por las partes dentro de la presente sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político, así como las sentencias de la Corte Constitucional emitidas como desarrollo jurisprudencial respecto a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Contra Político, en ejercicio de sus facultades tanto legales quanto reglamentarias al amparo de lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica y Constitución Legislativa, emite la siguiente recomendación al amparo del análisis fáctico-jurídico de la causal acusada y de las condiciones desarrolladas en el aportado correspondiente.

Primero, recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el juicio política en cuanto al consejero de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, por el incumplimiento de sus funciones en razón de identificarse el mérito para dicho efecto según se desprende y consta en las razones motivadas expuestas en el presente documento, a fin de proceder con el trámite respectivo del enjuiciamiento político y de así considerar lo pertinente la posterior censura y destinación del Magíster David Alejandro Rosero Minda en su calidad de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al haberse identificado a criterio de la Comisión en su calidad de órgano sustanciador elementos para determinar responsabilidad política por el incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales por haber incurrido en la prohibición expresa del artículo 45, numeral 2 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con el dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, artículo 85 de la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa y artículo 46, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Segundo, remitir el presente informe junto con el expediente íntegro del proceso de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político a la Presidencia de la Asamblea Nacional a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno para el debate y resolución correspondiente dentro de los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa como parte del trámite propio del procedimiento. Noveno, resolución y detalle de la votación del informe. En sesión 072 de 5 de octubre de 2026, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político analizó y debatió en el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del Magister David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentado por el asambleísta Sergio Jesús Peña Veloz, para lo cual el asambleísta Luigi Edu García Velázquez, mocionó aprobar el informe de sustanciación correspondiente a la solicitud de enjuiciamiento político en contra del ingeniero David Alejandro Rosero Minda, aparejado en la convocatoria contenida en el memorando de 8 de octubre de 2026, a fin de que sea remitido de forma inmediata a la Presidencia de la Asamblea Nacional.

Décimo, asambleísta ponente. Por la naturaleza propia del trámite específico del enjuiciamiento político dispuesto en los artículos 78, 79, 80, 80.1, 81, 81.1 y 82 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, el presente informe no contempla la designación expresa de un o un asambleísta ponente que se encargue de la exposición del mismo ante el Pleno de Asamblea Nacional durante el debate respectivo. Por tanto, no cabe designación de ponente para el presente informe. Nombre y firma de las y los asambleístas que suscriben, para constancia de lo expresado y en plena comprensión del contenido integral del presente informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político, en contra del Magíster David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentado por el asambleísta Sergio Jesús Peña Veloz.

Suscriben el presente documento de las y los asambleístas, miembros de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. 12. Certificación. En mi calidad de secretaria, relató a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, certifico que el presente informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político, en contra del ingeniero David Alejandro Rosero Minda, en su calidad de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue conocido, debatido y aprobado en la sesión 072 CEP, FISP, 2025-2027, bajo modalidad virtual de 5 de octubre de 2006, por el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, con la siguiente votación de las y los asambleístas.

Afirmativo, Jimmy Carlos Errazo Andi, Luigi Edu García Velázquez, José Luis Nangokuhi, Bruno Pino, Fabiola Maribel San Martín Parra y María Paula Villacreses Herrera. Afirmativo, negativo, total 0. Abstención, Amable, Antonio Chica, Valencia, Ana, Cecilia Herrera Gómez, Marcia, Verónica Ortiz Chipre, Inanqui, Lauro Sant Juanca. Total 4, Blanco, total 0. Asambleístas, ninguno, total 0. Atentamente, Denise Urita, secretario, relator. Hasta aquí la lectura del informe, señor presidente.

Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del memorando AN-PBSJ-2016-01-17M. Asunto, solicitud dentro del proceso de juicio político a David Alejandro Rosero Minda, consejero titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De mi consideración, con atento y cordial saludo, me dijo usted con el fin de informar que la interpelación para el juicio político al señor David Rosero, consejero titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la sesión del Pleno será realizada únicamente por mi persona, Sergio Jesús Peña Veloz, en calidad de proponente, esto dando respuesta a relación a lo dispuesto en el último inciso del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Ofición Legislativa.

Consentimiento, distinguida consideración, atentamente, Sergio Jesús Peña Veloz, asambleísta. Hasta aquí la lectura de los solicitados, señor presidente.

Procedo a dar lectura de lo solicitado. Artículo 84. Derecho a la defensa. En la fecha y horas señaladas en el orden del día, las o los asambleístas y repelantes llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas con base a las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio. A continuación, la funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente en el lapso máximo de tres horas presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.

Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención de la funcionaria o funcionario, se retirará del Pleno y la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate en el cual podrán intervenir todas las y los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos. Sin derecho a réplica de no presentarse al término del debate, una versión de censura y de institución se archivará la solicitud. A fin de garantizar el derecho a la defensa, el Consejo de Administración Legislativa autorizará la participación de la o del funcionario interpelado por medios telemáticos siempre que justifique la imposibilidad de asistir de manera presencial.

Hasta aquí la lectura del artículo solicitado, señor Presidente.

presidente, queridos colegas legisladores ecuatorianos, el día de hoy estamos aquí para completar una de las funciones constitucionales que tenemos como asambleístas, que es fiscalizar. Se han dicho muchas cosas y antes de entrar a la parte procesal pertinente, yo creo que es importante a los asambleístas que tengan dudas resolverle esas dudas, a los ecuatorianos que también pueden tener dudas, resolvérselas. Porque se han dicho muchas cosas, tanto por politólogos, en este caso, que no saben ni leer ni escribir ni saben derecho. Otros asambleístas que comparan la identidad objetiva de juicios políticos sin conocer la diferencia entre la identidad objetiva de un proceso y la subjetiva del mismo.

Entonces creo que es válido aclarar ese primer punto para que luego entiendan que cuando mencionen estos temas ya no es desconocimiento, sino maldad. Entonces vamos a desaznar algunos genios de la creación que han dicho que no hay pruebas, que han dicho que no se puede corroborar una cosa y vamos a dejar preguntas también que después en el expediente lo podremos revisar. No voy a darles el discurso en este caso político de que tenemos la obligación y no tenemos... No, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y cada asambleísta será responsable de votar de esa forma, de manera responsable a favor de la transparencia o en este caso excusándose por defender a quien hoy le interesa porque quiere tirar lodo con ventilador y creen que le es funcional porque ya le pasaron el discursito.

Primera de las cosas que se dice dentro de este proceso político es que no existió cadena de custodia. La cadena de custodia es una institución jurídica que preserva la trazabilidad de la prueba en un proceso penal. Entendamos algo, este es un proceso político, no jurisdiccional. Pero en todo caso, como es importante desaznar algún genio de la creación, les voy a leer el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal, justamente lo que están hablando, para demostrarles que el mismo Código Orgánico Integral Penal les dice que no toda prueba necesita cadena de custodia.

No lo entienden, pero se los voy a leer entonces para que lo entiendan. Porque una de las cosas que están diciendo es que no existió cadena de custodia y no entienden que hay otros mecanismos como la autenticidad de la prueba, la validez probatoria dentro de un proceso, que es también importante dentro de este tema probatorio, no solamente la cadena de custodia. Lo dice el mismo Código Orgánico Integral Penal. Entonces, antes de repetir como logros, primero lean la ley. El artículo 457, y lo leo textualmente, señores.

La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a la cadena de custodia y grado de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales. La misma ley te dice que un informe pericial, porque te pone la I, no el O, no hay conjunción, es disyuntivo, y también para que se entienden derecho. También un informe pericial es la forma de probar la autenticidad de una prueba. Y ahí te dice también, la demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y la evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presenta.

Es decir, el mismo artículo 457, a mis queridos amigos que repiten y repiten sin conocer, te dice que no toda prueba debe de ser sostenida cadena de custodia porque existen otros elementos, otras formas de probar lo que se está aseverando, como informes periciales. Mismos que revisaremos dentro del expediente. Entonces, desde ahí, esa charlita de la cadena de custodia se les cayó. Seguimos. Dicen que no se puede probar la fecha. Ok, yo les voy a dejar una duda antes de que revisemos el expediente, porque ahí la podemos comprobar con otros contextos.

Pero esa duda es la siguiente. Si no se prueba la fecha, digamos que no se la prueba porque en el expediente está. La reunión tuvo que ocurrir antes de que la señora Romero sea destituida, porque aquí no tenemos bola de cristal ni estamos hablando del futuro. Es decir, la señora Romero fue destituida hace unos días. La reunión tuvo que ser antes. Si la reunión fue antes del concurso, mis queridos amigos, existe algo que se llama excusa. Cuando un juez conoce a un procesado, el juez se excusa porque si no se lo puede recusar.

Esa es la consecuencia jurídica. Entonces, si la reunión fue antes de que fuera descalificada, es decir, puede ser antes del proceso o fue dentro del proceso, en ambos casos existiría conflicto de interés para que lo tengan claro. En ambos casos. Porque en uno, si fue antes, tuvo que excusarse en el momento que la señora Romero era participante. Y si fue durante el concurso, pues lógicamente es evidente que existe conflicto de interés. Solo esa duda para que la piensen. Porque muchos están diciendo de la fecha. Cuando en el expediente con el GPS vamos a probar con el respectivo pasaje aéreo, el señor decía que estaba en Guayaquil y demostramos que estaba en Quito a las 5 y media.

Vamos a probar la fecha. Pero si les queda una duda, piensen eso. No es muy complicado. Si fue, tiene que ser antes de que fue o que la sacaron del concurso. Por lógica, no puede ser después. Si fue antes del concurso, repito, él tenía que excusarse. Y si fue durante el concurso, es evidente el conflicto de intereses. Continuamos. Se presentaron pericias porque lo sostengo. Una foto no es prueba como tal. Y lo repetiré porque soy un hombre de derecho y conozco lo que digo. Pero cuando esa foto se somete a una pericia, la pericia te puede dar una certeza.

Que la foto es real, que la foto existió y quiénes son las personas que estaban dentro de la foto. Repito, la foto no es prueba como tal. Pero bajo un examen pericial, la foto te puede dar certezas del contexto de esa foto. Se presentaron dos pericias. No una, dos. Una de metadatos, que dice que la foto no fue manipulada. Y otra, en este caso, de cotejamiento morfológico, que indica quiénes son las personas que estaban en la reunión. Ellos presentaron un perito. Ese perito era experto en armar computadoras, porque no era experto.

Y vamos a reproducir posteriormente el video en el momento que entra al contexto del expediente. Donde le pregunto si es experto en cotejamiento fisiológico, en morfología o en criminalística, y lo dice claramente, no lo soy. Tiene experiencia, no la tengo. No me puedes traer un chef a hablar de derecho. Tienes que traer un perito, como lo hice yo, dos peritos especializados en la rama puntual para darle certeza a las pericias. Porque al no ser un tema personal y al no poder afirmar algo, yo tengo que probarlo.

Y un mecanismo legal de prueba es una pericia. Así lo hemos hecho. Posteriormente se presentaron testigos. El testigo como tal que presentó el señor Rosero es su chofer. Una persona que tiene un grado de subordinación hacia él, que fue encargado por parte del Consejo para ser su chofer. Por eso no se aceptó su testimonio como valio. Porque existe en este caso, no existe objetividad, porque es básicamente un colaborador que brinda servicios para él. Nosotros presentamos a los peritos. Los mismos que pueden revisar en el informe fueron concluyentes.

Por ahí se dice una cosa importante que escuchaba en una rueda de prensa. Entiendo, porque son periodistas, no son abogados, que se hable de certeza en derecho, mis queridos colegas, en derecho, señores periodistas, la certeza la da una sentencia ejecutoriada. No se puede hablar de certeza en derecho si no somos jueces. A eso se refieren las entrevistas. Y yo sé que es complicado de entender para algunos que no les interesa, pero aquí estoy para explicárselos. La certeza en derecho se da con una sentencia. Pero no quiere decir que una pericia no tenga, en este caso, la validez probatoria necesaria dentro de un proceso.

Nosotros la presentamos, los peritos calificaron las mismas y se demostró por parte de los peritos quiénes eran los sujetos en la reunión y sobre todo su experiencia para que no se pueda desacreditar. Repito, el centro neurálgico de este juicio político no es si el señor votó o no votó, es si se reunió o no. Porque el artículo 45, numeral 2 de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana te prohíbe expresamente, papito, no des papaya y no cometas actos que confluyan en conflicto de interés. Te lo dice clarísimo.

