🕒 0:00 Mireya Katerine Pazmiño Arregui (75%)

la palabra la asambleísta Mireia Pamiño. Gracias señor presidente, colegas legisladores. Permítame desearle un feliz año al pueblo ecuatoriano, que no perdamos la esperanza, que mantengámonos en la lucha, en la firmeza, que van a venir días mejores compañeros. Hablar de seguridad sin hablar de pobreza es mentirle al país. Hablar de violencia sin hablar de exclusión, de desigualdad y abandono social es construir relatos vacíos, que sólo sirven para justificar el uso desmedido de la fuerza. La inseguridad que hoy vive el país no nació en los cuarteles, nació en la falta de oportunidades, en el debilitamiento sistemático de la educación pública, cerca de 400 mil niños abandonados y fuera de las aulas estudiantiles. En el abandono de los barrios populares, en la ausencia del Estado en territorios más pobres. Y aquí quiero hacer una pausa y tal vez salirme un poquito del tema. Quiero hablar de mi provincia de Bolívar. En la provincia de Bolívar somos 200 mil ecuatorianos bolivarenses. De los 200 mil, compañeros, 113 mil viven en la pobreza, de los cuales el 40 por ciento está en la parte de la ruralidad. Mi provincia de Bolívar es de gente trabajadora y que necesita mucha inversión estatal, inversión pública de la que no hay, no se asiste. Hay todos los productos, todos los productos porque tenemos todos los pisos climáticos. Pero saben, mis compañeros aún sacan sus productos a lomo de mula, por el aguacero, porque no existen carreteras adecuadas. Todo está destruido, todas las carreteras destruidas. Y ahora hablemos de educación. Hay una escuela del milenio que se construyó en el gobierno del mejor presidente de la República del Ecuador, el presidente Rafael Correa. Lo dejó construido hasta el 75 por ciento y el resto, el 25 por ciento, no han podido terminar de construirlo, ni el gobierno del traidor de Moreno, ni el gobierno de Lazo y más aún el gobierno del presidente Novoa. El 25 por ciento, la escuela de milenio de Chillanes. Hay un paso lateral, que ese paso lateral de igual manera se está construyendo desde hace ocho años y que hasta el día de hoy no han avanzado en nada y han quitado ya todo el presupuesto. La provincia está completamente abandonada y necesitamos inversión pública y darles oportunidades. Se ha destruido la economía popular y solidaria. En mi provincia de Bolívar se mandaba hacer con la gente de economía popular y solidaria los uniformes para los niños de las escuelas públicas, pero quitaron eso. Los grandes contratos tienen los grandes empresarios, ya no hay la economía popular y solidaria. El turismo comunitario desapareció con la ley que aprobaron, que permitía y que solamente tienen beneficios las grandes empresas de turismo. En ese sentido hay que combatir la pobreza en el país. También la inseguridad que ahora tenemos es por no tener que discutir y ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas que deberían estar discutiendo cómo combatir la pobreza, cómo fortalecer la educación, cómo garantizar el empleo digno y cómo construir el tejido social que este gobierno ha dejado romperse. Este proyecto de ley pretende regular el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y que se ampare en el artículo 158 de la Constitución. Y que es absolutamente claro ese artículo de una Constitución del 2008 que quisieron en una consulta popular bajárselo. ¿Por qué? Porque es claro, porque es una Constitución que va en favor de la gente, en favor del pueblo, en favor y defendiendo sus derechos. Las actuaciones de las Fuerzas Armadas debe ser complementaria, subsidiaria, extraordinaria, temporal y subordinada. No permanente, no discrecional y mucho menos política. Sin embargo, lo que hemos visto en la práctica es exactamente lo contrario. Hemos visto cómo sin sustento constitucional suficiente ni control efectivo, el Ejecutivo declaró un supuesto conflicto armado interno, intentando normalizar la militarización del país. La Corte Constitucional ha sido clara, no se pueden suspender derechos ni militarizar la seguridad por simple decisión política, ni convertir lo excepcional en permanente. A pesar de ello, se ha permitido que las Fuerzas Armadas actúen sin reglas claras, sin controles civiles reales y sin garantías efectivas para los derechos humanos. Y cuando no hay límites claros, el abuso del poder aparece. En el país aún se llora y se exige la verdad y justicia por los cuatro niños de las Malvinas, desaparecidos en un operativo militar. Los niños no eran delincuentes, no combatientes, eran niños pobres, hijos del abandono, víctimas de un Estado que llegó a sus vidas no con educación ni protección, sino con armas. Ese caso no es un hecho aislado, es una advertencia dolorosa. Nos recuerda que militarizar la seguridad sin una política social fuerte pone en riesgo la vida de los más vulnerables. Por eso este proyecto de ley, tal como está planteado, no puede avanzar sin una reflexión profunda, responsable y constitucional. Me sancionaron porque argumenté un proyecto político, un proyecto político que era abusivo y que se iba en contra de los derechos humanos, que fue ya declarado inconstitucional. Querían endurecer las penas para los niños y jóvenes, recuerdan ustedes, y que fueron aprobados por la bancada oficialista y algunos otros legisladores. Y ese proyecto de ley ya fue declarado inconstitucional, porque se iban y vulneraban los derechos humanos y los derechos civiles de nuestros niños, niñas y adolescentes. La Constitución no se reforma por la vía de una ley ordinaria. Si el gobierno quiere combatir el modelo de seguridad del país, debe decirlo de frente al Ecuador y asumir el camino constitucional que corresponde, no hacerlo por la puerta trasera. Desde esta Asamblea nuestra responsabilidad no es legislar desde el miedo, ni aplaudir el pánico. Nuestra responsabilidad es defender la Constitución, los derechos humanos y la vida, la vida, compañeros. Aquí estamos para defender al pueblo ecuatoriano. Nos eligieron para que vengamos a legislar y a fiscalizar a un gobierno, no para que vengan a aplaudir y a legislar y a fiscalizar para el gobierno, para los intereses de un presidente, sino para todo el pueblo ecuatoriano. La seguridad verdadera no se construye solo con fusiles, se construye con justicia social, con educación, con empleo digno, con presencia integral del Estado y con respecto absoluto a los derechos humanos. Sin eso, cualquier ley de seguridad será solo otra forma de violencia institucional. Muchas gracias, compañeros.