Sesión No. 111-AN-2025-2029 del pleno de la Asamblea Nacional

Bueno, primero proteger al niño, proteger a ese niño que va a entrar en gestación a través de todos los métodos de reproducción humana, a ese niño que necesita conocer y reconocer a sus verdaderos padres, que son los padres que los están criando, porque la persona que dona en este momento a través de esta ley está siendo protegida su identidad, primero, por un lado. Por otro lado, también evitar que se convierta en un turismo médico este tipo de reproducción, como ha sucedido en otros países, y por eso nosotros hemos estado en todas las sesiones de la Comisión de Salud y Deportes, hemos estado trabajando para que a nivel nacional e internacionalmente tener toda la información necesaria para llegar a lo que vamos a llegar el día de hoy, aprobar una ley que realmente va a proteger a los niños, va a proteger a la familia, y vamos a dar un impulso a que no existan ventas de gametos ni ningún tipo de ilegalidades.

Porque mira, ya ha sucedido en otros países que el donante, que es voluntario, el donante entrega su producto a una clínica privada y esa clínica utiliza sus gametos, utiliza para poder negociar, para poder darle eso a cualquier persona y eso tiene un costo. Y se ha vuelto, lastimosamente se ha vuelto un negocio a nivel internacional y que hay ciudades en otros países que la gente migra para poder tener un bebé, para poder hacer una inseminación artificial o algún otro tipo de alternativa para reproducción humana asistida.

Lo que nosotros hacemos es la identidad de esa persona completamente protegida para que no exista eso de que mañana, por ejemplo, le pidan, porque no funcionó el padre adoptivo, van a buscar al padre natural, van a buscarlo para que sea quien responda por ese bebé. Y también, o sea, ahí hacemos mucho daño a nuestros niños, o sea, lastimosamente eso ha sucedido en otros lados y nosotros no queremos que suceda en el Ecuador y por eso lo estamos haciendo. Sí, sí. Gracias. Gracias.

Claro, quien regula es el Ministerio de Salud Pública, quien regula todo el tema de salud a nivel nacional y a través de una comisión especial se van a tratar cada uno de los casos y de acuerdo a eso se va a agilitar todo lo necesario como para que las madres y los padres que no pueden tener hijos tengan esa oportunidad.

Bueno, lo importante es no solamente que sean accesibles, sino que sean con clínicas adecuadas, con hospitales adecuados para poder hacer un trabajo bien hecho. Nosotros siempre vemos la necesidad del pueblo y de acuerdo a eso podemos trabajar. El Ministerio de Salud Pública regula absolutamente todo, las clínicas privadas, a los hospitales, del MSP, al IES, o sea, ellos regulan la salud y de acuerdo a eso, de acuerdo al trabajo que hemos realizado en la comisión, tenemos las leyes adecuadas para poderles dar esa vialidad. A los ciudadanos, a las ciudadanas que quieren tener un hijo y no lo pueden naturalmente, pueden acceder a las clínicas que van a ser autorizadas por el Ministerio de Salud Pública para que puedan hacerlo.

Muchísimas gracias a ustedes.

Señor Presidente, señores asambleístas, por favor registrarse en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría y a cada uno de sus técnicos asignados.

Muy buenos días, un saludo para todos los ecuatorianos. En efecto, hoy nos reúne el trámite de un importante proyecto de ley que es la reproducción humano asistida. Como legisladora de la provincia del Cañar tuve la oportunidad de presentar la propuesta como proyecto de ley que luego fue unificada en este año 2026 gracias al apoyo de su presidente, el legislador Juan José Reyes. Y en ese sentido pues tuvimos la preocupación luego de una reunión entre médicos así como también profesionales del derecho y sobre todo con aquellas familias que no han podido concebir durante muchísimos años que el anhelo y el objetivo de ellos ha sido tener una familia y que lo han visto totalmente imposible.

Y en este sentido pues las técnicas de reproducción humana asistida que se vienen cumpliendo ya a nivel mundial y que desde hace alrededor de unos 30 años más o menos aquí en nuestro país pues se ha podido verificar que existen ya diferentes instituciones pero que necesitan ser reguladas, necesitan ser vigiladas y sobre todo que estos procedimientos se cumplan de la mejor manera bajo el respeto a la confidencialidad y sobre todo el uso adecuado de los procedimientos que no afecten tanto a la madre, a los niños y niñas que nacen sino también velar por su seguridad.

Mire, esto es importante, ¿no? Siempre tener bajo reserva aquellas personas donantes también que de pronto el padre o una madre no pueden o no tienen la capacidad de salud que se necesita para gestar un procedimiento de esta manera, sino que también se da la posibilidad de que exista la donación de gametos y más para que estos procedimientos se puedan cumplir de la mejor manera. La confidencialidad, la reserva necesaria es sobre todo para garantizar que los niños, niñas que puedan ser concebidos y que luego ya en el desempeño, en el desarrollo de su vida, pues no tengan inconvenientes y a lo mejor situaciones que luego van a tener que ellos que atravesar de forma psicológica.

Entonces, todo esto garantiza que estos procedimientos en nuestro país se cumplan de la mejor manera, la medicina va avanzando, estos procedimientos van evolucionando cada día, hay mejores instituciones, una mejor que otra, pero que debe ser regulado y eso es lo que se ha hecho a través de esta importante propuesta de ley en la que hoy debatimos por segunda ocasión ya para recibir los votos necesarios en el pleno de la Asamblea Nacional.

Muchísimas gracias y muy buenos días.

Presidente, que contamos con 133 asambleistas registrados en la sesión. Contamos con el cuarón legal.

Se instala la sesión 111-AN-2025-2029, siendo a las 12 horas con 31 minutos. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura a la convocatoria. Por disposición del abogado Esteban Torres Cobo, presidente de la Asamblea Nacional encargado, conforme el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a los asambleístas a la sesión 111-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día miércoles 29 de julio de 2026 a las 12 horas en la sede de la Función Legislativa ubicada en la Avenida 6 de Diciembre, Piedraíta, en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Primero, himno nacional de la República de Ecuador. Segundo, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señor presidente. Informe.

Informe, señor secretario, por favor, si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día.

Cumplo con informar, señor presidente, que sí contamos con una solicitud de modificación del orden del día para la presente sesión presentada por la asambleísta Inés Alarcón el 27 de julio de 2026 a las 12 horas con 12 minutos.

Por favor, de lectura al cambio de orden del día solicitado por la asambleísta Alarcón.

Con su autorización, señor Presidente, procedo a la lectura. Memorando a N-AB-M-2016-0139-M. Asunto. Solicitud de cambio de orden del día en la sesión 111 del Pleno de la Asamblea Nacional. En mi calidad de asambleísta por la provincia de Pichincha, contando con la convocatoria para la sesión del Pleno 111 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día miércoles 29 de julio a las 11 horas, a la cual los asambleístas hemos sido notificados con el orden del día dentro del tiempo establecido por la ley a través del portal web oficial de la fusión legislativa y de los correos electrónicos institucionales de quienes conformamos el Pleno de la Asamblea Nacional, conforme lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Fusión Legislativa, al amparo de la norma antecitada, advirtiendo que el orden del día propuesto podrá ser modificado previa petición escrita presentada de la Secretaría General de la Asamblea Nacional con al menos 24 horas de anticipación para la instalación de la sesión, con la firma de al menos del 10% de las y los asambleístas.

Conforme lo previsto en el inciso segundo del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Fusión Legislativa, solicito a usted someter a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el pedido de cambio de orden del día propuesto para la sesión 111, convocada para el día miércoles 29 de julio a las 11 horas, a fin de que se trate como punto de orden del día el siguiente. Conocer y resolver sobre las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional para fortalecer el crecimiento productivo, la inversión y la generación de empleo en el Ecuador.

Consentimiento de distinguida consideración, atentamente Inés Alarcón, asambleísta. Hasta aquí la lectura, señor Presidente.

Tiene la palabra el asambleísta Inés Alarcón.