45, numeral 2 para lo que les interese leer. Dicen que no hay pruebas. Lean, lo prohíbe expresamente, papito, no de papaya, no se reúna. Y el artículo 46 te dice qué pasa si incumples el 45, numeral 2 y te dice censura y destitución. Ahí tienen la norma. No es un tema personal, no es que a mí me dio la gana, no es que me estoy inventando algo, lo dice la ley y si la reunión existió es lo único que hay que probar. Si existió o no.

Y eso es lo que demuestra este expediente. Por otro lado, el desconocimiento, digo yo desconocimiento y no maldad, quieren ahora comparar el juicio político de la señora Manzano con este. Sin entender lo que es identidad objetiva y subjetiva. Lo explico, aunque dé coraje a veces explicar lo mismo una y otra vez. Son casos diferentes. En un caso se tenía que probar la responsabilidad de quien contrató o no contrató. Contratación pública. En este caso se tiene que comprobar si se reunieron o no se reunieron. ¿Se dan cuenta de la diferencia?

Pero quieren comparar lo mismo para justificar el voto, para justificar la defensa. De quien hoy comienza a tirar lodo con ventilador, porque no puede defenderse y no pudo probar que no, que no se reunió. Porque para eso pudo haber presentado peritajes. Si a mí me dicen, Sergio, tú estuviste en tal lado, y yo sé que no estuve, hay un aparatito maravilloso aquí, que marca el GPS de donde tú estás todo el tiempo. Yo no soy fiscal para exigirle al señor Rosero que entregue su celular y que se le haga un peritaje de donde estaba esa hora.

Pero si me pasa a mí, yo sí puedo voluntariamente llamar a un perito, entregarle mi celular y certifique que yo estaba en mi casa. Porque esto marca dónde estás. ¿Se presentó? No, porque no estaba en su casa. ¿Se presentó un peritaje desde un inicio cuando lo podía hacer? Yo sé que la carga de la prueba no es de él. Pero si a mí me acusan de algo, y yo sé que no soy, yo soy el primero en presentar un peritaje diciendo esa foto es falsa. Ahí está la IA, no se presentó.

Nosotros sí lo presentamos. También se habló de una prueba ilícita, porque solicité los datos biométricos del señor Rosero y la señora Romero al registro civil. ¿Para qué? Para que los peritos puedan hacer el cotejamiento con esos datos biométricos, para darle certeza al peritaje, efectivamente. Y se dijo que es una prueba ilícita, porque yo no puedo pedir esas cosas. Artículo 120, numeral 9, que aquí se confunde, por si acaso. Artículo 120, numeral 9, podemos pedirle información a todo funcionario público. Fiscalizar, señores, no es sancionar, que es lo que se confunde en este pleno.

Escuchaba el otro día cómo hablaban del 120, numeral 9, y no entienden que fiscalizar rompe la barrera de fiscalización, porque no es nuestra competencia, al sancionar a un alcalde. Pero, pedir información sí es nuestra competencia. Esa es la diferencia entre fiscalizar e intervenir, no se entiende. Pero aquí lo aclaro. Solicité al registro civil esta prueba con los datos biométricos para que el perito pudiera hacer su trabajo como debe de ser. Pero dijeron que era una prueba ilícita. No, señores. Artículo 120, numeral 9, por lo cual demuestro que esa prueba no fue ilícita y está dentro del expediente de la solicitud pertinente.

Muchos dirán, pero Sergio, tenemos que analizar si votó o no votó, porque ahí hay conflicto de intereses. Señores, la doctrina habla claramente de lo que es el conflicto de interés. Y tiene tres modalidades. La real, lógicamente, si hubiese un voto a favor de alguien. La potencial, cuando es posible que en un futuro exista, dada las circunstancias, y la aparente, cuando existe una sospecha razonada. Lo dice la doctrina, no lo digo yo. Eso configura tres modalidades de conflicto de interés. Tengámoslo claro. El artículo 45 te da una prohibición expresa, numeral 2, diciéndote, no te puedes reunir, papito, no des papaya.

El 46 te dice cuál es la sanción. Por eso estamos en este proceso de juicio político. Y eso es lo que quiero, señores asambleístas, que centremos nuestra atención. Hubo o no hubo la reunión, es lo que hoy, en este caso, tenemos que debatir. El resto de cosas que no, que en el juicio de tal persona se hizo de manera diferente, que no hay pruebas, se los acabo de explicar detalladamente con manzanitas. Sí, me parece que es muy gracioso, seguramente. Entonces, mientras los otros se ríen, yo voy a hablar realmente a los ecuatorianos y a los asambleístas que realmente les interesa.

Porque a los que se ríen en este caso y no están prestando atención, ya adelantaron cuál va a ser su voto. Yo entiendo que no comprendan de derecho, pero he hecho una explicación bastante clara de lo que ha pasado. Ahora, entramos al proceso, creo que el expediente ha sido bastante claro. No me voy a alargar sobre lo mismo. Voy a hablar de los antecedentes del proceso, en este caso, de elección, para que se vayan viendo los tiempos y entro a la carga aprobatoria de manera clara para dejar, en este caso, de forma específica, lo que tenemos dentro de este juicio político.

Señores asambleístas, el 27 de junio del 2025, mediante la resolución CPC-CS-PLG-CSG-011-E-2025-0189, se aprobó el reglamento para el concurso fiscal general. Este reglamento estableció un marco normativo que tenemos que tener claro, dentro de los cuales, en su numeral 3, existían principios con los que se debía llevar este proceso. Uno de ellos es probidad y transparencia. Entonces, conocida esta regla, el 4 de febrero del 2026, mediante resolución, en este caso, CPC-PLG-S-G-005-O-2026-0039, se trató la nominación de Luis Antonio Cueva Ordóñez, propuesto por el consejero David Rosero, para integrar el equipo técnico del concurso.

Este documento permite ubicar una actuación institucional del consejero dentro de la organización de este procedimiento. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque quiere decir, primero, que nos sitúa dentro de la fecha de inicio del proceso y que el consejero, en este caso, sí tenía voz, sí tenía una persona dentro del proceso que podía, en este caso, manifestarle cómo se estaba manejando y que estaba supervisando el proceso. Es decir, dentro de sus funciones y sus competencias, estaba involucrado en el proceso. Por eso es importante mencionarlo. El 12 de febrero del 2026 se registran actuaciones relacionadas con la apertura del concurso.

El 20 de abril se produjeron actuaciones vinculadas con la admisibilidad. Después llegamos a una fecha especialmente relevante. Esto es importante. La evaluación de méritos de Inés Maritza Romero Esteves, postulante número 18, que conforme a los documentos incorporados, obtuvo inicialmente 46.75 sobre 50. Esa fue su primera puntuación. En fecha 12 de febrero. Importante. La Comisión Ciudadana de Selección acogió parcialmente su pedido y le reconoció 0.50 adicionales con su calificación final quedó en 47.25 sobre 50, conforme a la resolución del 27 de mayo del 2026. El 3 de junio, mediante el oficio CCC-FGE-SA-00122-2026, se aprobó el informe final de fase de méritos y recalificación.

El 5 de junio, Inés Romero mantendría la reunión, que en este caso es motivo de la presente sustanciación del juicio político. La solicitud presentada ubicó el presunto encuentro en un inmueble habitacional llamado San Nicolás. En Cumbaya, sector Las Calles, Miguel Ángel y Gregorio Basari. Importante para los que les interesa y son meticulosos, como yo, en revisar uno de los documentos que posteriormente mencionaré, que es un GPS. Porque cuando metes esa dirección del GPS entre las 22 y 24, 22 y 40, coincidencialmente, el vehículo que hace referencia que no era el autorizado estaba a 500 metros de este conjunto residencial.

Eso es importante tener en cuenta. Porque, claro, puedes presentar un GPS, pero el GPS te da muchos números. Entonces, claro, ¿quién sería tan...? ¿Quién podría fijarse en tantos detalles y poner número por número en el GPS hasta ver qué le sale? Pues sí, eso hice. Entonces, pude verificar que coincidencialmente en esos horarios el vehículo estaba a 500 metros de la casa de la señora Romero. Luego, una de las abogadas de la contraparte nos dijo que ella era testigo protegido. Entonces, entendí por qué se reunieron en la casa.

Hay cositas que van saliendo dentro del expediente y son importantes de analizar. La solicitud, en este caso, se incorpora también dentro del expediente una cédula catastral del predio número 3597280 que es identificado dentro del municipio como vivienda de la señora justamente Inés Romero. Justo lo que les digo, la coincidencia de 500 metros de ese domicilio del vehículo que el consejero no estaba autorizado pero utilizó ese día y él mismo presentó el GPS. No lo pedí yo, él mismo lo presentó. Entonces, esta relevancia cronológica es para que se entienda lógicamente a dónde vamos con este proceso.

¿Qué es lo que estamos diciendo? Porque hay algunos que dicen que no hay pruebas. Este proceso ha demostrado que en los tiempos el concurso en este caso estaba abierto, existían actuaciones institucionales del señor Rosero y que hay una reunión justamente en esa fecha cerca de 500 metros del vehículo que él mismo dijo que estaba usando ese día que no era lo autorizado a 500 metros de la casa de la señora Romero. Ahí tenemos un contexto importante de entender y justamente las fechas de la cronología el aumento de puntos y ese tipo de actuaciones institucionales también del por qué podría haberse dado a esta reunión.

Ahora, señor presidente, señora presidente, perdón, señora presidente, he ingresado documentación por medio de ETS, en lo cual son videos y presentación para que se pueda proyectar, por favor solicito si me permita por medio de secretaría. que se puede hacer a esta reunión. No, no, no, no. No, no, no, no, no,

Está en el uso de la palabra.

En otros lados diríamos nada más que decir, señor juez, ¿no? El mismo señor Rosero, en una entrevista que yo en Ecuavisa, bastante divertida, decía que justamente reunirse entre cuatro paredes le quita transparencia al concurso. Entonces, me están diciendo, los que dicen que no quieren votar a favor, que no hay pruebas, el mismo Rosero reconoce que esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque no está bien que personas que tienen que ver con un concurso se reúnan de manera privada. Lo acaba de decir. Entonces, yo creo que lo que tenemos nosotros que revisar, fuera de gustos políticos y demás, es si se reunieron o no se reunieron.

Eso es lo que tenemos que analizar. Por lo cual, solicito también se reproduzca la presentación pertinente para en el momento puntual hablar de lo que vienen a ser las fotografías, los peritajes pertinentes, la carga probatoria, que creo que es necesaria para que el Pleno también lo conozca en este caso en vivo, a ver si así entienden que hay pruebas. Señora Presidenta, por favor.

Autorizado.

Me pidieron no extenderme demasiado. Creo que hay que ser claros, concisos y no dar tantas vueltas realmente en algo que creo que vamos a demostrar de manera fiaciente en este momento. Ahí podemos ver, por ejemplo, los articulados que acabo de mencionar. Para quien le quede la duda, repito, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, artículo 45, numeral 2. La consecuencia jurídica de reunirse, de concurrir en conflicto de intereses está en el artículo 46 para que lo puedan leer en este caso también. Creo que ya el secretario ha leído cuál ha sido el proceso, se ha respetado el mismo, los tiempos, por lo cual vamos a lo que nos interesa, creo yo, que es la carga aprobatoria como tal.

Entonces, vamos a la cuarta parte de este informe. Voy avanzando, en todo caso, para que lo puedan ver en la pantalla. En el anexo 16 de la solicitud inicial se incorporó cuatro imágenes difundidas. Imágenes que en este caso relacionan con el encuentro que se ubica el 5 de junio. Pero, estas imágenes, repito, fueron examinadas con peritajes. Porque yo no puedo decir que una foto, repito, es prueba como tal. La foto tiene que elevarse, como lo expliqué, no solo con una cadena de custodia. Se puede prescindir de la cadena de custodia, como dice el artículo 457, siempre y cuando existan otros mecanismos para el examen de una prueba, como los peritajes.

Entonces, si esa es una forma legal de mostrar que una prueba es real, es auténtica, pues hemos presentado los peritajes correspondientes. Dos peritajes. Uno de metadata, que en castellano, por así decirlo, es un examen pericial que nos demuestra si las imágenes han sido alteradas con inteligencia artificial, si las imágenes han sido alteradas en su contexto, si las imágenes son reales o no son reales. Y el otro peritaje, que es un peritaje de cotejamiento morfológico. Que con este podemos llegar a la conclusión de quiénes son las personas que están dentro de una fotografía.

