🕒 0:00 Annie Christina Muñoz Aroca (75%)

la palabra a la asambleísta Annie Muñoz. Gracias presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, pero en especial un saludo a mis amigos que yo sé que me están viendo en este momento, arroceros, bananeros, ganaderos, caficultores de todo el territorio nacional. Ustedes que vienen de esa ruralidad donde saben lo que cuesta, los que saben lo que cuesta producir alimentos, porque esto no es una teoría económica, porque esto no es una palabra al aire, es una forma de vida. El asambleísta que me antecedió habló del dolor que siente y ojalá que ese dolor sea permanente, porque la vez pasada también habló de que le dolía cuando eliminaron el subsidio del diésel y terminó votando distinto. Ojalá que permanezca esa coherencia, porque nuestro pueblo realmente lo necesita. Quiero ser muy clara desde el inicio, yo no estoy en contra de una ley de desarrollo europecuario. Creo que es pertinente, porque nuestros sectores han sido abandonados por mucho tiempo. Nosotros como pueblos y nacionalidades tenemos un capítulo entero en la Constitución sobre soberanía alimentaria. Pero observar este proyecto de ley no significa que nos oponemos, más bien queremos que ese desarrollo sea real, sea justo, sea equitativo. Lo que está pasando aquí es que levantamos un diagnóstico, sabemos la crisis que existe en el agro, que no es ninguna mentira ni está oculto para nadie. Esto es una crisis que vivimos quienes venimos de las zonas rurales, que viven los agricultores desde hace mucho tiempo atrás. No es una novedad, no hemos descubierto el agua caliente. Sabemos que existe crisis en el campo, que los pequeños agricultores están en una evidente desigualdad, que esa desigualdad es histórica y es persistente, eso ya lo conocemos. Pero una ley no puede solo quedarse en el diagnóstico, pues compañeros, no es solamente de saber lo que pasa y de saber cuántas hectáreas se producen, cuántas no se producen, cuánto cuesta producir una saca de arroz, que por ahí corrigieron el otro vez a mi compañero y le decían saco, saco, saca. Así hablamos los productores, así hablamos los montuvios, así hablamos los campesinos. Saca de arroz. Una ley de desarrollo no puede limitarse a enunciar principios, debe crear condiciones materiales. Aquí está el problema de fondo. El articulado que se aprueba en primer debate no está garantizando precios justos, no establece obligaciones concretas para el ejecutivo. Fija plazos, no define responsabilidades operativas y deja el ingreso del productor sujeto a decisiones discrecionales y temporales del gobierno de turno. En materia de precios de sustentación, la ley remite al artículo 32 de la ley de regulación y control del poder de mercado, que establece que la fijación de precios es excepcional, temporal y reservada al ejecutivo. Esto no puede pasar, porque si esto sigue pasando, vamos a permanecer como están ahorita en Guayas, cerca de 22 mil quintales de arroz que no han sido pagados, porque no les han pagado las piladoras, orquestado esto por la subsecretaría de comercialización. En octubre nuestros productores entregaron productos, entregaron arroz y todavía no le pagan el arroz padio, el arroz en cáscara. Entonces vamos a someter esto y vamos a hacerlo reservado al ejecutivo, vamos a seguir incurriendo en lo mismo de siempre. Compañeros, con todo respeto, no se puede hablar de desarrollo agropecuario cuando el ingreso del productor depende de una excepción y no de una regla clara. Esto no es ideología, esto es economía básica. Así como se los explico a mis estudiantes de maestría en economía agropecuaria, a mis estudiantes de tercer nivel de economía, nosotros los agricultores estamos sometidos a un oligopsonio. Somos lamentablemente sometidos a esto cuando somos miles de agricultores, miles de productores con pocos compradores. Y estos pocos compradores entonces pueden luego fijar precios bajos, dar largas a los plazos de pago, como está sucediendo con estos 22 mil quintales de arroz que no se cancelan aún, exigir condiciones que el productor no puede negociar. Entonces nos quieren peones, nos quieren mantener como peones de las grandes agroindustrias, de los intermediarios. Muchos sectores agrícolas como el arroz, la papa, el maíz, la leche cruda, funcionan en mercados de miles de pequeños productores, venden un producto homogéneo a muy pocos compradores. Y es de lo que estoy hablando, de ese oligopsonio. Cuando no hay regulación efectiva, ese oligopsonio termina pagando precios por debajo del costo real de producción, mientras el consumidor final