Señor Presidente, compañeros legisladores, he pedido el uso de la palabra a través de un cambio de orden del día, porque considero que es fundamental e importante conocer cuáles son las acciones que viene emprendiendo el gobierno nacional para impulsar el fortalecimiento y el crecimiento productivo. Cuáles son estas acciones para atraer la inversión, generar empleo, elementos indispensables para el desarrollo de nuestro país. En esa dirección, durante los últimos meses, el gobierno nacional ha presentado una serie de iniciativas que merece que el Pleno de la Asamblea Nacional la reconozca.

Entre ellas, la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040. ¿Pero qué es esta agenda, señores legisladores y pueblo ecuatoriano? Esta agenda es una hoja de ruta para impulsar el desarrollo económico sobre cuatro pilares fundamentales. La institucionalidad que conlleva la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal, la competitividad, la inversión productiva y el fortalecimiento de la dolarización. Así también como el sistema financiero. A ello se suma, señor Presidente, una estrategia de apertura comercial que busca ampliar las oportunidades para los productores ecuatorianos. Prueba de esto es la reciente firma del TLC del Tratado de Libre Comercio con Canadá, que permitirá, escúchese bien, que permitirá que el 99.6% de la oferta exportable ecuatoriana ingrese con acceso preferencial a ese mercado, beneficiando a más de 600 productos ecuatorianos.

Paralelamente, el Gobierno Nacional mantiene negociaciones y acercamientos comerciales con diversos países y bloques económicos como una parte de esta agenda que contempla 12 acuerdos comerciales en marcha. También se han presentado resultados que reflejan señales de recuperación económica. El Gobierno informó que la economía ecuatoriana creció en un 3.7% en el 2025, luego de una contracción del 1.9% en el 2024. Asimismo, el Presidente de la República ha señalado que los indicadores de empleo formal mantienen una evolución positiva en provincias como Pichincha, que registra un crecimiento importante en sus ventas, y en otras provincias como Los Ríos, Esmeraldas, muestran una recuperación en su actividad económica.

En materia de inversión, el Ejecutivo ha informado que el año 2025 fue el año con mayor inversión extranjera directa en la última década. Y que para este año se proyecta continuar fortaleciendo esa tendencia mediante nuevas inversiones, infraestructura estratégica y plan intensivo de inversión pública que busca dinamizar la economía, pero sobre todo legisladores y ecuatorianos, generar empleo. Estos elementos, junto con programas orientados a fortalecer el emprendimiento, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y ampliar las oportunidades para nuestros jóvenes, configuran una estrategia económica que merece ser conocida y debatida por este Pleno de la Asamblea Nacional.

El crecimiento económico no debe entenderse únicamente como un indicador macroeconómico. Su verdadero valor radica en su capacidad de transformar la vida de los ecuatorianos, generar empleo digno, fortalecer la producción nacional y abrir oportunidades para quienes todos los días trabajan por sus familias. Por ello, señor Presidente y compañeros legisladores, es oportuno que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca estas acciones impulsadas por el Gobierno Nacional, evalúe sus alcances y desde sus competencias contribuya a consolidar estas políticas públicas que generan mayor producción, inversión y oportunidades para todos los ecuatorianos.

En virtud del expuesto, señor Presidente, solicito a este Pleno de la Asamblea Nacional aprobar este cambio de orden del día, para que la Asamblea Nacional, dentro de sus funciones, debata este tema tan importante como son las acciones que impulsa el Presidente de la República a favor y a beneficio de los ecuatorianos. Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias, asambleísta. Señor secretario, por favor, tome votación del cambio del orden del día.

Procedo a tomar votación. Señores asambleistas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría.

Me permito informar, señor presidente, que contamos con 137 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Inés Alarcón. Señores asambleístas, por favor consignar su voto.

Señor operador, presidente, los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 137 asambleístas presentes contamos con 78 votos afirmativos, 57 votos negativos, 0 blancos y 2 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Inés Alarcón.

Señor Secretario, por favor incorpore el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Inés de Alarcón como tercer punto en la presente sesión. Y demos inicio con el primer punto del orden del día.

Se toma nota, señor presidente. Primero, himno nacional de la República del Ecuador.

respecto al informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida.

Suspendemos la sesión para declararnos en Comisión General de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor Secretario, por favor dé paso a la Comisión General.

Con su autorización, señor presidente, se suspende la sesión, nos declaramos en comisión general. Comparece de manera temática la señora Marta Cecilia Villapuerte López, directora de Familia Ecuador.

A continuación, invitamos al Pleno de la Asamblea Nacional al señor Víctor Valle Villasís, presidente de la Fundación Dignidad y Derecho.

¿Puedo ver quién consigue?

Cada artículo se puede leer así.

dignidad y derecho.

El debate, a todos los legisladores, es un tema sensible, delicado, y los que quieran intervenir, por favor, registrarse en sus curules.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Victoria de Sintonio.

Hoy comparezco ante este segundo debate con una posición bastante clara. Este proyecto de ley, si bien es cierto, responde a una deuda normativa del Estado ecuatoriano, mantuvo durante años con la reproducción humana asistida. La ausencia de esta ley, señores legisladores, señor presidente, la ausencia de una ley generó la inseguridad jurídica a las familias, a los niños, a las niñas, nacidos mediante estas técnicas. Personas que enfrentan esta infertilidad a los profesionales de la salud, a los establecimientos que prestan estos servicios. Por eso, regular esta materia no es un asunto menor, es un asunto totalmente necesario, urgente y forma parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte.

Este proyecto contiene avances que deben de reconocerse y aquí estoy yo para decírselos. El reconocimiento de la voluntad procreacional como el fundamento de la afiliación es totalmente importante para esta Asamblea Nacional porque protege la identidad, la afiliación y la seguridad jurídica de los niños, de las niñas que son nacidos mediante estas técnicas de reproducción humana asistida. Pero también es positivo que se reconozca la diversidad de las familias y que el Estado deje de mirar estas realidades desde el vacío, desde el prejuicio o desde la omisión.

Y eso tiene que quedar claro. Pero también quiero aclarar un punto que es de fondo. Cuando se aprobó este proyecto de ley el 23 de julio, hace pocos días, el país tuvo que escuchar algo que hiela la sangre. Y es que la Comisión de Derechos de la Salud, desde el oficialismo, afirmó que este proyecto de ley solamente está para garantizar o no está para garantizar el derecho de la reproducción humana asistida, sino únicamente para regular las técnicas y procedimientos de esta reproducción humana asistida. Y con respeto se los digo, señores legisladores, esa afirmación es totalmente equivocada, es preocupante y hasta decepcionante en este país.

La Corte Constitucional no le ordenó a la Asamblea Nacional aprobar una regulación vacía. La Corte Constitucional en la sentencia 68-166-18-IS, es las 24, al verificar el incumplimiento de la sentencia 184-18-SEP-CP, recordó que la Asamblea Nacional debe adoptar disposiciones legales para regular los procedimientos médicos de reproducción humana asistida en forma armónica, en forma armónica con los proyectos constitucionales y observando criterios que desarrollen el derecho constitucional al derecho de las familias de sus diversos tipos. Es decir, que la Corte no le dijo a la Asamblea, regulen una técnica médica y olvídense de los derechos.

La Corte le dijo exactamente lo contrario a esta Asamblea Nacional. Asambleístas, gracias. Le pidió que regulen conforme a los derechos y conforme a la dignidad humana que se merece. Y esto debe quedar claro, regular no es contrario a garantizar los derechos. El Estado Constitucional de Derechos y Justicia se regula precisamente por hacer efectivos los derechos de la gente. Entonces, ¿para qué está esta Asamblea Nacional? ¿Para legislar trámites vacíos, les pregunto? ¿O está para legislar y desarrollar y proteger los derechos, los derechos de la gente? Por eso este debate no puede reducirse a laboratorios, a gametos, a embriones, a bancos o a procedimientos médicos.