Una cosa que quiero aclarar, pero esto ya es parte del conocimiento jurídico que creo que es importante para quien tenga duda aclararlo. Los cotejamientos morfológicos te dan puntos de coincidencia necesarios para identificar a una persona. El único examen que te puede dar certeza absoluta se llama ADN. Esto, de coincidencia, esto básicamente es, en este caso, conocimiento jurídico y técnica procesal penal jurídica. Pero es válido aclararlo porque habrá quien dice, de los 22 puntos que tienen que converger, solo había 19, solo había 15. Entonces, pues esa es la técnica morfológica.

Eso se llama cotejamiento morfológico. Entonces, no confundir el cotejamiento morfológico y el hecho de que un perito diga, sí, es la persona, con el hecho de que te pueda decir, tiene certeza absoluta, porque en derecho a la certeza absoluta solo le da la sentencia, y en este caso el examen de ADN. Pero el cotejamiento morfológico y la conclusión de un perito avalado te puede decir quiénes son o no las personas. Y esas fueron las pericias que nosotros demostramos, para probar que en este caso las fotos no habían sido manipuladas y asimismo las personas dentro de la reunión eran el señor Rosero y la señora Romero.

¿Por qué básicamente tenemos que valorar este material? Porque, repito, dentro de este juicio político, la duda que tenemos que despejar es si existió o no una reunión. Entonces, la prueba necesaria, válida, útil, pertinente y conducente es una pericia sobre las fotos. Pericias que indican, en este caso, quienes estaban en la reunión. Como pueden ver en la presentación, esta parte de los cotejos morfológicos. Los detalles biométricos que en este caso el registro civil demanda es porque dentro de los cotejamientos morfológicos, de manera numérica, el sistema te envía coincidencias.

Entonces, claro, alguien puede decir, no, es al ojo que lo hizo el perito, no, no es al ojo. Había un dato biométrico de parte del registro civil, institución oficial, que contiene todos nuestros datos, con el cual se hizo el cruce de información para obtener una conclusión. Que eso quede claro. Dentro del peritaje, y no sé si podemos poner el video, yo quiero que escuchen, en este caso, al perito que trajo el señor Rosero. Dijo que tenía 20 maestrías, en armar computadoras, en software, en distintas cosas.

Pero a mí me interesaba probar algo, puntual. Si tenía experiencia o no, en este caso, para poder realizar una metapericia, que aclaro, una metapericia no impugna el informe. Es un informe dirimente que explica que está bien y que está mal, y que tiene que hacerse por un experto de la misma categoría y conocimiento. Entonces, para quienes dicen que no hay pruebas, quiero que escuchen, no lo digo yo. ¿Qué dijo, en este caso, el perito que trajo el señor Rosero? Por favor, la reproducción del mismo. Gracias.

Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

de identidad humana, sí o no. Buenas tardes. Sí o no.

Ok, gracias. Continuamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos años de especialidad tiene usted en identidad humana?

Creo que escuchamos fuerte y claro. Preguntas puntuales, al punto. ¿Tiene o no experiencia? No. Usted, en este caso, ¿cuántos años de experiencia? No la tengo. Ese fue el perito que trajero. Nuestro perito, fue claro, tenía la especialidad puntual en criminalística y morfología y el otro puntualmente en datos y metadatos. Por lo cual, aquí no tenemos que hablar de lo que nos gusta o no nos guste. Esto se resuelve con pruebas. Entonces, si yo presento una prueba pericial que no puede ser objetada por la contraparte y ellos presentan un perito que no sabe dónde está parado, pues entonces la prueba que subsiste es la que se presenta, tiene validez y es calificada como útil, conducente y pertinente.

Porque la contraparte no pudo desmentir los dos informes periciales que son centro, en este caso, de este debate. Bueno, continuando con eso, continuando con el tema de las pruebas, dentro de la siguiente lámina, que por favor, para poderla pasar, se presentó efectivamente también dentro de las pruebas por parte del señor Rosero, que quiero aclarar, son pruebas que venían, en este caso, sin firma de responsabilidad del Consejo. Es decir, copias simples. Pero dentro del proceso, nosotros hicimos los deberes y se le solicitó, en este caso, al CPC, Organización Puntual, cuáles eran los vehículos que estaban asignados al señor Rosero.

Esta es información oficial. Dentro del respectivo expediente pueden revisarla. Y los vehículos que estaban asignados no eran el que él dijo, porque él dijo que se había movilizado en otro vehículo. Entonces, después en el debate, como tal, dijo que esos vehículos, uno tenía pico y placa y el otro estaba dañado. No hay ningún informe dentro del expediente que demuestre que el vehículo asignado oficialmente a él estaba en el taller. Quiero que eso quede claro. Entendiendo, entonces, el vehículo que él asignó como tal, que ese día se estaba transportando y que el chofer dijo que lo llevó a su casa en Ibarra, y que el chofer mágicamente regresó aquí.

Y justamente a la hora que les indico en el GPS pueden ver que está a 500 metros de la casa de la señora Romero. Primero que un GPS no te demuestra quién estaba dentro del vehículo. Te demuestra cuál fue el trayecto del vehículo. Que hay otras rutas para regresar de Ibarra a Quito y más rápidas las hay y pueden revisarlo en el expediente. Pero coincidencialmente el señor pasó por ahí. En el Coavisa dijo que se había quedado en su casa. En la comisión dijo que regresó con el chofer para regresar a Quito.

Entonces, nosotros lo que decimos es, primera cosa, ese vehículo no estaba autorizado. Y segundo, el mismo GPS de 10 y 24 a 10 y 40 muestra que el vehículo estaba a 500 metros de la casa de la señora Romero. Coincidencias. Eso queda para el debate. Yo estoy probando con la foto, con la pericia de la foto, porque la foto, repito, no es prueba porque si no van a seguir repitiendo eso. Yo estoy probando con la pericia que existió en este caso la reunión entre ambos. Estoy probando que las fotos no están alteradas.

Y existe un GPS que la misma, en este caso, contraparte lo ingresó. Y que estoy utilizando por comunidad de la prueba a mi favor, que demuestra que de 22 y 24 a 22 y 40 el carro estaba a 500 metros, justamente de la casa de la señora Romero. Ese es otro elemento también a poder, en este caso, valorar. La documentación oficial, y en esto quiero que tengamos claro, lo que sí responde el GPS, que alguien dentro de la comisión, esto es anecdótico, porque a alguien dentro de la comisión se le ocurrió una idea maravillosa.

¿Por qué no le pedimos información oficial al CPC, al consejo? Y cualquiera diría, wow, qué interesante, ya estaba pedido. Pero como no leen el expediente, como sus asesores no saben leer el expediente, no le habían dicho, doctora, ya pidieron eso, revise el expediente. Pero como a mí me encanta ser meticuloso, porque se les ocurrió esa idea maravillosa, y cualquiera la aplaudiría, yo sí les mostré en la comisión y pueden revisar los videos, señores, ya pedimos la información al CPC, está dentro del expediente. Lo que quedó claro es que no leyeron el expediente.

Y esa información oficial te dice cosas muy puntuales. Dentro del oficio del 21 de septiembre, suscrito por la Coordinadora General Administrativa Financiera del CPC, en respuesta al requerimiento de la comisión, dice lo siguiente, consta en el memorándum del 4 de junio, emitido por la Asamblea de la Unidad Cantonal de Cotacachi, documentación relacionada con un evento dominado de gobernanza, que dijo el señor que asistió, pueden revisar las fotos del evento, nunca asistió. El CPC identificó al señor Jaime Cañas, que fue el testigo, el único testigo que en este caso la contraparte llevó a la comisión.

Repito, trabajador en este caso designado a él, por lo cual su testimonio no era objetivo, y por la imparcialidad pertinente no se tomó en cuenta por parte de la comisión. Identificó dos vehículos institucionales asignados al consejero. El GEA 2356 como vehículo principal, y el Chevrolet Duke D-MAX placas PEI 3100 como vehículo de respaldo. Y nosotros tenemos vehículos, qué lindo. Y en este caso aparecen ambos vinculados al chofer, a Jaime Cañas. Estos son los dos vehículos oficiales. Teniendo en cuenta eso, deberíamos entender que estos son los vehículos con los cuales autorizado el consejero, en este caso, realizó sus movimientos.

Porque utilizar un vehículo institucional que no está autorizado de manera oficial, no entiendo esto o quisiera tener la duda, porque aquí nadie se da cuenta que a veces realmente...

Hacen cada cosa.

un vehículo institucional sin autorización, queridos colegas legisladores, utilizarlo para fines que no están autorizados, y es un vehículo del Estado, se llama peculado, con todas las letras se lo digo, peculado, y el peculado no prescribe. Entonces, la defensa, sin entender esto, porque, repito, hay catedráticos que dicen que son catedráticos, qué interesante, por eso muchas veces tenemos los abogados que tenemos, que van a juicios a decir pregunta irrespetuosa, cuando eso ni siquiera existe. Esas son las cosas que tenemos como abogados por catedráticos, que no se dan cuenta, que decir que un vehículo que no está autorizado fue el que se movilizó como parte de la defensa, es admitir que existió peculado, señores.

Es tan banal como eso, es tan puntual como defensa, ¿por qué te voy a fregar? Por tratar de justificar lo injustificable. Pero, repito, mover un vehículo institucional sin autorización se llama peculado, para que se tengan en cuenta. Entonces, la defensa, sin embargo, utiliza información relacionada con un tercer vehículo, el vehículo PEI 3604. Repito, acabo de leer los memorándum donde dicen cuáles eran los vehículos autorizados. Mover un vehículo, en este caso institucional sin autorización, eso es una consecuencia jurisdiccional penal que tendrá que analizarse. El CPC remitió un extracto del reporte del rastreo satelital de los vehículos autorizados.

Lógicamente, la defensa sostuvo que los vehículos asignados estaban en el taller, cosa que dentro del expediente no está. El otro vehículo, el que les menciono, que no estaba autorizado, es el GPS que de manera privada adjuntan de Hunter, al que, les repito, tenemos que basarnos a confesión de parte de relevo de pruebas. Entonces, si ese GPS me adjuntas, y yo como comunidad de pruebas lo utilizo, 22 y 24, a 22 y 40, ¿dónde estaba ese vehículo? Importante entender esa coincidencia, porque esa fue el 5. Y porque estaba a 500 metros de la casa de la señora Romero.

Entonces, otra cosa importante es que el señor Rosero metió, sin mal no recuerdo, 81 pruebas documentales. Entonces, tú dirás, wow, hay muchas pruebas. Todas eran copias simples, todas eran CUR de asignación de pagos por comisión de servicios. Eso me prueba que hubo trámite administrativo, no me prueba si hubo una reunión. No deslegitima las fotos ni los peritajes. Solo prueba que hubo un trámite administrativo. Y dentro de esas 81 copias simples, no había firma de responsabilidad del CPC como órgano en este caso, que tenía la obligación de validar que la información que se estaba entregando era real o no.

Entonces, entendiendo esto, queridos colegas legisladores, y quedo atento a cualquier duda que se tenga del proceso, creo que leer el expediente ha sido bastante claro, creo que he explicado dudas de manera bastante didáctica para que se entienda, cosa que si no se hace ya estaríamos hablando no de desconocimiento, sino de malicia. Pero quedo atento a las dudas que se pueda tener. Este proceso, queridos colegas legisladores, es un proceso de fiscalización política. Quiere mezclarse con el tema jurisdiccional penal por la cadena de custodia, les acabo de leer el artículo 457, que te dice que no toda prueba tiene que ser sometida a cadena de custodia.

El mismo Código Orgánico Integral, si es que quieren mezclar las materias, te dice que no es así. Entonces, tenemos fotografías periciadas, periciadas por expertos que te dicen que la reunión, que las personas que están ahí son el señor Rosero y la señora Romero. Basta un simple, yo no fui, yo no estuve, no creo. Porque el peso que tiene un peritaje como tal, según el mismo artículo que les leí, es una forma en derecho de probar lo que se asevera. Existen documentos por parte del señor Rosero que desvirtúen que existió la reunión, ninguno.

El único que podía hacerlo en este caso era un examen, una meta pericia, que indique las debilidades del informe pericial que nosotros presentamos, de los informes, por un experto avalado, que como acaban de escuchar a viva voz, no existe. El señor lo dijo, yo no sé, yo no conozco. Se ganó el billete a vaca porque no tenía experiencia en el tema puntual que tenían que contratar. Señores, yo abrí con un video del señor Rosero. Y el video hablaba claramente de lo mal que está que se reúnan personas entre cuatro paredes porque le quita transparencia.

El examen que tenemos que hacer el día de hoy es ¿el señor Rosero se reunió o no se reunió? Los detalles están en el expediente. Creo que se prueban por sí mismos, no solo por lógica, sino por trazabilidad procesal que hemos llevado. Las fotos son concluyentes, no fueron alteradas y asimismo demuestran quienes estuvieron en la reunión. Repito, esta meta pericia no fue en ningún momento objetada por parte de un perito que tenga conocimiento. El mismo señor dice que no sabe dónde está parado. Entonces, el centro de la controversia, repito, queridos colegas legisladores, es ¿existió o no la reunión?