sigue pagando caro. O acaso es que ustedes no saben cuánto pagamos nosotros los consumidores finales, por ejemplo, un litro de leche en el supermercado. Pero se han preguntado cuánto recibe el productor real de la leche. Yo hablaba hace unos días atrás con un gran amigo mío, un productor ganadero lechero, Montuvio, que me decía textualmente, y lo voy a decir textualmente, me dijo, hoy el precio mínimo de sustentación de la leche está fijado en 52 centavos por litro, pero en finca nos pagan entre 42 y 46 centavos. La ley es clara, pero se burla vía reglamento. La industria deduce lo que la ley prohíbe deducir y el productor sigue perdiendo. Así vivimos, Ani me dijo. Yo no sé ya qué decirte. Vamos a todas las mesas, aportamos todo lo que tenemos que aportar. Existe una ley, una ley que fija los precios de la leche. Sin embargo, ahora en esta nueva ley de desarrollo agropecuario, omiten los precios mínimos de sustentación. No sé qué quieren de nosotros. Y esto no es un error técnico. Eso es una falla estructural del Estado para proteger al eslabón más débil de la cadena. No están protegiendo a los productores. La constitución es clara. Los artículos 281, 335 y 336 establecen la obligación del Estado de evitar distorsiones de mercado, relaciones de imposición y abusos de poder económico. Especialmente cuando afectan a la producción nacional y a la soberanía alimentaria, que es la mesa que ustedes presiden. Entonces pregunto con respeto, pero con firmeza. ¿Cómo puede esta asamblea aprobar una ley de desarrollo agropecuario que deroga la ley vigente, pero no mejora las condiciones económicas reales del productor? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Se crean comités, se habla de sostenibilidad, innovación, de cambio energético. Y todo eso está bien, es positivo. Yo lo felicito. Pero no se está asegurando la rentabilidad mínima del productor. No se protege su precio en finca. No se garantiza permanencia rural. Y esto es grave. Esto genera migración, campo, ciudad. Y eso viene a engordar las cadenas de hambre, miseria y pobreza en las grandes ciudades. Y por eso después decimos que estamos mal económicamente. Y no entendemos que estamos liquidando y aniquilando el campo. El resultado es conocido. Ya lo dije hace un momento. Abandono del campo, migración, empobrecimiento rural, concentración de la producción y dependencia alimentaria. Por eso nuestra bancada se abstuvo. No por el cálculo político y no por comodidad, sino porque creemos que una ley progresista en el discurso es necesaria, pero debe ser también conservadora en los instrumentos. Porque si no, no vamos a transformar la realidad del campo. Esta ley, como está, es valiente en lo ambiental, pero tímida en lo económico. Ordena, pero lastimosamente no protege. Reconoce derechos, pero no los garantiza. Y les pongo ejemplos claros. Eliminaron la UNA, la Unidad Nacional de Almacenamiento, que nos compraba a precio justo. Pero ¿qué hicieron? La cerraron. Nos dejaron desprotegidos de los abusos. Una empresa pública que nos garantizaba el pago del precio justo, el precio mínimo fijado por ley, pero que desgraciadamente hacen desde la ley esfuerzos para evadir a la misma ley y a la misma justicia. Qué irónico. La otra omisión. Omiten un censo agrícola nacional. Ocurre que cuando un cultivo tiene buen precio, muchos optamos por sumarnos y termina existiendo una sobreoferta que vuelve a bajar los precios. Y eso es un círculo vicioso que nunca termina. Así se arruinan a las personas trabajadoras que lamentablemente pierden su esfuerzo y su inversión. Una correcta planificación. Eso es lo que debería existir en esta ley. Para que podamos alcanzar metas de mayor tamaño. Y esa planificación debería ir de la mano con mercados del futuro. Agrícola. Pero claro, eso solo se va a poder lograr si existen precios mínimos de sustentación. Hoy tenemos una oportunidad. Estamos observando una ley para mejorarla. Porque sin precio justo no hay desarrollo. Sin ingreso digno no hay permanencia rural. Como Montuvio, como legislador y como parte de la revolución ciudadana, no puedo levantar la mano para una ley que no defiende con firmeza a quienes alimentan al país. El campo no necesita discursos bonitos, asambleísta Vargas. El campo necesita reglas claras, precios justos y un Estado que no mire a otro lado cuando el productor pierde. Estamos observando esta ley para mejorarla y hacerla justa. El desarrollo agropecuario debe dejar de ser una promesa. Solo para la foto y para los videos en las redes sociales. Debe convertirse en una realidad. Muchas gracias.