Aquí estamos hablando de familia, filiación, identidad, salud, igualdad, no discriminación, consentimiento informado, protección de datos genéticos, niñez, autonomía reproductiva y protección de las mujeres frente a todo tipo de explotación. También es necesario decirlo con absoluta firmeza, legisladores y legisladoras. Respaldamos la prohibición expresa de la gestión subrogada, de la reproducción asistida post-mortem y de la clonación reproductiva. El cuerpo de las mujeres y la vida humana no es una mercancía. El Ecuador no puede permitirlo. Y por justamente eso, este proyecto genera avances en derechos y debemos advertir con seriedad los riesgos de la aplicación.

La reproducción humana debe ser garantizada como parte del derecho a la salud bajo una fuerte rectoría pública y no quedar convertida en una parte de la industria privada de alta rentabilidad. El proyecto reconoce que existen prestadores públicos y prestadores privados, que regula establecimientos o las autorizaciones de estos establecimientos, que genera los requisitos habilitantes, que genera el registro, la supervisión y el control sanitario. Pero no establece que la red pública integral de salud garantiza este procedimiento para las personas que están viviendo un proceso de infertilidad en este momento.

No define si los establecimientos públicos van a prestar estos servicios. No te dice si un hospital de primer o segundo o tercer nivel va a garantizar el servicio. No dice si van a existir centros especializados para esto, especializados públicos. No dice si existirán unidades de alta complejidad públicas para garantizar este servicio y este derecho. Eso no lo dice. No establece con precisión los criterios de derivación. Lo que sí está reconociendo es que este derecho queda exclusivamente para quienes puedan pagar una clínica privada. Porque lo que está haciendo es regular, por decirlo de alguna manera, las reglas del juego para que se garantice el acceso a este derecho desde una clínica privada.

Las mujeres y las familias que no tengan acceso a la salud pública tendrán que tener mucho dinero para poder pagar el acceso a este derecho. Quiero también decirles que el proyecto permite cobros de valores asociados a la obtención, conservación, almacenamiento de gametos, embriones, y se deja, y esto es importante, garantiza y aprueba los costos, pero deja para una segunda normativa que se regulen estos. No están dentro de esta ley. Eso exige, y esto exige controles reales sobre tarifas, publicidad, tasas de éxito, costos ocultos, paquetes comerciales, intermediación o prácticas abusivas.

No podemos permitir que la esperanza de una familia y el dolor de la infertilidad o la vulnerabilidad económica de una mujer se convierta en un negocio. Eso es lo que está permitiendo esta ley. La Autoridad Sanitaria Nacional debe regular los costos con firmeza y transparencia y esta Asamblea no puede permitir que eso quede como un vacío legal. Otro punto que puede ser técnico, pero para mi criterio es profundamente político, es que la prohibición de gestación subrogada, la cual debe tener sanción expresa, no consta en la ley.

Y claro, hablan que el proyecto lo prohíbe, pero cuando tú abres el proyecto y revisas las infracciones graves y muy graves, esta conducta no aparece. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque si realmente queremos impedir vientos, alquiler, intermediarios, turismo reproductivo o explotación del cuerpo de las mujeres, nosotros tenemos que ubicar sanciones totalmente proporcionales como una revocatoria de los permisos, la clausura, la remisión inmediata por causa de estos delitos a la Fiscalía General del Estado. Porque si es una sanción bastante pobre, que se va a regular en esta segunda normativa, lo que van a permitir es que estas clínicas de reproducción humana asistida privadas lo vean como un costo operacional y no realmente como una sanción efectiva que garantice los derechos de la gente.

Más grave aún, en la segunda disposición general, señala que la implementación de esta ley se creará sin crear nuevas estructuras institucionales, sin asignar recursos adicionales y con cargos a los presupuestos vigentes. Lo decían ayer, el Ministerio de Salud, y lo ha repetido en todas las leyes que hemos tenido, no tienen plata y para garantizar esta ley, lo dijo el mismo Ministerio, necesitan aproximadamente 60 millones de dólares. Un Ministerio o una cartera de Estado que el año pasado tuvo una disminución de 2.030 millones de dólares. Una cartera de Estado que el gobierno de Daniel Novoa ha bajado el 43% en la ejecución en el año pasado.

Lamentablemente quiero decirles que dan hasta vergüenza porque Guillermo Lazo, que fue un gobierno pésimo, ejecutó el 84%. Ustedes llegaron al 43%. Esto es vergonzoso, pero así quieren garantizar la salud de la gente. Y con esto, señor Presidente, termino. Esta ley tiene que garantizar derechos, señores. No abrir negocios. Aquí no están garantizando los derechos de la gente. Si nosotros, como Asamblea Nacional, no podemos hacer una división entre los negocios privados y los derechos de salud de la gente pública, entonces estamos equivocados y no deberíamos estar aquí.

Por eso, señor Presidente, insisto, señores legisladores, esta ley tiene que garantizar derechos y no abrir negocios. Muchas gracias.

bastante complicadas en territorio, porque hemos estado visitando a cada uno de los rincones de nuestra provincia, y especialmente en el tema de salud hemos estado visitando nuestros hospitales, y por ahí alguien me pasó un poco la gripe. Pero bueno, hablando del tema, y concuerdo en muchas cosas que dice la asambleísta de Sintonio, y que lo dijo nuestro presidente de la comisión, todos hemos estado presentes en esas comisiones, en esas reuniones, hemos recibido la información de todos esos especialistas que nos han dicho que hay muchas formas para poder ejecutar acciones de reproducción humana asistida, no solamente en el tema de una operación, sino también en prevención, que es lo que siempre hemos hablado en la comisión.

Hemos hablado claro el presidente también en el tema de que toda ley tiene que tener un financiamiento, y también toda ley tiene un reglamento. ¿Y quién hace el reglamento asambleísta? El reglamento lo hace el Ejecutivo, no lo hacemos nosotros. Y dentro de ese reglamento van todas las normas, reglas, sanciones, y todo lo que nosotros necesitamos para que esa ley sea ejecutada efectivamente. Y es lo que estamos haciendo, y es lo que hemos hecho en la Comisión de Salud de la Defensa de la Salud y el Deporte.

Es lo que hemos estado trabajando todos estos meses para darle esa integridad a esa ley, que por obligación tenemos que aprobarla, porque es una realidad, tenemos que cumplir una ley, y por eso la hemos trabajado, hemos unificado tres leyes, y lo hemos aprobado creo que en mayoría en algunas ocasiones. Y sí, yo concuerdo con el presidente, hay que agradecer a todos los miembros de la Comisión que muchas veces coincidieron con nosotros en que estamos defendiendo los derechos de los niños, estamos defendiendo los derechos de las madres, de las mujeres, de esas mujeres gestantes, pero también defendemos los derechos de esas personas que donan un gameto, que donan un óvulo o un espermatozoide, lo donan, pero tenemos que defender sus derechos también, y por eso el anonimato de cada uno de ellos.

¿Y qué queremos nosotros? Que esto sea lo más... Bueno, tenemos que hilar fino, muchísimas veces, pero tenemos que darle también esa prioridad a que los niños vivan en una familia digna. Si nosotros les damos la oportunidad a que sepan la identidad del donante o de la donante, se torna un problema familiar, se torna un problema y un caos donde quienes más afectados salen son los niños, y eso es lo que nosotros no queremos. Y por eso esta ley está claramente elaborada para beneficiar a nuestros niños, a la familia ecuatoriana, porque hay muchas madres y muchos padres que no pueden tener hijos y tienen ese anhelo de tener una familia, y por eso nosotros estamos legislando en este momento.

Yo sí les pido tener coherencia en lo que estamos haciendo, yo sí pido que tenemos que tener coherencia en cada una de las acciones que nosotros realizamos, porque en el ámbito de salud hay que tener bastante tino para decir las cosas. No tiene que ver nada en el tema político, esto es un tema social, un tema de bienestar, un tema de salud mental y de salud física de cada uno de los niños, de los jóvenes, y cada uno de las madres de familia y los futuros padres de familia que después de que aprobemos esta ley van a estar contentos que nosotros estamos trabajando para ellos, para todo el pueblo ecuatoriano.