El resto de contextos políticos, el lodo con ventilador que se quiera tirar aquí, será lindo para las redes. Pero en el momento que el señor Rosero entre a este pleno, él tendrá que decir ¿por qué no presentó un peritaje? El cual demuestra que esa foto era falsa. ¿Por qué llevó un perito que no sabía dónde estaba parado y no pudo contradecir? Y en eso tenemos que centrar el debate. No en lo político, no en el lodo con ventilador, en los inventos, porque es bastante relativo que los que dicen que no hay pruebas, sí crean en una refinería, pero no creen en un perito como tal.

Me parece llamativo. Pero en todo caso, hemos sido claros. Las pruebas existen, no se han podido contradecir. El señor Rosero aquí tiene que demostrar que esa reunión no existió. El resto es paja y a las redes sociales. Señora Presidenta, esa ha sido hasta ahí mi primera intervención. me reservo el derecho a réplica en el momento pertinente procesal oportuno. Muchas gracias, señora Presidenta.

Autorizado.

Autorizado.

Autorizado.

que fueron captadas de un...

Autorizado.

Continúe.

Autorizado.

Y quiero que me responda desde su experiencia.

Gracias.

que se ha dicho ahora respecto de la movilización del vehículo, porque a mí me parece como la parte fundamental de todo esto. No me queda claro si el asambleísta Peña dice que la reunión fue a las 7 y 20 o si era a las 10. Sería bueno que nos diga cuándo mismo usted, pero ¿a qué hora fue la reunión, según usted?

No me queda claro porque, claro, o sea, en un inicio, y no le estoy cuestionando porque, insisto, usted puede dar los argumentos que requiera, pero yo intento hacerme una idea para poder luego poner un criterio respecto de lo que la comisión querrá hacer. Pero si usted dice que primero era a las 7 y media, luego dice que a las 10 y ahora dice que entre las 7 y media y las 10, ya me queda la duda. Entonces, por eso es sumamente importante. Señora asambleísta. Estoy hablando, asambleísta.

Tenga la bondad de no interrumpirme.

¿A qué concluye la pregunta?

asambleístas y Ecuador.

peor del ejecutivo.

Está el tema de que básicamente no exista identidad objetiva y suspetiva dentro del juicio político de Inés Manzano. No, señor Rosero, no me molesta, estoy acostumbrado al desconocimiento. Lamentablemente aquí hay gente que con respirar ya funcionario público en instituciones públicas y desconoce el derecho realmente. Por lo cual no me sorprende que se quiera en este caso confundir entre dos juicios políticos que son completamente diferentes. Porque uno tiene que ver con contratación pública y lógicamente quiénes eran los responsables de esa contratación. Acá hay un tema particular, ¿existió o no la reunión?

Les voy a dar un pequeño ejemplo para quien puede desconocer este tema. Escuchaba a una abogadita que decía que me quería enseñar cómo hacer las cosas. Buena estrategia, ¿no? Llevar a una mujer que en este caso insulte para victimizarse si yo le respondo. Lo único que le puedo decir en este caso a la abogada y al señor Rosero y también al otro abogado, porque entre tres no pudieron con uno solo, es lo siguiente, básicamente la identidad como tal objetiva y subjetiva está en todo proceso. Imagínense lo siguiente, señores asambleístas y ecuatorianos, que existe un asesinato y del asesinato tú tienes solamente el video o la foto del asesinato.

Entonces me vas a decir, ¿cuál es el nexo causal? Porque no encuentras el objeto material que es el arma y las huellas dactilares dentro de esa arma sería obviamente el nexo causal entre el delito, el objeto material y el hecho que se atribuye. Pero imagina que no encuentras el arma. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? No se lo puede procesar al señor que está en el video o en la foto asesinando porque no encontramos el arma. Señores, cada caso, sea jurisdiccional, penal o político, tiene una esencia objetiva y subjetiva.

Subjetiva en las personas a las que se acusa. Objetiva en los hechos de los cuales se acusa. Aquí estábamos hablando si existió o no la reunión, porque, señores, quiero que se entienda. Está prohibido. En el artículo 45, numeral 2, de la ley orgánica, del Consejo de Participación Ciudadana, te dice clarito, mijo, no puedes entrar en nada que tenga que ver con conflicto de interés. Es decir, no te puedes reunir. Esa es la causal. Esa es la causal. No estamos investigando el voto. Ya voy a hablar nuevamente de lo que es el conflicto de interés.

Porque el conflicto de interés no solo tiene que ver con un voto, tiene que ver también con una realidad que he descrito de varias maneras. En el tema de ser potencial aparente, eso también tiene que valorarse. No solamente si existió en el voto. Pero, repito, esa confusión entre no entender qué pasó en el caso de la señora Manzano, que es completamente diferente a este, donde te prohíben tener una reunión, y si la tuviste, incurrías en una prohibición. Prohibición que no podías tener. Entonces, aclarado esto, también una de las cosas que dijo la abogada del señor Rosero, mejor lo hubiéramos traído a ellos, porque hablaron como una hora.

En todo caso, decía que la prueba era ilícita. Y ahí es cuando me desespero por el desconocimiento, pero vamos a explicarlo con calma. Nosotros somos asambleístas, en este caso del Ecuador, y tenemos una facultad fiscalizadora en el artículo 120, numeral 9, o en el artículo 110, inclusive, de nuestra ley. El numeral 3, que nos dice que inclusive podríamos pedir información reservada para los casos de fiscalización. Si la abogada está viendo, anótelo para que aprenda algo. Entonces, entendiendo eso, en el caso de que yo le hubiera pedido información de carácter reservada, estaba en mi deber, estaba en mi facultad de hacerlo.

¿Aprendimos algo, abogadita? Espero que sí. Pero vamos a otro caso puntual. Era información reservada por ser testigo protegido. El testigo protegido, si lo revisamos en el Código Orgánico Integral Penal, tiene un carácter de protección ante justamente el juicio en el cual tiene que declarar porque podría ser víctima de a quien está acusando. No tiene una protección total. Si no, la señora Romero no hubiese podido estar en un concurso público. Porque en el concurso público tienes que poner tus datos porque tiene carácter público por principio de publicidad.

¿Se dan cuenta de lo que dicen? ¿Cómo hablan tonterías? Y uno tiene que justificar hasta lo evidente, pero se lo justifica. Aquí les damos, no hay problema. Otra de las cosas que se dice, la cadena de custodia nuevamente. Artículo 457 del mismo Código Orgánico Integral Penal, y se lo hice con un ejemplo didáctico, te dice que no toda prueba tiene que ser, en este caso, sostenida en una cadena de custodia porque las pruebas también pueden ser avaladas y se les puede dar autenticidad a través de informes periciales.

Se dijo, con el perito que se presentó, el perito Aiga le vamos a llamar, porque no recuerdo su nombre. Entonces el perito Aiga dijo, no tengo experiencia, pero ponen ahí diciendo, no, es que está mal el informe. Imagínense mañana a un peluquero hablando de derecho y queriendo darles clases. Será el mejor peluquero. Yo no lo sé hacer, pero no me puede enseñar a mí de derecho cuando yo soy abogado. Eso fue lo que pasó con el perito Aiga. Entonces, si vamos a llevar un perito llevemos a alguien que tenga, en este caso, las certificaciones necesarias.

La cadena de custodia, según el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal, no es exigible para toda prueba. Existen otros mecanismos y se lo leí al tenor literal de la ley. Testigo protegido. Ya les expliqué lo que es un testigo protegido. Pero me llama la atención que quieran posicionar que una denuncia por sí ya es la verdad. Entonces, el derecho no existe. No se inventó la denuncia temeraria y maliciosa para gente que en este caso aproveche el sistema judicial. Ah, es que lo hizo una jueza.

Claro, entonces olvidémonos del caso Purga y el caso Plaga porque ahora los jueces son lo máximo. ¿No vivimos quejándonos del sistema judicial? Entonces, ¿por qué simplemente por ser jueza ya es la madre Teresa de Calcuta o tengo que darle certeza de lo que ella dice? Pero me llama la atención algo. Esta foto salió el 27 de agosto. El 27 de junio, perdón. De junio. ¿Saben cuándo presenta la denuncia la señora Romero? 28 de agosto. Es decir, tuvo que pasar un mes para recién decir ¡Ay! Me están suplantando la identidad.

Un mes. Claro, cuando reventó el pito como decimos nosotros. Pero hasta eso no lo hizo. Ya cuando se vio con el agua hasta el cuello dijo si denuncio seguramente tendré algún argumento. Entonces tampoco es una prueba una denuncia puesta un mes después por alguien que en este caso dice que no lo hizo. Repito, existen las denuncias temerarias y maliciosas. Se sigue diciendo y se dijo suelto de huesos dicen que soy yo. Pero se dijo en este caso que hay que probar un nexo causal. El nexo causal como tal es el vínculo que existe entre la infracción y el objeto material de un delito.

Para que se entienda. Aquí no estamos hablando de delitos porque esta es la sede política. Es la Asamblea Nacional. Entonces, teniendo claro eso en la sede política ¿cuál sería el nexo causal de cometer o incurrir en una prohibición? Simplemente incurrir en la prohibición porque no existen elementos adicionales que te vinculen a algo sino que si haces o no haces puedes incumplir la ley. Y en este caso reunirse con una participante es una prohibición expresa del artículo 45 número 2 por lo cual analizar nexos causales dentro de elementos que no tienen que llevar al cometimiento de algo sino que está prohibido si lo hiciste o no lo hiciste basta como prueba.

Entonces, entendamos eso del nexo causal. Ahora se dijo señor presidente creo que ha sido bastante claro con todas las dudas que se han planteado aquí. Se dijo que ando inventivo se dijo que me invento cosas ok yo escuché al señor Rosero decir que al gobierno nacional le interesa su puesto que tanto es así que la ministra de gobierno tenía una funcionaria aquí en la asamblea nacional entonces como a mí sí me interesa fiscalizar me puse a revisar y resulta que el nombre que él dijo no existe pero como me interesa ir más allá me puse a investigar y encontré algo muy interesante y esto vamos a ver si es invento o no porque resulta que fuera de lo inventivo que yo pueda hacer existen personas a quienes voy a nombrar en este momento que me llama mucho la atención quiero que escuchen el siguiente nombre a ver si estoy tan inventivo Byron Efren Rosero Minda Rosero Minda ¿cómo se llama el consejero?

Rosero Minda ¿coincidencia? ¿será? ¿no será? pues sí es el hermano hermano que ingresó a la contraloría a trabajar justamente cuando le regresaron el puesto porque el señor el señor fue en este caso destituido por no cumplir no hacer su trabajo y como no aprendemos siguen dando papaya pero justo cuando él lo vuelven a posesionar y como a mí me gusta investigar me encuentro con que el señor Byron Efren Rosero Minda hermano del consejero trabaja como especialista provincial de apoyo a una auditoría en la contraloría tráfico de influencias nepotismo tonte entonces cuando uno se pone a inventar cosas hay que tener cuidado porque el ladrón juzga por su condición y como sé que el ladrón juzga por su condición me puse a investigar y no solamente está el señor hermano sino también su pareja y que me diga que no que me diga que no porque puedo pedirle información para sacarla en público porque aquí yo no me invento las cosas yo soy abogado allá los periodistas allá en este caso los luchadores sociales allá aquí como abogado yo hablo con pruebas entonces que me diga si yo me estoy inventando esto y que me diga quién es este nombre Vanessa Anabel Morales Silva experta en auditoría ¿sabe cuánto gana?

2.408 dólares 2.408 dólares entonces quiere decir que la ministra tenía alguien aquí metida me pone a investigar no existe eso sí es un invento pero esto yo no me lo estoy inventando su hermano su pareja trabajando para el Estado Estado que tanto critica Estado que tiró loco con ventilador repito yo no vengo a inventarme cosas las pruebas han hablado traje peritos que saben lo que dicen y que estaba corroborado entonces repito con inventos yo no hago que me diga que no que se atreva aquí están las pruebas y las puedo poner porque puedo pedirle información el artículo 120 me lo permite así que vamos a ver quién se inventa y quién no las pruebas han hablado señor presidente haré la moción en el momento indicado creo que ha sido claro espero que los asambleístas que realmente han puesto atención a este juicio político entiendan ¿hubo la reunión?

sí ¿está corroborada? sí ¿tenemos que darle transparencia a los ecuatorianos? sí mi palabra señor presidente muchas gracias

Sí, señor presidente, ha solicitado ejercer el derecho a la réplica.

