🕒 0:06 Bertha Betsabe Vélez Vélez (100%)

Muy buenos días, señora presidenta. Muy buenos días, compañeros legisladores, medios de comunicación. El tema que nos convoca hoy no es un mero trámite administrativo de política exterior. Es una decisión que definirá el rumbo de nuestra inserción regional. Se nos pide aprobar la denuncia del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Y vengo a decirles que no debemos de hacerlo. No lo digo por defender el pasado, lo digo porque renunciar al sistema es renunciar al futuro. El Sucre es un mecanismo real que funcionó desde el 2010 hasta el 2019. Facilitó transacciones comerciales entre los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. El mismo que permitía que un exportador ecuatoriano vendiera Venezuela, Bolivia o Nicaragua y recibiera el pago en una unidad de cuenta común, el Sucre. Sin convertir a dólares, sin comisiones bancarias internacionales, sin depender de la Reserva Federal de Estados Unidos. Según datos oficiales del Banco Central, entre 2010 y 2015, el Sucre ejecutó 5.455 operaciones por un monto de 2.700 millones. 2.423 millones en exportaciones ecuatorianas como fueron banano, atún, flores, arroz, manufacturas, vehículos, lácteos, entre otros. 141 millones en importaciones como urias y derivados energéticos. El 94.59% de las operaciones benefició a los exportadores con mínimo costo estatal y beneficio concreto y directo para el sector productivo. ¿Cuál era la ventaja real? Cada transacción evitaba que el 3 al 5% de comisión bancaria por conversión en dólares no sufriera la volatilidad del tipo de cambio, ni dependía que un banco corresponsal en Nueva York aprobara la transferencia. Ahora bien, señores asambleístas, si el sistema funcionaba, ¿por qué está inactivado? No fue el sistema que falló, fueron los gobiernos que lo abandonaron. El gobierno de Lenín Moreno en 2018, sin consulta técnica y previa del Banco Central y sin evaluación de impacto económico, retiró al Ecuador del ALBA. El gobierno de Guillermo Lazo heredó un sistema en coma y optó por dejarlo morir. El Banco Central informó en el año 2021 que no había operaciones desde el 2019. ¿Y qué hizo el gobierno de Lazo? Nada. No reactivó el sistema, no lo auditó, no lo reformó. El 29 de mayo del 2026, el Banco Central respondió a la Comisión de Relaciones Internacionales preguntas claves. ¿Cómo? ¿Dónde está la evidencia que el sistema es perjudicial? ¿Qué dice el propio Banco Central del Ecuador? La respuesta fue, no se han realizado nuevas operaciones desde octubre del 2021. No existen operaciones pendientes ni obligaciones comerciales vigentes. Y no existen riesgos financieros ni pasivos ni contingentes. El Banco Central jamás dice que el sistema sea técnicamente inviable y jurídicamente insostenible o que represente un riesgo para el patrimonio público. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la justificación para la denuncia? No hay. Es una decisión política disfrazada de técnica. Mientras aquí destruimos un sistema que se queciende alrededor del mundo, China y Brasil, desde el 2023 firmaron una promesa de pago de 190.000 millones de yuanes, aproximadamente 27.000 millones de dólares. Solo en el 2024, el comercio bilateral superó los 160 millones de dólares. Una pago que se queciende liquidada sin colocar un solo dólar. Rusia e India, desde el 2022, desarrollaron el sistema para transferencia de mensajes financieros y lo utilizan para comerciar en rublos y rupias, especialmente en petróleo y carbón. En 2024, su comercio bilateral superó los 65 millones de dólares, la mayoría en monedas nacionales sin dólares de promedio. Argentina y Brasil, desde el 2023, reactivaron su sistema de monedas locales, que ya acumulan más de 36.000 operaciones por un valor superior a 5.500 millones de dólares. Dos de nuestros vecinos más grandes comercian en sus propias monedas, ahorrando costo de conversión y protegiéndose de la volatilidad del dólar. No solo es políticamente correcto defender el sistema de comercio, es jurídicamente correcto. El artículo 419 de la Constitución de la República establece que ciertos tratados requieren aprobación legislativa para ser denunciados, pero no dispone que dicha aprobación sea obligatoria. La Asamblea Nacional tiene el derecho y el deber de evaluar, y si lo considera, rechazar la denuncia. Y si el artículo 423 de la Constitución impone al Estado el deber de promover la integración latinoamericana y caribeña. La denuncia del SUCRE es exactamente lo contrario, un retroceso activo que contradice el mandato constitucional. El artículo 70 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que la denuncia no afecta derechos, obligaciones o situaciones jurídicas creadas por la ejecución del tratado antes de su terminación. Por lo tanto, si el argumento para la denuncia es resolver el caso AlexSAD y las operaciones irregulares, este procedimiento es ineficaz para ese propósito, pues bajo ningún precepto el informe del Banco Central o la permanencia en el sistema impidirá que la justicia del Distrito Sur de la Florida realice su trabajo. Más productivo sería que el señor presidente Novoa haga una llamada al candidato a la presidencia colombiana para que lo siga defendiendo ante la justicia, como ya lo hizo. Por lo cual, las investigaciones penales pueden y deben continuar sin destruir el sistema. Señores asambleístas, señora presidenta, propongo una moratoria de 12 meses a la denuncia. Sugiero la creación de una comisión técnica interinstitucional conformada por el Banco Central, Cancillería, Ministerio de Producción, Contraloría General del Estado, para diseñar un sistema 2.0 con gobierno corporativo transparente, auditoría externa, estándares internacionales contra lavado de activos, sistema antiestafas, cupos máximos de operación y mecanismos de alerta. Propongo una auditoría forense internacional sobre todas las operaciones históricas, identificando responsables individuales, los culpables a la cárcel, el sistema no. Proponemos la negociación de enmiendas al tratado. Ecuador lidera la negociación preliminar inmunidades absolutas, establecer rendición de cuentas, crear un tribunal de arbitraje e incorporar cláusulas de suspensión automática ante indicios de irregularidades. Señora Presidenta, votar a favor de este informe es votar para que Ecuador sea el único país de América Latina que renuncie voluntariamente al sistema de compensación regional propio. Aducir que este tratado de integración latinoamericana que movilizó más de 2.400.000 dólares en inversión y que tenía respaldo de los bancos centrales de los países que conformaban el sistema y en bonos de petróleo es más perjudicial que la pérdida de 104.000.000 dólares por el caso Progen. No, señores, Ecuador no se rinde, Ecuador no se destruye, lo que puede es reestructurar. Por lo dicho antes, votaremos en contra de este informe. Muchas gracias, señora Presidenta y señores asambleísticos.