Mi palabra, presidente.

El estadounidense Ruth Bader Ginsburg afirmaba que las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones, todos, no solo aquí en la política, también en los espacios donde se lidera desde los emprendimientos, desde la industria, desde el comercio, desde todos esos espacios las mujeres debemos estar para tomar esas decisiones. Esa frase no solo reivindica nuestra presencia en la sociedad, también nos recuerda que las decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestro proyecto de vida no pueden seguir siendo definidas por el silencio de una ley o la ausencia del Estado.

Hay momentos en el que el derecho crea nuevas instituciones, pero existen otros que quizás lo más importante en los que el derecho simplemente alcanza la realidad. Este proyecto pertenece a esa segunda categoría. La ciencia avanzó, cambiaron las familias, cambió la forma en que las mujeres construimos nuestra vida y la edad en la que decidimos la maternidad. Lo único que permanece inmóvil es justamente el ordenamiento jurídico. Por eso, esta discusión trasciende la regulación de un procedimiento médico. Lo que aquí se debate es la capacidad del Estado para responder con responsabilidad y humanidad a una realidad que ya existe.

Durante décadas, la lucha por los derechos reproductivos se centró en garantizar que ninguna mujer fuera obligada a una maternidad no elegida. Ese fue un avance histórico. Pero la autonomía reproductiva no puede entenderse de manera incompleta. Comprende también el derecho de quien libremente ha decidido ser madre y enfrenta obstáculos biológicos para lograrlo, como la infertilidad. La libertad reproductiva protege la decisión de no tener hijos, pero también debe respetar, regular y sobre todo acompañar la decisión de formar una familia cuando la ciencia lo hace posible. Hoy las mujeres estudiamos más, lideramos más, emprendemos.

Nuestra autonomía económica en ocasiones depende de postergar la decisión de una maternidad. No corresponde al Estado juzgar esas decisiones. Corresponde al Estado garantizar que ninguna mujer vea restringido su derecho de vida por falta de regulación adecuada. Cuando miramos el derecho comparado, la conclusión es evidente. España, Francia, Reino Unido, Argentina, Uruguay dejaron hace años de preguntarse si la reproducción asistida debía existir. Hoy concentra sus esfuerzos para perfeccionar los estándares bioéticos, proteger la información genética, impedir la mercantilización del cuerpo humano y garantizar la igualdad en el acceso.

Ecuador no está llegando a una discusión novedosa, tanto así que la Corte Constitucional tuvo que, a través de una sentencia, movernos para trabajar para la regulación porque esto ya existe en otros países. Se está incorporando de forma retrasada a un estándar internacional. Y hay que decirlo con claridad, regular no es promover indiscriminadamente. Regular significa establecer límites, proteger derechos e impedir abusos. Precisamente por ello reconocemos los avances importantes. Este proyecto llena un vacío normativo y responde al mandato de la Corte Constitucional en el caso Sabia. Valoramos las reglas claras para las técnicas autorizadas, la seguridad jurídica, sobre la filiación mediante la voluntad procreacional y la creación del registro nacional.

Y quiero detenerme en un aspecto crucial para nuestra bancada. Respaldamos plenamente la prohibición de gestación subrogada. Ninguna política de derechos puede constituirse sobre la explotación económica del cuerpo de las mujeres. La pobreza puede ser la condición para que una mujer sea utilizada como un instrumento reproductivo. Ya lo dijo mi compañera Victoria de Sintonio. El cuerpo de las mujeres no es mercancía. Sin embargo, el que estemos tratando este proyecto de ley no significa que renunciemos a algunos aspectos críticos. Como una legisladora responsable y que cree que es necesario que existan este tipo de leyes, creemos fundamental que todavía se puede mejorar.

Y sobre todo como mujer afrodescendiente no puedo dejar de mirar este proyecto desde una interseccionalidad. Por eso traigo a este pleno el pensamiento de la gran teórica afroamericana Bell Hoots, quien nos advirtió que el feminismo y la justicia solo son reales cuando alcanzan a todas las personas, sin importar su raza, su clase y su origen social. Desde esa mirada dejamos constancia de cuatro profundas preocupaciones en este proyecto de ley. Primero, el acceso real. Esta ley reconoce un derecho, pero no garantiza que se ejerza en condiciones de igualdad.

Mientras el acceso dependa del bolsillo, seguirá existiendo una brecha discriminatoria. La igualdad no puede depender del tamaño del ingreso de la familia. Y allí sí el sistema de salud pública tiene una real, debe generar una real transformación si es que en realidad queremos que el derecho de las mujeres, todas, todas, pueda ser garantizado a través de esta ley. Segundo, la política pública. El proyecto no desarrolla un financiamiento para incorporar progresivamente estas técnicas en el Sistema Nacional de Salud Público. Si el Estado reconoce un derecho, debe construir las condiciones para hacerlo efectivo, especialmente con las familias vulnerables que jamás podrían costear un procedimiento de estas características en el ámbito privado.

Tercero, vacíos legales. Materias tan sensibles como el destino de los embriones críoconservados no deben quedar relegadas a un reglamento, deben tener definiciones precisas en la ley. Cuarto, seguridad de datos. En la era digital, la afirmación genética es el dato más sensible que existe. Es indispensable fortalecer las garantías de ciberseguridad y trazabilidad de quienes acudan a estos procedimientos. Compañeros, legisladores, creemos que esto se tiene que regular, que debe existir una ley. No podemos estar alejados del derecho internacional a la vanguardia de temas que ya se tratan en otros países.

En Uruguay esta es una discusión importante porque su población envejece, las mujeres deciden parir menos y esta es una decisión también de Estado que se discute desde la salud pública. Eso debería ser parte también de esta discusión. El INEC, en uno de sus indicadores decía que a unos 20 o 30 años también nuestra población va a ir decreciendo porque también la decisión de las mujeres no necesariamente es parir. Y esto, compañeros, debe también analizarse como un tema de salud pública, no de negocios, de salud pública.

En ese sentido, creo que la ley debe perfeccionarse, debería perfeccionarse porque es un tema demasiado sensible en donde no se pueden dejar cabos sueltos. Que mantener el vacío legal que ha dejado en la incertidumbre a varias familias ecuatorianas. Nosotros creemos en que se debe regular, pero insisto, hay situaciones que se deben normal, que se deben mejorar y en ese sentido aspiramos que la Comisión tenga la receptividad para que justamente estos temas sean solventados. Como nos enseñaron Ruth, Bader, Ginsburg y Bell Hood, que una democracia no se mide por los derechos que proclaman en el papel, sino por su capacidad de transformarlos en oportunidades para que todas las personas tengan acceso a ellos.

Todos, sin distensión. Mi palabra, Presidente. Gracias.

compañeros legisladores y por supuesto a los ciudadanos de mi querida provincia del Cañar en el sur ecuatoriano. Hoy la agenda legislativa nos plantea un tema importante y de poco se ha hablado. Por primera vez el país tendrá una ley orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida. En mayo de 2024 ingresé un proyecto de ley para regular las técnicas de reproducción humana asistida, trabajada conjuntamente mediante diálogos con profesionales de la salud, así como también profesionales del derecho. En marzo de este año la Comisión de Derecho a la Salud y Deporte unificó esta importante propuesta.

Yo quiero dar un agradecimiento de corazón a mi compañero Toto Reyes por acoger la misma para que este proyecto sea mejor construido y que beneficie a muchas personas que día a día sufren porque no pueden concebir y que nadie ha pensado en esta problemática. Según la Organización Mundial de la Salud, las técnicas de reproducción humana asistida se aplican desde hace más de 30 años, lo que ha permitido la concepción y nacimiento de más de 5 millones de niños y niñas en todo el mundo. En el caso ecuatoriano, en el año 1992, el Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana logró el primer embarazo mediante fecundación in vitro.