Con su autorización, señor presidente, se procede a verificar la salida del funcionario.

Permite informar que el señor David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha abandonado el salón plenario de la Asamblea Nacional.

Antes de entrar a lo que nos concierne que es el informe de fiscalización y que como comisionado de la misma haré varias observaciones, yo quiero hablar de un tema en cuanto a los términos y conceptos que se han manejado alrededor de este juicio político y aquí parece que hay cierto segmento de este pleno que está confundido, también ha causado confusión en otros actores sociales, y es el término de la certeza. Ustedes, cuando hablan de certeza, tenemos que remitirnos a un proceso penal la certeza, procesalmente hablando, nace de una sentencia, nace de un juez.

Aquí, ninguno de los 151 legisladores que estamos sentados puede venir aquí a dar certeza de un hecho, certeza de una prueba. ¿Por qué? Porque la certeza la determinan los jueces en sentencia. ¿Dónde hay certeza? En el caso Arroz Verde, certeza. Hay certeza de los hechos. Odebrecht, certeza de lo que ha sucedido. Aquí, en los juicios políticos, no se maneja el concepto y los términos de certeza. Nada más hacer esa aclaración, señor Presidente, porque no sé si por desconocimiento del derecho o por mala fe, el consejero que se ha retirado de este pleno decía que aquí un asambleíste dijo que no hay certeza de los hechos.

Por supuesto. No se maneja el término certeza en un juicio político. Avancemos en cuanto a uno de los puntos que manejaba el consejero y que era, invocaba la sentencia 122.22-GC-23. Esta sentencia habla sobre la desnaturalización del juicio político. Y yo quiero decirle a este pleno y al consejero que la verdadera desnaturalización de un juicio político nace en el momento en el que vienen a exigir cadenas de custodia en la prueba para que ésta sea efectiva. Exigir cadenas de custodia en un juicio político, que vuelvo y repito, totalmente distinto a un proceso penal en el que sí se exige certeza.

Exigen un estándar de prueba de certeza y más allá de toda duda razonable. Por favor, colegas legisladores, por favor, señor consejero, no intenten inducir error a la autoridad, no intenten inducir error al pueblo ecuatoriano que está observando este juicio político. Aquí no podemos hablar ni de cadenas de custodia, ni de la certeza, ni de ir más allá de toda duda razonable. Vienen a atacar y vienen a hablar de hechos externos. Meten a la ministra de gobierno, meten a actores externos a este juicio político. ¿Por qué no se centró el tiempo que tuvo para defenderse?

¿Por qué no usó ese tiempo para defender la acusación? ¿Qué es lo que tenía que hacer? En un juicio donde ustedes han visto que el procesado se va en contra de los jueces, de la condición de los jueces, se va en contra de los abogados. Tienen que defender su teoría del caso. Lamentablemente, como ha sido ustedes, han visto y como el pueblo ha observado, no ha podido negar su participación en dicha reunión. Detrás de la función del consejero de Participación Ciudadana y Control Social, habían dos principios rectores que éste tenía que respetar.

Número uno, la independencia. Y número dos, la transparencia. Al momento de configurarse su participación en esta reunión, no puede salvaguardar ninguna de las dos. Independencia, ¿por qué? Porque pone en riesgo un concurso de fiscal que afecta a todo un país por una reunión. Si era su amiga la señora, tenía que excusarse del concurso. Si era su amiga la señora con anterioridad, tenía que avisarle a los ecuatorianos y decirle, yo guardo una relación de amistad con la señora. Pero es inadmisible que un consejero de Participación Ciudadana, que está llamado a ser el ejemplo en cuanto a la imparcialidad, en cuanto a la objetividad, en cuanto a evitar a toda costa la prohibición del conflicto de interés, venga y se reúna.

En el momento en que se sienta en ese sillón, en esa reunión, se configura el conflicto de interés. Y hoy este pleno tiene la potestad de deliberar, de debatir, espero con altura, sobre si existe o no conflicto de interés en el momento en que un consejero de Participación Ciudadana y Control Social se sienta con quien iba a calificar, con el aspirante, con el concursante a fiscal general. En cuanto al juicio político, puedo decir que la Comisión de Fiscalización ha llevado a un proceso de altura, ha llevado a un proceso en el que se ha guardado la compostura y que se han garantizado los principios básicos que cualquier proceso debe llevar, no solo a nivel político, sino también civil y penal, como algunos quisieran que este sea, parece.

Porque algunos quisieran que estemos en un tribunal penal porque vienen aquí a hablar nuevamente de la certeza, vienen a hablar de más allá de toda duda razonable. No, señores, aquí lo que se ha garantizado es la legalidad, la contradicción, la defensa y, por supuesto, la igualdad de armas, como ustedes han sido testigos. Y luego de la sustanciación de este juicio político, como comisionado, puedo informar al país que para sustentar esta teoría del caso, y como lo decía el consejero, vuelvan, señores asambleístas, retornen al expediente. Retornemos al expediente.

y en el expediente.

En el expediente, Pueblo Ecuatoriano y colegas legisladores, hay dos pericias por parte del proponente del juicio político, el señor Sergio Peña. ¿Qué dice la primera pericia de rasgos morfológicos? Que de esa pericia puede determinar que las personas que participan de esas fotografías son el consejero y la ex concursanta fiscal general del Estado. ¿Y qué dice la otra pericia? Dice que las imágenes anexadas al expediente no sufrieron ningún tipo de alteración en su contenido o estructura. Eso son pruebas, eso es probar. Esos son los elementos que requieren, porque obviamente la balanza está inclinada.

El consejero presentó 84 pruebas, el proponente me parece que 20, 24. ¿Pero saben cuál fue el problema de esas 84 pruebas? Que había deficiencia probatoria, no nos conducían a nada, no probaban nada. Simplemente eran o copias simples o era para formar relatos alrededor del juicio político. ¿Qué corresponde a este pleno, colegas legisladores? Corresponde que sentemos un precedente. Es momento que nosotros como asambleístas, como el primer poder del Estado, como representantes del pueblo ecuatoriano, sentemos un precedente de que nunca más ningún consejero de participación ciudadana puede claudicar en los principios y sentarse con quien va a calificar próximamente y sentarse con quien debe calificar en su participación en el concurso.

En ese momento nosotros, como asambleístas, debemos de tomar cartas en el asunto, porque también quieren dividir y poner en tela de duda de que esto es una metida de mano al concurso. Por favor, señores, diferenciemos dos elementos y dos eventos claves en este pleno. Número uno, el concurso. Número dos, la reunión del consejero. Nada que ver que intentemos hoy aquí aducir que estamos haciendo el juicio político en torno al concurso. No se trata el juicio político en torno al concurso ni por los intereses del concurso.

El concurso se va a dar, el concurso debe de seguir su rumbo como la ley lo permite y la ley lo manda. Aquí lo que estamos viendo es que un actor de ese concurso ha claudicado en los principios y ha tenido un evidente conflicto de interés. Aquí no se trata solamente de decir y salir a las cámaras y decir, es inteligencia artificial. No, no se trata solamente de hablar, se trata de probarlo. ¿Qué ha hecho el proponente? Ha enexado dos pericias. ¿Qué me dicen las dos pericias que ha tenido el funcionario cuestionado?

A mí no me dicen nada. En el informe no me dicen nada. No concluyen en nada en el informe esas pericias. De tal forma que, si bien no se les pide certeza, aquí no se pide certeza, pero sí se piden los mínimos, los principios básicos que los leía al principio. Y con gusto se los vuelvo a leer. Aquí hay que manejar los principios básicos que cualquier proceso podría tener. Legalidad, contradicción, defensa y igualdad de armas. Creo que podemos coincidir en eso, al menos los colegas comisionados.

Ecuatorianos y ecuatorianas, los funcionarios públicos estamos llamados al respeto a la Constitución, al respeto a la ley y al respeto a su mandato. Ustedes eligen a estos funcionarios públicos. Nos eligieron a nosotros, eligieron al consejero. Hoy el consejero ha demostrado que ha incurrido en una prohibición, el conflicto de interés. Hoy el consejero ha fallado a los ecuatorianos. Es por eso, señor Presidente, que como comisionado, como asambleísta de la bancada de Acción Democrática Nacional, respaldo el informe realizado por la comisión y va por la censura de institución del funcionario que acaba de salir del pleno.

Muchas gracias, Presidente.

Con todas, con todos. Gracias, presidente. Quiero iniciar hablando sobre, brevemente sobre el contenido de este informe que ha sido notificado a cada uno de los asambleístas previo a esta sesión en el que se desarrolla el proceso de enjuiciamiento político en contra del consejero David Rosero. Este informe, si bien es cierto, tiene 69 páginas, pero de estas 69 páginas, 40 de ellas han utilizado únicamente para transcribir artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que todos ya conocemos y que prácticamente es un relleno. Ese es el informe que nos han enviado desde la Comisión de Fiscalización a todos los asambleístas para debatir el día de hoy.

Luego, también quiero señalar que es una vergüenza que como medio probatorio coloquen links de un pasquín, de un pasquín que se dedica a atacar a los opositores políticos y a lavarle la cara al régimen. A un pasquín que le pagan con pauta gubernamental, es decir, con dinero público de los ecuatorianos que bien puede ser utilizado para adquirir medicinas, insumos médicos o pagar a las dializadoras que en este momento colocan en riesgo por la falta de cumplimiento de estos pagos a más de 20 mil pacientes renales.

Por eso, recalco, es vergonzoso que como medio probatorio se coloquen los links de este pasquín, pero ya no resulta novedoso porque incluso en los procesos que colocan en la Fiscalía General del Estado también ponen links de varios pasquines, entre ellos del que consta aquí dentro de este informe de juicio político. Luego, también hay que ser claros, aquí no solamente se debería estar enjuiciando políticamente al señor David Rosero, sino a todos los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A los siete, no solo al funcionario hoy cuestionado, porque entre ellos se han dedicado a boicotearse.

Estos siete consejeros también son los responsables del descalabro y del caos institucional que hoy vive el país. Por eso, los siete deberían estar hoy siendo sometidos a un proceso de enjuiciamiento político. Estos siete consejeros tienen retrasados concursos, concursos como los de la renovación del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, otras instituciones, y entre ellos el de la Fiscalía General del Estado, que si bien es cierto ya está avanzando, pero sabemos que ya tienen al fiscal elegido, al fiscal de bolsillo, al fiscal subrogante Carlos Alarcón.

Esos siete consejeros no han querido realizar con agilidad la renovación del Consejo Nacional, el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Saben por qué? Porque prefieren mantener sentados allí en esas instituciones a los comisarios del poder, a esos jueces que se han prestado para proscribir y para perseguir a la oposición política de este país, para proscribir a la Revolución Ciudadana. Por eso, ustedes están cómodos con esos consejeros y no los traen acá a este Pleno de la Asamblea Nacional. Esa es la verdad. Y lo digo con todas sus letras, este consejo incluso utiliza esta institución para extorsionar a la gente a través de los concursos.

Y el pueblo ya conoce aquello, por eso también tienen una débil imagen institucional. El Consejo de Participación Ciudadana es un antro, es un antro de perdición en el que han sometido a las instituciones para colocar a los alfiles del régimen, tal como lo hicieron con el Consejo de la Judicatura, que retrasaron ese proceso y luego fueron colocando a Mario Godoy y luego a la actual presidenta del Consejo de la Judicatura. Eso no lo va a olvidar el país. Incluso cambiaron la terna en complicidad con la mayoría de esta Asamblea Nacional el año anterior, en el 2025.

Hay que refrescar la memoria y hay que traer acá a este hemiciclo cómo han sucedido las cosas. Y allí el consejero Rosero también actuaba con beneplácito. Así que aquí nadie le va a lavar la cara a nadie. Aquí deben estar los siete siendo enjuiciados políticamente. Luego, cuando los procesos se estancan, cuando sucede lo del Consejo de la Judicatura o lo que ahora sucede con la Fiscalía General del Estado, eso también causa controversias y en la opinión pública también cuestionamientos. Porque si estamos aquí, es porque seguramente el señor Rosero alguna cosa o algo no se quiso prestar, porque todos, en su mayoría, han hecho las peores trafasías para colocar, y vuelvo y repito, al fiscal subrogante que se ha prestado para perseguir a Luisa González, Andrés Arauz, Aquiles Álvarez, y también con un informe reservado, proscribir a la Revolución Ciudadana y enviarlo al Tribunal Contencioso Electoral.

