🕒 0:07 Sara Noemi Cabrera Chacón (75%)

Hola, gracias. Gracias, presidenta, por otorgarme el uso de la palabra, colegas legisladores. El día de hoy estamos debatiendo el fracaso del Estado ecuatoriano a controlar sus propias cárceles. Hoy estamos viendo cómo los centros penitenciarios se han convertido en el principal foco de violencia. Así también hoy somos testigos de la inoperancia del gobierno nacional, pero también de sus ministros, de no poder atender la delincuencia organizada. Durante años el Ecuador ha sido testigo de la crisis penitenciaria que estamos viviendo. Las cárceles dejaron de ser centros de rehabilitación para convertirse en centros de operación de las bandas criminales. Las cifras son estremecedoras, la verdad. No son discursos políticos, legisladores, son realidades y son cifras que están dentro de los registros oficiales del gobierno nacional. Entre el 2023 y el 2026, Ecuador supera las 500 muertes por masacres en las cárceles de nuestro país, principalmente en cárceles como la de la provincia del Oro, la del Guayas, Cotopaxi, Azuay, que en realidad no son hechos aislados, son operaciones de las bandas criminales constantemente. Y tras esta tragedia que vivimos constantemente, el presidente Daniel Novoa y la bancada oficialista pretende convencernos de que únicamente esta normativa va a cambiar la realidad que vivimos y la inseguridad que vivimos en las calles. Pero les voy a comentar, legisladores, la realidad es que esto es el resultado de la falta del control del Estado, de la ausencia de inteligencia penitenciaria, de la corrupción institucional, pero además de haber penetrado las bandas criminales en las estructuras del sistema de seguridad. Esa es la realidad. Y en realidad este proyecto de ley tiene algunas debilidades, también algunas duplicidades normativas que se contradice con el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, lo que genera conflictos en la aplicación al vulnerar el principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución de la República. Pero además, la reforma plantea la creación de una estructura de operaciones y lo que ha mencionado la asambleísta Inés Alarcón realmente puede a nosotros ilusionarnos o crear esperanza, pero la realidad es que este proyecto de ley no establece los recursos para poder atender esta nueva propuesta que tiene este proyecto de ley. Pero ¿saben qué es lo más grave aún? Es el silencio y la poca transparencia que han dado las entidades de gobiernos, en este caso el Ejecutivo, el Ministro del Interior, pero además la mesa especializada de seguridad que preside la asambleísta Inés Alarcón. Y le voy a comentar por qué. En mi calidad de asambleísta he pedido un sinnúmero de solicitudes de información al ministro, al ministro Reimberg, le he pedido que nos diga si en la provincia del Oro cuántos efectivos están dispuestos en la provincia del Oro, cuántos por cantones, cuál es el déficit, pero también cuál es el déficit que vamos a tener en el año 2026. Lo que nos ha referido es de que es una información secretísima, así lo catalogan, secretísima, que le digan a los ecuatorianos cuántos policías necesitamos en las calles de la provincia del Oro. Pero además, cuánto ha sido el 3% del IVA que se ha establecido para fortalecer la seguridad en las calles, cuánto de ese presupuesto, de ese recurso fiscal está destinado para la provincia, para la compra de patrulleros, para la compra de insumos de seguridad, que no lo tenemos. También nos ha referido que eso es secretísimo. Mucho menos nos han dado los acuerdos a los que ha llegado el ministro para poder atender la seguridad de la provincia del Oro, que créanme, la realidad es caótica. No se puede transitar a partir de las seis y media de la tarde porque todo el mundo tiene miedo a perder la vida o que pierda la vida sus familias. Esa es la realidad. Pero además le he solicitado a la presidenta de la comisión que haga unas mesas técnicas para poder evaluar estos compromisos que hagan este sistema de seguridad. Y parece que no les interesa a los legisladores. Están murmurando los de ADN, es una propuesta de ellos, creería que deberían tener empatía con la realidad que pasan las provincias. Pero la asambleísta no nos ha dado respuestas. La escuchamos, su intervención en la radio superior, donde se comprometió a sesionar en la provincia del Oro, donde a este asambleísta le tomamos la palabra y esperamos una fiscalización en nuestra provincia. ¿Qué tanto necesita? La verdad es, también hemos solicitado información detallada sobre la reubicación del Centro de Rehabilitación Social de Machala para que éste sea trasladado fuera del perímetro urbano. ¿Por qué han sido estos lugares centros de operación de las bandas criminales? El nivel de hacinamiento, el número de guías penitenciarios disponibles y las medidas adoptadas para evitar que nuevas masacres ocurran en nuestra provincia. Sin embargo, la gran mayoría de los pedidos no han sido respondidos principalmente por el SNAI, por el Ministro del Interior. Y yo les pregunto al gobierno y a los asambleístas a qué le tienen miedo de no responder esta solicitud que le hemos emitido porque no ha sido una iniciativa de esta legisladora. Es lo que quieren saber los machaleños que están sufriendo. Es lo que quieren saber los jorenses en qué están destinando el 3% del IVA para la seguridad que no lo vemos. No vemos patrulleros, no vemos policías, no hay efectivos, no hay militares en las calles. Dice también que, en este caso, el Centro de Rehabilitación de Machala se encuentra ubicada en una zona urbana, exponiendo no solamente la vida de los funcionarios penitenciarios que han sido amenazados constantemente, sino también la vida de miles de machaleños y ciudadanos. Pero ante estos pedidos de fiscalización, el gobierno ha decidido guardar silencio. Lo que está demostrando que con ello no fortalece la institucionalidad, sino la falta de transparencia y respeto por los mecanismos democráticos del control político, lo que hacemos los legisladores. Y me permito recordarles a los señores ministros y secretarios del Estado que la fiscalización no es un favor que el Ejecutivo le hace a la Asamblea Nacional. La fiscalización es un mandato constitucional. En este mismo pleno presenté una resolución para crear mesas técnicas que no han sido aprobadas por el oficialismo. La verdad, compañeros, es incómoda. Pero debemos decirlo con claridad. La política de seguridad del gobierno ha estado marcada por la improvisación. Se anuncian operativos sin planificación estructural y se decretan estados de excepción sin resultados. Esa es la realidad que vivimos, compañeros. Se hacen anuncios de reformas legales mientras las instituciones encargadas de ejecutar esas reformas no cuentan con los recursos, porque esta ley no garantiza los recursos para fortalecer el sistema penitenciario ni la coordinación necesaria para hacerlo. Mientras el gobierno improvisa, el crimen organizado se fortalece. Pero tenemos el 15% del IVA que supuestamente era para dotar de equipo táctico y armamento a la Policía Nacional y ni siquiera vemos a patrulleros en las calles. Lo que necesitamos los ecuatorianos es una política de seguridad integral basada en inteligencia, planificación institucional, coordinación entre instituciones y transparencia para la ciudadanía que quiere saber qué está haciendo el gobierno ante esta emergencia. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, desde este curul que le pertenece al pueblo orense, seguiré fiscalizando y defenderé a nuestra gente. Muchas gracias. Esperamos que el presidente de la República y la bancada oficialista tomen cartas en el asunto para atender este clamor ciudadano de todos los machaleños y los orenses. Gracias. Gracias. Gracias.