Desde esa fecha, la aplicación de dichas técnicas a nivel nacional ha ido en crecimiento y hasta la presente fecha también se han incrementado las clínicas y centros que brindan este servicio. Por ello, es importante que el país cuente con una normativa que regule estos procedimientos y en este sentido, este proyecto busca establecer un marco legal, claro y completo que regule las técnicas de reproducción humana asistida, garantizando sobre todo la protección de los derechos de todas y todas las personas involucradas. Busca que los procedimientos se realicen con respaldo científico, seguridad sanitaria, estándares de calidad, respeto a la dignidad humana y protección de los niños y niñas que nazcan mediante estas técnicas, asegurando su aplicación bajo estándares de calidad bioética y vigilancia sanitaria con respeto a la autonomía de la voluntad, la dignidad humana y el proyecto de vida de las personas y familias.

Algunas veces la desesperación de las parejas o de hombres y mujeres que desean ser padres hace que acudan a lugares que no son 100% confiables o que solo buscan un rédito económico. Por eso, a partir de la aprobación de esta ley, los procedimientos únicamente podrán realizarse en establecimientos autorizados, con infraestructura adecuada, equipos multidisciplinarios especializados y protocolos obligatorios de bioseguridad, consentimiento y protección de datos. El proyecto delimita expresamente las técnicas de reproducción humana autorizadas en el país, reconociendo únicamente la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la fecundación in vitro con microinyección espermática, así como determinados procedimientos complementarios con la crioconservación, la transferencia de embriones congelados y el diagnóstico genético preimplantacional.

Además, permite el reconocimiento de nuevas técnicas cuando exista evidencia científica suficiente y previa evaluación técnica, sanitaria y bioética por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional. En lo que hace referencia al acceso de las técnicas de reproducción humana asistida, la norma establece que toda intervención deberá estar precedida por una evaluación médica integral y por la entrega de información suficiente que permita a las personas solicitantes adoptar decisiones libres y sobre todo informadas. También se incorpora la medicina reproductiva restauradora como una alternativa terapéutica que deberá ser considerada cuando resulte clínicamente procedente.

Por ello, la ley garantiza acompañamiento médico y psicológico antes, durante y por el menos de un año después de la aplicación de las técnicas. Es importante que reconozcamos que estos procesos requieren una atención integral y humanizada, no solamente una intervención médica. Por otro lado, en casos excepcionales y con recomendación médica se permitirá preservar óvulos, tejido ovárico o espermatozoides de menores de edad, cuya fertilidad puede estar comprometida. También la donación deberá ser libre de coerción, engaño o presión económica. Los donantes recibirán información completa, atención médica y psicológica, seguimiento de salud y protección de su información personal.

Otro de los puntos más relevantes es la creación del Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida, para garantizar la trazabilidad, la supervisión y transparencia de las técnicas y procedimientos de reproducción humana. Asistida para ser administrado por la Autoridad Sanitaria Nacional bajo estrictos parámetros de confidencialidad, protección de datos personales y acceso restringido. De esta manera, se podrá verificar el cumplimiento de los límites legales aplicables a la donación de gametos, asegurar la trazabilidad del material biológico, facilitar los procesos de inspección y auditoría sanitaria y permitir el acceso a información médica en los casos expresamente previstos por la ley.

Por otro lado, quienes nazcan mediante reproducción asistida, tendrán derecho a la identidad, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción inmediata y a no ser discriminados por el método mediante el cual fueron concebidos. Asimismo, el proyecto establece un régimen especial para la resolución de controversias sobre filiación, precisando que las acciones serán conocidas por los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia. Como ya lo mencioné, este proyecto es un gran paso para esas personas que han añorado durante años ser padres, que han acudido a varios establecimientos y no han logrado concebir.

Con la aprobación de esta norma, el país da un paso significativo hacia la protección y promoción de la salud reproductiva. Por ello, es importante que hoy este pleno se pronuncie favorablemente para aprobar este importante proyecto de ley. Recordemos que una familia sin hijos es como un jardín sin flores. Gracias, presidente, por la palabra.

El asambleísta Fabiola San Martín. El asambleísta Juan José Reyes.

Gracias, asambleísta. Ha pedido una réplica a la asambleísta Victoria de Sintonía.

Ser bastante claros en lo que se dice que hay que hacerse responsable de las cosas que se dicen. Miren, compañeros legisladores y legisladoras, yo no puedo, yo me resisto, esta asamblea no puede permitir que se quiera decir que el derecho de la salud hay que dividirlo en dos. Tenemos el derecho a la salud privado para las clínicas que quieren poner en esta ley y el resto del derecho a la salud para los hospitales públicos. No, esta ley no puede ser para abrir negocios, lo he dicho claramente.

El derecho a la salud ustedes no lo pueden dividir en dos, en tres, en cuatro. El derecho a la salud es uno solo y esta asamblea tiene que garantizar que ese derecho completo se garantice. Segundo, segundo, aquí a mí me da, me da, no sé. Yo les dije hace un momento cuánto habían ustedes invertido o habían, este, asambleísta, por favor, gracias, legisladora, gracias. Yo hace rato les decía que el gobierno de Novoa solamente pudo ejecutar el 43% en el porcentaje del presupuesto de salud en el 2025.

Y ustedes a veces hablan de, en países como Bélgica, como Francia, como Argentina, como Chile, déjenme decirles que en estos países en los que ustedes hablan, y hablemos solamente de América Latina, en Uruguay la cobertura de este servicio es pública, pública. La asume el Estado. Brasil, cuenta con regulación nacional, tiene una cobertura limitada, pero entrega cobertura para la capacidad que se requiere en el país. Chile dispone de algunos programas públicos financiados por el Estado. Colombia no tiene regulación pública. Esto le pasa lo mismo que Ecuador, es privado.

Y Ecuador, ¿qué va a hacer? Ustedes hablan, yo el otro día escuchaba en este pleno de la asamblea que hablaban de Israel como el gran Estado. Allá también es público. De manera indefinida. Entonces, háganse cargo de lo que hablan. No, miren señores, yo me resisto a pensar que yo tengo que dividir un derecho solamente porque algunos aquí quieren abrir más clínicas privadas para privatizar el sistema de salud. No lo voy a permitir y por eso siempre voy a levantar mi voz, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.

Tiene la palabra el asambleísta Alfredo Serrano.

muy buenos proyectos, y los he respaldado, proyectos trascendentales, incluso han aceptado observaciones, lo cual es muy raro encontrar en otras comisiones. Esta vez sí tengo reparos a este proyecto de ley, principalmente a su artículo 6. ¿Y por qué, señor Presidente? Yo no creo que este proyecto de ley es un problema entre óvulo y espermatozoide. Este problema va mucho más allá. Y no es un problema entre salud pública y salud privada. Este problema va mucho más allá. Este problema tiene que ver con la familia, como nosotros la defendemos, señor Presidente, en nuestro ideario, en nuestra doctrina, y por eso soy militante del Partido Social Cristiano, si no, ya no estuviera en el Partido Social Cristiano.

Nosotros defendemos a la familia tradicional como el núcleo fundamental de una sociedad. Así comienza nuestra declaración de principios, nuestra declaración ideológica y doctrinaria. Y por cierto, también dice en uno de sus artículos, que respetamos profundamente las diversidades que existen en el Ecuador. Señor Presidente y compañeros legisladores, el artículo 6 tal cual está redactado y yo espero que se mejore para apoyarlo, ¿sí? Le estaría sacando el quite, le estaría siendo autoreando al artículo 68 de la Constitución y voy a explicar por qué. Está bien, les pregunto a ustedes, que un joven de 18 años, soltero, hombre o mujer, sin importar su inclinación sexual, tenga derecho a recurrir a esta inseminación artificial o a esta, a esta, todos los parámetros de la, para asistirle en este proceso.

Yo no creo que un joven de 18 años soltero pueda acceder. Yo sí creo en la pareja. Yo sí creo que una pareja que no ha podido tener hijos pueda recurrir a este mecanismo. Jamás me voy a oponer a que una pareja tenga ese derecho. Pero un joven, insisto, sea hombre o mujer de 18 años, solito, está bien que pida autorización para que le permitan tener hijos a través de inseminación artificial o lo que sea. Yo no creo eso, señor presidente. Créame de verdad, no lo creo y no lo comparto.