Y el elegido, que lo sepa hoy, para que luego no tengan que decir que hay, que novedad, que asombro, el nuevo fiscal. No, el elegido es el señor Carlos de Alarcón. Y verán en los próximos días que él será el fiscal elegido, no por meritocracia, sino por servilismo a Caron Deleu, para continuar con esta agenda de persecución política. Ahora ustedes están muy agenciosos en enjuiciar políticamente al señor David Rosero, pero les recuerdo que el 12 de enero del 2026, el 16 de enero de 2026, y el 9 de febrero de 2026, se presentaron tres solicitudes de enjuiciamiento político a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre ellos el señor David Rosero.

¿Y saben qué pasó? El Consejo de Administración Legislativa, dominado por el oficialismo, porque son siete del oficialismo, decidieron no dar paso a estas tres solicitudes. ¿Por qué allí no quisieron enjuiciar políticamente al señor David Rosero? Claro, ¿saben por qué? Porque allí sí acataban las órdenes de Caron Deleu. Eso sucedió. ¿Por qué no dieron paso? ¿Por qué no se enjuició políticamente a los tres consejeros? Vamos a ver qué pasa con la solicitud que va a presentar Luis Fernando Molina, en contra del presidente de esta institución, del señor Andrés Fantoni, y ojalá lo califiquen y ojalá acá también den los votos para censurarlo y para destituirlo.

Finalmente, colegas legisladores, quiero decir que el Consejo de Participación Ciudadana debería actuar de manera imparcial. Lamentablemente, está entregado al poder político. Esa institución debería responder a los ciudadanos de este país. Pero hoy es claro que hay una hoja de ruta. Se tomaron la función judicial a través del Consejo de la Judicatura. Se tomaron las instituciones de control y ahora quieren tomarse la fiscalía general del Estado y posteriormente, cuando hagan la renovación, los organismos electorales. Y para eso, no cuenten con nosotros, no cuenten con la Revolución Ciudadana para seguir causando daño institucional a este país.

A esa institución le hace falta imparcialidad, pero sobre todo personas virtuosas. Y está claro que los que actualmente están en esta institución, incluido con la persona que hoy están enjuiciando políticamente, no tienen ese principio ni ese valor. Gracias. Gracias.

uno de los asambleístas que se encuentran en este pleno de la Asamblea Nacional y sobre todo a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos ven a través de los medios digitales. Quiero iniciar esta intervención haciéndoles un cuestionamiento. ¿Qué confianza tienen los ecuatorianos en las instituciones del Estado si no tienen certeza en los procesos de selección de sus autoridades y que estos se desarrollen con transparencia e imparcialidad? Y justamente partimos de esto, de la transparencia e imparcialidad que debe tener el proceso del concurso para la selección del Fiscal General del Estado.

Dentro de nuestro país nos encontramos en un proceso de lucha contra la corrupción y contra la inseguridad. Claro, cabe recalcar que son problemas heredados de hace muchos años, pero que actualmente estamos dando guerra frente a esos problemas y que el día de hoy quieran venir a empañar un proceso que debe ser transparente con reuniones mantenidas a oscuras, con reuniones mantenidas con un proceso que no se debería dar en lo absoluto, eso es vulnerar el artículo 45, numeral 2, de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Vienen acá a decir que no se sabe de qué se les acusa, pues es específicamente de esto, se prohíbe específicamente a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana actuar en asuntos donde exista conflicto de intereses. El señor David Rosero tenía un conflicto de intereses al mantener una reunión con una concursante para el proceso de selección del Fiscal General del Estado. ¿Por qué? Porque obviamente el Consejo de Participación Ciudadana es aquella entidad que debería velar, transparentar y garantizar que cada uno de los procesos que se dan de selección de autoridades sean completamente legales y que respondan a la ley y sobre todo garantizar que estos tengan la transparencia necesaria y suficiente para que los ecuatorianos podamos tener un sistema de justicia transparente, porque eso es lo que buscamos.

También he escuchado dentro de este pleno decir ciertas cosas que la verdad es que no vienen al caso. Se debe distinguir entre la difusión de una imagen y la autenticidad de los hechos. Punto de la controversia no es para nada quién es quien difundió la imagen. Acá no venimos a discutir quién publicó una imagen, quién subió una publicación, ni nada de eso. Acá estamos discutiendo plenamente un conflicto de intereses de un consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político hemos escuchado y actuado cada una de las pruebas de cargo y de descargo.

Y si es que los asambleístas no escucharon, porque cabe recalcar también que los asambleístas pueden intervenir con derecho a voz dentro de cada una de las comisiones y luego quieren venir a decir acá que no debe ser así, que el informe es incorrecto, hagan sus observaciones, intervengan en la comisión, para que luego no vengan a decir al Pleno de la Asamblea que no conocían, que está mal hecho o cualquiera de las acusaciones que se han realizado dentro de este Pleno de la Asamblea Nacional. Cuando se trata de un concurso para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, la exigencia de transparencia e independencia debe ser especialmente rigurosa.

Es por eso que el Pleno de la Asamblea Nacional en esta oportunidad también debe ser especialmente riguroso, porque debemos garantizar que los ecuatorianos en su proceso de selección de autoridades tengan la máxima transparencia. Y el que el día de hoy vote en abstención, simplemente deberá responder a la ciudadanía por qué lo hacen y por qué no quieren que un proceso sea lo suficientemente transparente. Muchas gracias.

En la intervención, si me permite, Presidente, yo quiero enviar un saludo cariñoso, respetuoso al Cantón Pujilí, tierra de arte, tradición y cultura, cuna de maestros y artistas, que el día de mañana está cumpliendo 174 años de cantonización y desde esta curul, esta pugilense, les envía un saludo cariñoso para mi tierra siempre. Dicho esto, Presidente, yo realmente admiro la capacidad que tienen en este Pleno algunos legisladores de cambiar de discurso a conveniencia, los que antes decían que hay que tener certezas para determinar la responsabilidad de un funcionario, ahora dicen que la certeza depende de cómo a uno le convenga, entonces no hay certeza para decir, por un lado, que se ha podido probar que no haya habido una supuesta reunión, pero sí hay certeza para afirmar que ha habido incumplimiento de funciones y conflicto de intereses.

Yo admiro la capacidad de algunos legisladores que piden transparencia cuando hace algunas semanas de atrás se paraban en esas curules a decir que un juicio político no sirve para nada porque no devuelve la plata que se han robado. Esa transparencia que usan cuando cierran los micrófonos a los legisladores, cuando les resulta incómodo cualquier cosa que nosotros queremos decir. Y en este Pleno se ha dicho que estamos hablando de un juicio político y que el juicio político es eso que tenemos que hablar en términos políticos, pues entonces hablemos, compañeros legisladores, en términos políticos y lo voy a decir aquí sin rodeos, porque el señor David Rosero ha sido con nosotros o ha tenido con nosotros y ha sido, insisto, con nosotros un impresentable en sus actuaciones durante todo este tiempo.

El señor David Rosero llamó supuestamente a limpiar de correístas el Consejo Nacional Electoral. El señor David Rosero se prestó para la pantomima del caso ligados mientras compañeros eran perseguidos y tuvieron que ser exiliados de manera injusta. El señor David Rosero fue parte del manejo del concurso del fiscal y de lo que luego pasó con el señor Godoy, y que como ya se dijo aquí se presentaron hasta tres solicitudes de juicio político que esta misma asamblea, porque en este momento no le convenía, terminó por archivar. El señor David Rosero tiene un conflicto de intereses en el concurso del Consejo Nacional Electoral y la ciudadanía ya no le tiene confianza porque conoce, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Ibarra y sabe por qué en ese caso hasta le declararon persona no grata.

El señor David Rosero pactó con el gobierno, el señor David Rosero hizo mayoría con el gobierno en el Consejo de Participación Ciudadana y votaba con ellos. Por eso, de este lado de acá, al señor Rosero no le debemos nada. Eso que les quede claro. En cuanto a este proceso de juicio político, yo debo decir con mucha tristeza que la Comisión de Fiscalización ha dejado de fiscalizar para convertirse únicamente en una comisión de trámite a conveniencia del gobierno. Y yo creo que ustedes mismos deben dejar de mentirse y deben dejar de mentirle a los ecuatorianos, porque este juicio político no va de conocer la verdad, este juicio político no va de saber si el señor Rosero incumplió o no funciones o si hubo o no conflicto de intereses.

Este juicio político va de acomodar las fichas en el Consejo de Participación Ciudadana para que vuelvan a tener la mayoría y tener el control de todo lo que tienen y quieren tener control de cara al futuro en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque compañeros legisladores, no se puede juzgar o procesar políticamente a nadie en una asamblea donde la mayoría de ADN atropella todo procedimiento parlamentario, en una asamblea donde silencian los micrófonos, donde se sesiona por Zoom y a las 7 de la noche, y donde hacen en las comisiones lo que les da la gana.

Por otro lado, permiten, por un lado, que ministros y exministros corruptos acudan y comparezcan de manera virtual y a través de abogados, pero a otros les piden que estén de manera presencial o que presenten pruebas. ¿Dónde está entonces la lógica del proceso de juicio político? Por otro lado, y fíjense cómo funciona en esta asamblea ADN, cuando alguien le sirve, lo usan, cuando alguien ya no le sirve, entonces lo votan. Rosero hizo, insisto, mayoría con el gobierno. Votó, les cumplió y ahora ustedes lo están entregando. Y algún día, señores legisladores de ese lado del hemiciclo, les va a pasar lo mismo.

Acuérdense de lo que hoy les estoy diciendo. Y como nos gustan en este pleno los refranes, también les digo ojo, porque mal paga el diablo a sus devotos. Y es eso precisamente, o de eso precisamente, de lo que va este juicio político. No hay motivaciones que se hayan podido cumplir, no hay una causal que se haya podido probar, y lo único que quieren es mover las fichas, cambiar los alfiles, para que se funcione a conveniencia y tener el control absoluto dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Pero hasta eso han hecho mal, porque podrían haberse conseguido un interpelante un poquito más pilas, un interpelante que no sea tan misógino y malcriado, malcriadito, que ni siquiera está aquí, que ni siquiera está aquí, que cree que menospreciando a las mujeres o llamando abogadita a una colega que barrió con él en la comisión y que le dejó muy mal parado, por lo menos tenía que haberse preparado un poquito más. Eso dice mucho de la calidad moral y de la calidad ética y profesional de alguien como el señor Peña.

Y les decía que podían haberse buscado un mejor interpelante, porque por eso mismo este proceso de juicio político ya inició deslegitimado con un proponente procesado en el caso Danubio, bienvenido asambleísta Peña, que bueno que venga, de vez en cuando está bien, les decía con un proponente procesado en el caso Danubio, expulsado de nuestro movimiento, votando con el oficialismo, protegido por el oficialismo, es decir, un acusador cuestionado con procesos encima le quita desde cualquier punto de vista legitimidad a cualquier tipo de acusación que en este pleno se quiera presentar.

Preparado un poquito más porque le digo a usted, asambleísta Peña, directamente, yo no vivo de hacer shows, yo no vivo de dármelas de gallito como usted hace, usted fue a la comisión de fiscalización a gritar, a levantar la voz, a ser malcriado, a ser irrespetuoso y por supuesto que el presidente de la comisión le dejó, porque como es su pana y como ahí hacen, insisto, lo que les da la gana, pero lo que no puede quitarse de encima es la contundencia de las pruebas y la contundencia de los argumentos que, insisto, desde la defensa técnica le pusieron y por eso usted no pudo presentar un juicio político como se debe a la altura y con las pruebas que eran necesarias.

Ni pudo probar incumplimiento de funciones, ni pudo probar conflicto de intereses, ni pudo probar que haya habido una reunión, ni pudo probar nada, lo único que hizo fue agachar la cabeza y tartamudear todo el tiempo. Yo fui proponente de un juicio político al ex consejero Juan Esteban Guarderas y lo enfrenté en ese momento con pruebas más que contundentes y por eso ese proceso terminó en la destitución y censura de ese funcionario y quedó fuera del cargo. Cuando quiera, le puedo enseñar cómo se hace asambleísta. Finalmente, y para cerrar esta intervención, decirles que nuestra postura no es por rocero, sino porque este juicio político, tal como ustedes lo han presentado y tal como lo conduce esta mayoría, no merece nuestro voto.

Y le voy a hablar a los ciudadanos, a esos ciudadanos a los que nosotros representamos y a los que no les vamos a dar la espalda y a los que no le vamos a mentir. A esos ciudadanos que están esperando de nosotros un poco más de dignidad cuando realizamos estos procesos de fiscalización. Y decirles a esos ciudadanos que nuestro voto, el día de hoy, efectivamente va a ser en abstención por el profundo respeto que les tenemos a los ecuatorianos, porque nosotros ni podemos, ni queremos, ni vamos a ser nunca cómplices de esa pantomima en la que ha convertido la fiscalización y el control político en esta asamblea.

Para eso, no cuenten jamás con nosotros. Gracias, Presidenta.

Usted dirá, presidente, cuando terminen las condolencias.

El juicio político, lo que los gringos conocen como el impeachment, es un juicio de oportunidad. Esa es la columna vertebral de los juicios políticos. Cuando a un expresidente de la República, gente de la Revolución Ciudadana, le siguió el juicio político, el principal argumento que ponían por delante es que un juicio político es de oportunidad, no es penal, es político, tiene un tratamiento diferente, depende de la votación de las bancadas y tiene tres pilares fundamentales, la conveniencia, la confianza y la responsabilidad política. Por lo tanto, el pretender aquí llevar adelante una discusión sobre si las pruebas son válidas o no, sobre si las pruebas se actuaron bien o no, o si es que las pruebas cumplen con los principios del derecho ordinario, es una discusión por demás estéril, por demás estéril.

Y claro, aquí nosotros vamos a dar una sanción estrictamente política. A mí me llama profundamente la atención como legisladores que ya están en algún periodo anterior, inclusive aquí calentando el puesto, dicen que en la comisión no se ha aprobado la comisión de la infracción. ¿En serio que en las comisiones se aprueban cosas? En la comisión de fiscalización, por Dios, y están aquí dos periodos, pues abran un poquito el libro y leanlo. En la comisión de fiscalización se sustancia el proceso, es decir, se va verificando las cosas y cuando la comisión saca el informe es aquí donde se juzga, es aquí donde se evidencia, es aquí donde finalmente se termina tomando una decisión.

Por lo tanto, decir así sueltito de huesos e inclusive sin despeinarse, felizmente, yo ya no me despeino hace años, dicen que te van a enseñar, Sergio, cómo hacer, si ni siquiera sabe para qué funciona la comisión de fiscalización. Pero más allá de eso, bien dijo Sergio Peña, aquí puede haber peculado y cuidado que después de lo que encontremos acá como responsabilidad política, presidente, podamos trasladar el expediente a la Fiscalía General del Estado para que se investigue si es que hubo o no hubo peculado. En derecho, cuando queremos tomar algunos principios del derecho, sí podemos recoger en materia política aquel principio de que nadie puede ser sancionado con una sola prueba.

Aquí han estado horas y horas hablando que si la foto, que si no fue, que si el perito, etc. Aquí en la comisión, en la sustanciación, hubo una serie de pruebas, una serie de documentos, hubo informes periciales sobre videos y fotos, hubo pruebas testimoniales, hubo pruebas documentales, hubo el movimiento de los vehículos del consejero y todo eso hace concluir que en efecto se violó el artículo 45, numeral 2.

del Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, con todo lo que hemos visto aquí, no le estamos juzgando simplemente por la acción. Como es un juicio político, como es un impeachment, nosotros aquí estamos declarando que el funcionario ha perdido la confianza de este Parlamento y del pueblo ecuatoriano. Más allá de las alegaciones que se puedan tener, que está bien que se vengan a defender, pero no se puede utilizar esos argumentos que son del derecho ordinario para aplicar como reglas dentro.

Y esto no es un tema del señor David Rosero, porque de pronto puede resultar hasta buena gente. Aquellos a los que le hacía el juego en su momento, ahora le dicen que es impresentable. Pero el problema no está solamente en David Rosero, pues distinguidos compañeros. No está solamente en él. Aquí tenemos un problema que se llama Consejo de Participación Ciudadana. Esa es una institución absolutamente tumoral para la democracia, creada por el Correísmo en la Constitución del año 2008, con el ánimo de tener la lógica del Partido Único, de que sea la Agencia de Empleos de Carondelet, de que sea aquella institución que ponga en los cargos a aquellos que desde Carondelet el economista Correa decía que se tenía que poner.

Ah, no me creen. ¿Quieren que les cite unos tres o cuatro nombrecitos? Carlos Pollitt, hoy preso en los Estados Unidos. Primer concurso para Contralor General del Estado, 100 sobre 100. Lindo, ¿no? Debe haber sido maravilloso el señor, un genio de la Contraloría. En el segundo concurso, 95 sobre 100. Ahora vemos dónde está. El señor Bacamancheno, 94 sobre 100 en el concurso del Consejo de Participación Ciudadana, al que le aplaudían como focas. El señor Galo Chiriboga, el inefable tío Galo, 86 sobre 100 en el concurso. Y qué fiscal de aperro que tuvimos, ¿no?

Él es el que decía que ya conoce quién es el corruptor en el caso Odebrecht. Sí, es Odebrecht. Y se llenaba el pecho, decía que ya había investigado y que sabía quién era el corruptor, pretendiendo tapar a los que ahora están sentenciados y que muchos de ellos salen de embajadas en gaveta de carro. Y claro, me acuerdo cuando no les gustaba, cuando hablaban del Consejo de Participación del doctor Trujillo, decían los rezagos del Trujillato, porque los nombramientos del Trujillato dañan a la democracia. Bueno, les voy a citar un hombre que es muy amigo de ustedes y estaba en la reunión aquella de los cacos que se reunieron a propósito de lo de Segura EP.

Me refiero al señor Freddy Carrión Intriago. 84 sobre 100, 84 sobre 100 sacó en el concurso. Pero ahí no les gustó, ¿no es cierto? Ahí dijeron que eran los rezagos del Trujillato y ahora es el asesor jurídico para las profasías que vienen desde Bélgica. ¿Qué es lo que hay que tomar en consideración? ¿Por qué es tan malo el Consejo de Participación Ciudadana, Presidente y compañeros? Porque está lleno de escándalos. Porque es una institución que no funciona para la democracia. Porque hay muchos David Roseros aquí. Porque debemos entender que hay casos como los de la Liga Azul, vergonzoso para la democracia.

Los ligados y el tráfico de influencias en donde estaba el señor Franco Lohor, el señor Verduga y la señora Yadira Saltos, vergonzoso para la democracia. El señor Cura Tuárez, bonito, lindo, el curita que vino bendiciendo a todos y después tuvo que irse por falsificación de documentos y por el caso Emperador. El famoso karateka, el señor Cristian Cruz, que fue destituido porque tenía carnet de discapacidad, pero era decimoctavo dan en karate. Y así nosotros nos ponemos a poner algunos datos. Es la institución del baile del banquito, Presidente.

Es la institución del quítate tú para ponerme yo. O si no vamos a poner un poco de nombres de inútiles, buenos, para nada, que estuvieron en ese Consejo de Participación Ciudadana y que fueron destituidos. Es la única institución donde prácticamente todos han salido destituidos. Y así les voy a dar nombrecitos. José Carlos Tuárez, María Rosa Chalá, Walter Javier Gómez, uno que andaba corriendo en tanga por ahí, Victoria Tatiana de Sintonio Malavén, no se ponen bravos, Cristian Antonio Cruz Larrea, Hernán Ulloa Ordóñez, María Fernanda Rivadeneira, Ibed Estupiñán, Francisco Bravo, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Presidente, ya le destituyeron.

Por eso es que aquí vienen muy horondos a hablar hasta por los codos y a decir el por qué no les pueden destituir. El señor Allen Berbera, el señor Juan Esteban Guarderas, el señor Sócrates Augusto Verduga Sánchez, la señora Betsy Yadira Saltos Rivas, el señor Eduardo Julián Franco Loor, al que el señor Alexis Mera le decía que era un tanto bruto, la señora Vielca Marisol Párraga Macías, es decir, esta manga de inútiles han compuesto el Consejo de Participación Ciudadana y ahora nos tienen discutiendo sobre si hay que votarle o no hay que votarle a Rosero.

Esa institución se tiene que ir, esa institución se tiene que terminar, porque han habido concursos retrasados, yo coincido con Viviana Veloz, claro que han habido concursos retrasados, un montón de instituciones con gente en funciones prorrogadas por años y que no se ha podido nombrar porque no han sabido cómo acomodar el concurso, porque le quitaron a esta Asamblea la posibilidad de nombrar autoridades de control y ahora se rasgan las vestiduras diciendo que van a votar en abstención por el profundo respeto que le tienen al pueblo ecuatoriano.

¿En serio? Si fueron ustedes los que pusieron esa institución, si fueron ustedes los que dijeron que era el quinto poder del Estado y que iba a dar transparencia y que le iban a dar la oportunidad al pueblo lo que se pronuncie, para nada. Agencia de Empleos del Correísmo. Y dicen que antes ya han presentado los juicios políticos y que no se han dado paso a los juicios en contra de varios de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros no tenemos la culpa. No quisiera utilizar la alegoría que utilicé cuando estábamos en Pleno Mundial, pero la mayoría, el CAL y este Parlamento no tiene la culpa de que sean tan inútiles a la hora de presentar un juicio político y no puedan ni siquiera recoger las firmas como Dios manda.

Que se vaya a la Casa Rosero, que se vayan a la Casa Todos, que se vaya a la Casa del Consejo de Participación Ciudadana, pero esta Asamblea tiene que tener dignidad y hacer lo que tiene que hacer en el marco de la Constitución y la ley. Por lo tanto, a la Casa, señor Rosero. Besitos, besitos. Bye, bye. Le vuelvo la palabra, señor presidente.

Muchas gracias, Presidenta. Bien lo decía el Presidente encargado, en este espacio no hay réplica, pero hablemos de un proceso de control político. ¿Saben quiénes son los inútiles? El gobierno que no entrega plata a las dializadoras, un gobierno que no tiene abastecidos los hospitales, un gobierno que no le importa los enfermeros de cáncer, un gobierno que no entrega plata para la seguridad y del país todos los días contamos muertos. Un gobierno que no entrega educación digna, que no entrega trabajo digno. Un gobierno que le da la espalda a la gente y que tenemos a puertas.

Otra vez los apagones y cuando le dicen Progen, miran para otro lado. Un gobierno que encubre los casos como el de Danubio, entre otros. Si queremos hablar de inútiles, digamos que este gobierno es un gobierno de inútiles. Y digamos las cosas como son. Por otro lado, miren señores legisladores y legisladoras. El Consejo de Participación Ciudadana nace desde un concepto de real participación ciudadana. Lo que pasa en este momento es que cada gobierno de turno que no le gusta un consejero o que uno de los consejeros, como el que se acaba de decir, que ya no vota como el gobierno de turno quiere, simplemente generan pues el juicio político.

Y se lo digo a ustedes de frente. Quienes hablan de inútiles, hablen del gobierno. Un proceso de juicio político tiene que generar no solamente montar ahí y decir, yo tomé una foto, me mandaron una foto, reviso una foto e insultar como les da la gana. Hagan el grandísimo favor de elevar el debate en la Asamblea Nacional. Y digan la verdad. Ustedes han creado este juicio político simplemente porque el consejero que se acaba de ir ya no le sirve, ya no vota con ustedes, ya no es la callo del gobierno.

Digan las cosas como son. Y luego, admitan, admitan que lo inútil dentro de este país es un gobierno que no mira a su gente. Lo inútil en este país es un gobierno que simplemente le da la espalda a la gente. Así que sí, y con esto termino, señora Presidenta. Yo fui electa como consejera del Consejo de Participación Ciudadana en el 2019. Y el gobierno de turno ni siquiera le daba la gana de dejarme posesionar. Y la Asamblea de turno, que además era una asamblea de mayorías compradas en el gobierno de Lenín Moreno, hizo un proceso de destitución, una mayoría como esta, así, igualito.

Hizo un proceso de juicio político en el que se convirtieron en fiscales y verdugos y con una mayoría comprada, pegada con babas, llegaron a los votos para destituirme. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Que yo volví a esta asamblea como legisladora, como una de las mejores votadas de mi provincia y de mi distrito. Y tengo tres elecciones desde aquella vez para defender la voz de la gente. Y no me voy a cansar, señores, de decirles que yo aquí estoy para defender a la gente, defender al pueblo, a esos señores, señoras, niños, niñas, mujeres, jóvenes y adultos mayores que ustedes, a través de su gobierno, les están dando la espalda.

Entonces, cuando quieran hablar de inútiles, sentémonos y empecemos por el gobierno central que es el que ha hecho que todo este país en este momento tenga cualquier miedo, menos dignidad. Y por último, señores legisladores, ojalá, y se los pido, creo que desde el cansancio de la gente en la calle, ojalá ustedes se levanten en estos curules a hablar desde lo que le pasa a la gente y que se dejen de hablar desde el odio, desde el insulto, desde cualquier cosa que le sale, desde lo que ustedes son.