Porque yo sí creo que en este tema, insisto, no se trata de un problema de óvulo y espermatozoide. Y no se trata simplemente de decir, en vez de que tengas un perro, tengo un niño. O en vez de que tengas una planta, tengo un niño. Este es un tema mucho más profundo, compañeros. Y yo celebro el debate que estamos teniendo aquí de altura. Esto es importante. De respetando los puntos de vista de cada uno. Eso es lo fundamental. Así deben ser los debates. Más aún en temas tan sensibles y tan importantes como estos.

Por tanto, tal cual está redactado el artículo 6, para mí es imposible apoyarlo. A no ser que lo saquemos del proyecto para votarlo aparte y yo votaría en contra. Yo sí creo que el proyecto tiene temas fundamentales en este tema. Pero insisto, entendiendo fundamentalmente, y la Constitución respalda, en su artículo 68, en el último inciso, recuerden ustedes, que las parejas que no son del mismo sexo no puedan, por ejemplo, tener adopciones. Ayer aprobamos una ley importantísima, que yo creo que va a ayudar mucho a esas parejas que no pueden tener hijos y que quieren adoptar niños.

Y a los que también quieren adoptar, hay parejas que ayer vimos que tenían hijos, igual quieren adoptar. Pero con este artículo 6, ya le sacamos el quite a lo que hicimos ayer, pues señor presidente. Por eso es que definamos correctamente el artículo 6. Insisto, yo sí creo que una pareja heterosexual que no ha podido tener hijos tenga el legítimo derecho a recurrir a estas formas de reproducción humana. Hasta allí puedo extender mi punto de vista o estar de acuerdo en este tema. Pero que un joven de 18 años, sea hombre o mujer, sin estar casado, quiera tener un niño a través de las técnicas de reproducción humana, no señor presidente.

En eso jamás voy a estar de acuerdo. Y una vez más resalto el debate, siempre he criticado yo cuando los debates lamentablemente se vuelven tensos y no se aportan la altura con lo que se está manejando este tema. Respetando la posición de cada uno. Yo he dado mi criterio que, insisto, responde a una doctrina que nosotros la tenemos como Partido Social Cristiano y que hoy se la pone a prueba. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, insistiremos, seguiremos nosotros defendiendo lo que hemos defendido siempre, señor presidente, hace 75 años y ahora el 16 de noviembre.

La familia tradicional será el núcleo social, el núcleo, la columna vertebral de una sociedad. Señor presidente, compañeros legisladores. Gracias. Gracias.

Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Alejandro Banegas.

Hoy día es de excepcional importancia para la familia ecuatoriana. Quisiera empezar señalando lo que significa el amor de padre o de madre que se desarrolló en el derecho romano. Cuando los romanos no podían tener hijos, decidieron adoptar, crearon la institución de la adopción, que ayer justamente la hemos tratado en una norma. En el pleno de esta asamblea nacional. Y los romanos entendían que era necesario que la familia se construyera a través de los niños, de los hijos que iban a sucederlos en sus derechos y obligaciones.

Y así se desarrolló por primera ocasión el instituto o la institución jurídica de la adopción. Hace 2000 años no existía la posibilidad en la mente humana de desarrollar las técnicas científicas médicas que ahora son posibles. Y obviamente que culturalmente puede generarse muchos conflictos desde puntos de vista personales con prejuicios o discriminación. El tiempo fue avanzando y se crearon distintos mecanismos para poder tener hijos. Uno de los más sensibles y discutidos en el siglo XX fueron los de los vientres de alquileres. Que resultaban un choque a lo que significaba la forma correcta, digna de ser padres y tener hijos.

Y los científicos médicos fueron desarrollando y desarrollando la forma de con gametos y embriones propios de las personas involucradas poder tener familia, descendencia. Y efectivamente en 1992 en el Ecuador ya se desarrolló por primera ocasión una bioconcepción, como con acierto lo señaló una de las legisladoras que me precedió en el uso de la palabra. Y también es real que la Corte Constitucional intervino con un fallo progresista para atender una necesidad de carácter social ecuatoriana y darle una forma legal, normativa a esta situación que estaba quedando relegada.

El proyecto de la Defensoría del Pueblo que lo he revisado es muy pobre, no realmente logra entender cuál es el concepto que tenía la Corte Constitucional. Pero este proyecto en particular que está presentando la Comisión de Salud y Deporte, sí está comprendiendo la naturaleza amplia y la necesidad de regular esta metodología desarrollada por muchos países en todo el mundo y que destaca la necesidad de entender que la familia se construye con descendencia. No es solamente lo jurídico, es lo técnico, lo médico, pero hay aspectos de esta norma que son sumamente interesantes y que hay que referirlos.

En el artículo 5, el número 11, el derecho post-mortem, que tiene una madre de concebir cuando su pareja ha fallecido, pero dejó embriones que están cuidados y que pueden ser fertilizados a través de su vientre. Es sumamente interesante y es un concepto progresista, de avanzada, ese artículo, perdón, ese numeral 11 del artículo 5 de la ley que estamos discutiendo. Y también el numeral 19 del artículo 5 que se refiere a la voluntad, porque indiscutiblemente tiene que existir la voluntad, esa decisión de la mujer de proceder al embarazo para generar una familia.

Me parece muy completa la norma, salvo ciertas precisiones que se han ido comentando y efectivamente coincido con el legislador Reyes en que la constitución no prevé este mecanismo técnico médico para la generación de la fecundación a través de los distintos mecanismos in vitro o las que se están mencionando en forma clara en esta norma. En relación a la posibilidad de que una persona mayor de edad con apenas 18 años pueda someterse, como lo dice el artículo 6 de esta norma, a estos procedimientos, creo que es necesario revisarlo con un poquito de mayor atención, pero si se cumplen las condiciones y es una familia, me refiero a que son cónyuges, porque después de los 18 años se puede casar, entonces obviamente que sí está entendiéndose que se ha formado una familia de un hombre con una mujer a partir de los 18 años y que por lo tanto es factible acudir a este tipo de fecundación asistida.

Es más, los menores adultos una vez que se han independizado tienen esa posibilidad de contraer matrimonio y judicialmente hay que revisarlo. En otro orden de cosas, los tipos penales con acciones típicas antijurídicas culpables y castigadas con una pena no tienen que estar contenidas en esta norma, pero sí lo están, porque las faltas graves y gravísimas que son administrativas se pueden convertir en acciones penales o derivar en acciones penales que corresponden a la fiscalía. En lo demás, señor presidente, me parece que esta norma es una norma que cumple los estándares y protocolos indispensables para poder brindar a la familia ecuatoriana una concepción asistida que biológicamente tal vez no pudiera ser posible si no ocurriera que los científicos pudieran desarrollar este tipo de mecanismos para generar la fertilidad.

Los médicos están cumpliendo una misión importante. Los médicos que trabajan con este tipo de servicios clínicos privados tienen el derecho a hacerlo. La empresa privada no tiene por qué ser afectada por una política pública, ni la voluntad del médico que se dedica a cualquier actividad, cardiología, estómago, corazón, ginecología, etcétera. No tiene por qué ver afectada su actividad privada porque falta una política pública de salud. Sí, lo mejor sería que la política pública de salud también atendiera esta necesidad, que es una necesidad, casi un milagro que los científicos han podido desarrollar, pero no es una afectación para que la empresa privada, a través del médico que asiste a la pareja, se vea limitada de ninguna forma.

Porque esas son circunstancias personales y propias de cada familia que tiene las posibilidades de buscar el desarrollo de la fertilidad asistida. En cuanto a la mención que han realizado de la jueza magistrada de los Estados Unidos, Ruth Vader Kingsburg, que es una mujer brillante, progresista, en la cantidad de fallos que he leído de la jueza estadounidense, además de otros fallos de otros jueces, lo más importante de esa jueza es el progresismo y obviamente que al citarla se cita a una jueza de avanzada. Pero no recuerdo haber leído ningún fallo de la jueza Vader Kingsburg en relación a fertilidad o asistencia.