Porque se insultan con tanto odio es porque es lo único que tienen por dentro. Desde este lado de la bancada, claro que nos vamos a extender, porque no nos vamos a prestar para que esos juegos que ustedes quieren hacer sigan destruyendo a los más necesitados de este país. Así que, digan lo que quieran, destinen el odio que les dé la gana, amenácenos como les dé la gana porque vamos a votar a extensión. Nosotros, los de la Revolución Ciudadana, no nos vamos a prestar el juego de desbaratar la institucionalidad o la poca institucionalidad que le queda al país.

Así que, cuando hablemos nuevamente en un proceso de juicio político, ojalá hagan un buen informe, ojalá quienes hagan o presenten los procesos, al menos sepan litigar, al menos sepan qué es que están haciendo y dejen de insultar tanto. Y por último, y como recomendación sí se los digo, dejen de destilar tanto odio que seguramente es lo único que tienen.

en su corazón

Muchas gracias, señora Presidenta.

Ha solicitado punto de información el asambleísta Andrés Castillo.

Dícese del punto de información, sentaditos, como hablan sentaditos, esperen sentaditos. Dícese del punto de información, presidente, aquel que se utilice en el derecho parlamentario con el derecho parlamentario para aclarar sobre un tema. Primero. Ya se va a poner bravo. Ya están bravos, ya están bravos, ya están bravos. No se pongan bravos. Y esta tarde vamos a la casa. Resulta ser que el impresentable, como le dicen, el impresentable, como le dicen, fue un auténtico y rabioso seguidor de la unidad popular.

candidaturas a la revolución para ver si es que algo pesizcan por ahí. Y eso de votar en abstención o de votar en contra, señor presidente, es muy común de ellos. ¿Sabe por qué? Resulta que los señores en su momento votaron en contra de la destitución del inefable Wilman Terán y ya sabemos dónde está y ya sabemos todo lo que tiene que ver y ahora quieren darnos a nosotros clases de moral, de ética parlamentaria y de respeto al pueblo ecuatoriano? Vayan a vallarse. Devuelvo la palabra, señor presidente.

Buenas tardes nuevamente, queridos colegas legisladores, pero qué lindo cuando te la dejan boteando, porque hablan de misuginia.

Eso para que si no sabe, señora Herrera, búsquelo en el diccionario. Es un insulto por si no lo sabe. Pero claro, como son mujeres, entonces pueden insultar y yo no les puedo decir nada. Les digo algo, existe algo llamado artículo 11 de la Constitución. Y básicamente es que se puede tratar a todos de la misma manera. Ustedes mismos lo propusieron. Entonces yo creo que antes de decir, no, es que me levantó la voz, primero desencuentren cómo insultan. Por ahí otra asambleísta hablaba de odio. Pero lo que más destiló en este momento es odio, diciendo inútiles.

Eso es lo que estaba diciendo. Bueno, en todo caso, puede ser que tengan esa apreciación de inútiles, pero nosotros tenemos otra apreciación.

ustedes. Esa es la realidad. Ahora continúo y voy a poner un pequeño videíto porque la señora Herrera me quiere enseñar a mí. Ojalá tuviera las maestrías que yo tengo, no suman ni todos juntos las que yo tengo, pero sí le voy a enseñar algo que se llama objetividad en un proceso de juicio político. Solicito, señora Presidenta, el video puntual que he ingresado por el DTS para que entiendan por qué van a votar y de qué manera van a votar.

Autorizado.

Quiero saludar y permítame, presidente, de manera particular al doctor Poveda, un distinguido jurista cotopaxense y latacungueño que ha sido muy destacado, con el que nos llevan a un lado diferencias políticas profundas. No pensamos igual, no tenemos la misma ideología, pero sí debo reconocer en él un profesional de alto estándar que ha estado incluso en la defensa, por ejemplo, en casos como la de Juliana Sánchez, que fue de conocimiento a nivel mundial, así que siempre trato recibir en la Asamblea Nacional a un...

Esa es una asambleísta de la Comisión de Fiscalización cepillando al abogado en la contraparte. Imagínense en un proceso penal, que ya vamos a hablar de eso porque les encanta. Imagínense en un proceso penal a un juez alabando al otro abogado. O en un proceso político como este, a quien tiene que tomar una decisión alabando al otro abogado. Repito, al parque, si quieren les pago si no les alcanza. Pero eso en el parque, no en un proceso de fiscalización. Ahora se entiende por qué cambiaron la votación.

Porque cuando la entrevistaron a la señora Herrera aquí afuera, dijo, sí, creemos que hay un incumplimiento de funciones. Y después cambió la postura. Porque, ah, el abogado ha sido amiguito, ha sido coterráneo. Qué lindo, qué linda forma de fiscalizar. Señora Herrera, usted a mí no me puede enseñar absolutamente nada porque ni siquiera leyó el expediente. ¿Se acuerdan cuando les dije que había un asambleísta que se le ocurrió una idea maravillosa? Descubrió el agua caliente. ¿Por qué no le pedimos información? Y está grabado. ¿Por qué no le pedimos información al CPC?

Usted, oiga, aquí está. Ya el CPC contestó. No había ni siquiera leído el expediente. Lo primero que tiene que enseñarme o enseñarle nosotros a usted es a leer un expediente antes de opinar. Creo que por ahí podemos comenzar. Ahora, repito, viven diciendo, insultando con misógeno, todo lo que les dé la gana, que me da igual. Pero aprendan a respetar para que se lo respete. El respeto no se regala porque sean mujeres. El respeto se gana ejerciendo y siendo una dama. Si ustedes insultan y uno les responde, se ponen a llorar.

Y eso es lo que les duele, que uno no se quede callado. Porque ustedes están acostumbrados a quedarse callados ante el delincuente de Bélgica. Eso es lo que les duele, que nosotros no nos quedamos callados. Ahora sí, señora Presidenta, hoy se ha mencionado el caso Danubio. Y les voy a decir claramente, ¿saben cuál es la diferencia? Que yo no he sido cobarde y no he huido. He dado la cara porque sé que voy a ganar. Porque sé cómo se litiga. Porque sé que no he hecho nada.

La diferencia es que ustedes no entienden una persona que da la cara a otro que huye como un cobarde delincuente y que tiene sentencia ejecutoriada. Y a ese es al que ustedes le aplauden. A ese es al que le responden el teléfono. Entonces, primero, para tratar de enseñarme algo, primero, enséñense valores. Siguen a un delincuente sentenciado y ahí sí le aplauden. Mientras el otro está en Europa besándose con Miguel Bosé, tienen a un amigo suyo pudriéndose en la cárcel. Esa es la realidad de los delincuentes.

¿Qué son ustedes? Una sentencia ejecutoriada. Sentencia ejecutoriada. Los tilda como delincuentes. Sentencia ejecutoriada. Y si no les gusta, si no les gusta, díganle al delincuente que regrese y que venga a dar la cara. Porque es un cobarde. Así es sencillo.

Silencio, asambleístas.

Que venga el delincuente a dar la cara y ahí me enseñan algo, delincuente prófugo. Ahora sí, luego de haberles contestado como se merecen, porque respeto es lo que menos tienen y no se las voy a dar fácil, los trataré como lo que se merecen porque así insultan, así destilan odio, pues se les va a dar lo que se merecen. Aquí no nos vamos a quedar callados.

Ahora sí, señora Presidenta, a lo que vinimos, en mi calidad de asambleísta y en ejercicio de mis facultades, solicito se lea la moción presentada y procedamos con la respectiva resolución adjunta para la votación del señor David Alejandro Rosero Minda, Consejero de Participación Ciudadana para la censura y posterior destitución de así considerarlo. Mi palabra, señor Presidente.

Se cierra el debate. Señor secretario, certifique si la moción presentada por el asambleísta interpelante ha sido ingresada por escrito.

Sí, señora presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría.

Señores y señoras asambleístas, consulto, ¿tiene apoyo la moción? Señor secretario de lectura de la moción presentada y tome votación.

Procedo a dar lectura de la moción presentada y tomar votación. Memorando a N-PBSJ 2026 0120M. Asunto, moción de aprobación de resolución de censura y destitución del señor David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por incumplimiento de funciones en virtud del artículo 85 de la Ley Orgánica de la Acción Legislativa. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta y en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Acción Legislativa respecto de la convocatoria a la sesión 129 AN 2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional y en atención al punto 3 del orden del día que tiene por objeto juicio político y contra el señor David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de conformidad con el numeral 3 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Acción Legislativa, me permito proponer la siguiente moción.

Aprobación de la resolución adjunta declarando la censura y destitución del señor David Alejandro Rosero Minda, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por incumplimiento de funciones relacionadas con la prohibición establecida en el artículo 45 numeral 2 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en virtud del artículo 85 de la Ley Orgánica de la Acción Legislativa. Con sentimientos de decidida consideración, atentamente, Sergio Peña, asambleísta. Me permito dar lectura a la parte resolutiva que se encuentra adjunta. En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, resuelve, artículo 1, acoger el informe de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político en contra del ingeniero David Rosero, en su calidad de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aprobado por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, el 5 de octubre de 2026 y remitido mediante el memorándum AN-CFCP-2026-0380-M, el cual en su conclusión manifiesta, primero, La Comisión de Fiscalización y Control Político es plenamente competente para conocer, sustanciar y emitir el informe correspondiente respecto a la solicitud de enjuiciamiento político presentada en contra del Magíster David Rosero.

Segundo, En el desarrollo del trámite propio del procedimiento de sustanciación se ha respetado de manera estricta todas y cada una de las garantías al debido proceso, al derecho, a la defensa y la seguridad jurídica contempladas en el artículo 76 de la Constitución de la República, habiendo contado el funcionario cuestionado y su defensa técnica formalmente designada como tal con los plazos, garantías e iguales oportunidades procedimentales para presentar sus pruebas de descargo, así como rebatir, contradecir y alegar en el modo y forma que han visto pertinente hacerlo respecto a las pruebas de cargo anunciadas, incorporadas y actuadas.

Tercero, el informe fundamentado o no vinculante que emite esta comisión que en cumplimiento del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Acción Legislativa detalla motivadamente las respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite o el juicio político es un instrumento de control político parlamentario que no persigue la determinación de verdad procesal o responsabilidad penal o civil reservada a los jueces de instancia que ejercen jurisdicción como parte de la fusión judicial sino la evaluación de idoneidad, probidad e incumplimiento de deberes legales proporcionando al pleno de la Asamblea Nacional los insumos técnicos y políticos para su mejor reformer conforme los artículos 83, 84 y 85 de la Ley Orgánica de la Acción Legislativa.

Cuarto, del análisis individual concatenado del acervo probatorio actuado se concluye que el consejero David Rosero es imputable el incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales de acuerdo al régimen propio de fuero y responsabilidad previsto y prescrito en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al haber incurrido a criterio y libre apreciación configurados en el apartado del análisis y racionamiento por esta comisión en su calidad de órgano sustanciador en la prohibición expresa en el artículo 45, numeral 2 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social referente a actuar en asuntos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones.

Quinto, la actuación del consejero Rosero Minda vulneró de forma directa la función general contemplada en el artículo 43 numeral 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en concordancia con los principios rectores de independencia y transparencia determinados en el artículo 3 de la codificación del reglamento para el concurso de méritos de oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado afectando de manera sustantiva la independencia imparcial y confianza pública que la Constitución y la ley exige para el ejercicio del cargo de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Artículo 2, censurar y destituir a David Rosero del cargo de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por incumplimiento de funciones y por haber incurrido en la prohibición expresa tipificada en el artículo 45, numeral 2 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Acción Legislativa y el artículo 46, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Hasta aquí la lectura de los solicitados, señora Presidenta Señoras y señores de asambleístas, por favor registrar su participación en las currules electrónicas de existir alguna novedad e informar a esta Secretaría Secretaría

tome asiento y guarde silencio, por favor.

...y con un curul.

pleno de la Asamblea Nacional.

El asambleísta Sergio Peña, señores y señoras asambleístas, por favor consignar su voto.

Señor Operador, presente los resultados. Señora Presidenta, me permite informar que en un total de 144 asambleístas presentes contamos con 84 votos afirmativos, 4 votos negativos, 0 blancos y 56 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de censura y destitución planteada por el asambleísta Sergio Peña.

Señora Presidenta, cumplo con certificar que se ha agotado el orden del día.

Se clausura la presente sesión.

Se toma nota, señora Presidenta, se clausura la sesión siendo las 17 horas con 44 minutos.