Sí, en cuanto a los derechos de las mujeres y de los hombres y a la igualdad de derechos y al progresismo. Señor presidente, en definitiva, mi opinión técnica, legal, jurídica y como legislador es que esta norma, esta ley, genera un aporte que es un aporte positivo, que tal vez pueda ser mejorado con el reglamento, pero indiscutiblemente esta norma es una norma positiva. Agradezco su atención, señor presidente, señores legisladores.

en el Parlamento. Buenos días, compañeros legisladores y medios de comunicación que nos siguen a través de diferentes plataformas. Este informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que regula las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida no debe ser aprobado en sus términos actuales. No me opongo a regular esta materia. Me opongo a que lo hagan mediante un texto que delega decisiones esenciales en reglamentos. Debilita la autonomía reproductiva. Genera incertidumbre sobre el destino de embriones. Desprotege datos genéticos y crea obligaciones sin financiamientos verificables. Como se nos solicitó la Corte Constitucional en el caso de Satya y en la sentencia número 66-18-IS-24, ordenó legislar armónicamente con la Constitución.

Cumplir ese mandato no significa aprobar cualquier texto, sino una ley clara, constitucional y aplicable. Este informe no cumple esa exigencia. Entremos en materia. El primer vicio es la delegación abierta. El proyecto delega en reglamentos y normas secundarias decisiones esenciales que deben estar en esta ley. Como por ejemplo, el artículo 6 deja al reglamento condiciones y requisitos adicionales de acceso. El artículo 7 remite el reglamento límites a la donación. El artículo 9 hace lo propio con la revocación del consentimiento. El artículo 14 habilita otros procedimientos mediante reglamentos.

El artículo 15 permite que la autoridad sanitaria reconozca nuevas técnicas. El artículo 23 deja en normativa secundaria el destino de los embriones humanos y la disposición transitoria quinta remite la regulación de costos a normativas futura. Esto no es desarrollo reglamentario. Es una delegación abierta sobre materias que inciden en derechos fundamentales. La reserva de ley impide que la asamblea entregue al ejecutivo la decisión sobre quién accede, qué técnicas son lícitas o qué ocurrirá con embriones humanos. Eso vulnera la seguridad jurídica y el principio de jerarquía normativa.

El segundo vicio, también es muy importante, afecta la autonomía reproductiva. El artículo 52 adopta la voluntad procreacional y excluye derechos de donantes. Esa regla puede ser válida, pero no resuelve consentimientos viciados ni el uso de material biológico distinto del consentido. Tampoco armoniza con el artículo 14 ni garantiza a la persona nacida información médica y genética relevante, preservando al donante. La filiación jurídica y el derecho a conocer datos genéticos no son lo mismo. Proteger la voluntad procreacional no debe borrar todavía de conocimiento del origen biológico. También en este punto es muy importante, existe un absurdo jurídico y biológico, lo cual se traduce en una deficiente técnica legislativa.

Entre el primer inciso del artículo 6 y numeral 3 del artículo 8, se reconoce el acceso con independencia de la orientación sexual, pero no delimita los requisitos biológicos objetivos que toda técnica de reproducción asistida exige. Es decir, dos personas con órganos reproductores masculinos pueden aportar espermatozoides, mas no óvulos ni gestación. Y el propio artículo 14 prohíbe la gestación subrogada, única vía biológica que permitirá concretar ese acceso. En consecuencia, se genera una expectativa normativa incumplible por ideología multicolor de la nueva era e inseguridad jurídica. Explico de mejor manera, la limitación biológica se obliga al legislador a definir con precisión quién puede ser solicitante, quién puede gestar, qué material genético es indispensable y qué regla protege a la niña o niña que nazca.

El tercer vicio es la incoherencia sobre la protección del embrión humano. El proyecto declara la protección de la vida desde la concepción, prohíbe la instrumentalización y habla de un destino digno, pero el artículo 23 permite el descarte de embriones sobrantes, la donación y la criopreservación remitiendo sus condiciones al reglamento. Además, el artículo 37 autoriza importar y exportar embriones para cooperación científica y la ley prohíbe la reproducción post-morte, mientras exige que el consentimiento prevea qué sucederá si muere una de las personas solicitantes. Son reglas que no determinan de conservarse entre sí.

Precisamente por eso, la asamblea debe de definir con criterios legislativos claros cuándo procede, criopreservar, donar, investigar, transferir o poner fin a la conservación. No puede declarar solamente la dignidad del embrión y luego autorizar su descarte mediante una norma secundaria que la ciudadanía ni siquiera conoce al momento de aprobar la ley. El cuarto vicio es el riesgo para datos genéticos. El registro nacional concentrará información de solicitantes, donantes, resultados y origen genético, pero no fija en la ley plazos de conservación, supresión, auditorías ni derechos efectivos de las personas nacidas.

Además, autoriza a cobrar costos y demás actividades autorizadas sin tarifas, metodología ni control anti-ilusión. Así, la provisión de comercializar gametos y embriones puede volverse formal ante precios encubiertos o servicios accesorios abusivos para crear un mercado negro de datos genéticos. Finalmente, y como quinto vicio, el texto mezcla reglas distintas de filiación, parto, voluntad procreacional y restricciones al ADN, sin asegurar plenamente identidad e interés superior de niñas y niños. Esto no es un trámite administrativo, señores asambleístas. Incide en el derecho a la identidad, a conocer información sobre los progenitores, a la protección familiar y al interés superior de niños y niñas.

Si la asamblea decide que la voluntad procreacional es regla, debe establecer con precisión su prueba, sus excepciones, el acceso a la información genética, los remedios frente a error o malas prácticas y la forma de proteger a quien nace cuando la técnica autorizada se ha ejecutado ilegalmente. Prohibir una conducta no elimina jurídicamente sus consecuencias para un niño o una niña que ya nació. Por ello solicito que este pleno no apruebe el informe en sus términos actuales y disponga su reelaboración sustantiva. El mandato de la Corte Constitucional no se cumple con una ley que delega lo esencial en reglamentos.

Puedo ser cuestionado por el pronunciamiento que voy a realizar. Respeto el criterio de cada legislador porque así lo establece la Constitución, como es la libertad de expresión y culto. Yo creo en el modelo de la familia compuesta por un padre, por una madre e hijos. Y los invito a ofrecer un proyecto de ley que sea justo a la Constitución, con la familia y con Dios. Por este motivo mi voto será en contra de este proyecto de ley, haciendo uso de la objeción de conciencia. Hasta ahí mi palabra, señor presidente.

Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

respetuoso para quienes nos siguen a través de los medios de comunicación y de manera particular para quienes están pendientes de este debate y de manera especial para mi provincia, la provincia de Cotopaxi. En el periodo legislativo anterior presenté un proyecto de ley en la comisión, en la legislatura anterior, sobre la salud sexual integral y la formación durante toda la vida. En el periodo legislativo anterior también, cuando formé parte de la Comisión de Salud, se inició el tratamiento de este proyecto de ley sobre la reproducción humana asistida.

Ahí tuvimos ya la comparecencia de varias autoridades y de varios expertos respecto de este tema que sin lugar a dudas genera debate, pero que sin lugar a dudas también garantiza derechos para todos y para todas. En un inicio no entendía, y lo decía yo en la comisión, la unificación de estos dos proyectos de ley porque versaban, entendía, sobre cosas distintas. Sin embargo, una vez revisando toda la información, creo que la unificación de estas iniciativas legislativas permiten que las disposiciones sobre salud integral sexual y la reproducción humana asistida se desarrollen bajo el mismo marco normativa, evitando contradicciones, vacíos o duplicidad entre las leyes.

Regulan además estas leyes, derechos estrechamente relacionados y esto aporta mayor certeza jurídica tanto para las instituciones encargadas de su aplicación como para los ciudadanos. En lugar de abordar estas leyes o estas materias de manera aislada, la unificación permite que la salud sexual y reproductiva sea tratada como una política pública integral articulando por un lado, como decía, aspectos como la prevención, la educación, la planificación familiar y la reproducción humana asistida. De esta manera, las diferentes etapas del ejercicio de los derechos reproductivos se regulan de forma coordinada y de manera además coherente.

Al contar con un solo marco legal, el Estado puede planificar, puede y debe además planificar de manera más eficiente las políticas públicas y los programas, los protocolos de atención y la asignación de recursos destinados a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, fortaleciendo la continuidad y la eficacia de las acciones institucionales. Compañeros legisladores, a nosotros los ecuatorianos, los 18 millones de ecuatorianos, nos eligieron para legislar en favor de esos 18 millones de ecuatorianos, no para legislar desde nuestros dogmas personales, desde nuestras posturas personales, ni para legislar desde nuestras creencias o de nuestras posturas particulares.

Nos eligieron para garantizar derechos para todos y para todas y esa es nuestra obligación en este Pleno de la Asamblea Nacional, entendiendo además que la Constitución del Ecuador reconoce a la familia en sus diversos tipos, en sus diversos tipos. En el Ecuador no hay solo familias con mamá, papá e hijos, habemos familias diferentes, distintas, diversas. Yo nací y crecí en una familia tradicional, con papá, con mamá, con hijos, con hermanos, pero formé una familia por elección, conmigo y con mi hijo. Y esa familia, al igual que otras muchas familias, es igual de válida y es igual de merecedora de derechos que cualquiera de las otras familias.

Entonces, no podemos solamente decir que en el Ecuador existen familias tradicionales con papá, con mamá y con hijos, desconociendo que este país es un país además laico, diverso y que integra diferentes aspectos también. Y decía que en el país hay diferentes tipos de familias y la Constitución y las leyes deben garantizar precisamente esta conformación. Y debemos garantizar además el derecho que tienen estas familias a decidir de manera libre y responsable sobre su vida reproductiva, sobre su vida sexual y también sobre si quieren o no y en qué momento quieren o no tener o no tener hijos.

Y esto, si no existiese una ley específica, quienes requieran técnicas de reproducción asistida enfrentan un vacío normativo que limita el ejercicio efectivo de los derechos, es decir, no garantiza el derecho a formar una familia. La Organización Mundial de la Salud además estima que aproximadamente una de cada seis personas experimentará infertilidad en algún momento de su vida. Y detrás de esa cifra no hay estadísticas. Hay parejas, hay familias, hay mujeres, hay hombres, hay una diversidad de personas que esperan respuestas del Estado y hay ciudadanos que necesitan reglas claras, procedimientos seguros y además un sistema de salud que actúe de manera absolutamente responsable.

La infertilidad, aunque no querramos verla, constituye un problema de salud pública y afecta a un porcentaje muy elevado de la población. Y la medicina reproductiva ofrece en este sentido alternativas para que puedan desarrollarse de manera adecuada su derecho al acceso a una maternidad o a una paternidad. La ausencia en este sentido de regulación no elimina esta realidad porque igual si no tenemos ley o si no está regulado, las familias, los hombres y las mujeres van a seguir de manera irregular accediendo a métodos de inseminación artificial, de maternidad subrogada y lo que busca precisamente esta ley es establecer las reglas claras para todos y para todos y garantizar de alguna manera, sabemos que esta ley no es perfecta, es perfectible, pero marca las reglas del juego para que en un futuro se puedan determinar claramente, por ejemplo, que el acceso a las técnicas de reproducción asistida, de reproducción humana asistida, se puedan establecer a través del Ministerio de Salud Pública garantizando el acceso, ahí sí, para todos y para todas.

Actualmente el Ecuador no cuenta con una ley integral que regule, por ejemplo, las técnicas de reproducción humana asistida, los derechos y obligaciones de los pacientes y los centros médicos, la donación de gametos y embriones, la criopreservación, los estándares de calidad y bioseguridad y los mecanismos de supervisión estatal que son fundamentales. Y precisamente el proyecto de ley de salud sexual integral, formación y protección durante la vida, tiene por objeto establecer un marco normativo para la promoción y protección de los derechos relacionados con la salud sexual y la salud reproductiva, articulando obligaciones para el Estado a través del sistema educativo, por un lado, cuando tiene que ver con temas de salud sexual, y por otro lado, también articulando las acciones y las responsabilidades que vengan desde el Ministerio de Salud.

La ley permite entonces reglas claras sobre, por ejemplo, la filiación. Hay muchos casos en los que simplemente cuando una pareja decide tener hijos, se separan, se lavan las manos y luego nadie se hace responsable de los hijos. Esta ley garantiza precisamente la filiación, la identidad, la protección del interés superior del niño, el acceso a información biológica cuando corresponda, los derechos sucesorios y la seguridad jurídica desde el nacimiento. Este proyecto de ley entonces integra dos aspectos importantes, por un lado la reproducción humana asistida y por otro lado la salud sexual integral, que tiene un alcance mucho más amplio.

En honor al tiempo voy a ir reduciendo, quiero hablar también porque aquí se ha dicho mucho del derecho comparado, y este ofrece también una referencia muy útil. En España regula las técnicas de reproducción humana asistida mediante una ley específica, y la salud sexual reproductiva mediante otro. Argentina cuenta con una ley particular para el acceso a técnicas de reproducción médicamente asistida, mientras que la educación sexual y salud reproductiva se desarrollan en normas independientes. Tenemos también legislación comparada en Uruguay, por ejemplo. Por eso, colegas legisladores, este debate no se trata de enfrentar derechos contra derechos, ni posturas políticas contra posturas políticas.

Nadie cuestiona, o creo yo que nadie cuestiona, la necesidad de garantizar la salud sexual integral, ni nadie cuestiona tampoco el derecho de las personas a acceder a técnicas de reproducción humana asistida bajo reglas claras y seguras. Por supuesto que todos vamos a coincidir en que estamos de acuerdo en garantizar y promover derechos, y estamos de acuerdo en que esta ley lo hace. Sin embargo, no significa, como decía yo, que esta ley sea perfecta. Sin embargo, si vamos a apoyar quienes vamos a apoyar, no significa que le estemos dando un cheque en blanco.

Significa que lo que estamos diciendo es que estamos de acuerdo en garantizar derechos, y que estos derechos sean progresivos. Pero que esto no significa que no vamos a estar atentos y vigilantes al cumplimiento de esta ley y a la obligatoriedad que tiene el Estado, a través del Ministerio de Salud, de garantizar que este acceso vaya ampliándose para todos los sectores, y que no se convierta, como decía mi compañera Victoria de Sintonio, en un negocio privado, porque esto no se trata o no queremos con esto impulsar la proliferación de clínicas privadas, sino que busquemos que esto sea un derecho que se garantice para todos y para todas.

Y finalmente, compañeros legisladores, aprobar esta ley no significa crear un nuevo derecho, significa hacer efectivo un derecho que ya existe y que está allí, al que debemos tener acceso todos y todas. Insisto y cierro con esto, esta Asamblea Nacional tiene una responsabilidad enorme con la gente, tiene la responsabilidad de demostrarle que estamos aquí para legislar, insisto, para todos y para todas, y que nos olvidemos de pensar que aquí lo que importa es mi postura personal. Yo puedo pensar de una manera, puedo creer de una manera, pero no legislo para mí, legislo para los 18 millones de ecuatorianos y sobre todo para garantizar que todos y todas tengamos derecho a elegir sobre nuestra salud sexual y reproductiva y elegir sobre cuándo y cómo queremos o no ser padres y madres.

Gracias, Presidente.

Gracias, asambleísta. Considero que este punto requiere el nivel del debate que se ha tenido el día de hoy, así que suspendo este punto y se suspende la sesión. Quiero, antes de que se vayan todos, saludar a los cumpleaños de estos días, a la asambleísta Lucía Jaramillo, Paola Jaramillo, Juan Andrés González y Josefina Romero. Una buena tarde a todos.

Se toma nota, señor presidente, se suspende la sesión siendo las 13 horas con 30 minutos.